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| Parte del material documental requisado por la Policía Judicial en el Ayuntamiento de Ferrol. | Efe |
CORRUPCIÓN | Levantado el secreto de sumario
El ex concejal de Obras, dos trabajadores y el interventor, investigados
El juez devuelve a la empresa Albanese los equipos requisados
Escuchas telefónicas a los sospechosos no reportan novedades
Raúl Salgado | Ferrol
El levantamiento del secreto de sumario que pesaba sobre la 'operación Torre', decretado este viernes por el juez Alejandro Morán Llordén, ha hecho aflorar, aunque de manera lenta, nuevos detalles sobre la trama que investiga la actuación del ex concejal de Obras del Ayuntamiento de Ferrol, Gerardo López Castrillón, pero también la de dos trabajadores municipales, el anterior interventor y la empresa local Albanese.
Coincidiendo con la nueva etapa abierta en el proceso judicial, la Fiscalía ha sido contundente en su acción. Así, ha recurrido el auto que propició el registro practicado por la Policía Judicial en dependencias municipales el pasado 27 de enero, al estimar que no existían motivos suficientes para desarrollar dicha iniciativa.
El propio juez decano de la urbe naval, que lleva las riendas del caso como titular del Juzgado de Instrucción número 3, determinará si estima o no esa solicitud. Si la descartase, el fiscal acudiría a la Audiencia Provincial de A Coruña.
En caso de acatarla, quedarían anuladas las numerosas pruebas recabadas. Miles de expedientes que fueron trasladados en más de una decena de cajas, aunque el propio alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), ha remitido información complementaria al magistrado mediante memorias electrónicas. Las pesquisas también afectaron a los ordenadores del edil y de los aparejadores María del Mar Piñeiro y David Couselo.
Registro en la empresa
La Policía Judicial también indagó, aquella misma jornada, en la sede de Parquet Albanese, en la ferrolana calle María, y en la vivienda que habitan sus propietarios en el vecino municipio de Narón.
La compañía solicitó en los últimos días la devolución de los equipos informáticos retirados por los agentes, afirmando que su ausencia en las oficinas de la empresa entorpecía el desarrollo de su actividad cotidiana, al contener documentación administrativa y relativa a contrataciones de obras en ejecución o en proyecto.
El abogado que asesora a la firma local ha anunciado que recurrirá la personación del Ayuntamiento en el proceso, al aseverar que sólo podría ejercer la acusación popular y que tendría que depositar una fianza previa para tomar parte en la causa.
Fuentes de la investigación han reiterado que la ingente cantidad de informes retirados requerirá de varios meses de estudio, al no contar con la capacidad técnica y humana precisa en la ciudad de Ferrol para abordar un estudio a corto plazo.
Escuchas telefónicas
Los teléfonos móviles de los dos trabajadores interinos del consistorio y de dos titulares de Albanese fueron pinchados en las últimas semanas. Sin embargo, las conversaciones localizadas no ofrecen detalles de relevancia, según fuentes de la investigación consultadas por ELMUNDO.es. Es más, las primeras datan del mismo día del registro, pero se interrumpieron la pasada semana, ante la falta de novedades.
En ellas también participa el edil socialista Gerardo López Castrillón. Los intervinientes no ofrecen pistas sobre su posible intencionalidad en un proceso irregular de adjudicaciones, evidenciando que detrás de esta causa estaría una simple desorganización administrativa que aplican a otras áreas del Ayuntamiento.
De hecho, la trabajadora investigada advierte, según se extrae de las escuchas, que el constante encargo de actuaciones en la ciudad a un número reducido de empresas se debe a los retrasos en que ha incurrido la Administración municipal en los últimos años al proceder a los pagos, lo que retraería a las compañías al optar a esas contratas.
Antecedentes
El juzgado ferrolano mantiene abiertas diligencias por presuntos delitos contra la administración pública y por falsedad en documento oficial. Piñeiro y Couselo, trabajadores interinos, desempeñan sus funciones en el área de Obras, asumiendo tareas como la coordinación de actuaciones en el barrio municipal de Recimil, pero fueron relevados de éstas al inicio del actual mandato por la reorganización de departamentos.
De la investigación se desprende que Parquet Albanese se habría beneficiado, entre 2010 y 2011, de adjudicaciones supuestamente irregulares por más de un millón de euros, gracias al fraccionamiento de facturas –más de 100- por importes inferiores a 50.000 euros. Ese detalle propicia que no haya que recurrir a concurso público.
También se le achaca un constante recurso a la subcontratación de los proyectos encargados, para el posterior engorde de facturas, remitidas también al área de Hacienda, a través de la Oficina Presupuestaria. Fue una denuncia por manipulación irregular de materiales impregnados de amianto durante el cambio de la cubierta del antiguo cuartel Sánchez Aguilera, ejecutada por Albanese, la que abrió las primeras sospechas.
La queja llegó por medio de un agente de la Policía Local, pero el anterior interventor municipal corroboró la existencia de irregularidades ante el juzgado. Eso sí, la firma sigue reclamando deudas pendientes con el consistorio, por 1,4 millones de euros.
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