TRIBUNALES | Leonor García, del PPEuropa Press | Málaga
El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga tiene previsto juzgar este martes a la ex alcaldesa de la localidad malagueña de Cártama Leonor García Agua (PP), para la que la Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión y 16 de inhabilitación para empleo o cargo público por la concesión de dos licencias de segregación para suelo calificado como no urbanizable.
Según se precisa en las conclusiones provisionales del fiscal, la acusada, "con pleno conocimiento de su injusticia", dictó en junio de 2003 un decreto por el que se concedía una licencia municipal de segregación a solicitud de un particular para llevar a efecto la separación en cinco lotes de superficies de una finca en dicho término municipal.
A través de un segundo decreto se otorgaría otro permiso, pedido por el mismo particular, para llevar a efecto la segregación de dos lotes de superficies en la misma finca. Según la acusación pública, el suelo de las parcelas para las que se concedió las licencias "está clasificado y calificado como no urbanizable, protección especial compatible paisaje agrario singular".
En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el ministerio fiscal señala que en ese tipo de suelo, tanto las normas subsidiarias de planeamiento de la localidad como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, "prohíben cualquier parcelación urbanística como la que se ha producido con ocasión de las licencias ilícitamente concedidas", lo que "no podía ser ignorado por la acusada".
Asimismo, la Fiscalía sostiene que la entonces regidora "prescindió absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la concesión de las licencias, al dictarlas sin contar con los preceptivos informes técnico y jurídico -así se recoge expresamente en los decretos de concesión de licencia-". Esta circunstancia "le fue puesta de manifiesto en cada expediente por el secretario".
Así, se le acusa por dos delitos contra la ordenación del territorio, solicitando por cada uno de ellos una pena de un año de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además, se insta a que se declare la nulidad de las licencias concedidas.
elmundo.es
Según se precisa en las conclusiones provisionales del fiscal, la acusada, "con pleno conocimiento de su injusticia", dictó en junio de 2003 un decreto por el que se concedía una licencia municipal de segregación a solicitud de un particular para llevar a efecto la separación en cinco lotes de superficies de una finca en dicho término municipal.
A través de un segundo decreto se otorgaría otro permiso, pedido por el mismo particular, para llevar a efecto la segregación de dos lotes de superficies en la misma finca. Según la acusación pública, el suelo de las parcelas para las que se concedió las licencias "está clasificado y calificado como no urbanizable, protección especial compatible paisaje agrario singular".
En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el ministerio fiscal señala que en ese tipo de suelo, tanto las normas subsidiarias de planeamiento de la localidad como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, "prohíben cualquier parcelación urbanística como la que se ha producido con ocasión de las licencias ilícitamente concedidas", lo que "no podía ser ignorado por la acusada".
Asimismo, la Fiscalía sostiene que la entonces regidora "prescindió absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la concesión de las licencias, al dictarlas sin contar con los preceptivos informes técnico y jurídico -así se recoge expresamente en los decretos de concesión de licencia-". Esta circunstancia "le fue puesta de manifiesto en cada expediente por el secretario".
Así, se le acusa por dos delitos contra la ordenación del territorio, solicitando por cada uno de ellos una pena de un año de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además, se insta a que se declare la nulidad de las licencias concedidas.
elmundo.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario