El vicepresidente de la Diputación de Valencia, del PP, será citado en la investigación por las irregularidades en la gestión de la depuradora del área metropolitana
EL PAÍS / EUROPA PRESS - Valencia
El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha decidido imputar al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación, del PP, Enrique Crespo, por el conocido como caso Emarsa -el presunto fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo-, según adelantaron esta tarde fuentes del caso a Europa Press.
Según estas fuentes, el juez ya ha tomado una decisión sobre la imputación de Crespo, pero todavía no se ha notificado la resolución a las partes. Sin embargo, Crespo ya ha emitido un comunicado en el que da por hecha su imputación y avanza su "total y decidida voluntad de colaborar con la Justicia cuando y cuanto sea preciso". "Dado que el juez instructor del caso ha estimado conveniente que acuda a prestar declaración en calidad de imputado, así lo haré, siendo esta, sin lugar a dudas, la mejor manera de defenderme ante la ley", añade el alcalde de Manises.
De esta manera, el magistrado ha atendido a la petición formulada hace 10 días por la fiscal encargada de este caso, quien solicitaba que Crespo -quien también fue presidente del extinto consejo de administración de Emarsa, responsable de la depuradora- fuera citado a declarar como imputado dentro de la investigación por este caso.
El ministerio público realizó este requerimiento tras la comparecencia ante el juez del que fuera gerente de la depuradora, Esteban Cuesta, quien aseguró que todas las decisiones en relación con la empresa pública eran adoptadas por indicaciones de Enrique Crespo. La empresa metropolitana Emarsa, que se encargaba de la depuradora, fue disuelta el año pasado con un agujero de más de 17 millones de euros y tras haber contratado por más de 30 millones de euros con empresas ahora investigadas por estafa.
En una de sus declaraciones ante el juez, Cuesta manifestó que Crespo fue la persona que le propuso asumir la gerencia de Emarsa en 2004. Cuesta, que había sido director de Enfermería del área de Sagunto en el servicio de Atención Primaria, afirmó que asumió el cargo sin haber recibido formación alguna y que tras el nombramiento le otorgaron plenos poderes en Emarsa, que gestionaba la depuradora.
Según su declaración, Enrique Crespo conocía la documentación que es objeto de la investigación y él le daba cuenta "en todo momento" de las gestiones realizadas. Preguntado por las facturas que reflejan altos gastos en regalos de empresa, joyería, relojería, accesorios de automóvil, manifestó que en algunas no estaba su firma pero que se adquirieron "por indicación" del presidente. Cuesta declaró también al juez que ignoraba a qué personas se les hacían los regalos, que elegía el presidente y que les mandaba que los comprasen.
Asimismo, el exgerente aseguró que Crespo tenía pleno conocimiento de los contratos suscritos por Emarsa y que era el propio presidente del consejo quien, en ocasiones, le decía los pagos que tenía que hacer y con qué empresas debía contratar y ordenaba la contratación de forma unilateral con ciertas personas o empresas. En esta línea, declaró que mantenía hasta seis reuniones semanales con Crespo, quien le mandó contratar una caja de seguridad en una entidad bancaria para guardar documentación de Emarsa.
La causa, abierta por delitos de estafa, malversación y delitos societarios, tiene su origen en una denuncia del PSPV en octubre de 2010. Los socialistas denunciaron que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 17 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 30 millones.
Según estas fuentes, el juez ya ha tomado una decisión sobre la imputación de Crespo, pero todavía no se ha notificado la resolución a las partes. Sin embargo, Crespo ya ha emitido un comunicado en el que da por hecha su imputación y avanza su "total y decidida voluntad de colaborar con la Justicia cuando y cuanto sea preciso". "Dado que el juez instructor del caso ha estimado conveniente que acuda a prestar declaración en calidad de imputado, así lo haré, siendo esta, sin lugar a dudas, la mejor manera de defenderme ante la ley", añade el alcalde de Manises.
De esta manera, el magistrado ha atendido a la petición formulada hace 10 días por la fiscal encargada de este caso, quien solicitaba que Crespo -quien también fue presidente del extinto consejo de administración de Emarsa, responsable de la depuradora- fuera citado a declarar como imputado dentro de la investigación por este caso.
El ministerio público realizó este requerimiento tras la comparecencia ante el juez del que fuera gerente de la depuradora, Esteban Cuesta, quien aseguró que todas las decisiones en relación con la empresa pública eran adoptadas por indicaciones de Enrique Crespo. La empresa metropolitana Emarsa, que se encargaba de la depuradora, fue disuelta el año pasado con un agujero de más de 17 millones de euros y tras haber contratado por más de 30 millones de euros con empresas ahora investigadas por estafa.
En una de sus declaraciones ante el juez, Cuesta manifestó que Crespo fue la persona que le propuso asumir la gerencia de Emarsa en 2004. Cuesta, que había sido director de Enfermería del área de Sagunto en el servicio de Atención Primaria, afirmó que asumió el cargo sin haber recibido formación alguna y que tras el nombramiento le otorgaron plenos poderes en Emarsa, que gestionaba la depuradora.
Según su declaración, Enrique Crespo conocía la documentación que es objeto de la investigación y él le daba cuenta "en todo momento" de las gestiones realizadas. Preguntado por las facturas que reflejan altos gastos en regalos de empresa, joyería, relojería, accesorios de automóvil, manifestó que en algunas no estaba su firma pero que se adquirieron "por indicación" del presidente. Cuesta declaró también al juez que ignoraba a qué personas se les hacían los regalos, que elegía el presidente y que les mandaba que los comprasen.
Asimismo, el exgerente aseguró que Crespo tenía pleno conocimiento de los contratos suscritos por Emarsa y que era el propio presidente del consejo quien, en ocasiones, le decía los pagos que tenía que hacer y con qué empresas debía contratar y ordenaba la contratación de forma unilateral con ciertas personas o empresas. En esta línea, declaró que mantenía hasta seis reuniones semanales con Crespo, quien le mandó contratar una caja de seguridad en una entidad bancaria para guardar documentación de Emarsa.
La causa, abierta por delitos de estafa, malversación y delitos societarios, tiene su origen en una denuncia del PSPV en octubre de 2010. Los socialistas denunciaron que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 17 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 30 millones.
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