"CASO MAQUILLAJE"; LLITERES AFIRMA QUE LE FALSIFICARON LA FIRMA EN VARIAS FACTURAS PARA PAGAR A MANDADO

Está 'muy enfadado'

Asegura que 'no hay ningún dinero del Consell de Mallorca que vaya a UM'
Niega cualquier relación con los contratos de los 'enchufados' de UM

Esteban Urreiztieta | Efe | Palma

El ex director de Relaciones Institucionales del Consell de Mallorca Josep Lliteres (UM) ha afirmado al juez del 'caso Maquillaje' que se falsificaron firmas suyas de varias facturas de la institución insular en el expediente dirigido a pagar al líder argentino, Jorge Mandado, por lo que ha dicho estar "muy enfadado".

Lliteres, ex director general de Calidad Ambiental y Litoral del Govern en el presente mandato y actualmente miembro del Consejo Nacional de UM, ha declarado como imputado por este caso de supuesta corrupción, en el que se investigan supuestos desvíos de fondos al partido nacionalista desde el Consell en la legislatura pasada, cuando la institución estaba gobernada por UM.

El imputado perteneció al Comité Ejecutivo del partido durante la anterior legislatura, cuando ocupaba el cago de conseller insular bajo la presidencia de Maria Antònia Munar, quien era asimismo presidenta del Consell.

"No hay ningún dinero del Consell de Mallorca que vaya a UM", ha afirmado Lliteres ante las preguntas del juez instructor, Juan Ignacio Lope Sola, acerca de varias facturas que pudieron servir para desviar fondos del Consell.

En al menos cuatro de estas facturas, ha denunciado además que se falsificaron sus firmas, como es el caso de una de un restaurante (con la fecha corregida), otra de un acto organizado por una empresa de espectáculos y otra más con la fecha corregida.

"Ignoro quién puede falsificar y retocar las firmas y fechas", ha asegurado Lliteres, quien ha añadido que también desconoce por qué todas las facturas se presentaron un día después de las elecciones de mayo de 2007.

También ha sido inquirido por su relación con Jorge Mandado, ex gerente de la Fundación Illesport, ex presidente de la Casa Argentina Balear y afiliado a UM, que declaró la pasada semana por este caso.

Dinero de 'agradecimiento'Mandado explicó al juez que un año antes de las elecciones de 2007 asesoró al partido presentando a Lliteres a inmigrantes "para interesarles en UM", y aseguró que estuvo contratado por productoras supuestamente vinculadas al partido cuando siquiera las pisó.

El imputado ha indicado que cree que el dinero que cobraba de las productoras era "en agradecimiento" por su labor para UM. También afirmó que cobró 2.700 euros por unas charlas sobre inmigración encargadas por Lliteres que no se hicieron.

A este respecto, Lliteres ha asegurado al juez que "no sabe nada rotundamente" acerca de los contratos de distintos afiliados al partido con productoras, y ha añadido que Mandado no trabajó en la campaña de UM.

Ha reconocido, sin embargo, que Mandado le presentaba a inmigrantes y ha dicho recordar que autorizó la realización de los coloquios, aunque no tuvo constancia de que se hicieran: "Cuando firmé no sabía si los coloquios se habían hecho", ha asegurado.

Respecto a otras facturas que sí firmó, Lliteres ha dicho no recordar muchas de ellas y, en otros casos, ha reconocido que firmó "sin comprobar lo que firmaba" y por confianza de las personas que le pasaban los documentos.

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TRINIDAD ROLLÁN Y OTROS 13 SOCIALISTAS SERÁN JUZGADOS DESDE EL 14 DE DICIEMBRE

TRIBUNALES | Presunto delito de prevaricación

Efe | Madrid

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fijado para los próximos días 14, 15, 16 y 17 de diciembre la vista oral del juicio contra varios concejales socialistas de Torrejón de Ardoz en 2001 por un presunto delito de prevaricación.

La actual secretaría de Organización del PSM y ex alcaldesa de Torrejón, Trinidad Rollán y la diputada regional Esperanza Rozas Piña figuran entre los catorce imputados, que en 2001 eran concejales socialistas (diez) o del PADE (cuatro) en ese municipio.

El juicio es por un presunto delito de prevaricación cometido en en 2001 y vinculado al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, del que Rollán era alcaldesa en esa época.

En su escrito previo la fiscalía acusaba a Trinidad Rollán y a otros trece concejales de haber aprobado un "convenio urbanístico" a pesar de que el secretario del Ayuntamiento y el interventor les advirtieron de su "ilegalidad".

Según el escrito de acusación, el convenio lo suscribió el concejal de Urbanismo Francisco Martín Rojas en dependencias del Ayuntamiento, el 14 de septiembre de 2001, con la entidad Patrimonios Siglo XXI.

En virtud de ese convenio, dicha sociedad "materializaría a su costa las obras de urbanización de terrenos propiedad del Ayuntamiento" en una unidad denominada "Mancha Amarilla" en el Plan general de Ordenación Urbana, por un monto económico previsto de 539.291.000 de las antiguas pesetas.

El secretario del Ayuntamiento, en un informe emitido el 23 de noviembre de ese año, advirtió de la "ilegalidad" de ese convenio por no "ajustarse al procedimiento de concurso" y por "el fondo del negocio pactado".

El 26 de noviembre de 2001, el pleno del Ayuntamiento de Torrejón aprobó el convenio, que fue elevado a escritura pública el 20 de enero de 2002.

Los imputados que irán a juicio son Francisco Martín Rojas, Trinidad Rollán Sierra, Julia López Jiménez, María del Mar González Romero, Josefina Ginovart Amorós, María de los Desamparados Gallego Alfaro, Francisco Montero Almirón, Lucía Tizón Cuñarro, Valentín Gómez Goraz, Luis Ceres Rodríguez, Juana Fernández Rodríguez, Félix Ortega Arias, Juan Francisco López Gárate y Esperanza Rozas Piña.

El TSJM les juzgará por catorce presuntos delitos de prevaricación del artículo 404 del Código Penal en relación con el artículo 78 de la Ley de Bases del Régimen Local.

El Ministerio Fiscal solicita, para cada uno de los acusados, la pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Ya antes del verano el TSJM acordó seguir el criterio de la fiscalía y aceptar la apertura de juicio oral, al que ahora ha puesto fecha, entre el 14 y el 17 de diciembre.

elmundo.es

"ME OFRECIÓ 350 MILLONES, PERO CALLÉ A CORREA INMEDIATAMENTE"

DECLARACIÓN DEL ALCALDE DE LAS ROZAS AL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL'

TONO CALLEJA - Madrid

El alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago (PP), justificó en su declaración como testigo ante el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que no denunciara al cerebro de la trama, Francisco Correa, después de que le ofreciera en febrero de 2003 un soborno de 2,1 millones de euros (350 millones de pesetas) a cambio de que una empresa fuera la adjudicataria del servicio de recogida de basuras, porque no tenía pruebas: "Hubiera sido su palabra contra la mía". EL PAÍS ha tenido acceso a la declaración íntegra del regidor ante el juez, en la que detalla el intento de soborno por parte de Correa: "350 millones [de pesetas] para ti y 50 para mí", fue la oferta.

"Los concejales tienen autonomía con su presupuesto para contratar"

La declaración del alcalde se produjo el pasado 10 de junio, tras asegurar en una entrevista publicada en ELPAIS.com que había expulsado "amablemente" a Correa de su despacho después de que este le ofreciera 350 millones de pesetas.

- Su palabra contra la mía. De Santiago, a la pregunta de la fiscal sobre si tras expulsar a Correa no consideró pertinente denunciar el hecho en algún otro foro, el primer edil roceño dijo: "Pues no, porque en la conversación no me dijo cómo, de qué manera, cuándo, cuál era la empresa, cómo lo iba a hacer, porque no le di pie. Si yo lo denuncio hubiera sido su palabra contra la mía".

- Aviso a otros concejales. Según el relato del alcalde, ese mismo día llamó al jefe de Contratación y al coordinador de Medio Ambiente, que eran los que estaban preparando el pliego de condiciones: "Y les dije que hicieran el mejor pliego de condiciones. Y de hecho lo hicieron tan bien que en 15 años es lo único que me ha votado a favor la oposición".

- Contactos en Génova. En la declaración el alcalde de Las Rozas explica cómo Correa utilizaba sus contactos en el Partido Popular para urdir sus planes. De Santiago conoció en 1989 al líder de la trama en la sede del PP "en la calle de Génova", donde el regidor trabajó durante 15 años.

- "Beneficio para los dos". Tras ser elegido como alcalde De Santiago en 1995, Correa llamó "por primera vez" a su secretaria y concertó una cita en el despacho del alcalde. Allí, según el testimonio del regidor de Las Rozas, le pidió segregar un terreno de su propiedad en la urbanización del Golf. No lo consiguió. Pero Correa volvió a concertar otra cita. Fue en febrero de 2003. "En esta ocasión estaba interesado en una concesión. Me dijo que podría haber presumiblemente un beneficio para los dos".

- Fuera del despacho. El beneficio consistía, según la declaración de De Santiago, en 400 millones de pesetas (2.400.000 euros): "350 para mí y 50 para él. No me dijo cómo. Él me dijo que había una empresa interesada en las basuras, pero no me dijo el nombre porque yo inmediatamente le callé y le dije amablemente que abandonara mi despacho, le acompañé hasta la puerta". En su relato explicó que no fue hasta que saltara a los medios de comunicación el caso Gürtel cuando se enteró de que la empresa era Sufi. "Me enteré después, pero en aquel momento no; pero le vuelvo a decir que no le dejé que me hablara más del asunto". Al final, de las dos empresas que se presentaron a la adjudicación, Urbaser y Sufi, resultó ganadora la primera, por lo que Correa tampoco tuvo éxito en este segundo intento de obtener beneficio en Las Rozas.

- "No conocía Special Events". Sin embargo, tanto en 2002 como en 2003, tal y como reconoció el regidor, el Consistorio adjudicó dos contratos menores para celebrar las Olimpiadas Escolares de Las Rozas a una empresa mercantil de la red. "Fueron adjudicadas a Special Events, que yo no sabía ni de quién era, porque los concejales tienen autonomía dentro de su presupuesto para contratar. La concejal de Educación [Gema Matamoros, responsable de Contratación y mujer de Tomás Martín Morales, imputado por el caso Gürtel] hizo una propuesta y pasó por todos los cauces del Ayuntamiento...".

Veinte días después de la declaración de De Santiago, la concejal Matamoros presentó la dimisión tras conocerse que, según un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales incluido en el sumario del caso Gürtel, la edil popular había recibido 51.086 euros de Special Events, propiedad de Correa.

Matamoros fue quien adjudicó contratos del Ayuntamiento de Las Rozas (por valor de 41.306 euros, una cantidad sin relación directa con el dinero que ella percibió de la trama de Correa) a la sociedad que le hizo el abono, Special Events, para organizar los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de 2002 (24.040 euros) y 2003 (17.266 euros).

La edil troceó los contratos de la empresa de Correa en importes inferiores a 12.000 euros, con lo que evitaba sacar esas adjudicaciones a concurso público. Además, Matamoros aprobó el gasto con carácter de urgencia. Según consta en un acta municipal, "hubo que ordenarlo sin disponer del tiempo para poder realizar cualquier tipo de tramitación".

- No a la Oficina de Atención al Ciudadano. Correa intentó que el Ayuntamiento le instalara una Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) al igual que hicieron otros Consistorios del PP relacionados con la trama Gürtel: "Pues que a mí me presentó la idea un concejal, y yo le dije que no necesitamos ninguna oficina de atención al ciudadano; de hecho, ni la necesitamos, ni la hemos necesitado, ni la necesitaremos", declaró el alcalde.

Más información:
    * Personaje: Bonifacio de Santiago
    * Personaje: Francisco Correa
    * Tema: Caso Gürtel
    * Fotografía: Bonifacio de Santiago

elpaís.com

EL TSJ DE VALENCIA ARCHIVA LA CAUSA CONTRA ÁNGEL LUNA POR LA REFORMA DE SU VIVIENDA

TRIBUNALES  | Portavoz del PSPV

    * El juez no considera 'dádiva' la relación de Luna con el empresario Ortiz
    * Asegura que de haber existido, el presunto delito ya habría prescrito
    * Contra esta decisión del magistrado caben recursos de reforma y de apelación
    * Sobre Luna hay otra causa por un supuesto delito de revelación de secreto

R. Terrasa | Valencia

El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que instruye la causa abierta contra el portavoz del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, en base a la querella presentada por seis diputados autonómicos del PP, ha declarado la prescripción del presunto delito de cohecho, y por lo tanto ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de la causa.

Según informa el TSJ en un comunicado, una vez planteada por el Ministerio Fiscal la prescripción del presunto delito de cohecho, el único por el que fue admitida la querella de los diputados del PP, "esta cuestión debía ser examinada y resuelta por el magistrado instructor con carácter preferente y previo a cualquier otra, ya que la prescripción de los delitos extingue la responsabilidad penal (art. 130.5 del Código Penal), lo que impide cualquier otra investigación acerca de la existencia y calificación de los delitos y personas a las que afecta".

El auto del magistrado Juan Climent recoge también que la relación laboral de Luna con la empresa de Enrique Ortiz "no se produce inmediatamente después de su cese como alcalde en 1995, como se afirma en la querella, sino mucho tiempo después en 1999". "No permite la consideración de dádiva del hecho de la contratación del querellado por la empresa 'Enrique Ortiz e Hijos S.A.'", asegura el auto.

El juez también subraya en sus conclusiones que "en la fecha de las reformas la propiedad del inmueble no era del querellado, sino de su actual esposa". Tampoco considera "dádiva" la supuesta trasferencia de Ortiz a Luna de un Audi A6 a tenor de la "secuencia temporal de los hechos".

"Sólo cabría el planteamiento de las dádivas como recompensa por actos anteriores no constitutivos de delito", concluye el juez.

El TSJ ha informado de que contra esta decisión del magistrado instructor caben recursos de reforma y de apelación.

La declaración de Luna

Luna fue citado el pasado lunes a declarar en calidad de "imputado" por el magistrado Juan Climent por un presunto delito de cohecho tras la denuncia interpuesta por el PP por la reforma de las obras de una vivienda del portavoz socialista, cuyo coste (698.600 pesetas) corrió supuestamente a cargo del empresario alicantino Enrique Ortiz, implicado en los casos 'Brugal' y 'Gürtel'.

Las obras, en cualquier caso, se ejecutaron más de dos años después de que el actual portavoz socialista dejara la alcaldía de Alicante, y cuando no ocupaba ningún cargo institucional ni orgánico en el PSOE.

El síndico socialista en las Cortes aseguró ante el juez que fue su esposa quien pagó al empresario alicantino Enrique Ortiz la reforma de su vivienda, que por otra parte, había recibido en herencia cuando aún no había contraído matrimonio con el ex alcalde de Alicante.

"La reforma fue sufragada por su propietaria, mi actual mujer, con independencia de quien entregara el dinero físicamente", explicó Luna.

El pasado viernes, la Fiscalía solicitó al TSJ el archivo de la querella del PP contra el portavoz socialista, pese a que los 'populares' habían solicitado al Tribunal nuevas diligencias que permitesen una investigación "más profunda" sobre la reforma de su casa. En concreto, solicitaron la declaración de la mujer de Luna, el contratista, que aseguró que las obras no se las pagaron ni Luna ni su mujer; y el constructor Enrique Ortiz.

Sobre Ángel Luna también hay abierta otra causa en el TSJCV tras la querella que también interpuso el PP contra él por un supuesto delito de revelación de secreto de sumario tras exhibir un informe secreto del 'caso Gürtel' en las Corts Valencianes. En este caso, el PSPV ha recurrido la admisión a trámite de la denuncia en un escrito que se basa en la inviolabilidad parlamentaria.

Además
    * Luna: 'Han intentado callarme y han fracasado'
    * Lea el auto del magistrado del TSJ de Valencia
    * El PP anuncia que recurrirá el archivo de la causa

elmundo.es

"CASO IBATUR"; EL JUEZ CITA A DECLARAR AL EX CONSELLER DE TURISMO, JOAN FLAQUER, COMO IMPUTADO

El 14 de diciembre

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, ha citado a declarar para el próximo 14 de diciembre al diputado del PP y conseller de Turismo en la pasada legislatura, Joan Flaquer, en calidad de imputado dentro del caso que investiga un presunto desvío millonario de fondos públicos desde a través del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El ex titular de Turismo, encausado además en los casos Palma Arena y Sant Elm, será interrogado así acerca de su supuesta participación en los hechos investigados en la causa, por la que han sido detenidas hasta un total de 18 personas, entre ex altos cargos del Ejecutivo autonómico y empresarios, y en la que se indaga desde hace casi dos años los contratos y subvenciones presuntamente irregulares concedidos por el Ibatur durante el pasado mandato.

Su comparecencia tendrá lugar cuatro días después de la del ex gerente de la empresa dependiente de la Conselleria de Turismo, Raimundo Alabern, citado el día 10 como encausado y precisamente uno de los arrestados en la primera fase de la denominada Operación Pasarela, que estalló a finales del pasado mes de junio y en la que, una vez pasó a disposición judicial, el juez le impuso una fianza de 350.000 euros con la que eludió su ingreso en prisión preventiva.

Cabe recordar que Felipe Ferré, ex concejal del PP en Lloseta y sobrino político del ex presidente del Govern, Jaume Matas, manifestó ante el magistrado que Flaquer, Alabern, y otros dos altos cargos dependientes de la Conselleria eran "conscientes" de que las facturas de los contratos que otorgaba la Administración pública durante el pasado mandato "estaban infladas", e incluso llegó a aseverar cómo el ex conseller le dijo que le iba a dar una prima extra de 40.000 euros "por la buena organización" con motivo de un viaje promocional a China y que le iría abonando "mediante facturas hinchadas".

Flaquer también está siendo investigado en la pieza número 14 del caso Palma Arena, que investiga el convenio suscrito en 2007 por 350.000 euros para patrocinar el Mundial de Ciclismo en Pista en el velódromo palmesano y que se encuentra bajo investigación judicial, cuya tramitación defendió ante el juez el pasado día 19 al asegurar que no apreció "ninguna irregularidad" cuando firmó el patrocinio.

Asimismo, el ex conseller también ha prestado declaración en el marco del caso Sant Elm, el presunto que indaga un presunto desvío de fondos públicos a raíz de la cesión de la torre de Sant Elm, en Andratx, por parte de la Fundació Illes Balears al Ayuntamiento 'andritxol' a cambio de 45.000 euros semestrales, parte de cuyo destino se desconoce, pese a que ha negado haber cometido delito alguno en el marco de este procedimiento.

elmundo.es

"CASO MAQUILLAJE"; UN IMPUTADO AFIRMA QUE LE PRESIONARON EN UM ANTES DE DECLARAR ANTE LA POLICÍA

Los enchufados de UM

    * 'Monjo y Barón me instaron a que no dijera que había trabajado para UM'
    * Otro de los imputados dice que firmó el finiquito en un CD

Efe | Palma

Un imputado en el "caso Maquillaje" ha afirmado ante el juez que cuando recibió la citación de la policía por esta causa le presionaron en Unió Mallorquina (UM) para que dijera que no trabajó para el partido en la campaña de 2007, cuando realmente sí lo hizo aunque contratado por una productora.

Hoy ha acabado la tanda de declaraciones de los quince imputados citados por el juez del caso, Juan Ignacio Lope Sola, y vinculados con una supuesta red de enchufados que trabajaron para UM mientras estaban contratados por productoras vinculadas al partido.

Estas productoras fueron Ambit Digital y Vídeo U, esta última supuestamente propiedad de Maria Antònia Munar y de Miquel Nadal cuando eran presidenta y vicepresidente del Consell de Mallorca en la legislatura pasada, época en la que la institución insular concedió a estas sociedades contratos millonarios.

Uno de los imputados, Juan Arrom, afiliado a UM desde 2006 hasta este año, ha asegurado que durante la campaña estuvo contratado por Ambit Digital cuando realmente trabajó en la sede de UM como auxiliar administrativo.

Ha relatado que cuando recibió la citación de la policía para declarar por este caso acudió a UM, donde le dijeron que "bajo ningún concepto" dijera que había trabajado para el partido, que se abstuviera de declarar en policía y que ellos le dirían lo que tenía que decir, así como que se "quitara a la abogada de encima".

En esta reunión estaban presentes, ha dicho, el secretario general de UM Joan Monjo, otra de las contratadas por Ambit Digital que trabajó para UM y el entonces abogado del partido.

Tras escuchar esto, el imputado ha asegurado que les dijo que atendería a los consejos de su abogada y se marchó. Después, ha agregado, presentó su baja del partido.

Respecto a la contratación por parte de Ambit Digital, ha asegurado que firmó en presencia de la ex secretaria técnica de la institución insular Eugenia Cañellas y que, cuando le preguntó por qué no figuraba la formación como parte contratante, ella respondió que la productora estaba "vinculada totalmente" con el partido y que era "bien igual que si fuera UM".

También ha declarado hoy Miguel Vives, quien trabajó para el Consell contratado por Ambit Digital aunque ha dicho no tener ninguna relación con UM.
 

'Me hicieron firmar el finiquito en un CD'
Ha explicado que firmó el contrato en el Consell junto a Eugenia Cañellas y que, cuando preguntó por qué no le contrataba la institución insular sino una empresa que no conocía, ella le dijo que era una sociedad vinculada al Consell.

Su labor, ha afirmado, consistió en examinar las partidas de gastos de los departamentos del Consell, aunque "nadie" le pidió el trabajo, que entregó cuando firmó el finiquito en un CD.

"He hecho muchas valoraciones a posteriori, he pensado incluso que me habían querido captar políticamente o que alguien ha querido apropiarse de mi trabajo", ha afirmado el economista respecto a que nadie le reclamara su labor.

Ha relatado que en 2010 acudió a las oficinas de Ambit Digital, ya que le llamaron para firmar unas nóminas, y, una vez allí, sus administradores, Luisa Almiñana y Miquel Oliver, le dijeron que "pudiera ser que surgieran una serie de problemas legales".

Para encubrir su labor en el Consell, le dieron dos CDs con reportajes de vídeo que tenía que decir que había hecho él, ha afirmado, en concreto uno sobre una cueva y otro de un programa llamado "Fets i Gent".

"Me sorprendí mucho", ha confesado el imputado, que ha añadido que, a su juicio, intentaron engañarle.

La tercera en declarar hoy ha sido Maria de Lluch Coll, afiliada a UM y que ejerció de interventora y apoderada en las elecciones autonómicas de 2007 y europeas de 2009.

Ha contado que, al igual que Arrom, trabajó para UM en la campaña con un contrato de Ambit y de Vídeo U, el cual firmó en la misma sede del partido.

Cuando se acabó este contrato, ha indicado que le pidió trabajo a Miquel Nadal, quien le consiguió un contrato en el IMFOF, y luego a la ex concejal de UM Cristina Cerdó, que le facilitó otro trabajo en la empresa de informática Minser.

Más tarde, ha agregado, el ex conseller de UM Mateu Cañellas le ofreció trabajar para el Instituto Balear de la Juventud.

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"CASO PALMA ARENA"; NIMBUS FACTURÓ A ILLESPORT 60.000 NAPOLITANAS SIN QUE SE SEPA SU DESTINO

CASO PALMA ARENA  | El desfase presupuestario

Efe | Palma

La empresa de comunicación Nimbus facturó en 2006 un total de 60.000 napolitanas de chocolate a la fundación pública Illesport, sin que se sepa el destino de estos bollos, tal y como se ha puesto de manifiesto hoy en el interrogatorio al dueño de la sociedad, Miquel Romero, imputado en el "caso Palma Arena".

Romero ha comparecido por segunda vez ante el juez instructor del caso, José Castro, para contestar a preguntas acerca de dos piezas de esta extensa causa de corrupción, aunque su declaración por una de las piezas tendrá que proseguir otro día.

El imputado, cuya agencia supuestamente se benefició de un trato de favor por parte del anterior Govern del PP, ha respondido solo a las preguntas del juez y se ha negado a contestar a las del fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, y la abogada de la Comunidad, María Ángeles Berrocal.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Abogacía de la Comunidad han hecho constar las preguntas a las que tenían intención de someter a Romero, entre ellas una sobre la facturación de las citadas napolitanas.

Según varias facturas en poder del fiscal y la abogada, en el año 2006 Nimbus cobró a la Fundación Illesport 60.000 napolitanas, a razón de unos 30 céntimos la unidad, para supuestamente promocionar el Mundial de Ciclismo que se celebró en el velódromo Palma Arena en 2007.

Esta es una de las facturaciones supuestamente irregulares a entidades públicas -Illesport, Vicepresidencia e incluso Presidencia del Govern- que se investigan dentro de la pieza número 23 de la causa, organismos que en algunos casos presuntamente pagaron facturas duplicadas de Nimbus.

Otro de los conceptos que pagó la Fundación Illesport, en el año 2006, fue la cancelación de un avión que se había fletado para un viaje a Burdeos para unas 40 personas con el objetivo de presenciar un mundial, motivo por el cual se cobraron 2.950 euros a la entidad pública.

También ha hecho constar la Fiscalía sus sospechas de que un viaje del ciclista Joan Llaneras facturado a una entidad pública tenía como verdadero objetivo que participara en unos premios organizados por un periódico deportivo.

Asimismo, el fiscal se ha preguntado si Romero "dio orden clara" de que se le pagara al ex director general de Comunicación del Govern Joan Martorell un viaje y un alojamiento en París.

Nimbus fue la empresa adjudicataria de un concurso del Govern de enero de 2007, licitado en septiembre de 2006, por 350.000 euros para la publicidad del Mundial.

Asimismo, recibió otros 350.000 euros del Instituto Balear del Turismo para el patrocinio del Mundial, solo unos días antes de la celebración de la competición en el nuevo velódromo.

El imputado también ha declarado dentro de la pieza número 20, referente a la facturación de su empresa a la sociedad GR-1, propiedad de los hermanos arquitectos del velódromo, Jaime y Luis García-Ruiz.

GR-1 prestó el servicio de publicidad de la construcción del velódromo, que, según las facturas presentadas por la empresa de los arquitectos, asciende a más de 500.000 euros y que, según el juez, debería haber sido objeto de un concurso público.

El juez le ha preguntado por varias facturas aparentemente duplicadas y cargadas a entidades del Govern cuando las tenía que haber pagado GR-1, lo que Romero ha negado en todo momento.

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EL JUEZ DE "GÜRTEL" PIDE INVESTIGAR AL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

CORRUPCIÓN  | Pedreira se inhibe en favor del TSJCyL

    * A Fernández Santiago (PP) por presuntos delitos de cohecho y prevaricación

Agencias | Madrid

El instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, ha solicitado hoy al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que investigue al presidente de las Cortes regionales, José Manuel Fernández Santiago (PP), por los delitos de cohecho y prevaricación.

Así lo ha acordado el magistrado del Tribunal Superior madrileño (TSJM) en un auto notificado hoy en el que se inhibe de la parte de la causa en la que investigaba las supuestas irregularidades en la adjudicación en 2002 de las obras de la variante de una autovía en la localidad leonesa de Olleros de Alba a una empresa que presuntamente pagó comisiones a varias personas.

Entre ellas, según Pedreira, figuran el propio Fernández Santiago, entonces consejero de Fomento del Gobierno castellano-leonés; así como el considerado responsable de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, y los ex parlamentarios del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote.

En concreto, se precisa que la inhibición se refiere a tres informes de la UDEF en relación al pago de "una comisión vinculada a la adjudicación del 'proyecto de construcción de la Variante de Olleros de Alba', carretera cC-626, de Cervera de Pisuerga a la Magdalena por Guardo, Trama de Olleros de Alba del punto kilométrico 4,100-8,600' a la mercantil Teconsa", una de las empresas investigadas en la trama corrupta.

Comisión de 73.655 euros
El informe de la UDEF apuntaba a que la constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3%, descontando el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió supuestamente el botín.

Según recoge el documento judicial, la unidad de auxilio judicial de la IGAE ha concluido tras el examen del citado expediente que en su tramitación se ha incurrido en diversas irregularidades, "vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia".

Asimismo, destaca que la orden de inicio de este expediente es del entonces consejero de Fomento de Castilla y León José Manuel Fernández Santiago, quien fue también la persona que lo adjudica el 29 de noviembre de 2002.

En la argumentación jurídica, el magistrado esgrime que los hechos relativos a la adjudicación irregular, la percepción de cantidades por ello y su reparto, sin perjuicio de ulterior calificación, podrían ser constitutivos de delito de cohecho sancionado en el artículo 419 del Código Penal y de delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.
 

Notas del contable de Correa
El juez precisa que el cobro de la comisión se extrae de la documentación intervenida en el domicilio de José Luis Izquierdo, el considerado contable de la trama corrupta liderada por Correa. En su domicilio se halló una carpeta de color azul que contenía documentos relacionados con esta adjudicación.

Entre los documentos figura un fax de la Consejería de Castilla y León remitiendo la adjudicación definitiva de la obra de la variante de Olleros en el que de forma manuscrita se calcula aproximadamente el 3% de la adjudicación sin IVA (73.650).

Hay otro papel manuscrito en el que se anota, entre otros apuntes, la cantidad de 72.000 euros, reflejando que "1.650 euros de diferencia" se entregan a PC. Otro de los papeles correlaciona un sobre de 24.000 euros con las siglas T.O. que se habrían retirado de los 72.000 euros iniciales.
 

'Toti', el apodo de Fernández Santiago
El juez apunta a que la correlación entre las siglas T.O. y José Manuel Fernández Santiago se expone detalladamente en un informe de la UDEF. Así, se relaciona las siglas T.O. con 'Toti', apodo con el que se conoce a Fernández Santiago.

Asimismo, recalca que queda por determinar qué otras personas pudieron percibir comisiones por la adjudicación irregular de la citada Variante de Olleros, quienes se ocultan tras las iniciales P.C., L., G. y J.

Respecto a las primeras iniciales, se vinculan a Francisco Correa Sánchez y la L. al ex tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas. Añade que la inicial G. corresponde, al igual que las iniciales G.G., a Gerardo Galeote Quecedo, mientras que la J. al ex diputado del PP Jesús Merino.

Por todo ello, el magistrado instructor entiende en el auto que procede tramitar la inhibición parcial planteada a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

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TESTIGOS DEL "CASO GÜRTEL" REVELAN CÓMO SE TAPABA EL REGALO DE TRAJES A CAMPS

Los escándalos que afectan al PP 

DECLARACIONES SECRETAS AL JUEZ DE LOS EMPLEADOS DE FOREVER YOUNG

"Nos hicieron firmar una carta en blanco contra José Tomás" - "Hubiéramos firmado que todos éramos unos ladrones" - "Me forzaron a hacer una entrevista"

J. A. H. / J. M. R. - Madrid

La cúpula del PP valenciano con Francisco Camps a la cabeza encargó numerosos trajes en la tienda madrileña de ropa Forever Young entre los años 2005 y 2008 pero no pagó ninguna de las prendas adquiridas .

"En varias ocasiones vi en el despacho del señor Hinojosa al señor Trillo"

"Ellos [(Camps, Costa)] venían mucho por aquí, veían trajes, los encargaban..."

José Tomás, vendedor de la tienda Forever Young que tenía entre sus clientes a los políticos valencianos del PP, declaró ante el juez a primeros de 2009 que esas prendas fueron abonadas por los jefes de la trama Gürtel mediante transferencias bancarias de cuentas corrientes propiedad de distintas empresas de la red que dirigía Francisco Correa.

El dueño de la tienda Forever Young, Eduardo Hinojosa, le despidió poco después acusando a Tomás de elaborar facturas falsas y otras irregularidades. Los jueces, muchos meses después, declararon improcedente ese despido.

Hinojosa se reunió con Federico Trillo, el ex ministro que dirige la estrategia jurídica de defensa de los imputados del PP en el caso Gürtel, y obligó a sus trabajadores a firmar una carta en blanco que él rellenó con afirmaciones que pretendían desacreditar a José Tomás, uno de los testigos clave para destapar el supuesto cohecho del presidente valenciano, Francisco Camps.

Hinojosa llegó incluso a forzar a sus trabajadores para que concedieran entrevistas a varias televisiones mintiendo sobre José Tomás.

Todos estos hechos fueron relatados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por tres empleados de la tienda de ropa -una cajera, un jefe de compras y un jefe de ventas- que acudieron al juzgado como testigos y contaron esta versión de los hechos bajo juramento y conociendo que podrían terminar en la cárcel si prestaban falso testimonio.

Sus declaraciones íntegras apuntan a que tanto el dueño de la tienda, Eduardo Hinojosa, como Federico Trillo, ex ministro de Defensa y responsable de Justicia en el Partido Popular, urdieron un plan para desacreditar a José Tomás, quien era uno de los testigos clave para atribuir a Camps el delito de cohecho impropio.

La primera en declarar ante el juez fue María Calero, cajera de la tienda donde la trama corrupta pagaba los trajes que encargaba la cúpula valenciana del PP.

Pregunta. ¿Alguna vez le pagaron a usted, como cajera de Castellana 140, algún importe los señores Francisco Camps, Rafael Betoret, Victor Campos, Ricardo Costa o Pedro García?

María Calero (cajera). No.

P. ¿Le consta a usted que estos señores encargaron algún tipo de prenda en su tienda de Castellana 140?

María Calero. Que encargaran sí, porque ellos venían mucho por aquí, veían trajes, los encargaban y demás.

P. Pero ninguno de ellos le pagó a usted importe alguno.

María Calero. No.

Francisco Camps ha declarado al juez que pagó sus trajes en metálico en la misma tienda y que incluso en alguna ocasión pidió prestado dinero en metálico a su escolta para adquirir prendas en la tienda.

Miguel Marqués, que fue director de compras de la misma tienda situada en el Paseo de la Castellana 140, relató al juez que cuando José Tomás contó el episodio de los trajes al juez Baltasar Garzón, el dueño de la tienda inició contra él una persecución en toda regla para lo que obligó a los trabajadores a construir pruebas falsas:

Pregunta: ¿Existía animadversión del señor Hinojosa hacia el señor José Tomás?

Miguel Marqués (jefe de compras). Sí, total y absoluta. Era una guerra descarada. Yo recuerdo que en varias ocasiones en las que vi en el despacho del señor Hinojosa al señor Federico Trillo, que se reunió con él en varias ocasiones, a la salida de este señor del despacho me dice Hinojosa, 'se va a enterar este sinvergüenza', en referencia a José Tomás.

P. En cierta ocasión le contó a usted José Tomás que él realizaba facturas por conceptos falsos o distintos de productos para las empresas del señor Crespo. ¿Es cierto?

Miguel Marqués. No, cierto no es. Lo que se produce a raíz del enconamiento del señor Hinojosa con el señor José Tomás es una situación embarazosa para todos los que estábamos allí, porque a partir de ese momento todo eran ataques hacia José Tomás, en el sentido de que hacía facturas falsas, en el sentido de que no se ocupaba de las tiendas.

P. Sin embargo, hay tres documentos firmados por usted y otros compañeros en los que manifiestan que las declaraciones efectuadas por José Tomás a EL PAÍS y no sé si en sede judicial son falsas en relación con este asunto.

Miguel Marqués. Esto fue un poco... no sé cómo expresarlo. A nosotros nos utilizó el señor Hinojosa en su despacho ante su letrado y nos hace firmar una carta a los empleados de la tienda en la que pone unos puntos. Ya sabe usted lo que es un trabajador, le damos las gracias a quien te paga la nómina y firmamos todos lo que nos dijo que firmáramos. Y luego puso un anexo de 15 o 20 puntos... pero no le doy validez ninguna... Todos tenemos que estar agradecidos y bueno, firmamos, como si hubiéramos tenido que firmar que todos éramos unos ladrones.

P. ¿Quiere decir que le pasó a la firma en blanco algunos documentos?

Miguel Marqués. Él nos hizo firmar un folio en blanco y luego redactó con su letrado una serie de puntos... No sé qué ¿verdad?, sí.

P. ¿No recuerda usted una entrevista con televisión realizada en una de las tiendas de Forever Young en la que estaba usted con una compañera de ventas?

Miguel Marqués. Esto fue una entrevista...

P. En esa entrevista usted manifiesta que José Tomás había confeccionado 15 facturas que no se ajustaban a la realidad en cuanto a concepto.

Miguel Marqués. Le repito, que esta entrevista me la fuerza a hacer a mí el señor Hinojosa, me obliga a hacerlo porque yo pertenezco a la empresa, soy un mandado y no tengo más remedio que decirlo. Fue una entrevista forzada, Hinojosa está presente en la tienda en el momento de la grabación, y yo me presto porque no tengo más remedio que prestarme. Porque era eso o ir a la calle.

P. ¿O sea que usted si su jefe le dice que mienta, usted miente?

Miguel Marqués. En este caso sí, porque yo tengo que comer todos los meses.

Juez. ¿Usted recuerda si pagaban todos al contado?

Miguel Marqués. Yo, personalmente, no he atendido a ninguno de ellos, no me dedicaba a la venta. Pero por los comentarios de los encargados y los vendedores que les atendían, ellos jamás han pagado ninguna factura. Era una persona la que se encargaba, en unos casos Álvaro Pérez, preguntaban los importes y luego se los hacían llegar bien en cheques o bien en efectivo.

Meses después de despedir a José Tomás, Hinojosa también despidió a Miguel Marqués como jefe de compras.
      

Más información:
    * Personaje: Francisco Camps Ortiz
    * Organismo: PP Partido Popular
    * Tema: Caso Gürtel
    * Correa: "No soy un criminal. No he hecho nunca nada malo en mi vida"
    * Fotografía: José Tomás llegando al Tribunal Superior valenciano
    * Video: Declaración al juez de Miguel Marqués - 26-11-2010
    * Video: Declaración al juez de María Calero - 26-11-2010

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"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ CASTRO INTERROGA EL LUNES AL DIRECTOR DE NIMBUS COMO IMPUTADO

En dos piezas

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, interrogará este lunes, a partir de las 11.00 horas, al director de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero, en el marco de las piezas 20 y 23 del caso Palma Arena, después de que la pasada semana fuese interrogado únicamente dentro de la pieza 2, relacionada con la contratación supuestamente amañada por parte del Govern, a través de esta empresa, del periodista Antonio Alemany.

La comparecencia de Romero estará precedida por la de la empleada de Nimbus, Xiomara Boada, en calidad de testigo a partir de las 10.00 horas, según han informado fuentes jurídicas. En concreto, dentro de la pieza 20 el encausado será inquirido sobre las facturas emitidas por su agencia en relación a los hermanos y arquitectos Luis y Jaime García Ruíz, contratados de forma presuntamente ilícita durante la construcción del velódromo palmesano y quienes percibieron unos 8,5 millones de euros en concepto de honorarios.

Finalmente, Castro le interrogará en el marco de la pieza 23, también relacionada con facturas emitidas por Nimbus en este caso a la Fundació Illesport, el Govern y el consorcio para la construcción del Palma Arena. Romero ya compareció el pasado día 17 ante el magistrado y defendió la legalidad del concurso que convocó el Govern del PP en la pasada legislatura y por el que fue contratada esta empresa para un proyecto de asesoramiento y elaboración de discursos, negando así que esta empresa sirviese de mediadora para favorecer la contratación directa de Alemany por parte del Ejecutivo autonómico.

Durante su extensa comparecencia, Romero recordó que Nimbus, investigada por haber servido como presunta intermediaria para financiar de forma ilegal al PP, se presentó a este concurso y le fue finalmente concedido, por lo que rechazó de esta forma cualquier tipo de irregularidad en el proceso.

Una vez adjudicado el proyecto, explicó, fue subcontratado Alemany para la asesoría y la elaboración de discursos del entonces presidente del Govern y principal imputado en esta causa, Jaume Matas, rebatiendo de este modo los indicios que apuntan a contratación presuntamente amañada, sirviéndose el Govern de la mediación de Nimbus para simular la contratación del periodista.

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"CASO MAQUILLAJE"; EL EX DIERECTOR GENERAL JOSEP LLITERES Y TRES IMPUTADOS MÁS, CITADOS ESTA SEMANA

Declaraciones ante el juez

Europa Press | Palma

El juez instructor del "caso Maquillaje", Juan Ignacio Lope Sola, continuará el lunes y el martes tomando declaración a varios imputados relacionados con la red de personas que trabajaron para UM cobrando de productoras vinculadas con la formación, entre ellos el exdirector general Josep Lliteres.

Durante la pasada semana, el juez interrogó a doce personas imputadas en relación a esta supuesta trama, que investiga el presunto desvío de fondos públicos del Consell de Mallorca a miembros de UM y la presunta financiación ilegal del partido durante la pasada legislatura, todo ello mediante la concesión de subvenciones a productoras afines a la formación.

Varios de los imputados reconocieron haber estado contratados por las productoras Ambit Digital y Vídeo U, vinculadas entre sí y propiedad la última de la expresidenta del Consell, Maria Antònia Munar, y el expresidente de esta institución, Miquel Nadal, ambos de UM.

Según fuentes jurídicas, Vídeo U recibió millones de euros del Consell durante la pasada legislatura y fue la encargada de poner en marcha la Televisió de Mallorca.

A pesar de estar contratados por estas productoras, los imputados confesaron que nunca las había pisado y que no sabían ni a qué se dedicaban, y que lo que hacían por ese sueldo era trabajar para el partido durante la campaña electoral de 2007, especialmente en la de la Alcaldía de Palma, con Nadal como candidato.

Tras las declaraciones, el juez ha imputado al exconseller Mateu Cañellas y a la exconcejal Cristina Cerdó.

Mañana están citadas a declarar tres personas más de esta supuesta red de "enchufados", dos hombres y una mujer, mientras el martes está citado Lliteres, supuestamente vinculado con la trama.

Lliteres, exdirector general de Calidad Ambiental y Litoral del Govern en el presente mandato, es actualmente miembro del Consejo Nacional de UM.

El imputado perteneció al Comité Ejecutivo del partido durante la anterior legislatura, cuando ocupaba el cago de conseller insular, bajo la presidencia de Maria Antònia Munar. También ha sido director insular de Cultura.

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"CASO MAQUILLAJE"; UM PAGÓ LA CAZA DE VOTOS A DOMICILIO CON DINERO NEGRO QUE EXIGÍA A SUS CONTRATISTAS

Así consiguió UM sus tres diputados

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Unió Mallorquina (UM) utilizó el dinero negro que exigía a sus contratistas públicos para pagar un sistema de captación de votos a domicilio. Lo que en el seno de la formación nacionalista se denominaron «biblias» y que consistía en el envío de activistas del partido, puerta por puerta, para intentar convencer a los vecinos que votaran al partido de Maria Antònia Munar en las elecciones autonómicas y municipales de 2007.

Buena parte de estos colaboradores de UM cobraban una cantidad mensual que oscilaba entre los 300 y los 600 euros que percibían de manos de las secretarias de la formación política, que tal y como desveló EL MUNDO/El Día de Baleares, disponían de un gran fondo de dinero en metálico que procedía de una serie de grandes empresas que recibían adjudicaciones del Consell de Mallorca.

Algunas de estas empresas ponían oficialmente sueldo a activistas de la formación nacionalista y en lugar de pagar mediante transferencia a los trabajadores, entregaban sobres con dinero en metálico al partido. De esta manera se dio la circunstancia, de que algunos de estos empleados llegaron a estar dados de alta en productoras como Video-U sin que llegaran a ver un solo euro a final de mes.

Los empleados pedían el voto puerta a puerta y cobraban en mano de las secretarias

Y es que el salario que salía de las arcas, en este caso de la productora que compraron mediante testaferros Maria Antònia Munar y su delfín Miquel Nadal, acababa en poder del partido, que lo administraba a su antojo sin declarar su destino a Hacienda.

Esta semana ha aflorado en la investigación de la Operación Maquillaje un caso, el de Aurora Fernández, que oficialmente percibió 1.000 euros mensuales de Video-U durante cuatro años –en total unos 50.000 euros– de los que, tal y como declaró ante el juez Juan Ignacio Lope Sola, no vio ni un euro. «Ignoro lo que sacaría la empresa así pero supongo que justificar los gastos de lo que se estaba pagando», añadió al mismo tiempo que relató que se limitó a facilitar sus datos para cotizar para el desempleo y que lo hizo por amistad con una de las secretarias del partido involucradas en la trama. En esta línea también ha declarado otra activista del partido, Gregoria Morata, que asegura que el ex conseller de Deportes Mateu Cañellas le entregó dinero en efectivo, extremo que niega tajantemente el que fuera jefe de la campaña de Palma.

Bien, pues según aseguran fuentes próximas a UM, el dinero en efectivo que nutría el fondo con el que se sufragaban las biblias procedía de fórmulas como la empleada con Fernández. El dinero salía de las cuentas de las empresas con una justificación oficial, la del pago de una nómina a un trabajador, y ya en metálico en manos de los altos cargos de UM se perdía el por completo el rastro. La función de los colaboradores que se encargaron de este trabajo de visitadores lo explicó también esta semana una de las imputadas en el caso.

Petra Verdú detalló que el partido les encomendaba «ir casa por casa preguntando a la gente qué sabe de UM» al mismo tiempo que recababa sus preocupaciones y aleccionaba a los vecinos sobre las supuestas bondades de la formación nacionalista. El partido reclutó a varias decenas de personas que acometieron esta labor, que estaba menos cotizada que la otros activistas con un potencial mucho mayor a la hora de cazar sufragios, como es el caso del líder argentino Jorge Mandado, que reclutó el voto de sus compatriotas.

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TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA UN EX ALCALDE DEL PP DE BALEARES TRAS SER ANULADA LA PRIMERA SENTENCIA POR EL SUPREMO

Lluc Tomàs permitió el desvío de dinero municipal a su socio de Gobierno, el policía nacional Joaquín Rabasco

A. M. - Palma de Mallorca

La Audiencia de Palma de Mallorca ha subsanado "las graves deficiencias" observadas por el Tribunal Supremo al anular su sentencia contra Lluc Tomàs, que fue alcalde del PP en Llucmajor, Mallorca, hasta su dimisión en 2008 y ha reiterado la primera condena a tres años de cárcel por malversación de caudales públicos y ocho de inhabilitación contra el ex regidor.

Según la sentencia, Tomás desvió fondos públicos para asegurarse la fidelidad de su socio político municipal, el policía nacional Joaquín Rabasco, que fue aliado del PP con su grupo populista y bisagra, ASI. Rabasco ha sido igualmente condenado a una pena de seis años de cárcel y ocho de inhabilitación por malversación y alzamiento de bienes. La compañera de Rabasco, María del Amor Aldao, ha sido condenada a tres años de cárcel.

En la sentencia se establece probado que Tomás y Rabasco, entre 2000 y 2003, pactaron "trasvasar torticeramente fondos municipales a las arcas de ASI, para que llegasen a poder de Joaquín Rabasco, a cambio de sus votos que garantizaban una cómoda gobernabilidad municipal a Lluc Tomàs". El alcalde conocía el delito y lo consintió "aunque no se lucrara directamente con tales operaciones", dicen los magistrados. Los condenados han de retornar más de 700.000 euros a las arcas del Ayuntamiento de Llucmajor.

Tomás, imputado por esa causa, se presentó a las elecciones de 2007, apoyado por Jaume Matas, y dimitió al ser condenado en 2008. El caso está vinculado a la manipulación de las partidas y contrataciones de fiestas municipales por empresas gestionadas por Rabasco y su pareja.

El Supremo reprochó a la Audiencia su inicial "incongruente relato fáctico" y el que omitiera "toda valoración de la prueba de descargo" formulada por el entonces alcalde.

Más información:
    * Tres años de cárcel para un alcalde del PP mallorquín

    * El Supremo anula una condena a tres años de cárcel a un alcalde del PP

    * Fotografía: El Supremo anula la condena a Lluc Tomàs

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REGISTRAN EL AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE FARNALS EN BUSCA DE NUEVOS EXPEDIENTES URBANÍSTICOS

INVESTIGACIÓN | Por orden de Anticorrupción

La Policía Judicial registró el pasado miércoles el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals en busca de nuevos expedientes, en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos urbanísticos.

Según fuentes próximas al caso, los agentes acudieron a la sede consistorial para reclamar más documentos ante el avance de las investigaciones.

Se trata de la segunda ocasión en apenas un mes en que la policía se persona en el Ayuntamiento para recabar informes urbanísticos. En la primera, que tuvo lugar el pasado 28 de octubre, se incautaron una decena de cajas con documentos.

Contra el ex alcalde socialista Vicente Sanchis y varios miembros de su equipo se han interpuesto dos denuncias por prevaricación y malversación de fondos.

Las querellas, que fueron presentadas por el que fuera alcalde popular José Manuel Peralta y un vecino de la localidad, apuntan irregularidades en la concesión de licencias, obras y operaciones urbanísticas (entre ellas, cuatro permutas).

Los 'populares' también instaron a investigar la relación entre los 15.000 euros anuales que cobraba la edil Julia Moreno en el Ayuntamiento con los 544.784 euros en los que está tasada su vivienda.

Las presuntas irregularidades fueron destapadas tras una auditoría independiente impulsada tras la victoria del PP en los comicios municipales de 2007.

Gobierno tránsfuga 

Sin embargo, el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals está dirigido por un gobierno tránsfuga desde diciembre de 2008, cuando así fue declarado por la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo.

La ex popular Natividad García fue nombrada alcaldesa en octubre de 2008 tras la votación de una moción de censura contra el anterior alcalde, José Manuel Peralta (PP), gracias al apoyo del grupo socialista y el concejal popular Ignacio José Lluch, ahora primer teniente de alcalde.

Posteriormente, la Comisión del Pacto Antitransfuguismo condenaría "tránsfugas" a los dos concejales del PP y a los seis ediles del PSPV-PSOE, que fueron expulsados del partido.

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FABRA PIDE TIEMPO PARA JUSTIFICAR SUS INGRESOS

El juez da cinco días para entregar la nueva documentación del 'caso Fabra'

MARÍA FABRA - Castellón

Después de siete años de instrucción, cinco desde que se aprobara la investigación de su patrimonio y sus cuentas y seis meses desde que los peritos judiciales presentaron el informe en el que destaparon unas ganancias patrimoniales no justificadas de 3,6 millones de euros, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, necesita más tiempo para justificar el origen de este dinero cuya procedencia, según los peritos, "no consta".

Al menos así lo mantiene Juan Alberto Marco, el auditor de las cuentas de Fabra que realizó y ha presentado dos informes para tratar de rebatir las tesis de los peritos, que son inspectores de Hacienda. En uno de ellos, señala que existen "líneas de investigación abiertas para acreditar" la provisión de fondos en las cuentas del presidente de la Diputación. Y alega que estas nuevas líneas aún no se han cerrado por la "disposición limitada de tiempo".

"Esto es el cuento de nunca acabar", apeló el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, a la salida del juzgado de Nules, adonde ayer acudieron a declarar tanto el auditor de Fabra como los peritos fiscales que realizaron el informe encargado por el juez, en el que concluyeron la comisión de cinco fraudes fiscales cometidos por Carlos Fabra y otros cuatro por su entonces su esposa, María Amparo Fernández.

"No me quita el sueño", afirmó el propio Fabra al ser preguntado por los interrogatorios solicitados por él mismo ya aceptados pese a que el juez entendía que era un trámite que debía resolverse durante el juicio, aunque aún no se ha determinado si se celebrará. "Imagínese lo que me preocupa el tema", insistió Fabra, quien dijo que creía que las declaraciones tenían que producirse hoy.El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, quiere aportar más documentación al juzgado de Nules, que le investiga desde hace casi siete años por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Considera que esta información podría variar las conclusiones de los peritos judiciales, que detectaron, entre 1999 y 2004 en las cuentas de Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández, unas ganancias patrimoniales no justificadas de 3,6 millones de euros por las que dejaron de ingresar a Hacienda 1,7 millones de euros. El juez le ha dado cinco días.

Fabra acudió el pasado 23 de septiembre al juzgado de Nules después de que el juez, Jacobo Pin, atendiera su solicitud de ser interrogado, pese a que este es un trámite que el dirigente del PP podía haber reclamado en cualquier momento, dada su condición de imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cinco fraudes fiscales. Lo solicitó cuando el juez ya había decidido acabar con las diligencias previas y dar un paso adelante en el procedimiento iniciado hace seis años y 11 meses. Aquel día, Fabra no aportó ningún documento a la causa. Solo con palabras, sostuvo que todos sus ingresos entre 1999 y 2004, más de ocho millones de euros, proceden de su actividad política, de sus negocios y de la gestión de su patrimonio y que los 3,6 millones cuyo origen no se ha justificado, según los peritos, son, únicamente, movimientos entre cuentas.

Ayer, tanto Juan Alberto Marco, un auditor de cuentas contratado por Fabra para rebatir el informe pericial que le acusa de los delitos fiscales, como Javier Boix, el letrado del presidente de la Diputación, alegaron tener constancia de la existencia de documentación que no ha sido tenida en cuenta por los peritos, pese a que estos tardaron cinco años en elaborar el informe y revisaron 17.000 operaciones. La ingente documentación solicitada a los bancos y las trabas de las propias oficinas bancarias (que no recibieron advertencia alguna) para aportar los documentos hicieron que las conclusiones se demoraron hasta el pasado mes de mayo, momento en el que el juzgado recibió el informe que sostiene que el matrimonio Fabra dejó de ingresar a Hacienda 1,7 millones de euros.

Sin embargo, según se planteó ayer en el juzgado, donde fueron interrogados tanto el auditor de Fabra como los peritos judiciales, Fabra cuenta ahora con documentos que no se encuentran en las decenas de miles de folios que ocupa la instrucción y que podrían hacer variar las conclusiones de los peritos.

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"CASO PALAU"; ENRECH ACUSA A CARULLA DE CAMBIAR LOS ESTATUTOS DEL ORFEÓ PARA "FAVORECERLA"

Las empresas tienen una influencia 'desmesurada'

Europa Press | Barcelona

El candidato a la presidencia del Orfeó Català-Palau de la Música Catalana ha acusado a la anterior presidenta y también candidata, Mariona Carulla, de haber aprobado los nuevos estatutos para "favorecer" su reelección y de haber dado un influencia "desmesurada" a las empresas y entidades mecenas.

En un comunicado, Enrech ha apuntado que Carulla y su equipo de gobierno influyeron en una enmienda al artículo 17 de los anteriores estatutos para dar más poder a los mecenas del Patronato de la Fundació Orfeó Català.

Según Enrech, con los nuevos estatutos aprobados en julio las empresas pueden ejercer un derecho a voto que antes no tenían.

"Por si eso fuera poco", ha señalado, "este derecho a voto se hace extensivo a unos directivos que por su cargo tienen la condición de socio, muchas veces sin saberlo", ha criticado.

El candidato opositor ha lamentado que los directivos de las empresas podrán votar "incluso tres veces" sin haber abonado ninguna cuota como socios del Orfeó, y ha responsabilizado de ello a Carulla, a la que acusa de haber querido mantener el "modelo de privilegio" para los directivos de las empresas instaurado por Fèlix Millet.

Además
    * El juez cita a declarar de nuevo a Millet y Montull

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"CASO MAQUILLAJE"; "CRISTINA CERDÓ MEDIÓ EN MI CONTRATACIÓN EN DOS EMPRESAS EN LAS QUE NO TRABAJÉ"

CASO MAQUILLAJE | Declaraciones de los 'empleados fantasma' ante el juez

    * 'No realicé ningún trabajo para Ambbit ni Vídeo U, y de hecho no las conocía' pese a cobrar 600 euros mensuales de estas empresas

Europa Press | Palma

Una ex colaboradora de UM y ex empleada de las empresas Ambbit Digital -vinculada a la formación nacionalista- así como de diversos organismos públicos, Petra Verdú, ha apuntado a la ex presidenta de Emaya y ex regidora de Medio Ambiente, Cristina Cerdó, como la persona que medió para su contratación en varias de estas empresas, pese a que en realidad no realizó trabajo alguno en ellas sino que únicamente trabajaba para el partido.

Así de contundente se ha mostrado en su declaración como imputada ante el juez instructor del caso Maquillaje, Juan Ignacio Lope Sola, en la que ha recordado que Cerdó la llamó para que fuera al Consell, ya que desde UM iban a hacer campaña para las elecciones de 2007 y la iban a contratar. Sin embargo, cuando firmó el contrato, constató que no ponía UM sino el nombre de una empresa, a lo que Eugenia Cañellas, secretaria del entonces vicepresidente insular Miquel Nadal, le dijo que "eso no importaba, que estaría contratada ahí pero que trabajaría para el partido".

'Mi trabajo consistía en hacer biblias'
"Mi trabajo consistía en hacer biblias por la calle", ha explicado la encausada, defendida por el abogado Juan Martorell, puntualizando que iba por las calles puerta por puerta "haciendo encuestas sobre lo que opinaba la gente de UM". "Pero no realicé ningún trabajo para Ambbit ni Vídeo U, y de hecho no las conocía", pese a cobrar 600 euros mensuales, ha reconocido en relación a esta presunta trama por la que personas que trabajaban en favor del partido eran remuneradas con los fondos de empresas contratistas del Consell.

Fue en 2010 cuando, según ha explicado, acudió a la sede de estas empresas para firmar unas nóminas y una vez allí le enseñaron las instalaciones, bajo la advertencia de que si la llamaban "tenía que decir que mi mesa era aquélla y que cumplía un horario, e incluso me hicieron cambiar de boli para firmar las nóminas". Al respecto, ha señalado que fue uno de los cargos de UM, Antoni Baró, quien le llamó para decirle que "tenía que mentir".

Es más, al ser inquirida sobre este encuentro, la encausada ha señalado que Baró le dijo que tenía que firmar un papel "para ayudar a Miquel Nadal", entonces candidato de UM a la alcaldía de Palma, pero únicamente se limitó a firmar las nóminas. "No hubiera firmado otro papel, y si hubiera entendido que la firma de las nóminas era para ayudar a Nadal, no las hubiera firmado", ha recalcado.

Sin embargo, pasadas las elecciones y una vez finalizado el contrato con estas empresas, se puso en contacto con Cerdó para decirle que se merecía un trabajo y ésta le dijo que le llamarían, "que no me preocupara". Así fue como la colocaron en Agenda Local 21, de Medio Ambiente, donde cobrara "unos mil y pico euros" para posteriormente firmar un contrato con la empresa municipal Imfof para "ir por las casas a hablar de reciclaje". No obstante, ha aseverado que "al principio fue así pero luego me di cuenta de que lo que estaban haciendo era campaña".

"Ya iban a la gente que tenían captada de UM, iban con listas de gente afín al partido, a la que se le ofrecían papeleras y botellas de reciclaje y excursiones a Cabrera", ha asegurado. Tras estar en el Imfof menos de un año, fue contratada en ACTUA, donde "sí hice el trabajo que tenía contratado", para finalmente trabajar en la recepción del velódromo Palma Arena. Imprimir

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* Captaba votantes para UM y cobraba de 2 proveedores
* 'Me dijeron que no podía decir que había cobrado sin trabajar'

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EL FISCAL PIDE 16 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EX ALCALDE DE ATARFE POR PREVARICACIÓN

TRIBUNALES | Por cambiar la edificabilidad de unos terrenos

Europa Press | Granada

El ex alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, se enfrenta a un nuevo juicio por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación ordinaria y de otro de prevaricación urbanística por el supuesto cambio irregular de la edificabilidad de unos terrenos del residencial Balcón de Cubillas, cercano al campo de golf.

La Fiscalía solicita para él y para el arquitecto municipal, también imputado, un total de 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público y un año de prisión.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, ambos acusados "omitieron de forma absoluta todos los trámites esenciales y garantías de control de legalidad previstas", y emplearon para ese cambio de edificabilidad la figura del Estudio de Detalle, excluyendo así el control de la Junta de Andalucía, y prescindiendo además del dictamen preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía.

elmundo.es

LUNA AFIRMA ANTE EL JUEZ QUE SU MUJER PAGÓ LA REFORMA DE SU CASA A ENRIQUE ORTIZ

TRIBUNALES  | Según el abogado de la acusación, hay contradicciones

    * Ángel Luna declara en el TSJ como imputado por un presunto delito de cohecho
    * El empresario Enrique Ortiz pagó supuestamente parte de la reforma de su casa
    * Luna ha llegado diez minutos antes junto a su abogado al Palacio de Justicia
    * Al parecer, Luna ha presentado la factura de un coche, pero no de las obras
    * El letrado del PP ha solicitado la comparecencia del empresario Enrique Ortiz

Mariano Gasparet | Efe | Valencia

El síndico socialista en las Cortes, Ángel Luna, ha asegurado ante el juez que fue su esposa quien pagó al empresario alicantino Enrique Ortiz la reforma de su vivienda, según ha precisado a la salida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana TSJCV), donde ha prestado declaración como acusado por un supuesto delito de cohecho.

Luna, citado a las 16.30 horas, ha llegado diez minutos antes junto a su abogado al Palacio de Justicia de Valencia -sede del TSJCV-, en cuya puerta aguardaban numerosos medios de comunicación y un reducido grupo de personas que le han increpado.

Poco después de las 18.00 horas, el portavoz del PSPV en la Cámara Valenciana ha abandonado la sede judicial, y ha atendido a las preguntas de los periodistas.

Según el propio Luna, ha defendido ante el juez que fue su mujer quien pagó al empresario Enrique Ortiz las obras de mejora de una vivienda, que por otra parte, había recibido en herencia cuando aún no había contraído matrimonio con el ex alcalde de Alicante.

"La reforma fue sufragada por su propietaria, mi actual mujer, con independencia de quien entregara el dinero físicamente", ha explicado. Luna, que ha declarado durante una hora, ha contestado a las preguntas del magistrado instructor y del Ministerio Fiscal, pero no a las del abogado del PP, ya que entiende que este partido "no busca la verdad material", sino "manipular unos hechos" y "neutralizar a una persona que resulta incómoda dentro y fuera de las Cortes".

Asimismo, Luna también ha asegurado haber demostrado al juez Juan Climent el pago de un vehículo de alta gama, un Audi A6, que en la querella interpuesta por el PP se atribuía a una presunta dádiva de Ortiz.

Para el dirigente socialista, resulta indicativo que el magistrado desestimara el delito de prevaricación en su auto de admisión a trámite..

Minutos antes de las 18.00 horas, el abogado de la acusación, Jorge Carbó ha desvelado que Luna ha presentado la factura de un coche, así como su vida laboral, aunque "no ha aportado ninguna documentación" sobre la reforma de su vivienda.

Según Carbó, ha incurrido en algunas "contradicciones" durante su comparecencia, por lo que ha solicitado, entre otras diligencias, la declaración del empresario Enrique Ortiz.

Blasco se querelló contra Luna después de saberse que el empresario Enrique Ortiz, vinculado a los casos 'Gürtel' y 'Brugal', pagó supuestamente parte de una reforma de su casa en 1998.

Luna, en su condición de aforado, ha prestado declaración ante el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal Juan Climent, que instruye las diligencias derivadas de la querella.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano se declaró competente para asumir esta querella, incoó las diligencias previas pertinentes y, posteriormente, citó al portavoz socialista a declarar en calidad de imputado.

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