Declaración por videoconferencia
José Carlos Villanueva | Málaga
* Lea toda la información sobre el juicio
elmundo.es
José Carlos Villanueva | Málaga
Siete agentes de la Policía Nacional han declarado este lunes, por videoconferencia, para ratificar una serie de vigilancias y grabaciones, con micrófonos ocultos, que llevaron a cabo en enero de 2006. Se trataba de controlar al principal acusado, Juan Antonio Roca, así como al empresario que confesó haberle entregado un pago de 180.000 euros, además de regalar tres vehículos a la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe.
Según han expuesto los investigadores, a preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, tuvo lugar una importante reunión entre el empresario Ismael Pérez Peña y Roca en el hotel Villamagna de Madrid. En dicha cita, el ex asesor urbanístico le pidió un préstamo a su interlocutor de 3 millones de euros. No obstante, el prestamista dijo disponer sólo de 2 millones, cantidad finalmente pactada, tal y como consta en el sumario.
Antes de la llegada de los sospechosos, los agentes colocaron micrófonos ocultos, al igual que hicieron en el conocido restaurante Santiago, de Marbella, donde acudieron otros integrantes de la trama de corrupción municipal.
Paralelamente, los declarantes participaron en el registro de la empresa Muferfi, en Getafe (Madrid), propiedad de Pérez Peña. Meses antes de desencadenarse la primera fase de la operación 'Malaya' la Udyco logró interceptar un vehículo en el que varios acusados transportaban 2 millones de euros, en metálico, con destino a Roca.
La intervención de distintos teléfonos posibilitó que la Policía montase un control con apariencia de rutinario. En el turismo viajaban el testaferro habitual del ex gerente de urbanismo marbellí, Óscar Benavente, y el jefe de seguridad del principal acusado, Jaime Hachuel.
Tras frustrar los agentes la entrega del dinero, Pérez Peña y Roca intentaron simular, junto al acusado Carmelo Armenta -que se ha declarado culpable recientemente- un contrato ficticio de compra venta de tres chalés, para que pareciera que los 2 millones de euros incautados iban destinados a tal fin.
Otro de los registros sobre los que ha preguntado el fiscal se llevó a cabo en el domicilio del ex edil del GIL marbellí Victoriano Rodríguez, ya fallecido. En su vivienda madrileña la Policía halló 300.000 euros en metálico: “Nos llamó la atención la gran cantidad de billetes de 500 euros que encontramos”, ha declarado uno de los agentes.
Al término de la sesión número 100 de la vista oral, sin duda una de las más cortas, con apenas una hora larga de duración, fuentes de las defensas han asegurado a ELMUNDO.es que el fiscal, gracias a la confesión de Pérez Peña, al reconocer que entregó 180.000 euros a Roca, “ha dado carta de naturaleza a los archivos Maras”. Se trata de la importante prueba documental relativa a la contabilidad secreta del principal acusado.
El contable de Roca siempre ha restado importancia a dichos apuntes contables durante el juicio. Salvador Gardoqui, a diferencia de lo que confesó ante el juez instructor, asegura que eran unas anotaciones que el ex asesor urbanístico le dictaba, sin saber de qué se trataba. Una versión poco creíble
Las fuentes citadas también han apuntado lo “rentable” que le ha salido el acuerdo de conformidad a Pérez Peña: “Un señor al que el fiscal pedía 11 años de prisión y ahora todo se queda en casi 300.000 euros de multa sin pisar la cárcel”, han sentenciado.
Según han expuesto los investigadores, a preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, tuvo lugar una importante reunión entre el empresario Ismael Pérez Peña y Roca en el hotel Villamagna de Madrid. En dicha cita, el ex asesor urbanístico le pidió un préstamo a su interlocutor de 3 millones de euros. No obstante, el prestamista dijo disponer sólo de 2 millones, cantidad finalmente pactada, tal y como consta en el sumario.
Antes de la llegada de los sospechosos, los agentes colocaron micrófonos ocultos, al igual que hicieron en el conocido restaurante Santiago, de Marbella, donde acudieron otros integrantes de la trama de corrupción municipal.
Paralelamente, los declarantes participaron en el registro de la empresa Muferfi, en Getafe (Madrid), propiedad de Pérez Peña. Meses antes de desencadenarse la primera fase de la operación 'Malaya' la Udyco logró interceptar un vehículo en el que varios acusados transportaban 2 millones de euros, en metálico, con destino a Roca.
La intervención de distintos teléfonos posibilitó que la Policía montase un control con apariencia de rutinario. En el turismo viajaban el testaferro habitual del ex gerente de urbanismo marbellí, Óscar Benavente, y el jefe de seguridad del principal acusado, Jaime Hachuel.
Tras frustrar los agentes la entrega del dinero, Pérez Peña y Roca intentaron simular, junto al acusado Carmelo Armenta -que se ha declarado culpable recientemente- un contrato ficticio de compra venta de tres chalés, para que pareciera que los 2 millones de euros incautados iban destinados a tal fin.
Otro de los registros sobre los que ha preguntado el fiscal se llevó a cabo en el domicilio del ex edil del GIL marbellí Victoriano Rodríguez, ya fallecido. En su vivienda madrileña la Policía halló 300.000 euros en metálico: “Nos llamó la atención la gran cantidad de billetes de 500 euros que encontramos”, ha declarado uno de los agentes.
Al término de la sesión número 100 de la vista oral, sin duda una de las más cortas, con apenas una hora larga de duración, fuentes de las defensas han asegurado a ELMUNDO.es que el fiscal, gracias a la confesión de Pérez Peña, al reconocer que entregó 180.000 euros a Roca, “ha dado carta de naturaleza a los archivos Maras”. Se trata de la importante prueba documental relativa a la contabilidad secreta del principal acusado.
El contable de Roca siempre ha restado importancia a dichos apuntes contables durante el juicio. Salvador Gardoqui, a diferencia de lo que confesó ante el juez instructor, asegura que eran unas anotaciones que el ex asesor urbanístico le dictaba, sin saber de qué se trataba. Una versión poco creíble
Las fuentes citadas también han apuntado lo “rentable” que le ha salido el acuerdo de conformidad a Pérez Peña: “Un señor al que el fiscal pedía 11 años de prisión y ahora todo se queda en casi 300.000 euros de multa sin pisar la cárcel”, han sentenciado.
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* Gráfico: Las claves del caso
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