INVESTIGACIÓN | Propone nombrar un delegado instructor para investigarlo
Antonio Salvador | Sevilla
Algo menos de dos meses es el tiempo que ha necesitado el Tribunal de Cuentas para determinar que en la autorización de expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía se han empleado los fondos públicos irregularmente, si no ilegalmente. Así se deduce de su admisión a trámite de la denuncia interpuesta por el PP por el escándalo de los ERE, hecha pública este sábado.
Más exactamente, el órgano fiscalizador ha emitido un dictamen en el que asegura que los hechos "permiten apreciar, siquiera indiciariamente, que pudiera existir un perjuicio a los fondos públicos autonómicos".
Por ello, en una cédula de notificación dictada por la sección de enjuiciamiento del tribunal de cuentas fechada el 24 junio, el Tribunal de Cuentas agrega que "resulta conveniente acometer una investigación" de estos hechos.
Incluso, la institución sugiere cómo abordar esta investigación, paralela a la que ya investigan los órganos judiciales andaluces, y propone a la comisión de gobierno del tribunal el nombramiento de "un delegado instructor que practique las diligencias de averiguación".
Esta notificación la ha dado a conocer este sábado el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, durante la jornada de clausura de la XVIII interprovincial 'popular', que se celebra en Sevilla. "Se trata de un fraude monumental", ha añadido, señalando que, según el auto del Tribunal de Cuentas, "hay indicios de que no sólo estamos ante un escándalo de responsabilidad política, sino también de importante responsabilidad penal".
"La pregunta que hay que hacerse hoy es qué consejería no está manchada de corrupción", ha planteado Sanz, pues "a las de Economía, Innovación y Empleo, que están manchadas por el escándalo de los ERE falsos, las pensiones ilegales y los 'fondos de reptiles', en una semana hemos sumado la de Educación, con un fraude de facturas falsas en la construcción de colegios que no eran verdad, y la trama de venta de pollos de águila imperial en la Consejería de Medio Ambiente.
La admisión a trámite de la denuncia "Deja claro que en Andalucía se ha permitido desde la Junta que se haya usado el dinero de los parados para pagar pensiones ilegales a cargos públicos del PSOE, a ayuntamientos socialistas y a empresas amigas del PSOE", ha añadido el dirigente del PP andaluz.
Sanz fue, precisamente, junto a la portavoz parlamentaria 'popular', Soraya Sáenz de Santamaría, quien presentó la denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la trama de los ERE al considerar que se trata de un "máster de infracciones y de descontrol de los fondos públicos" y con el objetivo de que "se depuren las responsabilidades contables y, en la medida de lo posible, se reintegren aquellos fondos que han sido indebidamente usados y que debieran servir para pagar a trabajadores que hoy se ven dificultades".
Saénz de Santamaría y Sanz han dicho acudir a este tribunal "en defensa de los derechos de los andaluces" y han mantenido que a lo largo de su denuncia se pone de manifiesto el uso "fraudulento" de fondos públicos "sensibles" que debieran gestionarse con "mayor pulcritud" si cabe, pues son los previstos para pagar a trabajadores en situación crítica en sus empresas o para ayudar a éstas a "salir de la crisis".
A la vista de todo esto, Antonio Sanz ha criticado este sábado que "algunos se han empeñado en decir que era un capricho" de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, "o una obsesión del PP por ir contra el PSOE", pero ahora el auto emitido por el organismo fiscalizador demuestra que "en Andalucía ha ocurrido un caso muy grave, que no era un capricho ni obsesión de nadie". A su juicio, es el "mayor escándalo de la historia económica, política y social de Andalucía".
Más exactamente, el órgano fiscalizador ha emitido un dictamen en el que asegura que los hechos "permiten apreciar, siquiera indiciariamente, que pudiera existir un perjuicio a los fondos públicos autonómicos".
Por ello, en una cédula de notificación dictada por la sección de enjuiciamiento del tribunal de cuentas fechada el 24 junio, el Tribunal de Cuentas agrega que "resulta conveniente acometer una investigación" de estos hechos.
Incluso, la institución sugiere cómo abordar esta investigación, paralela a la que ya investigan los órganos judiciales andaluces, y propone a la comisión de gobierno del tribunal el nombramiento de "un delegado instructor que practique las diligencias de averiguación".
Esta notificación la ha dado a conocer este sábado el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, durante la jornada de clausura de la XVIII interprovincial 'popular', que se celebra en Sevilla. "Se trata de un fraude monumental", ha añadido, señalando que, según el auto del Tribunal de Cuentas, "hay indicios de que no sólo estamos ante un escándalo de responsabilidad política, sino también de importante responsabilidad penal".
"La pregunta que hay que hacerse hoy es qué consejería no está manchada de corrupción", ha planteado Sanz, pues "a las de Economía, Innovación y Empleo, que están manchadas por el escándalo de los ERE falsos, las pensiones ilegales y los 'fondos de reptiles', en una semana hemos sumado la de Educación, con un fraude de facturas falsas en la construcción de colegios que no eran verdad, y la trama de venta de pollos de águila imperial en la Consejería de Medio Ambiente.
La admisión a trámite de la denuncia "Deja claro que en Andalucía se ha permitido desde la Junta que se haya usado el dinero de los parados para pagar pensiones ilegales a cargos públicos del PSOE, a ayuntamientos socialistas y a empresas amigas del PSOE", ha añadido el dirigente del PP andaluz.
Sanz fue, precisamente, junto a la portavoz parlamentaria 'popular', Soraya Sáenz de Santamaría, quien presentó la denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la trama de los ERE al considerar que se trata de un "máster de infracciones y de descontrol de los fondos públicos" y con el objetivo de que "se depuren las responsabilidades contables y, en la medida de lo posible, se reintegren aquellos fondos que han sido indebidamente usados y que debieran servir para pagar a trabajadores que hoy se ven dificultades".
Saénz de Santamaría y Sanz han dicho acudir a este tribunal "en defensa de los derechos de los andaluces" y han mantenido que a lo largo de su denuncia se pone de manifiesto el uso "fraudulento" de fondos públicos "sensibles" que debieran gestionarse con "mayor pulcritud" si cabe, pues son los previstos para pagar a trabajadores en situación crítica en sus empresas o para ayudar a éstas a "salir de la crisis".
A la vista de todo esto, Antonio Sanz ha criticado este sábado que "algunos se han empeñado en decir que era un capricho" de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, "o una obsesión del PP por ir contra el PSOE", pero ahora el auto emitido por el organismo fiscalizador demuestra que "en Andalucía ha ocurrido un caso muy grave, que no era un capricho ni obsesión de nadie". A su juicio, es el "mayor escándalo de la historia económica, política y social de Andalucía".
Además
* El escándalo del saqueo institucionalizado
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