JUSTICIA | En las elecciones de 2008
Por prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos
El secretario general del PSOE en Melilla, imputado por falsedad documental
Dos ex altos cargos de Trabajo aparecen en esta presunta trama
Los planes de empleo que pudieron ser utilizados suman 26.572.988,04 euros
Paqui Sánchez | Melilla
Las elecciones generales de 2008 estuvieron marcadas en Melilla por la sospecha de que los planes de empleo del Estado pudieran haberse utilizado para comprar votos para el pacto político entre PSOE y Coalición por Melilla (CPM). El considerable aumento del voto por correo, el envío masivo de cartas a ciudadanos anunciando una falsa preselección para los planes de empleo durante la campaña electoral y la declaración de dos testigos que pertenecían a esos partidos dieron lugar al caso voto por correo.
Su investigación había dado lugar a la imputación de una veintena de dirigentes de PSOE y CPM, entre ellos sus máximos responsables, Dionisio Muñoz y Mustafa Aberchán, acusados de presuntos delitos electorales, falsedad documental, revelación de secretos, prevaricación y tráfico de influencias. Este caso, que también salpicó en diciembre a algunos responsables de Correos, acaba de dar un paso más con la imputación de dos ex delegados del Gobierno del PSOE, José Fernández Chacón y Gregorio Escobar, dos ex subdirectores generales del Ministerio de Trabajo, Felipe Gismera (Promoción de Empleo) y Javier Alfaya (antiguo INEM), y sus respectivos delegados en Melilla, Ana Mansilla y Joaquín Arana.
El nuevo auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla acusa a todos ellos de permitir presuntamente la acción de una supuesta trama organizada por PSOE y CPM para obtener votos a cambio de un puesto de trabajo en tres planes de empleo organizados en 2008 y 2009 gracias a la concesión de subvenciones estatales que suman un total de 26.572.988 euros.
En concreto, el juez Miguel Ángel García imputa a José Fernández Chacón presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. A Gregorio Escobar, que le sucedió como delegado del Gobierno y ahora es secretario general del PSOE en Melilla, le imputa los mismos delitos, y dos más de obstrucción a la Justicia y falsedad documental, igual que a Joaquín Arana, ex director provincial del SPEE (antiguo INEM) y Ana Mansilla, ex directora de la Unidad de Programas y Desarrollo (UPD).
A los tres se les acusa de «dificultar la investigación penal mediante contestaciones falsas y dilaciones indebidas con intención de ocultar la verdad o desviar la atención de los investigadores y la autoridad judicial», facilitando para ello datos contradictorios «con el único fin de eludir la responsabilidad penal que a cada uno de ellos le pudiera corresponder».
Compra de votos
El juez es contundente al afirmar que estas ayudas públicas fueron concedidas para minimizar el impacto del paro sobre Melilla a desempleados de larga duración, pero en vez de eso se utilizaron presuntamente «para dar puestos de trabajo a personas que habían dado su voto en los comicios generales de marzo de 2008, o a familiares de estas, así como a compromisos de ambos partidos».
El auto se apoya en la investigación del Grupo ECO de la Guardia Civil, según la cual los dos ex delegados del Gobierno del PSOE fueron supuestamente influidos por los organizadores de la trama de compra de votos, que «tuvieron que comenzar a realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la multitud de promesas que habían realizado a la ciudadanía» durante la campaña electoral de 2008, siendo entonces delegado del Gobierno José Fernández Chacón. Su sucesor, Gregorio Escobar, era en ese momento el candidato de PSOE-CPM al Congreso de los Diputados. Ahora es diputado en la Asamblea de Melilla, labor que compagina desde este mismo mes con la Secretaría General del PSME-PSOE.
Según explica el auto, de los 1.388 contratados mediante la contratación directa en los tres planes de empleo, 300 personas no cumplen los requisitos mínimos exigidos para dichas contrataciones, a los que se suman otros 239 a los que no se puede verificar al no contar con la documentación necesaria. De los casi mil contratados que tenían que aportar experiencia académica para ser contratados, sólo 589 presentaron las titulaciones. Además, 281 contratados no aportaron su documento de demanda de empleo, que también era obligatorio.
Reacciones
Tras hacerse público este auto, el Gobierno de Melilla ha lamentado que esta noticia daña la imagen de Melilla y «estos temas nunca, nunca, nunca debieron haber ocurrido en Melilla», ha afirmado el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín.
Por su parte, Gregorio Escobar ha recalcado su «total y absoluta confianza» en que todos los dirigentes del PSOE y responsables de la Administración Pública «han actuado de acuerdo a la estricta legalidad y que las acciones que han llevado a cabo no han tenido otro objeto que pensar en el interés general de los melillenses».
No hay comentarios:
Publicar un comentario