También contra ocho concejales
Europa Press | Málaga
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un auto por el que anula los escritos de acusación presentados contra el exalcalde de Torrox (Málaga) Francisco Muñoz (PSOE) y otros ocho concejales de la anterior corporación municipal por un presunto delito urbanístico, e insta a los denunciantes a ratificar su querella con el fin de continuar investigando los hechos.
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, anula un auto dictado en julio de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, que ordenó abrir un procedimiento abreviado contra Muñoz y los otros ediles; y también deja sin efecto los posteriores escritos de acusación presentados por los querellantes y el Ministerio Fiscal, que solicitaba penas de prisión e inhabilitación para los concejales.
La investigación de estos hechos se inició en 2006 a raíz de una denuncia presentada, entre otros, por tres concejales de IU -entre ellos, la actual alcaldesa de Torrox, Antonia Claros- y dos del PIU -finalmente retiraron su denuncia- por un presunto delito contra la ordenación del territorio o prevaricación administrativa, por la aprobación en pleno de cinco proyectos de actuación para viviendas en el campo, pese a los informes desfavorables del secretario municipal y la Junta de Andalucía.
En un principio, se hizo cargo del caso el Juzgado número 1 de Torrox, que dictó la mencionada resolución de apertura de procedimiento abreviado contra los acusados, aunque, a petición de este mismo órgano, finalmente ha sido el TSJA quien ha asumido la investigación y, tras analizar el expediente, ha dictado la anulación del auto inicial y el inicio de nuevas diligencias.
La anulación de la resolución se fundamenta, según el TSJA, en el hecho de que una de las personas denunciadas, la parlamentaria autonómica andaluza Estrella Tomé, tiene la condición de aforada, de forma que el Juzgado de Torrox "carecía de competencia objetiva" para dictar ese auto, "por lo que ha de quedar sin efecto, tanto respecto de Estrella Tomé como del resto de imputados" por tratarse de unos mismos hechos.
A raíz de esta decisión, la defensa de los imputados ha explicado a Europa Press que, en razón de lo expresado en el auto, "en este momento ninguno de los querellados está acusado de ningún delito, ni de prevaricación ni de ordenación del territorio", sin perjuicio de lo que se pueda determinar a posteriori tras investigar nuevamente el caso.
Pese a la anulación del auto inicial, el Alto Tribunal Andaluz sí asumirá como válidos en la investigación el resto de procesos desarrollados por el Juzgado de Torrox, aunque ha dejado claro que los querellantes deberán ejercer como acusación popular y no como particular, "puesto que el hecho de tener la condición de concejales no les confiere la condición de ofendidos que les permitiese constituirse en acusación particular".
La decisión de continuar investigando el asunto se basa, según el TSJA, en que "no puede descartarse" que la autorización concedida por el pleno "viniera determinada por intereses particulares, y que éstos prevalecieran conscientemente sobre el interés público".
Por esta razón, y conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, el auto indica que "procede que la Sala asuma su competencia e incoe las correspondientes diligencias previas para que se continúe la investigación en la medida necesaria para determinar la realidad de los hechos narrados en las querellas".
Para ello, el juez ha dado un plazo de diez días tanto a querellantes como a querellados para que comparezcan ante el TSJA para ejercer sus derechos y, de este modo, dar pie al inicio de estas nuevas diligencias de investigación.
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, anula un auto dictado en julio de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, que ordenó abrir un procedimiento abreviado contra Muñoz y los otros ediles; y también deja sin efecto los posteriores escritos de acusación presentados por los querellantes y el Ministerio Fiscal, que solicitaba penas de prisión e inhabilitación para los concejales.
La investigación de estos hechos se inició en 2006 a raíz de una denuncia presentada, entre otros, por tres concejales de IU -entre ellos, la actual alcaldesa de Torrox, Antonia Claros- y dos del PIU -finalmente retiraron su denuncia- por un presunto delito contra la ordenación del territorio o prevaricación administrativa, por la aprobación en pleno de cinco proyectos de actuación para viviendas en el campo, pese a los informes desfavorables del secretario municipal y la Junta de Andalucía.
En un principio, se hizo cargo del caso el Juzgado número 1 de Torrox, que dictó la mencionada resolución de apertura de procedimiento abreviado contra los acusados, aunque, a petición de este mismo órgano, finalmente ha sido el TSJA quien ha asumido la investigación y, tras analizar el expediente, ha dictado la anulación del auto inicial y el inicio de nuevas diligencias.
La anulación de la resolución se fundamenta, según el TSJA, en el hecho de que una de las personas denunciadas, la parlamentaria autonómica andaluza Estrella Tomé, tiene la condición de aforada, de forma que el Juzgado de Torrox "carecía de competencia objetiva" para dictar ese auto, "por lo que ha de quedar sin efecto, tanto respecto de Estrella Tomé como del resto de imputados" por tratarse de unos mismos hechos.
A raíz de esta decisión, la defensa de los imputados ha explicado a Europa Press que, en razón de lo expresado en el auto, "en este momento ninguno de los querellados está acusado de ningún delito, ni de prevaricación ni de ordenación del territorio", sin perjuicio de lo que se pueda determinar a posteriori tras investigar nuevamente el caso.
Pese a la anulación del auto inicial, el Alto Tribunal Andaluz sí asumirá como válidos en la investigación el resto de procesos desarrollados por el Juzgado de Torrox, aunque ha dejado claro que los querellantes deberán ejercer como acusación popular y no como particular, "puesto que el hecho de tener la condición de concejales no les confiere la condición de ofendidos que les permitiese constituirse en acusación particular".
La decisión de continuar investigando el asunto se basa, según el TSJA, en que "no puede descartarse" que la autorización concedida por el pleno "viniera determinada por intereses particulares, y que éstos prevalecieran conscientemente sobre el interés público".
Por esta razón, y conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, el auto indica que "procede que la Sala asuma su competencia e incoe las correspondientes diligencias previas para que se continúe la investigación en la medida necesaria para determinar la realidad de los hechos narrados en las querellas".
Para ello, el juez ha dado un plazo de diez días tanto a querellantes como a querellados para que comparezcan ante el TSJA para ejercer sus derechos y, de este modo, dar pie al inicio de estas nuevas diligencias de investigación.
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