Efe | Palma
La empresa de comunicación Nimbus facturó en 2006 un total de 60.000 napolitanas de chocolate a la fundación pública Illesport, sin que se sepa el destino de estos bollos, tal y como se ha puesto de manifiesto hoy en el interrogatorio al dueño de la sociedad, Miquel Romero, imputado en el "caso Palma Arena".
Romero ha comparecido por segunda vez ante el juez instructor del caso, José Castro, para contestar a preguntas acerca de dos piezas de esta extensa causa de corrupción, aunque su declaración por una de las piezas tendrá que proseguir otro día.
El imputado, cuya agencia supuestamente se benefició de un trato de favor por parte del anterior Govern del PP, ha respondido solo a las preguntas del juez y se ha negado a contestar a las del fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, y la abogada de la Comunidad, María Ángeles Berrocal.
Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Abogacía de la Comunidad han hecho constar las preguntas a las que tenían intención de someter a Romero, entre ellas una sobre la facturación de las citadas napolitanas.
Según varias facturas en poder del fiscal y la abogada, en el año 2006 Nimbus cobró a la Fundación Illesport 60.000 napolitanas, a razón de unos 30 céntimos la unidad, para supuestamente promocionar el Mundial de Ciclismo que se celebró en el velódromo Palma Arena en 2007.
Esta es una de las facturaciones supuestamente irregulares a entidades públicas -Illesport, Vicepresidencia e incluso Presidencia del Govern- que se investigan dentro de la pieza número 23 de la causa, organismos que en algunos casos presuntamente pagaron facturas duplicadas de Nimbus.
Otro de los conceptos que pagó la Fundación Illesport, en el año 2006, fue la cancelación de un avión que se había fletado para un viaje a Burdeos para unas 40 personas con el objetivo de presenciar un mundial, motivo por el cual se cobraron 2.950 euros a la entidad pública.
También ha hecho constar la Fiscalía sus sospechas de que un viaje del ciclista Joan Llaneras facturado a una entidad pública tenía como verdadero objetivo que participara en unos premios organizados por un periódico deportivo.
Asimismo, el fiscal se ha preguntado si Romero "dio orden clara" de que se le pagara al ex director general de Comunicación del Govern Joan Martorell un viaje y un alojamiento en París.
Nimbus fue la empresa adjudicataria de un concurso del Govern de enero de 2007, licitado en septiembre de 2006, por 350.000 euros para la publicidad del Mundial.
Asimismo, recibió otros 350.000 euros del Instituto Balear del Turismo para el patrocinio del Mundial, solo unos días antes de la celebración de la competición en el nuevo velódromo.
El imputado también ha declarado dentro de la pieza número 20, referente a la facturación de su empresa a la sociedad GR-1, propiedad de los hermanos arquitectos del velódromo, Jaime y Luis García-Ruiz.
GR-1 prestó el servicio de publicidad de la construcción del velódromo, que, según las facturas presentadas por la empresa de los arquitectos, asciende a más de 500.000 euros y que, según el juez, debería haber sido objeto de un concurso público.
El juez le ha preguntado por varias facturas aparentemente duplicadas y cargadas a entidades del Govern cuando las tenía que haber pagado GR-1, lo que Romero ha negado en todo momento.
Romero ha comparecido por segunda vez ante el juez instructor del caso, José Castro, para contestar a preguntas acerca de dos piezas de esta extensa causa de corrupción, aunque su declaración por una de las piezas tendrá que proseguir otro día.
El imputado, cuya agencia supuestamente se benefició de un trato de favor por parte del anterior Govern del PP, ha respondido solo a las preguntas del juez y se ha negado a contestar a las del fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, y la abogada de la Comunidad, María Ángeles Berrocal.
Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Abogacía de la Comunidad han hecho constar las preguntas a las que tenían intención de someter a Romero, entre ellas una sobre la facturación de las citadas napolitanas.
Según varias facturas en poder del fiscal y la abogada, en el año 2006 Nimbus cobró a la Fundación Illesport 60.000 napolitanas, a razón de unos 30 céntimos la unidad, para supuestamente promocionar el Mundial de Ciclismo que se celebró en el velódromo Palma Arena en 2007.
Esta es una de las facturaciones supuestamente irregulares a entidades públicas -Illesport, Vicepresidencia e incluso Presidencia del Govern- que se investigan dentro de la pieza número 23 de la causa, organismos que en algunos casos presuntamente pagaron facturas duplicadas de Nimbus.
Otro de los conceptos que pagó la Fundación Illesport, en el año 2006, fue la cancelación de un avión que se había fletado para un viaje a Burdeos para unas 40 personas con el objetivo de presenciar un mundial, motivo por el cual se cobraron 2.950 euros a la entidad pública.
También ha hecho constar la Fiscalía sus sospechas de que un viaje del ciclista Joan Llaneras facturado a una entidad pública tenía como verdadero objetivo que participara en unos premios organizados por un periódico deportivo.
Asimismo, el fiscal se ha preguntado si Romero "dio orden clara" de que se le pagara al ex director general de Comunicación del Govern Joan Martorell un viaje y un alojamiento en París.
Nimbus fue la empresa adjudicataria de un concurso del Govern de enero de 2007, licitado en septiembre de 2006, por 350.000 euros para la publicidad del Mundial.
Asimismo, recibió otros 350.000 euros del Instituto Balear del Turismo para el patrocinio del Mundial, solo unos días antes de la celebración de la competición en el nuevo velódromo.
El imputado también ha declarado dentro de la pieza número 20, referente a la facturación de su empresa a la sociedad GR-1, propiedad de los hermanos arquitectos del velódromo, Jaime y Luis García-Ruiz.
GR-1 prestó el servicio de publicidad de la construcción del velódromo, que, según las facturas presentadas por la empresa de los arquitectos, asciende a más de 500.000 euros y que, según el juez, debería haber sido objeto de un concurso público.
El juez le ha preguntado por varias facturas aparentemente duplicadas y cargadas a entidades del Govern cuando las tenía que haber pagado GR-1, lo que Romero ha negado en todo momento.
elmundo.es
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