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| Corina Porro en la antesala del juicio celebrado en septiembre por despido. / LALO R. VILLAR |
Según la querella, habría falseado un acta de la Fundación Puerto de Vigo
Primitivo Carbajo Vigo
El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo ha citado a Corina Porro a declarar como imputada en un posible delito de falsedad documental que, según la denuncia que da pie a la apertura de las diligencias, se habría materializado en dos hechos: la simulación de una junta universal del patronato de la Fundación Puerto de Vigo (FPV) y del acta correspondiente a la misma y, subsiguientemente, su comparecencia como presidenta de la FPV en un juicio celebrado en septiembre de 2011, fecha en la que, según la denuncia, ya no ostentaba tal cargo, que le correspondía a Ignacio López-Chaves como presidente que era de la Autoridad Portuaria de Vigo desde meses antes.
Porro, actual presidenta del Consello Económico e Social de Galicia, está citada a declarar el próximo 6 de marzo. La causa común de su paso por los juzgados remite a la contratación que firmó el 16 de abril de 2010 —el mismo día en que se constituyó la fundación— de Pablo Alborés como director-gerente y secretario del patronato de la misma. Diversas tensiones surgidas en los primeros días de funcionamiento de la FPV, según la versión de Alborés, motivaron a Porro a proponerle que se retirara para reintegrarse a su puesto después de las elecciones municipales de mayo de 2011, lo cual aceptó de buen grado.
Pero unas semanas después, en mayo de 2010, Alborés recibió una notificación de la FPV que le informaba de que el patronato de la misma había aceptado su dimisión. Alborés niega haber presentado en ningún momento su dimisión y, a mayores, que se celebrara el 30 de abril la junta universal del patronato que se la aceptó. Cuando Alborés trató de reincorporarse a la FPV, pasadas las elecciones de mayo de 2011 —en las que Porro, contra lo que esperaba, no consiguió la alcaldía de Vigo—, no halló interlocutor ni dentro ni fuera de la misma, lo que motivó su demanda por despido.
El documento supuestamente falseado refleja un acuerdo dudoso
El asunto cobra especial relieve porque en el contrato de Alborés figura una cláusula de rescisión con su derecho a percibir el equivalente a 10 años de salario —570.000 euros— en caso de despido improcedente. El juicio se celebró en septiembre en el Juzgado de lo Social número 3 de Vigo y la magistrada sustituta del mismo desestimó la demanda de Alborés, que recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Galicia, donde actualmente se tramita el caso.
Porro fue citada a ese juicio como testigo, pero compareció como imputada tras acreditar su cargo de presidenta de la FPV, que entonces ya debería ostentar Ignacio López-Chaves en tanto que presidente que ya era del Puerto. La diferencia entre una y otra condición es que, como testigo, Porro hubiera estado obligada a no mentir. El otro testigo, Mario Ubiaga, que sustituyó a Alborés como director-gerente de la FPV y secretario de su patronato, afirmó que este no se había reunido el 30 de abril, como certificaba el acta, que él mismo había falseado “por orden de la presidenta”.
En la sentencia, sin embargo, “se da por supuesto que la reunión del patronato, de carácter universal, de fecha 30 de abril, tuvo lugar y efectivamente se celebró”. La juez desacreditó la declaración de Ubiaga, que “difícilmente se sostiene debido a la falta de coherencia entre la misma y los actos desarrollados” después por Ubiaga, ya que aceptó y desempeñó los cargos en la FPV.
Los patronos tendrán que decir quién asistió a la junta universal de la FPV
Ahora, en las diligencias penales por presunta falsedad en documento público, volverán a declarar Porro y Ubiaga. También ha sido citado José Ramón Costas, secretario de la Autoridad Portuaria de Vigo, y se ha librado oficio a las distintas empresas integradas en el patronato de la FPV para que informen al juzgado “sobre la persona que asistió en representación de cada una” a la junta universal del patronato del 30 de abril de 2010.
En julio del año pasado, desde Novacaixagalicia se informó a EL PAÍS que no había constancia de la asistencia ni a esa ni a ninguna otra junta del patronato de ninguno de los dos representantes que le correspondían, uno por Caixanova y el otro por la Fundación Caixa Galicia. Citroën, la Cooperativa de Armadores, Termavi y Nosa Terra completaban el patronato.
500.000 euros de fondos públicos en un año
La Fundación Puerto de Vigo (FPV) recibió en torno a medio millón de euros de fondos públicos durante su año de funcionamiento, desde abril de 2010 a las elecciones municipales de mayo del año siguiente. La cantidad es estimativa, ya que hay importantes incoherencias entre los registros contables e informaciones de la propia FPV y las facilitadas por los organismos que contribuyeron a esa financiación: Igape, Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo, Consellería de Traballo, Autoridad Portuaria de Vigo...
Las únicas cuentas públicas de la FPV fueron presentadas ante la Consellería de Presidencia —que ejerce su protectorado en tanto que “fundación de interés gallego”— en junio de 2011 y corresponden a los ocho meses y medio de 2010 en que estuvo activa. En ellas destaca el consumo de 190.000 euros de los 220.000 registrados ante notario como dotación inicial aportada por los patronos (60.000 de la Autoridad Portuaria de Vigo y 75.000 de las dos cajas de ahorros como contribuciones principales) y la reserva de 318.955 euros para “aprovisionamientos”, difícilmente probables en la medida que los citados organismos públicos financiaban el grueso de sus actividades. Además, en el mismo ejercicio consumió un crédito de 53.457 euros.
Esas propias cuentas de la FPV registran un ingreso de 115.860 euros recaudados en un festival benéfico infantil, patrocinado por el Xacobeo, y que, según se anunció en la presentación del mismo, estaban destinados a dos organizaciones de ayuda humanitaria. Una recibió algo más de 3.000 euros y la otra está en expectativa de recibir mil y pico.
Tanto Ignacio López-Chaves, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo y, teóricamente, de la FPV, como Xavier Touza, su tesorero, anunciaron el verano pasado una “investigación” de las cuentas. Nada se sabe de sus resultados y, a estas alturas, ni siquiera si la FPV existe. López-Chaves ni confirma ni desmiente que sea su presidente y las oficinas que fueron su sede están en alquiler. Lo que no obsta su exposición a pagar 570.000 euros por el despido de Alborés.
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