GRANADA | Primera sesión por el centro comercial de ArmillaEl ex alcalde de Armilla, Morales Cara, a la derecha, entrando a la sala de vistas. | Jesús G. Hinchado
* El promotor Tomás Olivo declara que la Administración lo obligó a ampliarlo
* Desestimada por impertinente la pregunta sobre negociación para legalizarlo
José A. Cano | Granada
La primera sesión del juicio del ‘caso Nevada’ ha visto las declaraciones de los tres principales imputados y los únicos (de 11) que se enfrentan a penas de cárcel: el ex alcalde socialista de Armilla, José Antonio Morales Cara; el ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, y el promotor Tomás Olivo, que también está imputado en el ‘caso Malaya’.
Los dos ex ediles –suspendidos de militancia del PSOE– y el constructor deben demostrar, por un lado, que no aprobaron el proyecto del centro comercial con conocimiento de las supuesta irregularidades que comportaba la obra, y, por otro, que estas irregularidades, además, no existen.
Ninguno de los acusados ha querido contestar a las acusaciones particulares –Partido Popular, Los Verdes, y Ecologistas en Acción y Arquitectura y Compromiso Social–, y la pregunta de si la promotora está en negociaciones con la Junta de Andalucía para ‘legalizar’ el centro –hecha por uno de los abogados defensores– ha sido considerada por el juez como «impertinente».
En el caso de los políticos se enfrentan a dos años de cárcel y más de 20 de inhabilitación por delitos de prevariación y contra la ordenación del territorio. Para Olivo, por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave, la condena podría ser de 26 meses de cárcel más multa de 10.800 euros.
Como ya habían hecho en declaraciones públicas durante la larga instrucción del caso, el antiguo regidor y el que fuese concejal de Urbanismo y vicepresidente de la Diputación en el momento de la aprobación de la obra, han apuntado a la actuación de la Junta de Andalucía como responsable de la actual situación, manteniendo que el Ayuntamiento obró siempre dentro de la legalidad y atendiendo a las «precisiones» que no «objeciones» de la Delegación de Obras Públicas de Granada.
Niega las presiones
Olivo, en concreto, ha negado cualquier presión sobre la corporación –«¿cómo voy a presionar si llevo 15 años con este proyecto?»– y preguntado sobre la diferencia de tamaño entre el primer borrador del Nevada, en 1996, y el construido, aludió que General de Galerías Comerciales S.A se vio «obligada» por la Administración a aumentar la superficie.
En concreto, apuntó a que la Comisión Asesora de Comercio Interior, órgano dependiente de la Consejería de Turismo y Comercio, que habría «recomendado» a la empresa que «transformase» el centro comercial para que fuese de «carácter comarcal, y no local», ante lo que Olivo declaró que «no hubo más que adaptarse». También ha negado haber cometido desobediencia a los mandatos judiciales de paralización de obra, alegando que sólo se ha «asegurado» el centro, que estaba «prácticamente terminado».
Un informe fantasmal
La intervención de Morales Cara y Cañavate, por su parte, ha consistido en un repaso de los diferentes informes a favor y en contra del centro comercial que pasaron por el Ayuntamiento desde 2005. Sobre todo, ha girado alrededor del ‘informe fantasma’, el del abogado del Ayuntamiento que debió figurar en el expediente de la licencia de obra del 30 de septiembre de 2005, y que según ambos «no fue emitido» y así lo habría hecho constar el secretario municipal en el pleno «verbalmente».
El juicio continuará hasta el próximo 27 de mayo en la Audiencia Provincial de Granada. Durante esta semana, previsiblemente, terminarán los testimonios de los imputados, para luego dar paso a los testigos, entre los que destaca el abogado municipal que redactó el polémico ‘informe fantasma’.
elmundo.es
Los dos ex ediles –suspendidos de militancia del PSOE– y el constructor deben demostrar, por un lado, que no aprobaron el proyecto del centro comercial con conocimiento de las supuesta irregularidades que comportaba la obra, y, por otro, que estas irregularidades, además, no existen.
Ninguno de los acusados ha querido contestar a las acusaciones particulares –Partido Popular, Los Verdes, y Ecologistas en Acción y Arquitectura y Compromiso Social–, y la pregunta de si la promotora está en negociaciones con la Junta de Andalucía para ‘legalizar’ el centro –hecha por uno de los abogados defensores– ha sido considerada por el juez como «impertinente».
En el caso de los políticos se enfrentan a dos años de cárcel y más de 20 de inhabilitación por delitos de prevariación y contra la ordenación del territorio. Para Olivo, por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave, la condena podría ser de 26 meses de cárcel más multa de 10.800 euros.
Como ya habían hecho en declaraciones públicas durante la larga instrucción del caso, el antiguo regidor y el que fuese concejal de Urbanismo y vicepresidente de la Diputación en el momento de la aprobación de la obra, han apuntado a la actuación de la Junta de Andalucía como responsable de la actual situación, manteniendo que el Ayuntamiento obró siempre dentro de la legalidad y atendiendo a las «precisiones» que no «objeciones» de la Delegación de Obras Públicas de Granada.
Niega las presiones
Olivo, en concreto, ha negado cualquier presión sobre la corporación –«¿cómo voy a presionar si llevo 15 años con este proyecto?»– y preguntado sobre la diferencia de tamaño entre el primer borrador del Nevada, en 1996, y el construido, aludió que General de Galerías Comerciales S.A se vio «obligada» por la Administración a aumentar la superficie.
En concreto, apuntó a que la Comisión Asesora de Comercio Interior, órgano dependiente de la Consejería de Turismo y Comercio, que habría «recomendado» a la empresa que «transformase» el centro comercial para que fuese de «carácter comarcal, y no local», ante lo que Olivo declaró que «no hubo más que adaptarse». También ha negado haber cometido desobediencia a los mandatos judiciales de paralización de obra, alegando que sólo se ha «asegurado» el centro, que estaba «prácticamente terminado».
Un informe fantasmal
La intervención de Morales Cara y Cañavate, por su parte, ha consistido en un repaso de los diferentes informes a favor y en contra del centro comercial que pasaron por el Ayuntamiento desde 2005. Sobre todo, ha girado alrededor del ‘informe fantasma’, el del abogado del Ayuntamiento que debió figurar en el expediente de la licencia de obra del 30 de septiembre de 2005, y que según ambos «no fue emitido» y así lo habría hecho constar el secretario municipal en el pleno «verbalmente».
El juicio continuará hasta el próximo 27 de mayo en la Audiencia Provincial de Granada. Durante esta semana, previsiblemente, terminarán los testimonios de los imputados, para luego dar paso a los testigos, entre los que destaca el abogado municipal que redactó el polémico ‘informe fantasma’.
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