Efe | Málaga
El juicio por el 'caso Malaya', la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento en la historia de España, se reanuda este lunes en la Ciudad de la Justicia de Málaga con la declaración de testigos.
La vista oral, que se suspendió el pasado 22 de diciembre tras la declaración de los procesados por la operación Crucero Banús, incluida dentro del bloque de blanqueo de capitales, se retomará este lunes con la fase testifical relativa a la misma. Las abogadas y ex asesoras jurídicas de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella María Castañón y Raquel Escobar y el arquitecto del Consistorio, Francisco Merino Mata, han sido citados a declarar como testigos.
El próximo martes declararán en esta fase testifical dos funcionarios de la Agencia Tributaria y el miércoles, varios agentes de Cuerpo Nacional de Policía que participaron en la investigación.
El pasado diciembre, el presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, alegó en su declaración como procesado que no declaró a Hacienda 1,5 millones de euros que obtuvo en la mencionada operación urbanística porque ese dinero, que tenía en Suiza, era "opaco a las autoridades españolas".
Roca, que demostró en un conocimiento exhaustivo del sumario, aseguró que Julián Muñoz, entonces primer teniente de alcalde de Marbella, se limitó a firmar el convenio urbanístico que permitió aumentar la edificabilidad de la parcela, cuyas condiciones había establecido antes el alcalde, Jesús Gil, lo que corroboró el propio Muñoz en su declaración.
Además, Roca cifró su patrimonio en 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) antes de trabajar en el Ayuntamiento de Marbella en la revisión del plan de ordenación urbana (PGOU) de la ciudad.
También comparecieron en días pasados el abogado Juan German Hoffmann, el ex edil y promotor inmobiliario Pedro Román, el ex comisario de Policía Florencio San Agapito, el empresario granadino José Ávila Rojas, y el tasador José Mora.
El presidente del tribunal, José Godino, anunció al término de la última sesión del juicio que, una vez concluida la prueba de la operación Crucero Banús, aproximadamente en febrero se abordará otro bloque relativo a blanqueo de capitales que afectaría a una treintena de los 95 procesados en este procedimiento.
Entre ellos figuran el presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, los cuatro abogados del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, el empresario Óscar Benavente, la abogada Montserrat Corulla, los supuestos testaferros Julio Blasco y María Úrsula Quinzano y los empresarios taurinos Manuel e Ignacio González Sánchez-Dalp.
El fiscal pide en esta causa 30 años de prisión para Roca, mientras que los ex alcaldes de Marbella Marisol Yagüe y Julián Muñoz se enfrentan a penas de 20 y 10 años de cárcel, respectivamente.
La vista oral arrancó el pasado 27 de septiembre con las cuestiones previas, fase en la que las defensas incidieron en la nulidad de las escuchas telefónicas, registros y detenciones, así como la ruptura de la cadena de custodia de pruebas.
Después de que el tribunal desestimase todas las cuestiones previas planteadas, el juicio se reanudó el pasado 13 de diciembre con la fase de declaraciones.
El 'caso Malaya', cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007
La vista oral, que se suspendió el pasado 22 de diciembre tras la declaración de los procesados por la operación Crucero Banús, incluida dentro del bloque de blanqueo de capitales, se retomará este lunes con la fase testifical relativa a la misma. Las abogadas y ex asesoras jurídicas de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella María Castañón y Raquel Escobar y el arquitecto del Consistorio, Francisco Merino Mata, han sido citados a declarar como testigos.
El próximo martes declararán en esta fase testifical dos funcionarios de la Agencia Tributaria y el miércoles, varios agentes de Cuerpo Nacional de Policía que participaron en la investigación.
El pasado diciembre, el presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, alegó en su declaración como procesado que no declaró a Hacienda 1,5 millones de euros que obtuvo en la mencionada operación urbanística porque ese dinero, que tenía en Suiza, era "opaco a las autoridades españolas".
Roca, que demostró en un conocimiento exhaustivo del sumario, aseguró que Julián Muñoz, entonces primer teniente de alcalde de Marbella, se limitó a firmar el convenio urbanístico que permitió aumentar la edificabilidad de la parcela, cuyas condiciones había establecido antes el alcalde, Jesús Gil, lo que corroboró el propio Muñoz en su declaración.
Además, Roca cifró su patrimonio en 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) antes de trabajar en el Ayuntamiento de Marbella en la revisión del plan de ordenación urbana (PGOU) de la ciudad.
También comparecieron en días pasados el abogado Juan German Hoffmann, el ex edil y promotor inmobiliario Pedro Román, el ex comisario de Policía Florencio San Agapito, el empresario granadino José Ávila Rojas, y el tasador José Mora.
El presidente del tribunal, José Godino, anunció al término de la última sesión del juicio que, una vez concluida la prueba de la operación Crucero Banús, aproximadamente en febrero se abordará otro bloque relativo a blanqueo de capitales que afectaría a una treintena de los 95 procesados en este procedimiento.
Entre ellos figuran el presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, los cuatro abogados del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, el empresario Óscar Benavente, la abogada Montserrat Corulla, los supuestos testaferros Julio Blasco y María Úrsula Quinzano y los empresarios taurinos Manuel e Ignacio González Sánchez-Dalp.
El fiscal pide en esta causa 30 años de prisión para Roca, mientras que los ex alcaldes de Marbella Marisol Yagüe y Julián Muñoz se enfrentan a penas de 20 y 10 años de cárcel, respectivamente.
La vista oral arrancó el pasado 27 de septiembre con las cuestiones previas, fase en la que las defensas incidieron en la nulidad de las escuchas telefónicas, registros y detenciones, así como la ruptura de la cadena de custodia de pruebas.
Después de que el tribunal desestimase todas las cuestiones previas planteadas, el juicio se reanudó el pasado 13 de diciembre con la fase de declaraciones.
El 'caso Malaya', cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007
elmundo.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario