 |
| El ex alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán, tras el archivo del caso. | E. D. |
Construcción de unas viviendas en Cartaya
* Reabierto el 'caso Hiconsa', en el que está implicado el ex alcalde de Cartaya
* También está imputado el ex concejal socialista de Urbanismo, Miguel Novoa
* La Audiencia considera que se podría estar ante "una cadena de favores"
* Cree 'prematuro' la decisión del sobreseimiento por el juez instructor
* Reabierto el 'caso Hiconsa', en el que está implicado el ex alcalde de Cartaya
* También está imputado el ex concejal socialista de Urbanismo, Miguel Novoa
* La Audiencia considera que se podría estar ante "una cadena de favores"
* Cree 'prematuro' la decisión del sobreseimiento por el juez instructor
José Carlos Aguado | Huelva
La Audiencia Provincial de Huelva ha reabierto un caso de posible corrupción urbanística en el que está imputado el ex alcalde de Cartaya (Huelva) y actual candidato del PSOE al Senado, Juan Antonio Millán, a través de un auto que estima el recurso presentado por PP, IU, PA e Independientes por Cartaya (ICAR) el pasado mes de abril contra el archivo dictado por el juez instructor del Juzgado Mixto número 2 de Ayamonte, archivo que se produjo a tan sólo un mes de la celebración de las pasadas elecciones municipales.
Mediante este auto, la Audiencia revoca la decisión del instructor por considerar "prematuro" la decisión del sobreseimiento ante la "falta de indagaciones de interés", al tiempo que acuerda profundizar en la investigación de las supuestas ilegalidades cometidas en la construcción de viviendas en unos terrenos situados en la barriada de El Almendral, al entender la sala que podría tratarse de una "cadena de concesiones y favores".
En el denominado 'caso Hiconsa', además de estar implicado el ex regidor cartayero y hoy aspirante socialista a la Cámara Alta, también están imputados el que era su primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Novoa, la esposa de éste, un arquitecto, y la empresa Hierros y Construcciones de San Juan del Puerto (Hiconsa).
Según la denuncia presentada en su día por la oposición municipal, la construcción de viviendas en esos terrenos comenzó en 2006 sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo en esa zona del casco urbano y con un informe de la arquitecta municipal en el que señalaba que determinados aspectos del proyecto eran ilegales. Así, la denuncia acusaba a los imputados de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios.
La operación urbanística que motivó la denuncia tiene su origen en el convenio urbanístico que Hiconsa firmó con el Ayuntamiento en julio de 2005 para la construcción de medio centenar de viviendas en unos terrenos de 21.000 metros cuadrados situados junto al centro de Cartaya.
La oposición argumentaba que Hiconsa debería haber pagado al Ayuntamiento por esa operación 4,5 millones y no los 1,3 millones que tasó el arquitecto que vuelve a estar imputado. Los grupos opositores entendían que se había producido un «pago de favor» y apuntaron directamente al patrimonio de Miguel Novoa y su familia, pues Hiconsa y el arquitecto denunciado se encargaron de construir su vivienda familiar, un chalé para el cual el ex concejal socialista de Urbanismo se concedió a sí mismo de forma ilegal la licencia de obras, a sabiendas de que los informes de los servicios técnicos municipales eran contrarios porque invadía un viario público y excedía el volumen de edificabilidad permitido.
Mediante este auto, la Audiencia revoca la decisión del instructor por considerar "prematuro" la decisión del sobreseimiento ante la "falta de indagaciones de interés", al tiempo que acuerda profundizar en la investigación de las supuestas ilegalidades cometidas en la construcción de viviendas en unos terrenos situados en la barriada de El Almendral, al entender la sala que podría tratarse de una "cadena de concesiones y favores".
En el denominado 'caso Hiconsa', además de estar implicado el ex regidor cartayero y hoy aspirante socialista a la Cámara Alta, también están imputados el que era su primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Novoa, la esposa de éste, un arquitecto, y la empresa Hierros y Construcciones de San Juan del Puerto (Hiconsa).
Según la denuncia presentada en su día por la oposición municipal, la construcción de viviendas en esos terrenos comenzó en 2006 sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo en esa zona del casco urbano y con un informe de la arquitecta municipal en el que señalaba que determinados aspectos del proyecto eran ilegales. Así, la denuncia acusaba a los imputados de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios.
La operación urbanística que motivó la denuncia tiene su origen en el convenio urbanístico que Hiconsa firmó con el Ayuntamiento en julio de 2005 para la construcción de medio centenar de viviendas en unos terrenos de 21.000 metros cuadrados situados junto al centro de Cartaya.
La oposición argumentaba que Hiconsa debería haber pagado al Ayuntamiento por esa operación 4,5 millones y no los 1,3 millones que tasó el arquitecto que vuelve a estar imputado. Los grupos opositores entendían que se había producido un «pago de favor» y apuntaron directamente al patrimonio de Miguel Novoa y su familia, pues Hiconsa y el arquitecto denunciado se encargaron de construir su vivienda familiar, un chalé para el cual el ex concejal socialista de Urbanismo se concedió a sí mismo de forma ilegal la licencia de obras, a sabiendas de que los informes de los servicios técnicos municipales eran contrarios porque invadía un viario público y excedía el volumen de edificabilidad permitido.
elmundo.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario