FRANCISCO SECO Francisco Correa, durante su traslado al TSJ de Madrid, el pasado 30 de abril, para declarar ante el juez PedreiraPOR NATI VILLANUEVA
MADRID. «De lo actuado se desprende que Francisco Correa lidera un grupo organizado de personas y empresas del que forma parte en inmediata relación de jerarquía respecto del mismo Pablo Crespo, Antoine Sánchez y otros imputados en esta causa cuya principal finalidad a lo largo del tiempo, y como mínimo en los últimos diez años, ha sido la realización de operaciones y organización de eventos para captar negocios en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia, a través de un conglomerado empresarial».
Ha pasado ya un año de este auto de prisión, desde que los primeros detenidos de la «Gürtel», la presunta trama de corrupción en la que se ha visto implicado el Partido Popular, empezaran a desfilar ante el juez Baltasar Garzón, primer instructor de esta causa. Poco se sabía entonces de una investigación que había arrancado seis meses antes en la Audiencia Nacional y que se basaba en gran medida en intervenciones telefónicas. Pero lo que ya parecía a esas alturas cuanto menos inoportuno era que el magistrado y el entonces ministro de Justicia compartieran cacecía en Jaén el mismo fin de semana en que los principales implicados de la «trama» dormían en calabozos. Este dato, sumado a su gestión en el Ministerio, convirtió a Mariano Fernández Bermejo en una de las primeras víctimas políticas de la «Gürtel». Luego vendrían todas las del PP, las que durante estos doce meses se han quedado en el camino: más de una decena (entre diputados autonómicos, ex alcaldes y otros cargos del partido) han sido expulsados o cesados por la dirección nacional de Génova. Asociación ilícita, blanqueo, tráfico de influencias, falsedad documental o fraude fiscal son sólo algunos de los cargos a los que se enfrentan, entre otros, los diputados madrileños Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Boch, o los ex regidores de Boadilla, Arganda, Pozuelo o Majadahonda: Arturo González Panero, Ginés López, Jesús Sepúlveda o Guillermo Ortega, respectivamente.
La vertiente valenciana
Otros políticos, fuera ya de la «Gürtel», soportan, como el presidente valenciano, Francisco Camps, el peso de continuar atado a la Justicia por recursos que no dejan morir el archivo dictado por el TSJPV. Y es que después de que, a petición de la Fiscalía, el juez Garzón se inhibiera a favor del tribunal valenciano por la presunta implicación de aforados autonómicos en esta trama, la Sala de lo Civil y Penal archivó el asunto al no ver indicios de delito ni en el presidente Camps -por los famosos trajes- ni en el secretario regional Ricardo Costa ni en los también cargos políticos Víctor Campos o Rafael Betoret. Esta vertiente de la «Gürtel» está pendiente de la resolución de los recursos de Fiscalía y PSOE valenciano.
Pero el grueso de la trama se sigue encontrando en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Desde que el magistrado Antonio Pedreira asumió esta investigación ha ido encadenando las prórrogas del secreto de sumario, de forma que hasta ahora sólo se conoce la parte de las actuaciones que instruyó el juez Garzón: 17.000 folios de los cerca de 60.000 con los que contaba el sumario a fecha 6 de octubre de 2009. La investigación no ha parado en ningún momento, y a las declaraciones de los imputados -ahora 66-, y la práctica de innumerables diligencias, hay que sumar la respuesta de hasta quince comisiones rogatorias cursadas por el instructor de Madrid. Todas están relacionadas con la estructura internacional presuntamente ideada por Correa e integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda participadas por entidades creadas en paraísos fiscales.
Pero no son los presuntos delitos económicos y contra la Hacienda Pública los que han convertido la «Gürtel» en arma arrojadiza entre el Gobierno y el principal partido de la oposición -que no ha dudado en querellarse contra Garzón por presunta prevaricación ni en llevar al CGPJ las «filtraciones» de un sumario declarado secreto-. Es precisamente la implicación de las Administraciones Públicas en las operaciones de Correa la que ha hecho correr ríos de tinta y poner en entredicho la gestión de varios ayuntamientos madrileños. Todo ello antes de que trascendiera que los socialistas catalanes tenían la corrupción en casa («operación Pretoria»).
Sobres con dinero, relojes, bolsos, pantallas de plasma o coches eran sólo algunos de los pagos a los políticos a cambio de posibles favores. En concreto, los investigadores cifran en más de cinco millones de euros (5.332.071) los pagos que bien en metálico o en especie Correa hizo a autoridades públicas. Todo ello para conseguir contratos y adjudicaciones. También el senador Luis Bárcenas, habría sido receptor, según la Policía Judicial, de un millón de euros.
Otra parte en el Supremo
La investigación sobre su persona, y sobre el diputado Jesús Merino, se encuentra en el Tribunal Supremo, dada su condición de aforados. Los dos parlamentarios comparecieron en el Alto Tribunal a finales del pasado julio y ambos se desvincularon de las iniciales que figuran en la contabilidad «B» de Correa.
El «caso Gürtel» cumple un año sin que la investigación haya hecho más que empezar. El número de imputados, con sus consiguientes y muy probables recursos, aventuran que una instrucción todavía larga. De momento, algunas defensas se han dado de bruces con el primer intento de anular las conversaciones intervenidas entre abogados y clientes en prisión. Pedreira las ha avalado, pero este capítulo no está ni mucho menos cerrado. De hecho la Sala se tiene que pronunciar sobre otros recursos en este sentido y el Colegio de Abogados ya ha anunciado que se querellará por la vulneración de un derecho fundamental.
abc.es
Ha pasado ya un año de este auto de prisión, desde que los primeros detenidos de la «Gürtel», la presunta trama de corrupción en la que se ha visto implicado el Partido Popular, empezaran a desfilar ante el juez Baltasar Garzón, primer instructor de esta causa. Poco se sabía entonces de una investigación que había arrancado seis meses antes en la Audiencia Nacional y que se basaba en gran medida en intervenciones telefónicas. Pero lo que ya parecía a esas alturas cuanto menos inoportuno era que el magistrado y el entonces ministro de Justicia compartieran cacecía en Jaén el mismo fin de semana en que los principales implicados de la «trama» dormían en calabozos. Este dato, sumado a su gestión en el Ministerio, convirtió a Mariano Fernández Bermejo en una de las primeras víctimas políticas de la «Gürtel». Luego vendrían todas las del PP, las que durante estos doce meses se han quedado en el camino: más de una decena (entre diputados autonómicos, ex alcaldes y otros cargos del partido) han sido expulsados o cesados por la dirección nacional de Génova. Asociación ilícita, blanqueo, tráfico de influencias, falsedad documental o fraude fiscal son sólo algunos de los cargos a los que se enfrentan, entre otros, los diputados madrileños Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Boch, o los ex regidores de Boadilla, Arganda, Pozuelo o Majadahonda: Arturo González Panero, Ginés López, Jesús Sepúlveda o Guillermo Ortega, respectivamente.
La vertiente valenciana
Otros políticos, fuera ya de la «Gürtel», soportan, como el presidente valenciano, Francisco Camps, el peso de continuar atado a la Justicia por recursos que no dejan morir el archivo dictado por el TSJPV. Y es que después de que, a petición de la Fiscalía, el juez Garzón se inhibiera a favor del tribunal valenciano por la presunta implicación de aforados autonómicos en esta trama, la Sala de lo Civil y Penal archivó el asunto al no ver indicios de delito ni en el presidente Camps -por los famosos trajes- ni en el secretario regional Ricardo Costa ni en los también cargos políticos Víctor Campos o Rafael Betoret. Esta vertiente de la «Gürtel» está pendiente de la resolución de los recursos de Fiscalía y PSOE valenciano.
Pero el grueso de la trama se sigue encontrando en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Desde que el magistrado Antonio Pedreira asumió esta investigación ha ido encadenando las prórrogas del secreto de sumario, de forma que hasta ahora sólo se conoce la parte de las actuaciones que instruyó el juez Garzón: 17.000 folios de los cerca de 60.000 con los que contaba el sumario a fecha 6 de octubre de 2009. La investigación no ha parado en ningún momento, y a las declaraciones de los imputados -ahora 66-, y la práctica de innumerables diligencias, hay que sumar la respuesta de hasta quince comisiones rogatorias cursadas por el instructor de Madrid. Todas están relacionadas con la estructura internacional presuntamente ideada por Correa e integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda participadas por entidades creadas en paraísos fiscales.
Pero no son los presuntos delitos económicos y contra la Hacienda Pública los que han convertido la «Gürtel» en arma arrojadiza entre el Gobierno y el principal partido de la oposición -que no ha dudado en querellarse contra Garzón por presunta prevaricación ni en llevar al CGPJ las «filtraciones» de un sumario declarado secreto-. Es precisamente la implicación de las Administraciones Públicas en las operaciones de Correa la que ha hecho correr ríos de tinta y poner en entredicho la gestión de varios ayuntamientos madrileños. Todo ello antes de que trascendiera que los socialistas catalanes tenían la corrupción en casa («operación Pretoria»).
Sobres con dinero, relojes, bolsos, pantallas de plasma o coches eran sólo algunos de los pagos a los políticos a cambio de posibles favores. En concreto, los investigadores cifran en más de cinco millones de euros (5.332.071) los pagos que bien en metálico o en especie Correa hizo a autoridades públicas. Todo ello para conseguir contratos y adjudicaciones. También el senador Luis Bárcenas, habría sido receptor, según la Policía Judicial, de un millón de euros.
Otra parte en el Supremo
La investigación sobre su persona, y sobre el diputado Jesús Merino, se encuentra en el Tribunal Supremo, dada su condición de aforados. Los dos parlamentarios comparecieron en el Alto Tribunal a finales del pasado julio y ambos se desvincularon de las iniciales que figuran en la contabilidad «B» de Correa.
El «caso Gürtel» cumple un año sin que la investigación haya hecho más que empezar. El número de imputados, con sus consiguientes y muy probables recursos, aventuran que una instrucción todavía larga. De momento, algunas defensas se han dado de bruces con el primer intento de anular las conversaciones intervenidas entre abogados y clientes en prisión. Pedreira las ha avalado, pero este capítulo no está ni mucho menos cerrado. De hecho la Sala se tiene que pronunciar sobre otros recursos en este sentido y el Colegio de Abogados ya ha anunciado que se querellará por la vulneración de un derecho fundamental.
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