Convulsión política. Los ex presidentes de um están acusados de malversación, prevaricación y fraude
El juez sostiene que han manipulado concursos y han beneficiado a empresarios próximos a Unió Mallorquina
J.F.MESTRE/F.ARMENDÁRIZ PALMA. El auto de prisión bajo fianza de 100.000 euros que dictó el juez Enrique Morell el pasado sábado por la noche contra los imputados del caso Voltor señala que Miquel Ángel Flaquer y Miquel Nadal, ambos ex presidentes de Unió Mallorquina, se enfrentan a duras penas de prisión por su implicación en este caso de corrupción. Flaquer, defendido por el abogado Gaspar Oliver, tendrá que defenderse de los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos. Estos delitos llevan aparejadas penas que alcanzan los once años de prisión.
El mismo delito de malversación de caudales públicos es el que se imputa a Miquel Nadal, añadido al de prevaricación administrativa. El primero arrastra una pena de seis años de prisión, mientras que la prevaricación lleva aparejada la inhabilitación.
Sin entrar demasiado en el fondo del asunto, al encontrarse bajo secreto de sumario, el juez no hace más que señalar en su auto la gravedad de los delitos que imputa la fiscalía contra los dos ex presidentes de Unió Mallorquina. El magistrado afirma que Nadal, defendido por el abogado José Zaforteza, ha desviado fondos públicos y lo ha hecho utilizando el sistema de contratación directa. Es decir, ha pagado un contrato a una persona próxima a su entorno a cambio de ningún servicio.
Mucho más concreto se muestra el juez sobre la actuación de Miquel Ángel Flaquer. El ex presidente de UM, según el auto del juez, habría alterado el sistema legal de contratación pública para favorecer a determinadas empresas. Habría concedido contratos de la administración a empresarios de su entorno sin publicitar la oferta ni permitir que se presentaran al concurso otras personas. Y también ha intervenido, según detalla el juez, "contraviniendo la legalidad" para que la cantidad de 1.200.000 euros, procedente de fondos públicos, estuviera fuera del alcance de la intervención de la administración.
Sobre Antonio Oliver, ex director general del Govern, la situación legal a la que se enfrenta no es más sencilla. El antiguo gerente de Inestur está acusado por Anticorrupción de cinco delitos, que van desde el fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, coacciones y cohecho. La suma de todos estos delitos eleva la pena a 20 años de prisión.
La fiscalía sostiene que la antigua cúpula de Turismo, con el apoyo del ex presidente de UM, Miquel Ángel Flaquer, habrían montado una red de ayuda a empresarios próximos al partido regándolos de subvenciones y ayudas públicas. A Flaquer, en concreto, se le acusa de haber otorgado a una empresa de informática de Palma un contrato por valor de más de un millón de euros que, según sospechan los investigadores, habría servido para financiar a Unión Mallorquina. Este programa, que fue presentado hace poco en Fitur, fue otorgado a dedo, es decir, sin concurso, a pesar de su elevada cuantía. El contrato fue otorgado a la empresa Minsel, que según creen los investigadores, la forman empresarios próximos a UM.
Reconoce la voz
Este programa consiste en un reconocimiento de voz. Teóricamente un ciudadano llama a un número de teléfono para solicitar información turística y una voz programada por ordenador le contesta. Los investigadores de la Policía han comprobado que este servicio apenas se utiliza y, por lo tanto, no se justifica esta inversión económica. Flaquer, en cambio, mantiene que el contrato no fue más que una prolongación de uno anterior, y el aumento del precio se debe a que el nuevo programa reconocía una voz en catalán, lo que no hacía el anterior servicio. El ex presidente de UM niega que detrás de esta contratación exista un interés para lograr financiación para su partido, como mantiene los fiscales Anticorrupción.
En cambio, sobre Miquel Nadal sólo pesa la acusación de haber concedido una subvención de casi 13.000 euros con fondos públicos al líder de UM en Sóller, el también imputado Tomás Plomer, a cambio de nada.
Además de los pinchazos telefónicos a los imputados, los fiscales cuentan con el testimonio del ex director general, Juan Oliver, que declaró que Nadal le obligó a que falsificara un expediente para darle la ayuda económica de casi 13.000 euros al líder de Unió Mallorquina en Sóller.
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