Resumen de defensas y acusaciones
* Su defensa argumenta que no está acreditado el origen ilícito del dinero
* Su defensa argumenta que no está acreditado el origen ilícito del dinero
José Carlos Villanueva | Málaga
La última sesión del juicio por el caso 'Malaya' referida al bloque sobre el 'pelotazo' urbanístico de Crucero Banús, ocurrido en Marbella, ha arrancado este lunes con la intervención del fiscal delegado de Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero. El Ministerio Público ha ratificado que el principal acusado, Juan Antonio Roca, blanqueó fondos en dicha operación inmobiliaria. Concretamente la cifra 'lavada'- no mencionada hoy- fue de 1,6 millones de euros como ya es sabido.
En el marco de los "resúmenes de prueba" encargados por el presidente del tribunal, José Godino, a las distintas partes personadas, la acusación pública ha detallado que la imputación de blanqueo que hace recaer sobre el ex asesor urbanístico marbellí guarda relación con "los fondos invertidos y obtenidos por Roca en esta operación, como ganancias del delito antecedente".
Y es que para López Caballero queda claro que los fondos que invirtió Roca en la operación Crucero Banús, junto al resto de socios: el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, el abogado Juan Hoffman y el ex comisario de Policía Florencio San Agapito, "son bienes que proceden de actividades delictivas".
Cabe recordar que el propio Roca reconoció, durante su declaración al comienzo del juicio oral, que los fondos que invirtió en dicha operación eran de "procedencia opaca" y que no fueron declarados a la Agencia Tributaria en España. Tampoco lo hizo con el beneficio obtenido con la plusvalía, que ascendió a 6,3 millones de euros repartidos con el resto de sus socios.
Primero compraron la parcela de Puerto Banús en 2001 por 4,3 millones de euros y meses después, ya en 2002, se la vendieron recalificada al empresario José Ávila Rojas por importe de 10,3 millones. El suelo pasaba de uso comercial, con 500 metros de techo, a ocho alturas con viviendas garajes y locales comerciales, repartidos en más de 11.000 metros.
"Desde nuestro punto de vista hay tres imputaciones: blanqueo, ingresos dejados de tributar y delitos contra la Hacienda Pública que se imputan con exclusividad a Pedro Román", ha enumerado el fiscal.
El fiscal ha concedido mucha importancia a la "prueba documental", relacionada con los registros que se efectuaron en el despacho del acusado Juan Hoffman en febrero de 2007. Además, ha hablado de las "estructuras de ocultación de fondos" creadas en Suiza por los acusados.
En el marco de los "resúmenes de prueba" encargados por el presidente del tribunal, José Godino, a las distintas partes personadas, la acusación pública ha detallado que la imputación de blanqueo que hace recaer sobre el ex asesor urbanístico marbellí guarda relación con "los fondos invertidos y obtenidos por Roca en esta operación, como ganancias del delito antecedente".
Y es que para López Caballero queda claro que los fondos que invirtió Roca en la operación Crucero Banús, junto al resto de socios: el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, el abogado Juan Hoffman y el ex comisario de Policía Florencio San Agapito, "son bienes que proceden de actividades delictivas".
Cabe recordar que el propio Roca reconoció, durante su declaración al comienzo del juicio oral, que los fondos que invirtió en dicha operación eran de "procedencia opaca" y que no fueron declarados a la Agencia Tributaria en España. Tampoco lo hizo con el beneficio obtenido con la plusvalía, que ascendió a 6,3 millones de euros repartidos con el resto de sus socios.
Primero compraron la parcela de Puerto Banús en 2001 por 4,3 millones de euros y meses después, ya en 2002, se la vendieron recalificada al empresario José Ávila Rojas por importe de 10,3 millones. El suelo pasaba de uso comercial, con 500 metros de techo, a ocho alturas con viviendas garajes y locales comerciales, repartidos en más de 11.000 metros.
"Desde nuestro punto de vista hay tres imputaciones: blanqueo, ingresos dejados de tributar y delitos contra la Hacienda Pública que se imputan con exclusividad a Pedro Román", ha enumerado el fiscal.
El fiscal ha concedido mucha importancia a la "prueba documental", relacionada con los registros que se efectuaron en el despacho del acusado Juan Hoffman en febrero de 2007. Además, ha hablado de las "estructuras de ocultación de fondos" creadas en Suiza por los acusados.
Licencia contraria al PGOU
Paralelamente, la acusación pública ha hablado de la normativa urbanística que se vulneró con dicha operación: "Una licencia de obras contraria al PGOU de 1986", en el marco de la "contrariedad" con el ordenamiento jurídico vigente. A ello le ha sumado algunas declaraciones testificales que se han podido escuchar durante las más de veinte sesiones celebradas.
El hombre clave en la operación investigada es Pedro Román. El ex primer edil se enfrenta a 21 años de prisión y multa de casi 15 millones de euros. Era el socio mayoritario en el negocio con un 62% de las acciones. De ahí que las penas solicitadas para él sean mayores que para Roca, que contaba con menos del 15%.
Además, el fiscal considera que Román ocultó fondos en Suiza entre 2003,2004 y 2005 a través de la sociedad Veran A.G., la cual realizó adquisición de inmuebles en España.
Piden la absolución de Roca
Por su parte, la abogada de Roca, Rocío Amigo, ha pedido la libre absolución de su defendido, "con todos los pronunciamientos", al comienzo de su intervención. Para la letrada, el origen ilícito de los fondos del ex asesor urbanístico "no ha quedado acreditado".
En cuanto al delito de malversación, que imputa el Ayuntamiento de Marbella a Roca, su abogada sostiene que "no administraba caudales públicos" por lo que "no puede ser acusado del mismo". Amigo se basa en declaraciones de "testigos de cargo" como el interventor y el tesorero.
Otro argumento que ha empleado Amigo es que no hay malversación porque "el dinero aportado por promotores, en concepto de compensación, por aprovechamientos urbanísticos, es privado y luego se destina a usos públicos" en el Ayuntamiento de Marbella.
Según la defensa del ex asesor urbanístico "un aprovechamiento urbanístico es un bien inmueble y está excluido de ser malversado", ha dicho la abogada al citar varias sentencias.
Las defensas siempre han mantenido que no hubo perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento de Marbella, porque el inmueble no llegó a edificarse. De hecho, algunos testigos como el interventor, Juan Antonio Castro, y el arquitecto municipal Francisco Merino, declararon que el Consistorio debería devolver los 240.000 pagados por Román, Roca y sus socios, quienes hablaron de "enriquecimiento ilícito".
El resto de defensas continúan durante la jornada de este lunes con sus intervenciones. La reanudación del juicio, ya con el segundo bloque relativo a la trama de testaferros de Roca que blanquearon presuntamente sus ganancias ilícitas, se reanudará el próximo 1 de marzo, tras modificar la Sala la fecha inicial, prevista en un principio para el 21 de febrero.
Por su parte, la abogada de Roca, Rocío Amigo, ha pedido la libre absolución de su defendido, "con todos los pronunciamientos", al comienzo de su intervención. Para la letrada, el origen ilícito de los fondos del ex asesor urbanístico "no ha quedado acreditado".
En cuanto al delito de malversación, que imputa el Ayuntamiento de Marbella a Roca, su abogada sostiene que "no administraba caudales públicos" por lo que "no puede ser acusado del mismo". Amigo se basa en declaraciones de "testigos de cargo" como el interventor y el tesorero.
Otro argumento que ha empleado Amigo es que no hay malversación porque "el dinero aportado por promotores, en concepto de compensación, por aprovechamientos urbanísticos, es privado y luego se destina a usos públicos" en el Ayuntamiento de Marbella.
Según la defensa del ex asesor urbanístico "un aprovechamiento urbanístico es un bien inmueble y está excluido de ser malversado", ha dicho la abogada al citar varias sentencias.
Las defensas siempre han mantenido que no hubo perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento de Marbella, porque el inmueble no llegó a edificarse. De hecho, algunos testigos como el interventor, Juan Antonio Castro, y el arquitecto municipal Francisco Merino, declararon que el Consistorio debería devolver los 240.000 pagados por Román, Roca y sus socios, quienes hablaron de "enriquecimiento ilícito".
El resto de defensas continúan durante la jornada de este lunes con sus intervenciones. La reanudación del juicio, ya con el segundo bloque relativo a la trama de testaferros de Roca que blanquearon presuntamente sus ganancias ilícitas, se reanudará el próximo 1 de marzo, tras modificar la Sala la fecha inicial, prevista en un principio para el 21 de febrero.
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