Pagó 180.000 euros y regaló tres coches a la ex alcaldesa
* La Policía logró relacionarlos con actos administrativos
* Otro acusado se declara culpable de falsedad documental y rebaja su pena
José Carlos Villanueva | Málaga
La sesión número 98 del juicio por el caso 'Malaya', celebrada este martes, ha servido para corroborar, aún con más pruebas, la confesión del empresario Ismael Pérez Peña sobre el pago de 180.000 euros que éste hizo al principal acusado, Juan Antonio Roca, así como los tres coches que le regaló a la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe.
El que fuera inspector jefe de Udyco Costa del Sol, José Manuel Rando, ha testificado que el rastreo de los sucesivos actos administrativos que tuvieron lugar en el Ayuntamiento de Marbella, entre 2004 y 2005 a la hora de favorecer al citado empresario para adjudicarle el servicio de grúa, guardan relación con el pago de 180.000 euros y la matriculación posterior de los vehículos obsequiados a Yagüe.
Hubo un primer decreto de la alcaldesa en el que ésta resolvía la "adjudicación discrecional", según la Policía, a la empresa Alquicamsa, de Pérez Peña. Dos días después de dicha decisión se matriculaba a nombre de la regidora el vehículo marca Lexus, regalado. Tiempo después el empresario Pérez Peña renunció a la adjudicación a dedo y se convocó un concurso que quedó desierto. A nadie le interesó presentarse al mismo, porque se fijaban unas tarifas propias de 1990, algo en absoluto rentable.
Todo formaba parte de la maquinación para que dicho industrial de automoción se hiciera de nuevo con el servicio, aplicándole unas condiciones mucho más ventajosas, al subirse ad hoc las tarifas de recogida de vehículos, tal y como quedó demostrado en las escuchas telefónicas. Es ese el delito de alteración en subastas y concursos públicos, además de malversación de caudales públicos, que se imputa no sólo a Yagüe, sino a los exediles tránsfugas del PSOE, Isabel García Marcos y José Jaén.
Así pues, tras declararse desierto el concurso, se matriculó otro vehículo para la alcaldesa, modelo Kia Sorrento, y un tercer turismo obsequiado, además del pago de 180.000 euros a Roca detectado en la contabilidad interna del ex asesor urbanístico. El trasfondo de toda esta trama se enmarca en las pretensiones de Pérez Peña para tener prioridad en el cobro de una deuda contraída con el Consistorio marbellí- más de un millón de euros- por servicios de renting de vehículos desde 1991.
Durante su declaración, como testigo, el inspector Rando también ha hecho alusión a un informe del interventor municipal, Juan Antonio Castro, fechado el 6 de marzo de 2006 en el que el funcionario hablaba de un "daño económico irreparable al Ayuntamiento de Marbella" en las adjudicaciones del servicio de grúa. La adjudicataria anterior a Alquicamsa, Cactus Enterprise, no estaba habilitada para ello y tampoco pagaba las cuotas de la Seguridad Social.
Fue el 10 de noviembre de 2005, tres días antes de que el juez Torres incoara el auto de apertura de diligencias previas del caso 'Malaya', cuando EL MUNDO desveló que miembros de la sociedad Alquicamsa, nueva concesionaria de la grúa municipal, eran socios de la secretaria y testaferro del difunto alcalde marbellí Jesús Gil, Encarnación González Buenadicha. Así pues, todo quedaba en casa de los Gil.
Acuerdo de conformidad
Este martes también se ha hecho público el acuerdo de conformidad entre el fiscal y el acusado Carmelo Armenta, en la misma línea del alcanzado con Pérez Peña.
El segundo encausado que se declara autor confeso de hechos que se le imputan se enfrentaba a 2 años de prisión, por un delito de falsedad documental, y pasa a tener tan sólo 6 meses de reclusión y multa.
Armenta fue el empresario que se concertó con Roca y Pérez Peña para simular un contrato ficticio de compraventa de tres chalés. Todo ello después de que la Policía interceptara, a comienzos de 2006, dos millones de euros, en metálico, que iban destinados como préstamo del industrial de automoción para el exasesor urbanístico.
El que fuera inspector jefe de Udyco Costa del Sol, José Manuel Rando, ha testificado que el rastreo de los sucesivos actos administrativos que tuvieron lugar en el Ayuntamiento de Marbella, entre 2004 y 2005 a la hora de favorecer al citado empresario para adjudicarle el servicio de grúa, guardan relación con el pago de 180.000 euros y la matriculación posterior de los vehículos obsequiados a Yagüe.
Hubo un primer decreto de la alcaldesa en el que ésta resolvía la "adjudicación discrecional", según la Policía, a la empresa Alquicamsa, de Pérez Peña. Dos días después de dicha decisión se matriculaba a nombre de la regidora el vehículo marca Lexus, regalado. Tiempo después el empresario Pérez Peña renunció a la adjudicación a dedo y se convocó un concurso que quedó desierto. A nadie le interesó presentarse al mismo, porque se fijaban unas tarifas propias de 1990, algo en absoluto rentable.
Todo formaba parte de la maquinación para que dicho industrial de automoción se hiciera de nuevo con el servicio, aplicándole unas condiciones mucho más ventajosas, al subirse ad hoc las tarifas de recogida de vehículos, tal y como quedó demostrado en las escuchas telefónicas. Es ese el delito de alteración en subastas y concursos públicos, además de malversación de caudales públicos, que se imputa no sólo a Yagüe, sino a los exediles tránsfugas del PSOE, Isabel García Marcos y José Jaén.
Así pues, tras declararse desierto el concurso, se matriculó otro vehículo para la alcaldesa, modelo Kia Sorrento, y un tercer turismo obsequiado, además del pago de 180.000 euros a Roca detectado en la contabilidad interna del ex asesor urbanístico. El trasfondo de toda esta trama se enmarca en las pretensiones de Pérez Peña para tener prioridad en el cobro de una deuda contraída con el Consistorio marbellí- más de un millón de euros- por servicios de renting de vehículos desde 1991.
Durante su declaración, como testigo, el inspector Rando también ha hecho alusión a un informe del interventor municipal, Juan Antonio Castro, fechado el 6 de marzo de 2006 en el que el funcionario hablaba de un "daño económico irreparable al Ayuntamiento de Marbella" en las adjudicaciones del servicio de grúa. La adjudicataria anterior a Alquicamsa, Cactus Enterprise, no estaba habilitada para ello y tampoco pagaba las cuotas de la Seguridad Social.
Fue el 10 de noviembre de 2005, tres días antes de que el juez Torres incoara el auto de apertura de diligencias previas del caso 'Malaya', cuando EL MUNDO desveló que miembros de la sociedad Alquicamsa, nueva concesionaria de la grúa municipal, eran socios de la secretaria y testaferro del difunto alcalde marbellí Jesús Gil, Encarnación González Buenadicha. Así pues, todo quedaba en casa de los Gil.
Acuerdo de conformidad
Este martes también se ha hecho público el acuerdo de conformidad entre el fiscal y el acusado Carmelo Armenta, en la misma línea del alcanzado con Pérez Peña.
El segundo encausado que se declara autor confeso de hechos que se le imputan se enfrentaba a 2 años de prisión, por un delito de falsedad documental, y pasa a tener tan sólo 6 meses de reclusión y multa.
Armenta fue el empresario que se concertó con Roca y Pérez Peña para simular un contrato ficticio de compraventa de tres chalés. Todo ello después de que la Policía interceptara, a comienzos de 2006, dos millones de euros, en metálico, que iban destinados como préstamo del industrial de automoción para el exasesor urbanístico.
Además
* Gráfico: Las claves del caso
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