Europa Press | Sevilla
La Fiscalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico ha formulado ante los juzgados de Utrera una querella contra cuatro personas, entre las que figura el alcalde de Los Molares (Sevilla), José María Moreno (IU-CA), por posibles delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación en torno a la construcción de una vivienda en "suelo no urbanizable común" y la concesión de la preceptiva licencia de obras cuando la edificación estaba culminada y en contra del informe del arquitecto municipal.
Según la querella, los hechos se remontan a un momento "indeterminado", cuando una ciudadana identificada como Josefa M.U. construyó una vivienda de 200 metros cuadrados, con un porche de 40 metros cuadrados y una piscina de 60 metros cuadrados, en una parcela de 2.574 metros cuadrados clasificada como "suelo no urbanizable común". La vivienda, sin embargo, gozaba de suministro de agua y electricidad.
Según figura en la querella, esta vecina, junto a Mercedes V.M. y Enrique C.J. como "co promotores" de la obra, "estaban ejecutando" la construcción cuando, el 7 de marzo de 2008, solicitaron una licencia de obra al Ayuntamiento. A juicio de la Fiscalía, tal autorización "en rigor" no podría ser concedida a cuenta de que fue reclamada "después de hechas las obras" y dada la "disconformidad" del proyecto con la normativa urbanística vigente. En ese sentido, destaca la Fiscalía la "imposibilidad de legalizar la edificación, por no ser autorizable conforme al planeamiento".
En ese sentido, el alcalde habría "instado verbalmente" al arquitecto municipal que "informase favorablemente" a la concesión de la licencia "pese a saber que ello no era conforme a la Ley". Sin embargo, el 18 de marzo, el arquitecto municipal emitió un informe alertando de que las obras "ya estaban finalizadas" y de que el 30 de septiembre de 2008, la Delegación provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio había informado "desfavorablemente" del proyecto.
A sabiendas de que "era ilegal"
Aún así, el alcalde "no sólo no incoó un expediente de disciplina urbanística", sino "llevó la solicitud de licencia a la junta de gobierno local, cuyos integrantes, con conocimiento de que la licencia era manifiestamente ilegal, la concedieron por unanimidad" el 18 de marzo de 2009.
A tal efecto, la Fiscalía atribuye a los promotores de la obra y al alcalde de Los Molares supuestos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, solicitando al juzgado la comparecencia de los querellados como imputados, que testifique el arquitecto municipal y que la Dirección General de Inspección y Ordenación del Territorio examine las obras y el expediente depositado en el Ayuntamiento con relación a esta licencia.
Del mismo, modo, reclama el Ministerio Público que el Consistorio entregue tanto el expediente, como el informe jurídico del secretario municipal y la certificación de los concejales que, en el seno de la junta local de gobierno, votaron a favor de la concesión de la licencia de obra.
elmundo.es
Según la querella, los hechos se remontan a un momento "indeterminado", cuando una ciudadana identificada como Josefa M.U. construyó una vivienda de 200 metros cuadrados, con un porche de 40 metros cuadrados y una piscina de 60 metros cuadrados, en una parcela de 2.574 metros cuadrados clasificada como "suelo no urbanizable común". La vivienda, sin embargo, gozaba de suministro de agua y electricidad.
Según figura en la querella, esta vecina, junto a Mercedes V.M. y Enrique C.J. como "co promotores" de la obra, "estaban ejecutando" la construcción cuando, el 7 de marzo de 2008, solicitaron una licencia de obra al Ayuntamiento. A juicio de la Fiscalía, tal autorización "en rigor" no podría ser concedida a cuenta de que fue reclamada "después de hechas las obras" y dada la "disconformidad" del proyecto con la normativa urbanística vigente. En ese sentido, destaca la Fiscalía la "imposibilidad de legalizar la edificación, por no ser autorizable conforme al planeamiento".
En ese sentido, el alcalde habría "instado verbalmente" al arquitecto municipal que "informase favorablemente" a la concesión de la licencia "pese a saber que ello no era conforme a la Ley". Sin embargo, el 18 de marzo, el arquitecto municipal emitió un informe alertando de que las obras "ya estaban finalizadas" y de que el 30 de septiembre de 2008, la Delegación provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio había informado "desfavorablemente" del proyecto.
A sabiendas de que "era ilegal"
Aún así, el alcalde "no sólo no incoó un expediente de disciplina urbanística", sino "llevó la solicitud de licencia a la junta de gobierno local, cuyos integrantes, con conocimiento de que la licencia era manifiestamente ilegal, la concedieron por unanimidad" el 18 de marzo de 2009.
A tal efecto, la Fiscalía atribuye a los promotores de la obra y al alcalde de Los Molares supuestos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, solicitando al juzgado la comparecencia de los querellados como imputados, que testifique el arquitecto municipal y que la Dirección General de Inspección y Ordenación del Territorio examine las obras y el expediente depositado en el Ayuntamiento con relación a esta licencia.
Del mismo, modo, reclama el Ministerio Público que el Consistorio entregue tanto el expediente, como el informe jurídico del secretario municipal y la certificación de los concejales que, en el seno de la junta local de gobierno, votaron a favor de la concesión de la licencia de obra.
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