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| Castedo (i) y Gutiérrez (d), acompañados por su abogado, a la salida del Juzgado. | E.Caparrós |
En los juzgados de Alicante
* Los dos imputados se han desvinculado del empresario Enrique Ortiz
* El fiscal solicita una prueba de caligrafía para contrastar anotaciones
* Los dos imputados se han desvinculado del empresario Enrique Ortiz
* El fiscal solicita una prueba de caligrafía para contrastar anotaciones
Juan Nieto | Agencias | Alicante
Los socios del despacho Salvetti, José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, y el ex edil socialista Javier Gutiérrez, se han desvinculado este miércoles de la presunta trama corrupta relacionada con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, que investiga la causa separada del caso Brugal, relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Ambos han acudido este miércoles al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, donde estaban citados para declarar. Los dos imputados han descartado haber participado en ninguna irregularidad y han negado cualquier vínculo con el empresario Enrique Ortiz, a pesar de los contactos que entre ellos aparecen en las escuchas policiales.
Han sostenido que la única relación laboral que han tenido con Ortiz ha sido en otro asunto distinto en la partida de Balsares, en el término de Santa Pola, por un montante de 60.000 euros, pero en nada referente al PGOU alicantino porque el constructor contaba con otro despacho legal para esos asuntos.
Se han acogido a su derecho de sólo contestar a preguntas de su abogado y no a las del fiscal Anticorrupción y de las acusaciones populares, del PSPV-PSOE e IU-EU, y han presentado 160 folios de escritos para tratar de contrarrestar el contenido del informe policial elaborado a raíz del registro de su despacho profesional, que habría arrojado indicios en su contra.
Además, han presentado ante el juez un documento en el que explican que su bufete carecía de capacidad para aprobar o resolver alegaciones al documento urbanístico.
Por su parte, el fiscal ha solicitado una prueba pericial de caligrafía para comprobar si las anotaciones a mano en los documentos de los que se incautó la Policía en el registro del despacho corresponden a José Luis Castedo. El juez instructor del caso todavía no ha aceptado esta petición.
Los interrogatorios forman parte de la ronda iniciada para investigar presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante.
Ambos han acudido este miércoles al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, donde estaban citados para declarar. Los dos imputados han descartado haber participado en ninguna irregularidad y han negado cualquier vínculo con el empresario Enrique Ortiz, a pesar de los contactos que entre ellos aparecen en las escuchas policiales.
Han sostenido que la única relación laboral que han tenido con Ortiz ha sido en otro asunto distinto en la partida de Balsares, en el término de Santa Pola, por un montante de 60.000 euros, pero en nada referente al PGOU alicantino porque el constructor contaba con otro despacho legal para esos asuntos.
Se han acogido a su derecho de sólo contestar a preguntas de su abogado y no a las del fiscal Anticorrupción y de las acusaciones populares, del PSPV-PSOE e IU-EU, y han presentado 160 folios de escritos para tratar de contrarrestar el contenido del informe policial elaborado a raíz del registro de su despacho profesional, que habría arrojado indicios en su contra.
Además, han presentado ante el juez un documento en el que explican que su bufete carecía de capacidad para aprobar o resolver alegaciones al documento urbanístico.
Por su parte, el fiscal ha solicitado una prueba pericial de caligrafía para comprobar si las anotaciones a mano en los documentos de los que se incautó la Policía en el registro del despacho corresponden a José Luis Castedo. El juez instructor del caso todavía no ha aceptado esta petición.
Los interrogatorios forman parte de la ronda iniciada para investigar presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante.
elmundo.es
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