José Carlos Villanueva | Málaga
El ex asesor urbanístico municipal del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, ha asegurado este martes que la Junta de Andalucía no impugnó "nunca" ninguno de los 600 convenios urbanísticos que se llevaron a cabo durante la era GIL (1991-2006).
La respuesta ha venido a colación de una pregunta del abogado Luis Juega, que representa al empresario Francisco Zambrana, también acusado en el 'caso Malaya', al interesarse dicho letrado por el papel que jugó el Ejecutivo autonómico en el urbanismo marbellí.
Roca le ha contestado que "se nos dijo que no había impugnación" en el caso del convenio de la parcela de 'Crucero Banús'. Tampoco la hubo en el resto de convenios. El ex gerente de Urbanismo sostiene que "la Junta lo único que comprueba es si los aprovechamientos urbanísticos -pactados en los convenios- eran superiores a los que marca la Ley".
No obstante, Roca para afianzar sus tesis, ha añadido que "difícilmente puede impugnar la Junta algo en lo que no interviene, como es un convenio que supone un acuerdo entre dos partes", en alusión al promotor y el Ayuntamiento.
Lo cierto es que, aunque el ex asesor urbanístico se haya referido a que la Junta poco menos que no tenía competencias para impugnar, la duda sobre si la Consejería de Obras Públicas debió hacer algo más, al margen de impugnar las licencias de obras de Marbella, ha quedado sobre la mesa de la sala de vistas.
Se da la circunstancia de que el letrado Luis Juega figura imputado, junto a Roca, entre otros, por presunto blanqueo y cohecho, además de otros delitos, en el conocido como 'caso Goldfinger' en el que aparece como principal encausado el actor Sean Connery.
Juega también se ha interesado en conocer si las corporaciones municipales de Marbella, posteriores a la disolución del Consistorio en 2006, impugnaron dichos convenios. La respuesta de Roca ha sido clara: "La Gestora anunció que los iba a revisar y no lo ha hecho, tampoco el equipo de gobierno actual", ha dicho en alusión al PP.
Precisamente, una de las pruebas solicitadas por Roca es un informe, firmado por la actual delegada de la Junta en Málaga, María Gámez, en el que ésta corroboraba dictámentes sobre que los convenios de Marbella carecen de "eficacia jurídica", no así las licencias de obras otorgadas y luego impugnadas, tal y como informó EL MUNDO este lunes.
Dicho argumento le es útil al principal acusado para desentenderse, por completo, de algo con lo que se le relaciona. Fuentes cercanas a las defensas aseguran que la abogada de Roca, Rocío Amigo, habría renunciado finalmente a la declaración testifical solicitada de María Gámez y se conformaría con el testimonio del jurista de la Junta de Andalucía que elaboró el informe que refrendaba la actual candidata del PSOE a la Alcaldía de Málaga.
La respuesta ha venido a colación de una pregunta del abogado Luis Juega, que representa al empresario Francisco Zambrana, también acusado en el 'caso Malaya', al interesarse dicho letrado por el papel que jugó el Ejecutivo autonómico en el urbanismo marbellí.
Roca le ha contestado que "se nos dijo que no había impugnación" en el caso del convenio de la parcela de 'Crucero Banús'. Tampoco la hubo en el resto de convenios. El ex gerente de Urbanismo sostiene que "la Junta lo único que comprueba es si los aprovechamientos urbanísticos -pactados en los convenios- eran superiores a los que marca la Ley".
No obstante, Roca para afianzar sus tesis, ha añadido que "difícilmente puede impugnar la Junta algo en lo que no interviene, como es un convenio que supone un acuerdo entre dos partes", en alusión al promotor y el Ayuntamiento.
Lo cierto es que, aunque el ex asesor urbanístico se haya referido a que la Junta poco menos que no tenía competencias para impugnar, la duda sobre si la Consejería de Obras Públicas debió hacer algo más, al margen de impugnar las licencias de obras de Marbella, ha quedado sobre la mesa de la sala de vistas.
Se da la circunstancia de que el letrado Luis Juega figura imputado, junto a Roca, entre otros, por presunto blanqueo y cohecho, además de otros delitos, en el conocido como 'caso Goldfinger' en el que aparece como principal encausado el actor Sean Connery.
Juega también se ha interesado en conocer si las corporaciones municipales de Marbella, posteriores a la disolución del Consistorio en 2006, impugnaron dichos convenios. La respuesta de Roca ha sido clara: "La Gestora anunció que los iba a revisar y no lo ha hecho, tampoco el equipo de gobierno actual", ha dicho en alusión al PP.
Precisamente, una de las pruebas solicitadas por Roca es un informe, firmado por la actual delegada de la Junta en Málaga, María Gámez, en el que ésta corroboraba dictámentes sobre que los convenios de Marbella carecen de "eficacia jurídica", no así las licencias de obras otorgadas y luego impugnadas, tal y como informó EL MUNDO este lunes.
Dicho argumento le es útil al principal acusado para desentenderse, por completo, de algo con lo que se le relaciona. Fuentes cercanas a las defensas aseguran que la abogada de Roca, Rocío Amigo, habría renunciado finalmente a la declaración testifical solicitada de María Gámez y se conformaría con el testimonio del jurista de la Junta de Andalucía que elaboró el informe que refrendaba la actual candidata del PSOE a la Alcaldía de Málaga.
elmundo.es
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