GRANADA | Para la ampliación del Ayuntamiento
* Junto a Ignacio Fernández están imputados los concejales de su gobierno
* Según Fernández, se amplió el Ayuntamiento por ser la situación 'insostenible'
* Junto a Ignacio Fernández están imputados los concejales de su gobierno
* Según Fernández, se amplió el Ayuntamiento por ser la situación 'insostenible'
José A. Cano | Granada
Un auto de la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe ha abierto procedimiento abreviado contra el alcalde de Otura, Ignacio Fernández, y los concejales de su equipo de gobierno del pasado mandato. Se les acusa de prevaricación en la compra de unos terrenos para la ampliación del edificio consistorial, que se habría realizado pagando por encima de su precio de mercado y usando fondos del patrimonio público de manera ilegal.
En concreto, la juez advierte tras la instrucción que los imputados, en calidad de Presidente y miembros de la Corporación Local, votaron a favor de la adquisición de un inmueble para la ampliación a sabiendas de que "se abonaría por él una cantidad superior a su valor de mercado y que la compraventa se financiaba con fondos provenientes del Patrimonio Público". Esta actuación, que se recoge el escrito, dice que está "expresamente prohibida por las normas administrativas vigentes".
El auto también señala que los imputados conocían de la existencia de una oferta por parte del propietario de otro inmueble colindante con el Ayuntamiento "que podría resultar más ventajosa", y que el equipo de gobierno –los cinco concejales del PP y tres del Grupo Independiente de Otura (GIO) con el que gobernaban en coalición– "votaron a favor" de la compra.
Una actuación del alcalde del PP que la propia juez tacha en su auto de "arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia, apreciándose presuntamente una conciencia clara de la ilegalidad y de la arbitrariedad de la decisión", por lo que los hechos instruidos presentan, a su juicio, "los caracteres de un presunto delito de prevaricación".
El regidor oturense, reelegido con mayoría absoluta el pasado 22 de mayo, ha respondido, tras hacerse público este auto, que la decisión de ampliar el edificio consistorial se tomó por ser la situación "insostenible". Ignacio Fernández señaló que existía graves problemas de espacio, y que la opción supuestamente "más ventajosa" que se cita era de 900.000 euros frente a los 300.000 que se pagaron por el solar finalmente adquirido.
Por otro lado, y con respecto a la financiación, Fernández recordó que se realizó con cargo a un convenio suscrito con una entidad mercantil, firmado por el Ayuntamiento, en el cual se preveía la aportación de dicha entidad para completar y mejorar los equipamientos municipales y para poder desarrollar obras de interés local.
Esta respuesta pública se debe no tanto a la defensa legal, que quedará para el juzgado y aún puede impedir que se siente en el banquillo, sino a las declaraciones del PSOE de Otura. En concreto, el secretario de organización local, Nazario Montes, ha acusado a Fernández de ser "el campeón de los líos judiciales", recordando casos como el de la denuncia interpuesta contra él por el secretario municipal, por cinco presuntas irregularidades urbanísticas, y que llegó a suspender viéndose posteriormente obligado a readmitirlo.
En concreto, la juez advierte tras la instrucción que los imputados, en calidad de Presidente y miembros de la Corporación Local, votaron a favor de la adquisición de un inmueble para la ampliación a sabiendas de que "se abonaría por él una cantidad superior a su valor de mercado y que la compraventa se financiaba con fondos provenientes del Patrimonio Público". Esta actuación, que se recoge el escrito, dice que está "expresamente prohibida por las normas administrativas vigentes".
El auto también señala que los imputados conocían de la existencia de una oferta por parte del propietario de otro inmueble colindante con el Ayuntamiento "que podría resultar más ventajosa", y que el equipo de gobierno –los cinco concejales del PP y tres del Grupo Independiente de Otura (GIO) con el que gobernaban en coalición– "votaron a favor" de la compra.
Una actuación del alcalde del PP que la propia juez tacha en su auto de "arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia, apreciándose presuntamente una conciencia clara de la ilegalidad y de la arbitrariedad de la decisión", por lo que los hechos instruidos presentan, a su juicio, "los caracteres de un presunto delito de prevaricación".
El regidor oturense, reelegido con mayoría absoluta el pasado 22 de mayo, ha respondido, tras hacerse público este auto, que la decisión de ampliar el edificio consistorial se tomó por ser la situación "insostenible". Ignacio Fernández señaló que existía graves problemas de espacio, y que la opción supuestamente "más ventajosa" que se cita era de 900.000 euros frente a los 300.000 que se pagaron por el solar finalmente adquirido.
Por otro lado, y con respecto a la financiación, Fernández recordó que se realizó con cargo a un convenio suscrito con una entidad mercantil, firmado por el Ayuntamiento, en el cual se preveía la aportación de dicha entidad para completar y mejorar los equipamientos municipales y para poder desarrollar obras de interés local.
Esta respuesta pública se debe no tanto a la defensa legal, que quedará para el juzgado y aún puede impedir que se siente en el banquillo, sino a las declaraciones del PSOE de Otura. En concreto, el secretario de organización local, Nazario Montes, ha acusado a Fernández de ser "el campeón de los líos judiciales", recordando casos como el de la denuncia interpuesta contra él por el secretario municipal, por cinco presuntas irregularidades urbanísticas, y que llegó a suspender viéndose posteriormente obligado a readmitirlo.
elmundo.es
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