* El fiscal pide ocho años de inhabilitación para cargo público a los imputados
* Rollán asegura que 'todos actuaron en beneficio de la localidad'
* Rollán asegura que 'todos actuaron en beneficio de la localidad'
Europa Press | Madrid
El juicio por presunta prevaricación contra los concejales de la Corporación municipal de Torrejón de Ardoz del año 2001 por el convenio con Patrimonio Siglo XXI ha quedado visto para sentencia después de que el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Carlos Ruiz de Alegría, haya elevado a definitiva la petición de 8 años de inhabilitación al considerar que "se ha acreditado prueba de que incurrieron en un delito de presunta prevaricación".
"Cuando se celebra el Pleno (en el que se aprobó el convenio), ellos (los concejales de PSOE y PADE) conocían el informe del señor del secretario y sus consideraciones, explícitas y contundentes respecto a la ilegalidad (de dicho convenio). Lo conocían ellos y también el resto de los concejales. Aquí no se puede hablar de disciplina de voto, asumen unas responsabilidades como concejales y tienen que saber sobre lo que votan", ha dicho.
En cuanto a si el informe del secretario estaba o no a disposición de los concejales, el fiscal ha asegurado que "estaba el día 23 y estuvo a disposición de los concejales".
En este sentido, el fiscal se ha referido también al acta del Pleno. "Como ahora podemos manejar el acta, el acta es muy ilustrativa también. El señor concejal de Urbanismo habla de que independientemente de la legalidad, 'bla', 'bla','bla'... luego se había debatido acerca de la legalidad", ha incidido.
Además, ha subrayado que se desconoce, a día de hoy, "quién redactó el material del convenio" y que cree que "vino redactado desde fuera". En su exposición, también ha señalado que intuye que "había una cierta estrategia del señor (Francisco Martín) Rojas y de la alcaldesa (Trinidad Rollán) de que esto tenía que aprobarse por encima de todo y pese a quien pese".
Asimismo, Ruiz de Alegría ha asegurado al dar cuenta de sus conclusiones que "no se puede decir si el convenio fue la opción que resultó más beneficiosa" para la localidad de Torrejón de Ardoz.
"Cuando se celebra el Pleno (en el que se aprobó el convenio), ellos (los concejales de PSOE y PADE) conocían el informe del señor del secretario y sus consideraciones, explícitas y contundentes respecto a la ilegalidad (de dicho convenio). Lo conocían ellos y también el resto de los concejales. Aquí no se puede hablar de disciplina de voto, asumen unas responsabilidades como concejales y tienen que saber sobre lo que votan", ha dicho.
En cuanto a si el informe del secretario estaba o no a disposición de los concejales, el fiscal ha asegurado que "estaba el día 23 y estuvo a disposición de los concejales".
En este sentido, el fiscal se ha referido también al acta del Pleno. "Como ahora podemos manejar el acta, el acta es muy ilustrativa también. El señor concejal de Urbanismo habla de que independientemente de la legalidad, 'bla', 'bla','bla'... luego se había debatido acerca de la legalidad", ha incidido.
Además, ha subrayado que se desconoce, a día de hoy, "quién redactó el material del convenio" y que cree que "vino redactado desde fuera". En su exposición, también ha señalado que intuye que "había una cierta estrategia del señor (Francisco Martín) Rojas y de la alcaldesa (Trinidad Rollán) de que esto tenía que aprobarse por encima de todo y pese a quien pese".
Asimismo, Ruiz de Alegría ha asegurado al dar cuenta de sus conclusiones que "no se puede decir si el convenio fue la opción que resultó más beneficiosa" para la localidad de Torrejón de Ardoz.
'Mi voto fue honesto y en conciencia'
La secretaria de Organización del PSM y ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz, Trinidad Rollán ha tomado brevemente la palabra para poner de manifiesto que, su votó a favor del convenio que es objeto de acusación, "fue honesto y en conciencia", porque "estaba convencida de la absoluta legalidad" del mismo "En ningún momento tuve conocimiento del informe (negativo) del secretario", ha dicho.
"No estaba (este último informe) en el expediente en su momento, no se nos remitió por escrito, y lo que me parece más grave es que en un Pleno en el que se iba a someter a votación (el convenio sobre el que hablaba el informe) y que con el tiempo se ha visto a qué situación nos podía llevar, el secretario no tomara la palabra y nos avisara a todos para que pudiésemos reflexionar. Esta actitud nos ha dejado a todos los concejales en una situación de absoluta indefensión", ha insistido.
Asimismo, Rollán ha puesto el acento en que, en su momento, al sacar adelante este convenio, perseguía defender los intereses económicos del Ayuntamiento y el "bienestar de los vecinos" y que su labor fue en cumplimiento de sus obligaciones "como alcaldesa y como cargo público".
"Libre absolución"
Por su parte, el abogado del PSM, Wilfredo Jurado, ha anunciado que va a solicitar la "libre absolución por no ser los hechos constitutivos de delito alguno tal y como ha quedado demostrado" en el juicio que se celebra desde este martes.
En su intervención, Jurado ha contrapuesto los dos informes que se han manejado en el Plenario. "Un informe claro, de fácil entendimiento, meridiano y realizado por una funcionaria experta en derecho urbanístico que estuvo desde el inicio del procedimiento y que contiene las palabras mágicas "informe favorable" y "un informe ilegible, chapucero, farragoso y con ánimo de venganza", ha dicho.
"Es razonable que habiendo podido elegir, lo hubieran hecho por el primero, pero es que, además, el segundo no pudo ser visto", ha añadido Jurado. "Los acusados no tuvieron conocimiento de la existencia del informe del secretario ni mucho menos el de interventor", ha añadido el abogado, que ha apostado también por "poner en valor tanto los informes de la abogada funcionaria como los del arquitecto".
Por su parte, el abogado del PSM, Wilfredo Jurado, ha anunciado que va a solicitar la "libre absolución por no ser los hechos constitutivos de delito alguno tal y como ha quedado demostrado" en el juicio que se celebra desde este martes.
En su intervención, Jurado ha contrapuesto los dos informes que se han manejado en el Plenario. "Un informe claro, de fácil entendimiento, meridiano y realizado por una funcionaria experta en derecho urbanístico que estuvo desde el inicio del procedimiento y que contiene las palabras mágicas "informe favorable" y "un informe ilegible, chapucero, farragoso y con ánimo de venganza", ha dicho.
"Es razonable que habiendo podido elegir, lo hubieran hecho por el primero, pero es que, además, el segundo no pudo ser visto", ha añadido Jurado. "Los acusados no tuvieron conocimiento de la existencia del informe del secretario ni mucho menos el de interventor", ha añadido el abogado, que ha apostado también por "poner en valor tanto los informes de la abogada funcionaria como los del arquitecto".
'Gravísimas irregularidades'
El propio Jurado ha insistido en sus conclusiones a la incorporación del acta del Pleno en el que se aprobó el convenio. "La admisión irregular de esta prueba y la denegación a las defensas de las que pidieron ser traídas al juicio, darían mucho juego en hipotéticos recursos de casación o ante el Tribunal Constitucional, pero estamos convencidos que siquiera haga falta a las defensas utilizarlos porque aún con todos estos inconvenientes en modo alguno se ha podido probar que exista delito en la actuación perseguida", ha indicado.
También el abogado de Trinidad Rollán, Antonio González Úbeda, ha puesto de manifiesto las "gravísimas irregularidades en la tramitación del expediente" y se ha referido también a la "incorporación tardía" del acta del Pleno del 26 de noviembre, en el que se aprobó este convenio.
El abogado de la defensa de Martín Rojas y otros concejales, Alberto Jabonero, ha manifestado que "habrá que valorar si lo que se ha incorporado es un documento y si ese documento es incriminatorio". "Las manifestaciones personales que se documentan en el acta de Pleno no tienen categoría documental", ha dicho.
Jabonero, que también ha retirado la solicitud de libre absolución, se ha referido también al hecho de si los concejales sabían o no que se podía estar cometiendo una ilegalidad dando luz verde a este convenio. "En el Pleno, ¿existió debate al respecto? Pues probablemente hubo debate, pero en el marco del discurso y de la confrontación política porque el secretario, teniendo la obligación legal de intervenir, no lo hizo, y él sabrá por qué. Tampoco lo ha aclarado aquí", ha incidido.
'Podría llevar archivado dos años'
El letrado y también imputado Julián López Jiménez ha señalado que "mal debe andar el Fiscal de argumentos cuando ha dedicado 3 minutos a hablar del cambio de estrategia" de la defensa y ha añadido que el caso "podría llevar archivado 2 años, si no hubiera sido porque una compañera acusada es diputada autonómica y en consecuencia hubo de venir a la competencia de este Tribunal".
"La mayor condena ya la tenemos encima, que es la sentencia de la opinión pública", ha dicho, quejándose de las críticas recibidas.
"Tengo la impresión de que se me está juzgando a mí y mis compañeros por el fallo de un sólo día cuando alguien ha tenido dos meses para poder evitarlo", ha añadido el ex edil, que también ha asegurado que la posible sentencia inculpatoria no le supondrá ningún agravio porque no tenía pensado seguir dedicándose a la política.
elmundo.es
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