Ante la Fiscalía
* Oliver, Almiñana y Rullán confiesan que entregaron en mano a la secretaria de Nadal el salario de una empleada fantasma
* Oliver, Almiñana y Rullán confiesan que entregaron en mano a la secretaria de Nadal el salario de una empleada fantasma
Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma
Los administradores de la productora audiovisual Video-U han revelado a la Fiscalía Anticorrupción que entregaron dinero en efectivo a Unió Mallorquina (UM). Los gestores de la empresa adquirida por Maria Antònia Munar y Miquel Nadal a través de testaferros para financiar ilegalmente la campaña electoral de 2007 han trasladado verbalmente al fiscal Joan Carrau durante los últimos días que el sueldo correspondiente a al menos una de las enchufadas del partido que tuvieron en nómina sin trabajar se lo dieron en mano a la entonces secretaria del vicepresidente ejecutivo del Consell de Mallorca, Eugenia Cañellas.
En lugar de articular una transferencia bancaria, como hicieron con el resto de trabajadores de la campaña a los que pusieron a sueldo en la productora sin prestar servicio alguno para la misma, en el caso de la empleada fantasma Aurora Fernández, el mecanismo varió. El dinero correspondiente a sus salarios fue entregado en un sobre en mano a Cañellas, siempre según el testimonio de Miguel Oliver, Luisa Almiñana y Ramón Rullán, que reiteran que sólo en este caso realizaron un pago de efectivo al partido.
Todos ellos se han puesto ya a disposición del Ministerio Público para colaborar en este extremo de la investigación de la Operación Maquillaje después de haber alcanzado el pasado mes de marzo un pacto para confesar los hechos a cambio de lograr una rebaja en su condena.
Estas confesiones contribuirían a explicar la declaración que hace días prestó ante el juez Juan Ignacio Lope Sola la propia Fernández, que admitió haber estado dada de alta en Video-U con una nómina de 1.000 euros mensuales pero sin ver un solo euro a cambio y ratificarían la existencia de una caja B en el partido que fue nutrida con fondos en efectivo procedentes de contratistas públicos del Consell de Mallorca durante la campaña.
Según las explicaciones de Fernández, accedió a aquella extraña operación tras contactar con Eugenia Cañellas, con la que había trabajado durante dos años, y sólo porque vio que de aquella forma «obtenía un beneficio» al estar cotizando» a la Seguridad Social.
«Cañellas me llamó en 2006 para que pudiera estar cotizando en una empresa pero sin trabajar ni cobrar; ignoro lo que quería la empresa con esto, supongo que justificar gastos» por valor de lo que se le pagaba mensualmente, declaró Fernández ante el juez en una declaración que la Fiscalía considera ya determinante para esclarecer la mecánica de financiación irregular del partido que presidía Maria Antònia Munar. En este sentido la confesión de los administradores de Video-U la complementaría.
Pero también situaría por primera vez en el epicentro del escándalo a Cañellas, que fue quien inicialmente entregó al Juzgado de Instrucción número dos de Palma todas las pruebas documentales que acreditan la colocación masiva de activistas de UM en Video-U así como en su filial Ambbit Digital durante los pasados comicios autonómicos y municipales.
De formalizarse esta afirmación, su situación podría complicarse y verse obligada a explicar el destino de este dinero en metálico. Y es que de manera paralela a las contrataciones de empleados fantasma, UM exigió a una serie de empresas que, como en el caso de Fernández, le realizaran entregas de dinero en metálico. Con estos fondos, y según aseguran a este periódico fuentes próximas a la formación nacionalista, se sufragaban gastos electorales como, por ejemplo, el sueldo de los activistas encargados de lo que denominaron en UM biblias electorales. Es decir, el salario de aquellos que iban puerta por puerta por las barriadas haciendo propaganda del partido. Cada uno de estos empleados percibía entre 300 y 600 euros mensuales en metálico que percibían de manos de las secretarias de UM.
Asimismo se está investigando por parte de Anticorrupción el origen de los fondos empleados por el partido para pagar sobres con 80 euros durante la jornada electoral a miembros de colectivos inmigrantes a cambio de su voto. El fiscal Carrau ya advierte de que si se acredita que el dinero en efectivo proviene directamente de contratos públicos
En lugar de articular una transferencia bancaria, como hicieron con el resto de trabajadores de la campaña a los que pusieron a sueldo en la productora sin prestar servicio alguno para la misma, en el caso de la empleada fantasma Aurora Fernández, el mecanismo varió. El dinero correspondiente a sus salarios fue entregado en un sobre en mano a Cañellas, siempre según el testimonio de Miguel Oliver, Luisa Almiñana y Ramón Rullán, que reiteran que sólo en este caso realizaron un pago de efectivo al partido.
Todos ellos se han puesto ya a disposición del Ministerio Público para colaborar en este extremo de la investigación de la Operación Maquillaje después de haber alcanzado el pasado mes de marzo un pacto para confesar los hechos a cambio de lograr una rebaja en su condena.
Estas confesiones contribuirían a explicar la declaración que hace días prestó ante el juez Juan Ignacio Lope Sola la propia Fernández, que admitió haber estado dada de alta en Video-U con una nómina de 1.000 euros mensuales pero sin ver un solo euro a cambio y ratificarían la existencia de una caja B en el partido que fue nutrida con fondos en efectivo procedentes de contratistas públicos del Consell de Mallorca durante la campaña.
Según las explicaciones de Fernández, accedió a aquella extraña operación tras contactar con Eugenia Cañellas, con la que había trabajado durante dos años, y sólo porque vio que de aquella forma «obtenía un beneficio» al estar cotizando» a la Seguridad Social.
«Cañellas me llamó en 2006 para que pudiera estar cotizando en una empresa pero sin trabajar ni cobrar; ignoro lo que quería la empresa con esto, supongo que justificar gastos» por valor de lo que se le pagaba mensualmente, declaró Fernández ante el juez en una declaración que la Fiscalía considera ya determinante para esclarecer la mecánica de financiación irregular del partido que presidía Maria Antònia Munar. En este sentido la confesión de los administradores de Video-U la complementaría.
Pero también situaría por primera vez en el epicentro del escándalo a Cañellas, que fue quien inicialmente entregó al Juzgado de Instrucción número dos de Palma todas las pruebas documentales que acreditan la colocación masiva de activistas de UM en Video-U así como en su filial Ambbit Digital durante los pasados comicios autonómicos y municipales.
De formalizarse esta afirmación, su situación podría complicarse y verse obligada a explicar el destino de este dinero en metálico. Y es que de manera paralela a las contrataciones de empleados fantasma, UM exigió a una serie de empresas que, como en el caso de Fernández, le realizaran entregas de dinero en metálico. Con estos fondos, y según aseguran a este periódico fuentes próximas a la formación nacionalista, se sufragaban gastos electorales como, por ejemplo, el sueldo de los activistas encargados de lo que denominaron en UM biblias electorales. Es decir, el salario de aquellos que iban puerta por puerta por las barriadas haciendo propaganda del partido. Cada uno de estos empleados percibía entre 300 y 600 euros mensuales en metálico que percibían de manos de las secretarias de UM.
Asimismo se está investigando por parte de Anticorrupción el origen de los fondos empleados por el partido para pagar sobres con 80 euros durante la jornada electoral a miembros de colectivos inmigrantes a cambio de su voto. El fiscal Carrau ya advierte de que si se acredita que el dinero en efectivo proviene directamente de contratos públicos
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