Valida la operación policial
* El juez avala las escuchas llevadas a cabo por la Policía en el Caso Brugal
* Cree que eran el 'medio idóneo para conseguir el fin investigador propuesto'
* Considera además que los hechos revisten indicios de ser delictivos
* El juez avala las escuchas llevadas a cabo por la Policía en el Caso Brugal
* Cree que eran el 'medio idóneo para conseguir el fin investigador propuesto'
* Considera además que los hechos revisten indicios de ser delictivos
ELMUNDO.es | J.Nieto | Efe | Alicante
El juez del juzgado número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha desestimado los recursos interpuestos a las escuchas policiales realizadas para esclarecer la supuesta trama corrupta del Caso Brugal, en lo relativo al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, según el auto que han hecho público fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
En el auto, el juez desestima en su totalidad los recursos interpuestos por los abogados del empresario Enrique Ortiz, su esposa María Manuela Carratalá, así como por la representación procesal de José Luis Castedo -hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo- y su socio Francisco Javier Gutiérrrez.
Según refleja el magistrado en el auto, las intervenciones telefónicas llevadas a cabo por la Policía eran "el medio idóneo para conseguir el fin investigador propuesto", en referencia a la presunta trama de tráfico de influencias relacionada con la redacción del PGOU de Alicante.
Apunta también que "eran necesarias por no existir otro medio más moderado para averiguar la posible influencia, injerencia delictiva en la redacción de instrumentos de planeamiento territorial público" y considera además que eran "una medida que proporcionaba más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios para el derecho a la intimidad en conflicto", así como también "más beneficios que perjuicios para el Estado de Derecho".
En otro apartado del auto, el juez avala la operación policial, asegurando que "ha supuesto una adecuada investigación, tutelada judicialmente al objeto de esclarecer unos hechos que, a día de hoy, no han sido siquiera provisionalmente calificados, pero que revisten indicios de ser delictivos y que han provocado una gran alarma social...".
De esta forma, el juez da por válido el auto del 9 de mayo de 2008 del juzgado de Orihuela para la primera intervención del teléfono de Ortiz y las sucesivas prórrogas mensuales para seguir con las escuchas, ya que de lo contrario podría "desnaturalizar la fase de instrucción".
Las supuestas ilegalidades en el diseño del PGOU alicantino es una de la veintena de piezas separadas del caso Brugal, que se originó en 2006 a raíz unas supuestas irregularidades en la adjudicación de la recogida de basuras de la ciudad de Orihuela.
Aparte de los motivos expuestos, la resolución judicial incide en el hecho de que "no es el momento procesal oportuno para interponerlo [refiriéndose a los recursos de la parte procesada].
Quedan también desestimadas las "pretensiones procesales" de los partidos políticos PSPV-PSOE y EUPV, a pesar de que el juez reconoce su legitimidad para recurrir.
El juzgado ha notificado la resolución al Ministerio Fiscal y ha todas las partes personadas y hace constar que ésta no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación en el plazo de quince días.
En el auto, el juez desestima en su totalidad los recursos interpuestos por los abogados del empresario Enrique Ortiz, su esposa María Manuela Carratalá, así como por la representación procesal de José Luis Castedo -hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo- y su socio Francisco Javier Gutiérrrez.
Según refleja el magistrado en el auto, las intervenciones telefónicas llevadas a cabo por la Policía eran "el medio idóneo para conseguir el fin investigador propuesto", en referencia a la presunta trama de tráfico de influencias relacionada con la redacción del PGOU de Alicante.
Apunta también que "eran necesarias por no existir otro medio más moderado para averiguar la posible influencia, injerencia delictiva en la redacción de instrumentos de planeamiento territorial público" y considera además que eran "una medida que proporcionaba más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios para el derecho a la intimidad en conflicto", así como también "más beneficios que perjuicios para el Estado de Derecho".
En otro apartado del auto, el juez avala la operación policial, asegurando que "ha supuesto una adecuada investigación, tutelada judicialmente al objeto de esclarecer unos hechos que, a día de hoy, no han sido siquiera provisionalmente calificados, pero que revisten indicios de ser delictivos y que han provocado una gran alarma social...".
De esta forma, el juez da por válido el auto del 9 de mayo de 2008 del juzgado de Orihuela para la primera intervención del teléfono de Ortiz y las sucesivas prórrogas mensuales para seguir con las escuchas, ya que de lo contrario podría "desnaturalizar la fase de instrucción".
Las supuestas ilegalidades en el diseño del PGOU alicantino es una de la veintena de piezas separadas del caso Brugal, que se originó en 2006 a raíz unas supuestas irregularidades en la adjudicación de la recogida de basuras de la ciudad de Orihuela.
Aparte de los motivos expuestos, la resolución judicial incide en el hecho de que "no es el momento procesal oportuno para interponerlo [refiriéndose a los recursos de la parte procesada].
Quedan también desestimadas las "pretensiones procesales" de los partidos políticos PSPV-PSOE y EUPV, a pesar de que el juez reconoce su legitimidad para recurrir.
El juzgado ha notificado la resolución al Ministerio Fiscal y ha todas las partes personadas y hace constar que ésta no es firme y que contra ella cabe recurso de apelación en el plazo de quince días.
Declaraciones
Por otra parte, el juez encargado de la instrucción del Caso Brugal en la rama que afecta al PGOU alicantino, ha continuado este lunes con el calendario de declaraciones por parte de los investigados en la supuesta red de tráfico de influencias.
En esta ocasión, ha declarado en los juzgados de Alicante, José Cortina, quien fuera director de sociedades participadas de Bancaja y cuya declaración fue pospuesta el pasado mes de julio.
Por otra parte, el juez encargado de la instrucción del Caso Brugal en la rama que afecta al PGOU alicantino, ha continuado este lunes con el calendario de declaraciones por parte de los investigados en la supuesta red de tráfico de influencias.
En esta ocasión, ha declarado en los juzgados de Alicante, José Cortina, quien fuera director de sociedades participadas de Bancaja y cuya declaración fue pospuesta el pasado mes de julio.
elmundo.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario