JUSTICIA | Líder de la trama 'Gürtel'
Efe | MadridEl juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel', ha fijado una fianza de 85 millones de euros de responsabilidad civil para el líder de la trama corrupta Francisco Correa. El magistrado le da un día de plazo para abonar esta cantidad y si no embargará sus bienes. Esta suma se establece no para salir de la cárcel, sino como garantía de pago ante una posible condena por sus delitos fiscales.
En un auto emitido el pasado 31 de marzo, Pedreira, destaca lo elevado de las responsabilidades pecuniarias que podrían derivarse de los delitos contra la Hacienda Pública y calcula que Correa defraudó 18.780,353 euros entre 2002 y 2007 en concepto del IRPF. El auto detalla por años el fraude a Hacienda. Así en 2002 son 2.249.164 euros, en 2003, 1.868.980,65; en 2004, 708.366,75; en 2005, 460.840,32; en 2006, 1.074.010,4; y en 2007, 6.074.026,62.
Asimismo, el juez instructor señala que la 'mano derecha' de Correa, Pablo Crespo Sabaris, defraudó 539.120,13 euros a Hacienda en 2006.
201,4 millones entre los cabecillas
En varios autos notificados en los últimos días, el magistrado impone a Correa y a su 'número dos', el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, una fianza de 85 millones de euros a cada uno, a las que se suma la fianza de 30 millones exigida al abogado y ex vicepresidente de Repsol YPF Ramón Blanco Balín. Además, Pedreira ha fijado una fianza de 800.000 euros para la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, y de 650.000 euros para el supuesto responsable de la trama en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.
La fianza (entre todos asciende a 201,4 millones), que si no es satisfecha llevará al embargo de bienes, responde a las responsabilidades pecuniarias por los delitos fiscales y de blanqueo de capitales que se les imputan a todos ellos.
Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía fechado el pasado 30 de enero dice que el conglomerado de empresas constituido por Correa conseguía contratos publicitarios, de organización de eventos o de diseño de campañas a cambio de "contraprestaciones" económicas o de otro tipo a los políticos que se los concedían.
2,8 millones en sobornos a cargos públicos
Correa también negociaba previamente la concesión de adjudicaciones de suelo, obra pública o construcción de viviendas igualmente a cambio de compensaciones económicas. De hecho, la resolución señala que la trama entregó más de 2.800.000 euros a diversos cargos públicos en concepto de sobornos.
Las sociedades que controlaba emitían facturas falsas para justificar los ingresos, que luego eran blanqueados en paraísos fiscales, lo que ha permitido a Correa "disponer de una capacidad inversora en cualquier parte del mundo".
En los delitos fiscales y de blanqueo que se imputan al supuesto líder de la trama "habrían participado numerosas personas", entre las que se cita a los abogados Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, cuya actuación se encaminó a "dar opacidad a las operaciones que realiza Francisco Correa".
De Blanco dicen los autos que "diseñó" la estructura de blanqueo de la trama, colaboró en la gestión del patrimonio personal de Correa y participó en la estrategia de desvincularle de la investigación judicial poniendo como testaferro de sus sociedades a su primo Antoine Sánchez.
Crespo 'hace ejecutar las directrices' de Correa
Por su parte, sobre Crespo, el considerado 'número dos' de la trama, el juez señala que en 2006 dejó de declarar a Hacienda 539.120,13 euros, aunque el auto sostiene que todavía no se ha podido cuantificar la cuota que "podría haber dejado de ingresar la sociedad patrimonial Sabaris, Cresva, S.L.". Además, considera que "hace ejecutar las directrices" de Correa, como la realización de transferencias internacionales y da instrucciones al resto de los integrantes de la organización. Entre los hechos que se le imputan figura el haber cargado la factura de una bicicleta que compró su hija a la sociedad Orange Market.
La mujer de Correa, Carmen Rodríguez, es considerada "copartícipe en la estrategia de ocultación de su patrimonio" y se la acusa de haber favorecido a las empresas de su marido cuando era directora de Gabinete en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid). Según el auto, Rodríguez usaba la estructura empresarial creada por su marido "para su propio beneficio" y como ejemplo menciona los viajes que ésta realizaba y que eran preparados por una de las empresas de la trama, Pasadena Viajes SL. La sitúa el juez también como beneficiaria del patrimonio adquirido por la organización y asegura que conocía las actividades de ésta.
Por último, Pedreira dice que la sociedad controlada por Álvaro Pérez, Orange Market, dejó de ingresar en 2006 y 2007 por el concepto de retenciones de trabajo personal un total de 330.833,81 euros, cantidad que justifica la fianza de 650.000 euros impuesta a 'El Bigotes'.
Pérez aparece en la causa, recuerda el juez, como responsable de la captación de eventos en la Comunidad Valenciana, donde se encargaba de acordar la adjudicación de contratos con los "responsables políticos" autonómicos y negociaba el pago de las deudas pendientes del Gobierno de la Generalitat y del PP con la empresa.
Además
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elmundo.es
En un auto emitido el pasado 31 de marzo, Pedreira, destaca lo elevado de las responsabilidades pecuniarias que podrían derivarse de los delitos contra la Hacienda Pública y calcula que Correa defraudó 18.780,353 euros entre 2002 y 2007 en concepto del IRPF. El auto detalla por años el fraude a Hacienda. Así en 2002 son 2.249.164 euros, en 2003, 1.868.980,65; en 2004, 708.366,75; en 2005, 460.840,32; en 2006, 1.074.010,4; y en 2007, 6.074.026,62.
Asimismo, el juez instructor señala que la 'mano derecha' de Correa, Pablo Crespo Sabaris, defraudó 539.120,13 euros a Hacienda en 2006.
201,4 millones entre los cabecillas
En varios autos notificados en los últimos días, el magistrado impone a Correa y a su 'número dos', el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, una fianza de 85 millones de euros a cada uno, a las que se suma la fianza de 30 millones exigida al abogado y ex vicepresidente de Repsol YPF Ramón Blanco Balín. Además, Pedreira ha fijado una fianza de 800.000 euros para la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, y de 650.000 euros para el supuesto responsable de la trama en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.
La fianza (entre todos asciende a 201,4 millones), que si no es satisfecha llevará al embargo de bienes, responde a las responsabilidades pecuniarias por los delitos fiscales y de blanqueo de capitales que se les imputan a todos ellos.
Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía fechado el pasado 30 de enero dice que el conglomerado de empresas constituido por Correa conseguía contratos publicitarios, de organización de eventos o de diseño de campañas a cambio de "contraprestaciones" económicas o de otro tipo a los políticos que se los concedían.
2,8 millones en sobornos a cargos públicos
Correa también negociaba previamente la concesión de adjudicaciones de suelo, obra pública o construcción de viviendas igualmente a cambio de compensaciones económicas. De hecho, la resolución señala que la trama entregó más de 2.800.000 euros a diversos cargos públicos en concepto de sobornos.
Las sociedades que controlaba emitían facturas falsas para justificar los ingresos, que luego eran blanqueados en paraísos fiscales, lo que ha permitido a Correa "disponer de una capacidad inversora en cualquier parte del mundo".
En los delitos fiscales y de blanqueo que se imputan al supuesto líder de la trama "habrían participado numerosas personas", entre las que se cita a los abogados Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, cuya actuación se encaminó a "dar opacidad a las operaciones que realiza Francisco Correa".
De Blanco dicen los autos que "diseñó" la estructura de blanqueo de la trama, colaboró en la gestión del patrimonio personal de Correa y participó en la estrategia de desvincularle de la investigación judicial poniendo como testaferro de sus sociedades a su primo Antoine Sánchez.
Crespo 'hace ejecutar las directrices' de Correa
Por su parte, sobre Crespo, el considerado 'número dos' de la trama, el juez señala que en 2006 dejó de declarar a Hacienda 539.120,13 euros, aunque el auto sostiene que todavía no se ha podido cuantificar la cuota que "podría haber dejado de ingresar la sociedad patrimonial Sabaris, Cresva, S.L.". Además, considera que "hace ejecutar las directrices" de Correa, como la realización de transferencias internacionales y da instrucciones al resto de los integrantes de la organización. Entre los hechos que se le imputan figura el haber cargado la factura de una bicicleta que compró su hija a la sociedad Orange Market.
La mujer de Correa, Carmen Rodríguez, es considerada "copartícipe en la estrategia de ocultación de su patrimonio" y se la acusa de haber favorecido a las empresas de su marido cuando era directora de Gabinete en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid). Según el auto, Rodríguez usaba la estructura empresarial creada por su marido "para su propio beneficio" y como ejemplo menciona los viajes que ésta realizaba y que eran preparados por una de las empresas de la trama, Pasadena Viajes SL. La sitúa el juez también como beneficiaria del patrimonio adquirido por la organización y asegura que conocía las actividades de ésta.
Por último, Pedreira dice que la sociedad controlada por Álvaro Pérez, Orange Market, dejó de ingresar en 2006 y 2007 por el concepto de retenciones de trabajo personal un total de 330.833,81 euros, cantidad que justifica la fianza de 650.000 euros impuesta a 'El Bigotes'.
Pérez aparece en la causa, recuerda el juez, como responsable de la captación de eventos en la Comunidad Valenciana, donde se encargaba de acordar la adjudicación de contratos con los "responsables políticos" autonómicos y negociaba el pago de las deudas pendientes del Gobierno de la Generalitat y del PP con la empresa.
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