La juez de los ERE notifica al Gobierno autónomo que puede recoger ya los sobres
LOURDES LUCIO - Sevilla
La juez de Sevilla que investiga el caso del fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con dinero público remitió ayer al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, dependiente del Tribunal Supremo, el contencioso planteado por la Junta de Andalucía. El Ejecutivo autónomo defiende que las actas de los Consejos de Gobierno requeridas por la magistrada son secretas, por lo que Mercedes Alaya no tenía derecho a reclamarlas.
Tres meses después de que la Junta formulara este pulso, la instructora dicta ahora un auto en el que deja en manos del Supremo la decisión última de si puede acceder a las actas del Gobierno andaluz desde 2001. El miércoles, la Audiencia de Sevilla había instado a la magistrada a devolver las 480 actas intervenidas. La Junta las recuperará el próximo lunes.
El Ejecutivo socialista entiende que esta información es reservada, pero sobre todo cree que solo el Gobierno andaluz es el que tiene la facultad de decidir cuándo la hace pública, en virtud de la Ley del Gobierno.
Esta tesis la comparte también el fiscal del Supremo Luis Navajas, quien, en un escrito de fecha 29 de junio y remitido a la Sala de Conflictos de Jurisdicción, opina que la juez Alaya "debe declinar" su autoridad en la reclamación de las 480 actas del Consejo de Gobierno "porque estaría invadiendo competencias que son propias" del poder Ejecutivo y supone una actuación "al margen del principio de proporcionalidad".
En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el fiscal sostiene que las actas "deben ser consideradas como materia reservada". Y basa su opinión tanto en la Ley de Gobierno de la comunidad como en la Ley de Secretos Oficiales, por lo que sostiene que "únicamente podrán hacerse públicos en la forma y en el momento" en que lo decida el Gobierno andaluz. No obstante, el fiscal sugiere al juzgado del caso de los ERE que no solicite "la entrega indiscriminada" de las actas, sino los acuerdos aprobados por el Gobierno.
La juez Alaya lleva 30 meses investigando el fraude en los ERE, pero todavía no ha culminado la instrucción de ninguna de las ramas del caso. ¿Por qué la juez quiere las actas? Porque entiende que el procedimiento administrativo por el que se concedieron las ayudas para pagar las prejubilaciones, más rápido pero con menos controles previos, permitió el fraude. Y quiere saber si en las reuniones de los Consejos de Gobierno se obviaron o trataron los informes de la Intervención General de la Junta en los que se advertía que el trámite escogido prescindía "de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley".
Alaya, en el auto en que promueve el conflicto de jurisdicción, opina que la Intervención informó de este hecho al entonces consejero de Economía "y hoy presidente de la Junta de Andalucía", José Antonio Griñán. El Gobierno andaluz mantiene que el informe de la Intervención no llegó ni a la mesa del consejero ni del Consejo de Gobierno porque no era necesario.
Tres meses después de que la Junta formulara este pulso, la instructora dicta ahora un auto en el que deja en manos del Supremo la decisión última de si puede acceder a las actas del Gobierno andaluz desde 2001. El miércoles, la Audiencia de Sevilla había instado a la magistrada a devolver las 480 actas intervenidas. La Junta las recuperará el próximo lunes.
El Ejecutivo socialista entiende que esta información es reservada, pero sobre todo cree que solo el Gobierno andaluz es el que tiene la facultad de decidir cuándo la hace pública, en virtud de la Ley del Gobierno.
Esta tesis la comparte también el fiscal del Supremo Luis Navajas, quien, en un escrito de fecha 29 de junio y remitido a la Sala de Conflictos de Jurisdicción, opina que la juez Alaya "debe declinar" su autoridad en la reclamación de las 480 actas del Consejo de Gobierno "porque estaría invadiendo competencias que son propias" del poder Ejecutivo y supone una actuación "al margen del principio de proporcionalidad".
En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el fiscal sostiene que las actas "deben ser consideradas como materia reservada". Y basa su opinión tanto en la Ley de Gobierno de la comunidad como en la Ley de Secretos Oficiales, por lo que sostiene que "únicamente podrán hacerse públicos en la forma y en el momento" en que lo decida el Gobierno andaluz. No obstante, el fiscal sugiere al juzgado del caso de los ERE que no solicite "la entrega indiscriminada" de las actas, sino los acuerdos aprobados por el Gobierno.
La juez Alaya lleva 30 meses investigando el fraude en los ERE, pero todavía no ha culminado la instrucción de ninguna de las ramas del caso. ¿Por qué la juez quiere las actas? Porque entiende que el procedimiento administrativo por el que se concedieron las ayudas para pagar las prejubilaciones, más rápido pero con menos controles previos, permitió el fraude. Y quiere saber si en las reuniones de los Consejos de Gobierno se obviaron o trataron los informes de la Intervención General de la Junta en los que se advertía que el trámite escogido prescindía "de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley".
Alaya, en el auto en que promueve el conflicto de jurisdicción, opina que la Intervención informó de este hecho al entonces consejero de Economía "y hoy presidente de la Junta de Andalucía", José Antonio Griñán. El Gobierno andaluz mantiene que el informe de la Intervención no llegó ni a la mesa del consejero ni del Consejo de Gobierno porque no era necesario.
elpaís.com
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