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| El ex delegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, en los juzgados de Sevilla. | C. Márquez |
* El PSOE cree que no hay que procesar a Rivas porque los indicios son 'débiles'
* Sólo acusa a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce
* Los socialistas califican los hechos como estafa frustrada y no como cohecho
* Argumentan esta calificación porque los acusados no son funcionarios públicos
* Sólo acusa a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce
* Los socialistas califican los hechos como estafa frustrada y no como cohecho
* Argumentan esta calificación porque los acusados no son funcionarios públicos
Efe | Sevilla
El PSOE, personado como acción popular en la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla, no ha presentado acusación contra el ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, y ha calificado los hechos como estafa en grado de tentativa y no como cohecho.
El abogado del PSOE, Angel Prados, ha dicho que en su escrito de calificación presentado al juzgado de instrucción 6 de Sevilla solo acusa a Fernando Mellet, ex gerente de Mercasevilla, y a Daniel Ponce, ex director adjunto, para quienes pide dos años de cárcel por una estafa en grado de tentativa.
El PSOE califica los hechos como estafa frustrada porque no considera que los acusados fueran funcionarios públicos, pese a pertenecer a una empresa propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y la empresa estatal Mercasa, y por ello se opone a la calificación como cohecho, lo que ha llevado a que el caso sea enjuiciado por un jurado popular.
El PSOE cree que no se debe procesar a Rivas porque la propia juez, en su auto de procesamiento, reconoció que los indicios contra él son "débiles", y ello teniendo en cuenta que se trata de un sumario que ha sido objeto de una "profusa investigación", ha dicho Prados. "Es más prudente no acusar que hacerlo sin pruebas", ha dicho el letrado del PSOE.
Precisamente, el ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía presentó el pasado 27 de febrero su dimisión como miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE y secretario local en Camas (Sevilla). Entonces, solicitó también la suspensión temporal de militancia hasta la celebración del juicio.
Esta parte tampoco acusa a la funcionaria Regla Pereira, incluida por la Fiscalía en la causa por la presunta petición de 450.000 euros en comisiones ilegales al Grupo La Raza de Hostelería como condición para ser adjudicatario de la Escuela de Hostelería del mercado central sevillano.
Prados ha indicado que, frente a la multa de 900.000 euros pedida por la Fiscalía para cada acusado, su escrito sólo solicita 10.000 euros al tratarse de un delito en grado de tentativa en el que no se llegó a cobrar nada.
La Fiscalía de Sevilla pidió la semana pasada una condena de 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa para los cuatro acusados por esta presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla, para lo que se ampararon en la subvención de 900.000 euros que ya había conseguido de la Junta.
El abogado del PSOE, Angel Prados, ha dicho que en su escrito de calificación presentado al juzgado de instrucción 6 de Sevilla solo acusa a Fernando Mellet, ex gerente de Mercasevilla, y a Daniel Ponce, ex director adjunto, para quienes pide dos años de cárcel por una estafa en grado de tentativa.
El PSOE califica los hechos como estafa frustrada porque no considera que los acusados fueran funcionarios públicos, pese a pertenecer a una empresa propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y la empresa estatal Mercasa, y por ello se opone a la calificación como cohecho, lo que ha llevado a que el caso sea enjuiciado por un jurado popular.
El PSOE cree que no se debe procesar a Rivas porque la propia juez, en su auto de procesamiento, reconoció que los indicios contra él son "débiles", y ello teniendo en cuenta que se trata de un sumario que ha sido objeto de una "profusa investigación", ha dicho Prados. "Es más prudente no acusar que hacerlo sin pruebas", ha dicho el letrado del PSOE.
Precisamente, el ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía presentó el pasado 27 de febrero su dimisión como miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE y secretario local en Camas (Sevilla). Entonces, solicitó también la suspensión temporal de militancia hasta la celebración del juicio.
Esta parte tampoco acusa a la funcionaria Regla Pereira, incluida por la Fiscalía en la causa por la presunta petición de 450.000 euros en comisiones ilegales al Grupo La Raza de Hostelería como condición para ser adjudicatario de la Escuela de Hostelería del mercado central sevillano.
Prados ha indicado que, frente a la multa de 900.000 euros pedida por la Fiscalía para cada acusado, su escrito sólo solicita 10.000 euros al tratarse de un delito en grado de tentativa en el que no se llegó a cobrar nada.
La Fiscalía de Sevilla pidió la semana pasada una condena de 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa para los cuatro acusados por esta presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla, para lo que se ampararon en la subvención de 900.000 euros que ya había conseguido de la Junta.
Además
* Los 18 imputados
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