Manuel Marraco | Madrid
elmundo.es
Un juzgado de Toledo admitió este jueves a trámite una querella contra los administradores de la Hípica Almenara, propiedad del presidente del Congreso, José Bono, y su familia. El juzgado imputa por un delito societario a media docena de sucesivos administradores de la sociedad –ninguno de la familia Bono–, y ordena a Onde 2000, propiedad de Francisco Hernando, 'el Pocero', que remita toda la documentación sobre las obras realizadas en la hípica, lo que debería sacar a la luz quién las pagó realmente.
La querella fue presentada el pasado mes de julio por el abogado Antonio Panea en nombre de la asociación Ciudadanía Anticorrupción. El escrito se centraba en que, de acuerdo con los datos del registro del periodo 2004-2008, no se habían incorporado a los balances de la sociedad el "considerable" incremento patrimonial de la hípica, lo que supondría un falseamiento de las cuentas anuales.
Según fuentes del caso, la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 se ha producido en contra del criterio de la Fiscalía, que rechazó la legitimación de la asociación para querellarse.
En principio, sólo los socios, como agraviados, pueden ejercer la vía penal contra los administradores de una sociedad, pero esa limitación se anula cuando el supuesto delito "afecte a los intereses generales". Y en este caso, el Juzgado estima que la relevancia pública de José Bono encaja en ese supuesto.
Formalmente, Bono y su familia, como socios de la hípica, serían los directos perjudicados, por lo que previsiblemente el Juzgado les ofrecerá actuar contra los querellados, entre los cuales se encuentra un ex chófer del dirigente socialista.
La querella fue presentada el pasado mes de julio por el abogado Antonio Panea en nombre de la asociación Ciudadanía Anticorrupción. El escrito se centraba en que, de acuerdo con los datos del registro del periodo 2004-2008, no se habían incorporado a los balances de la sociedad el "considerable" incremento patrimonial de la hípica, lo que supondría un falseamiento de las cuentas anuales.
Según fuentes del caso, la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 se ha producido en contra del criterio de la Fiscalía, que rechazó la legitimación de la asociación para querellarse.
En principio, sólo los socios, como agraviados, pueden ejercer la vía penal contra los administradores de una sociedad, pero esa limitación se anula cuando el supuesto delito "afecte a los intereses generales". Y en este caso, el Juzgado estima que la relevancia pública de José Bono encaja en ese supuesto.
Formalmente, Bono y su familia, como socios de la hípica, serían los directos perjudicados, por lo que previsiblemente el Juzgado les ofrecerá actuar contra los querellados, entre los cuales se encuentra un ex chófer del dirigente socialista.
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