Le pedían dos años por falsedad documental
Efe | Málaga
El tribunal del caso 'Malaya', la operación contra la mayor trama de corrupción en un ayuntamiento español -el de Marbella-, ha anunciado la absolución de un procesado tras el acuerdo suscrito con la Fiscalía Anticorrupción y le ha permitido levantarse del banquillo de los acusados.
El fiscal Juan Carlos López Caballero, "anticipando" los términos de las conclusiones de su escrito, ha comunicado la retirada de la acusación contra Javier Pérez Villena, acusado de un delito de falsedad documental y por el que se le pedían dos años de prisión.
Pérez Villena es la tercera persona que se beneficia de un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción después de que el pasado lunes el padre de Javier Pérez, el empresario Ismael Pérez Peña, reconociera que hizo un pago de 180.100 euros al presunto cerebro de la trama de esta causa, Juan Antonio Roca, y a la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe.
Pérez Peña también reconoció haber regalado a Yagüe tres vehículos, extremo que ella negó durante su declaración en el cuarto y último bloque del juicio del caso 'Malaya'. Al confesar estos hechos, la Fiscalía acordó la reducción de la pena solicitada inicialmente, y la retirada de la acusación contra su hijo.
En los mismos términos, la Fiscalía también ha llegado esta semana a un acuerdo con otro empresario, Carmelo Armenta, que ha admitido que cometió un delito de falsedad documental.
Armenta, que fue detenido en la segunda fase de la operación 'Malaya', ha reconocido que "era consciente en todo momento de la mendacidad de dicho documento" y del fin ilícito.
La falsedad documental cometida por Carmelo Armenta se remonta a 2006 cuando firmó un contrato simulado para justificar dos millones de euros, que recibió Juan Antonio Roca del también procesado, Ismael Pérez.
El próximo lunes, el macrojuicio llega a su sesión número cien en su último bloque, que trata delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos entre otros.
Aunque actualmente sólo se han firmado tres acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción otros procesados estudian con sus abogados defensores si pueden suscribir algún tipo de acuerdo con el ministerio público para poder beneficiarse de la reducción de sus posibles condenas y multas.
El juicio se inició hace algo más un año, periodo en el que se han desarrollado las cuestiones previas y los bloques relativos a blanqueo de capitales, que permitían que sólo tuvieran que acudir al juicio los acusados imputados de ese delito.
Los magistrados que componen la Sala tienen previsto que el juicio pueda quedar visto para sentencia antes del próximo verano.
El fiscal Juan Carlos López Caballero, "anticipando" los términos de las conclusiones de su escrito, ha comunicado la retirada de la acusación contra Javier Pérez Villena, acusado de un delito de falsedad documental y por el que se le pedían dos años de prisión.
Pérez Villena es la tercera persona que se beneficia de un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción después de que el pasado lunes el padre de Javier Pérez, el empresario Ismael Pérez Peña, reconociera que hizo un pago de 180.100 euros al presunto cerebro de la trama de esta causa, Juan Antonio Roca, y a la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe.
Pérez Peña también reconoció haber regalado a Yagüe tres vehículos, extremo que ella negó durante su declaración en el cuarto y último bloque del juicio del caso 'Malaya'. Al confesar estos hechos, la Fiscalía acordó la reducción de la pena solicitada inicialmente, y la retirada de la acusación contra su hijo.
En los mismos términos, la Fiscalía también ha llegado esta semana a un acuerdo con otro empresario, Carmelo Armenta, que ha admitido que cometió un delito de falsedad documental.
Armenta, que fue detenido en la segunda fase de la operación 'Malaya', ha reconocido que "era consciente en todo momento de la mendacidad de dicho documento" y del fin ilícito.
La falsedad documental cometida por Carmelo Armenta se remonta a 2006 cuando firmó un contrato simulado para justificar dos millones de euros, que recibió Juan Antonio Roca del también procesado, Ismael Pérez.
El próximo lunes, el macrojuicio llega a su sesión número cien en su último bloque, que trata delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos entre otros.
Aunque actualmente sólo se han firmado tres acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción otros procesados estudian con sus abogados defensores si pueden suscribir algún tipo de acuerdo con el ministerio público para poder beneficiarse de la reducción de sus posibles condenas y multas.
El juicio se inició hace algo más un año, periodo en el que se han desarrollado las cuestiones previas y los bloques relativos a blanqueo de capitales, que permitían que sólo tuvieran que acudir al juicio los acusados imputados de ese delito.
Los magistrados que componen la Sala tienen previsto que el juicio pueda quedar visto para sentencia antes del próximo verano.
Además
* Pérez Peña pagó sobornos a Roca y Yagüe
* Gráfico: Las claves del caso
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