* El líder de UM en Sóller confiesa que recibió 12.020 euros 'a dedo'
* Nadal participó en el concurso que inició la Operación Voltor
Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma
La detención de Miquel Nadal tiene su origen en pagos fantasma realizado desde la Conselleria de Turismo del Govern presidido por el socialista Francesc Antich. Se trata de un contrato menor por importe de 12.020 euros, el importe máximo que fija la ley para efectuarlo sin concurso, al líder de Unió Mallorquina (UM) en Sóller Tomás Plomer. El arresto del ex presidente de Unió Mallorquina (UM) a primera hora de la mañana se precipitó, según ha podido saber EL MUNDO/El Día de Baleares, tras la confesión del propio Plomer, que admitió que nunca existieron los servicios por los que percibió el dinero público. Si bien el contrato lo tramitó y firmó el ex director gerente del Instituto de Estrategia Turística de las Islas Baleares (Inestur), Plomer apuntó que el pago fue ordenado personalmente por Nadal. Un extremo que negó tajantemente el ex presidente de UM en su declaración.
Pillado ‘a lo Vicens’
Los hechos sobre los que gravita la detención del ex número dos de Maria Antònia Munar presentan numerosas similitudes con el caso protagonizado por Bartomeu Vicens al pagar a su contable con un contrato público de 12.020 euros que luego éste justificó con un informe plagiado íntegramente de Internet. No en vano, el ejemplo del diputado se utilizó ayer en el entorno del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma al abordar los hechos que desencadenaron la detención de un Nadal que acababa de eludir hace unos días la petición de la Fiscalía Anticorrupción de prisión con fianza en el careo que mantuvo con Miquel Àngel Grimalt en el marco de la Operación Maquillaje.
Estos nuevos pagos se suman a los que realizó el propio Nadal desde el Consell de Mallorca a la productora Vídeo-U participada por su propia familia y que cobró por programas de radio y televisión que nunca se realizaron ni se emitieron. Unos hechos por los que el juez Juan Ignacio Lope Sola, titular del Juzgado de Instrucción número dos de Palma ya ordenó la retirada de su pasaporte.
Pero es que Nadal participó, entre otros contratos, en el concurso supuestamente amañado que se encuentra en el origen de la Operación Voltor. En este sentido uno de los elementos que se recriminó ayer en el interrogatorio a Nadal por parte de la Fiscalía Anticorrupción fue el hecho de que paralizase la adjudicación de un concurso de benchmarking convocado por el Inestur por importe de 360.000 euros públicos tras saber que estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.
elmundo.es
Pillado ‘a lo Vicens’
Los hechos sobre los que gravita la detención del ex número dos de Maria Antònia Munar presentan numerosas similitudes con el caso protagonizado por Bartomeu Vicens al pagar a su contable con un contrato público de 12.020 euros que luego éste justificó con un informe plagiado íntegramente de Internet. No en vano, el ejemplo del diputado se utilizó ayer en el entorno del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma al abordar los hechos que desencadenaron la detención de un Nadal que acababa de eludir hace unos días la petición de la Fiscalía Anticorrupción de prisión con fianza en el careo que mantuvo con Miquel Àngel Grimalt en el marco de la Operación Maquillaje.
Estos nuevos pagos se suman a los que realizó el propio Nadal desde el Consell de Mallorca a la productora Vídeo-U participada por su propia familia y que cobró por programas de radio y televisión que nunca se realizaron ni se emitieron. Unos hechos por los que el juez Juan Ignacio Lope Sola, titular del Juzgado de Instrucción número dos de Palma ya ordenó la retirada de su pasaporte.
Pero es que Nadal participó, entre otros contratos, en el concurso supuestamente amañado que se encuentra en el origen de la Operación Voltor. En este sentido uno de los elementos que se recriminó ayer en el interrogatorio a Nadal por parte de la Fiscalía Anticorrupción fue el hecho de que paralizase la adjudicación de un concurso de benchmarking convocado por el Inestur por importe de 360.000 euros públicos tras saber que estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.
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