Habla de 'trama organizada'
Efe | Sevilla
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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez que investiga el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos que imponga fianza o embargue bienes a todos los intrusos y personas que permitieron que percibieran un "beneficio indebido y delictivo" de fondos públicos.
En un escrito fechado el 25 de octubre, el Ministerio Público considera que se ha demostrado la existencia de una "trama organizada" de percepción de fondos públicos de la Junta, en una investigación "aún embrionaria" pero que causó un "perjuicio manifiesto y grave" a los fondos públicos.
Por ello, el fiscal pide que la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imponga a la veintena de imputados hasta ahora y los que lo sean en el futuro una fianza por el importe de lo recibido indebidamente o les embargue sus bienes para "garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos que se le imputen".
Asimismo, para poder determinar "con precisión" el quebranto producido a las arcas públicas, Anticorrupción insta a que la Consejería de Empleo informe "a la mayor brevedad" sobre los procedimientos de reintegro que ha puesto en marcha y en qué estado se encuentran, las reclamaciones de beneficiarios que ha recibido por impago de las ayudas y las órdenes que ha emitido hasta ahora la Dirección General de Trabajo a las compañías de seguros y empresas intermediarias paralizando el pago de renta o capitales a los imputados.
En el escrito, el Ministerio Público ve necesario investigar "caso por caso" las subvenciones otorgadas a ayuntamientos, empresas, asociaciones, mancomunidades y otras entidades con cargo al 'fondo de reptiles -sin reunir los "requisitos exigibles en cuanto a concesión y control del destino" de las ayudas, observa el fiscal- a fin de determinar las "razones últimas de dichos abonos, la veracidad y real existencia del fin público o no de la ayuda dada y, por ende, el destino final del dinero entregado".
En un escrito fechado el 25 de octubre, el Ministerio Público considera que se ha demostrado la existencia de una "trama organizada" de percepción de fondos públicos de la Junta, en una investigación "aún embrionaria" pero que causó un "perjuicio manifiesto y grave" a los fondos públicos.
Por ello, el fiscal pide que la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imponga a la veintena de imputados hasta ahora y los que lo sean en el futuro una fianza por el importe de lo recibido indebidamente o les embargue sus bienes para "garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos que se le imputen".
Asimismo, para poder determinar "con precisión" el quebranto producido a las arcas públicas, Anticorrupción insta a que la Consejería de Empleo informe "a la mayor brevedad" sobre los procedimientos de reintegro que ha puesto en marcha y en qué estado se encuentran, las reclamaciones de beneficiarios que ha recibido por impago de las ayudas y las órdenes que ha emitido hasta ahora la Dirección General de Trabajo a las compañías de seguros y empresas intermediarias paralizando el pago de renta o capitales a los imputados.
En el escrito, el Ministerio Público ve necesario investigar "caso por caso" las subvenciones otorgadas a ayuntamientos, empresas, asociaciones, mancomunidades y otras entidades con cargo al 'fondo de reptiles -sin reunir los "requisitos exigibles en cuanto a concesión y control del destino" de las ayudas, observa el fiscal- a fin de determinar las "razones últimas de dichos abonos, la veracidad y real existencia del fin público o no de la ayuda dada y, por ende, el destino final del dinero entregado".
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