El auto del juez que investiga el 'caso Palma Arena' pone negro sobre blanco las corruptelas que se organizaron a su alrededor
AITOR RIVEIRO - Madrid
El auto del juez José Castro recoge en 147 páginas las dudas que la investigación ha hallado en la construcción del velódromo Palma Arena, presupuestada en poco más de 40 millones y cuyo coste final superó los 100 y que puede terminar con Jaume Matas en la cárcel. Con un lenguaje que sorprende a veces por lo contundente y que hace leña de los tejemanejes de los principales imputados en la causa, algunos evidentes para el magistrado.
El momento
Matas ordena la construcción del velódromo bajo la supervisión de la Fundación Illesport, y con los fondos que le proporcionaba el Gobierno, hasta que se constituyese el Consorcio que debía hacer posible la obra "y es en este iter", asegura el juez, que el presidente del Gobierno, "que lo es también de la propia Fundació Illesport, a fines no confesados pero entre los que se incluye el beneficio propio sin descartar el ajeno" deposita en uno de sus subordinados, el director general de Deportes, Pepote Ballester, "todos los poderes relacionados con el velódromo", por lo que el resto de vocales de la Fundación quedan relegados a figuras decorativas que "ni tan siquiera llegaban a reunirse para tomar absolutamente ninguna decisión".
Las 22 reuniones nunca celebradas
Esta evidencia, continúa el juez, no impedía que el Secretario de la Fundación levantara puntuales actas, todas ellas avaladas por un alto cargo -el presidente [Matas] lo hace en 15 ocasiones-, de unas supuestas reuniones del Patronato que nunca llegaron a convocarse y menos aún a celebrarse".
José Castro menciona hasta 22 actas inventadas. Entre ellas, destaca la que determinó el coste inicial de la obra. Dice el juez: "con independencia de lo ya archimencionado sobre los protagonistas de tal unanimidad [todas las actas eran aprobadas pese a que no acudían los patronos], hay que significar que se desconoce el origen de ese provisional cálculo del coste del Velódromo que se cifró en 46.400.000 euros ya que no consta estudio alguno al respecto".
Tampoco deja indiferente la forma en que se eligió al arquitecto encargado de la obra. En la página 21 del auto se asegura que la Fundación contrató a Ralph Clemens Alexander Schürmann porque "cuenta con el respaldo de la Unión Ciclista Internacional (UCI ) y que ello posibilitaría ab initio la homologación del velódromo". Castro se sorprende de que "se elabore un informe para ser leído en una reunión a la que no asiste nadie" pero, además, cree complicado que la UCI homologue de inicio el velódromo " y lanza sobre el citado Organismo unos recelos que no le dejarían precisamente en muy buen lugar", por lo que "la contratación del referido arquitecto por el expedito procedimiento de la adjudicación 'a dedo' es un acto de meridiana ilegalidad".
Adjudicación a Nimbus
En otra de las actas de reuniones supuestamente nunca celebradas, el juez asegura que "hay claros indicios de que la firma de Doña Rosa María Estarás Ferragut fue falsificada". El pasado 11 de septiembre de 2009, la por entonces presidenta del PP balear dimitió tras verse salpicada, precisamente, por el caso Palma Arena.
En este "caldo de cultivo", según relata el juez en su auto, la Fundación adjudica a la compañía Nimbus Publicidad S.L. la campaña de comunicación del Mundial de Ciclismo en Pista de 2007, evento para el que se construyó el velódromo, por un importe total de 845.549,23 euros. "Don Jaime García-Ruiz, en su declaración al folio 3300 de la causa dice que la empresa Nimbus ya estaba trabajando antes de que ellos entraran", remata el juez.
Más aún, la propia Nimbus consigue en un tiempo récord el patrocinio del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) para la campaña. El juez vuelve a mostrarse sorprendido: "Que la eficacia de nuestra Administración Pública llegue al extremo de que un escrito presentado un viernes reciba una respuesta afirmativa el lunes siguiente merece sin duda un aplauso, más caluroso aún cuando el importe solicitado es de 350.000 euros, que se corresponde justo con la cantidad solicitada". Castro destaca que la solicitud se presentó un viernes y el lunes se cursó la respuesta.
Se constituye el Consorcio; nada cambia
La constitución del Consorcio para la Construcción del Velódromo no cambia nada pues las decisiones de la junta rectora recaen en el propio Ballester y su "mano derecha", según el juez, Jorge Moisés Marín, "avaladas las que trascendían de la rutina diaria por Matas con quien el primero despachaba frecuentemente y quien reiteraba la consigna de que el velódromo había que construirlo a costa de lo que fuera".
Este consorcio encarga a los hermanos García-Ruiz parte de la obra del velódromo. Uno de ellos asegura "categóricamente haber recibido a tales fines la llamada del Presidente del Govern remitiéndole para los detalles al Director General de Deportes, Sr. Ballester, reconociendo asimismo haber llevado a cabo determinadas reformas en la sede del Partido Popular".
El videomarcador
El "insufrible peregrinar por la construcción del velódromo Palma Arena", como califica el juez a los hechos investigados, desgrana otras muchas decisiones arbitrarias tomadas por organismos que, en realidad, sólo rendían cuentas al propio Matas.
En el antecedente de hecho número 6, el juez asegura que "con independencia del juicio que a cada ciudadano le pueda merecer la adquisición de un videomarcador" por 1,9 millones, "lo curioso del caso es que entre las empresas licitadoras concurren dos con apariencia de ser distintas pero que resulta que sus ofertas, puestas al trasluz, coinciden milimétricamente" lo que lleva a descubrir "que la empresa que resultó favorecida con la adjudicación, Smartvisión, es filial de la también concursante Odeco Electrónica" y que "el director de la segunda es cuñado de Don Miguel Romero de la Cerda, a su vez administrador de Nimbus Publicidad, S.L.", que gestionó la campaña electoral del PP en 2007.
Financiación ilegal
"También en relación con la aludida campaña electoral", sigue Castro, consta la celebración de dos reuniones "del PP celebradas precisamente en el velódromo Palma Arena". Ambas facturas "fueron pagadas por la Fundación Illesport y obviamente con cargo a los fondos públicos".
Aumento de patrimonio
"Aunque no podemos vincular sin más absolutamente todo el sobrecoste del velódromo a estas ilícitas actividades", asegura el juez en otro punto del auto, "no se puede desconocer que Don Jaume Matas Palou se ha visto favorecido con un incremento patrimonial a todas luces notorio y que se refleja en la adquisición de una lujosa mansión en el caso histórico" de Palma además de "la adquisición de otra vivienda de lujo en la calle Don Ramón de la Cruz" de Madrid "que ya en 2003 se fijó su precio en un millón" de euros, "siendo lo llamativo que se pretenda ocultarlo mediante una burda e inútil estrategia diseñada por Don Fernando Juan Areal Montesinos con la imprescindible colaboración de Don Bartolomé Reus Beltrán".
Castro concluye: "Resulta imposible que con los ingresos declarados por la familia Matas-Areal pueda acumularse tal patrimonio y más imposible aún si se hacen compatibles tales adquisiciones con un tren de vida de absoluto derroche y ostentación".
Manipulación de testigos
El juez hace hincapié en la supuesta presión a los testigos realizada por el abogado de Matas "muy alejada del legítimo derecho de defensa, pasa por hacer recomendaciones a testigos antes de que declaren ante la Guardia Civil, controlar lo que ya han declarado" e, incluso, se "preconstituyen pruebas muy distorsionadas de la verdad".
"Matas se burla de los mortales"
En su auto, el juez llega a acusar al ex presidente balear de burlarse de él. Según el relato, cuando el magistrado preguntó a Matas sobre "su relación con la entidad Estudios Jurídicos y Procesales dice desconocer los pormenores de su contratación y resta toda importancia a la conjunción del encargo personal que hizo a Don Enrique Arnaldo Alcubilla (...) y el hecho de que pocos meses más tarde le llame para pedirle trabajo. Por cierto, matiza el Sr. Matas corrigiendo a este proveyente sobre el correcto uso del castellano, que no fue a verle para pedirle trabajo sino para ofrecerle sus servicios que, al parecer, no debe ser lo mismo. Es claro que el Sr. Matas ha venido a burlarse de los simples mortales".
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El momento
Matas ordena la construcción del velódromo bajo la supervisión de la Fundación Illesport, y con los fondos que le proporcionaba el Gobierno, hasta que se constituyese el Consorcio que debía hacer posible la obra "y es en este iter", asegura el juez, que el presidente del Gobierno, "que lo es también de la propia Fundació Illesport, a fines no confesados pero entre los que se incluye el beneficio propio sin descartar el ajeno" deposita en uno de sus subordinados, el director general de Deportes, Pepote Ballester, "todos los poderes relacionados con el velódromo", por lo que el resto de vocales de la Fundación quedan relegados a figuras decorativas que "ni tan siquiera llegaban a reunirse para tomar absolutamente ninguna decisión".
Las 22 reuniones nunca celebradas
Esta evidencia, continúa el juez, no impedía que el Secretario de la Fundación levantara puntuales actas, todas ellas avaladas por un alto cargo -el presidente [Matas] lo hace en 15 ocasiones-, de unas supuestas reuniones del Patronato que nunca llegaron a convocarse y menos aún a celebrarse".
José Castro menciona hasta 22 actas inventadas. Entre ellas, destaca la que determinó el coste inicial de la obra. Dice el juez: "con independencia de lo ya archimencionado sobre los protagonistas de tal unanimidad [todas las actas eran aprobadas pese a que no acudían los patronos], hay que significar que se desconoce el origen de ese provisional cálculo del coste del Velódromo que se cifró en 46.400.000 euros ya que no consta estudio alguno al respecto".
Tampoco deja indiferente la forma en que se eligió al arquitecto encargado de la obra. En la página 21 del auto se asegura que la Fundación contrató a Ralph Clemens Alexander Schürmann porque "cuenta con el respaldo de la Unión Ciclista Internacional (UCI ) y que ello posibilitaría ab initio la homologación del velódromo". Castro se sorprende de que "se elabore un informe para ser leído en una reunión a la que no asiste nadie" pero, además, cree complicado que la UCI homologue de inicio el velódromo " y lanza sobre el citado Organismo unos recelos que no le dejarían precisamente en muy buen lugar", por lo que "la contratación del referido arquitecto por el expedito procedimiento de la adjudicación 'a dedo' es un acto de meridiana ilegalidad".
Adjudicación a Nimbus
En otra de las actas de reuniones supuestamente nunca celebradas, el juez asegura que "hay claros indicios de que la firma de Doña Rosa María Estarás Ferragut fue falsificada". El pasado 11 de septiembre de 2009, la por entonces presidenta del PP balear dimitió tras verse salpicada, precisamente, por el caso Palma Arena.
En este "caldo de cultivo", según relata el juez en su auto, la Fundación adjudica a la compañía Nimbus Publicidad S.L. la campaña de comunicación del Mundial de Ciclismo en Pista de 2007, evento para el que se construyó el velódromo, por un importe total de 845.549,23 euros. "Don Jaime García-Ruiz, en su declaración al folio 3300 de la causa dice que la empresa Nimbus ya estaba trabajando antes de que ellos entraran", remata el juez.
Más aún, la propia Nimbus consigue en un tiempo récord el patrocinio del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) para la campaña. El juez vuelve a mostrarse sorprendido: "Que la eficacia de nuestra Administración Pública llegue al extremo de que un escrito presentado un viernes reciba una respuesta afirmativa el lunes siguiente merece sin duda un aplauso, más caluroso aún cuando el importe solicitado es de 350.000 euros, que se corresponde justo con la cantidad solicitada". Castro destaca que la solicitud se presentó un viernes y el lunes se cursó la respuesta.
Se constituye el Consorcio; nada cambia
La constitución del Consorcio para la Construcción del Velódromo no cambia nada pues las decisiones de la junta rectora recaen en el propio Ballester y su "mano derecha", según el juez, Jorge Moisés Marín, "avaladas las que trascendían de la rutina diaria por Matas con quien el primero despachaba frecuentemente y quien reiteraba la consigna de que el velódromo había que construirlo a costa de lo que fuera".
Este consorcio encarga a los hermanos García-Ruiz parte de la obra del velódromo. Uno de ellos asegura "categóricamente haber recibido a tales fines la llamada del Presidente del Govern remitiéndole para los detalles al Director General de Deportes, Sr. Ballester, reconociendo asimismo haber llevado a cabo determinadas reformas en la sede del Partido Popular".
El videomarcador
El "insufrible peregrinar por la construcción del velódromo Palma Arena", como califica el juez a los hechos investigados, desgrana otras muchas decisiones arbitrarias tomadas por organismos que, en realidad, sólo rendían cuentas al propio Matas.
En el antecedente de hecho número 6, el juez asegura que "con independencia del juicio que a cada ciudadano le pueda merecer la adquisición de un videomarcador" por 1,9 millones, "lo curioso del caso es que entre las empresas licitadoras concurren dos con apariencia de ser distintas pero que resulta que sus ofertas, puestas al trasluz, coinciden milimétricamente" lo que lleva a descubrir "que la empresa que resultó favorecida con la adjudicación, Smartvisión, es filial de la también concursante Odeco Electrónica" y que "el director de la segunda es cuñado de Don Miguel Romero de la Cerda, a su vez administrador de Nimbus Publicidad, S.L.", que gestionó la campaña electoral del PP en 2007.
Financiación ilegal
"También en relación con la aludida campaña electoral", sigue Castro, consta la celebración de dos reuniones "del PP celebradas precisamente en el velódromo Palma Arena". Ambas facturas "fueron pagadas por la Fundación Illesport y obviamente con cargo a los fondos públicos".
Aumento de patrimonio
"Aunque no podemos vincular sin más absolutamente todo el sobrecoste del velódromo a estas ilícitas actividades", asegura el juez en otro punto del auto, "no se puede desconocer que Don Jaume Matas Palou se ha visto favorecido con un incremento patrimonial a todas luces notorio y que se refleja en la adquisición de una lujosa mansión en el caso histórico" de Palma además de "la adquisición de otra vivienda de lujo en la calle Don Ramón de la Cruz" de Madrid "que ya en 2003 se fijó su precio en un millón" de euros, "siendo lo llamativo que se pretenda ocultarlo mediante una burda e inútil estrategia diseñada por Don Fernando Juan Areal Montesinos con la imprescindible colaboración de Don Bartolomé Reus Beltrán".
Castro concluye: "Resulta imposible que con los ingresos declarados por la familia Matas-Areal pueda acumularse tal patrimonio y más imposible aún si se hacen compatibles tales adquisiciones con un tren de vida de absoluto derroche y ostentación".
Manipulación de testigos
El juez hace hincapié en la supuesta presión a los testigos realizada por el abogado de Matas "muy alejada del legítimo derecho de defensa, pasa por hacer recomendaciones a testigos antes de que declaren ante la Guardia Civil, controlar lo que ya han declarado" e, incluso, se "preconstituyen pruebas muy distorsionadas de la verdad".
"Matas se burla de los mortales"
En su auto, el juez llega a acusar al ex presidente balear de burlarse de él. Según el relato, cuando el magistrado preguntó a Matas sobre "su relación con la entidad Estudios Jurídicos y Procesales dice desconocer los pormenores de su contratación y resta toda importancia a la conjunción del encargo personal que hizo a Don Enrique Arnaldo Alcubilla (...) y el hecho de que pocos meses más tarde le llame para pedirle trabajo. Por cierto, matiza el Sr. Matas corrigiendo a este proveyente sobre el correcto uso del castellano, que no fue a verle para pedirle trabajo sino para ofrecerle sus servicios que, al parecer, no debe ser lo mismo. Es claro que el Sr. Matas ha venido a burlarse de los simples mortales".
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* El juez decreta prisión eludible con una fianza de tres millones para Matas
Le
e completo el auto del juez que impone cárcel preventiva eludible bajo fianza de tres millones a Jaume MatasDOCUMENTO (PDF - 844,82Kb) - 30-03-2010
elpaís.com
Hechos como estos hacen que las palabras dichas por José Bono la semana pasada cobren mayor relevancia cada día: los políticos son el colectivo más transparente y al que nadie supera en honradez, otras profesiones no superarían la prueba del escáner, eso si en sentido contrario a su fanfarronada afirmación.
ResponderEliminarAhora mismo, en el blog de Gyoni: Más de lo mismo