Dos constructoras que supuestamente financiaron al PP recibieron plusvalías de más del 10% al abandonar el proyecto
V.V.
Dos de las constructoras vinculadas a Francisco Correa que, según el informe de la Brigada contra el Blanqueo, pudieron financiar de manera irregular al PP de Valencia, se vieron beneficiadas por cuantiosas plusvalías del erario público a través de la controvertida operación urbanística del barrio valenciano de El Cabanyal. Sedesa y Lubasa entraron a formar parte de la sociedad mixta participada por la Generalitat y por el Ayuntamiento de Rita Barberá para construir nuevas viviendas en el barrio pero, tres años después, abandonaron el proyecto recibiendo plusvalías del 10 por ciento de su inversión inicial.
El enfrentamiento entre el Ministerio de Cultura y Rita Barberá es actual, pero en 2005 el proyecto estaba en pleno auge y la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia crearon la sociedad Cabanyal 2010 SA, participada por ambas instituciones en un 55 por ciento. Al proyecto se incorporaron también 11 constructoras que pretendía desarrollar más de 1.500 nuevas viviendas en el barrio.
Plusvalías por encima del 10%
Entre estas constructoras, a las que se adjudicó el proyecto a dedo, se encontraban dos de las sociedades de Francisco Correa que supuestamente financiaron de manera irregular el PP de Camp: Sedesa y Lubasa. La sociedad se disolvió tres años después, en 2008, y aunque ya presentaba pérdidas en esa época, las constructoras salieron muy beneficiadas del cierre. Según informa el diario Público, el último informe de la Sindicatura de Comptes (el equivalente al Tribunal de Cuentas en la Comunidad Valenciana) demuestra que las empresas que conformaron la sociedad obtuvieron plusvalías por encima del 10 por ciento de sus inversiones.
Compensación a pesar de las pérdidas
Esto significa que, pese al fracaso del proyecto, las constructoras de Correa no sólo recuperaron su inversión inicial en la sociedad mixta (un total de 7,8 millones de euros), sino que además recibieron una cuantiosa “compensación" cifrada en 870.000 euros. Según el informe de la Sindicatura, se tomó como referencia para fijar esta indemnización el IPC “más un punto”. Pero alerta también de que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barberá inclumplieron los estatutos de Cabanyal 2010 SA. En ellos se fijaba que se podrían recomprar las acciones de las constructoras con el erario público, pero una vez transcurridos diez años desde la creación de la sociedad.
Por encima del valor del mercado
En resumen, Lubasa entró en la sociedad mixta haciendo una inversión de 928.000 euros a cambio de 1.856 acciones, y se marchó recibiendo por su venta 1.030.520 euros. Por su parte, Sedesa se hizo en 2005 con 500 acciones por valor de 250.000 euros, y las revendió tres años después por 277.619 euros. La Sindicatura de Comptes recuerda que Cabanyal 2010 SA ya estaba sufriendo pérdidas, por lo que las acciones no debieron venderse por su valor nominal, sino por su valor real de mercado, que era inferior al del momento de la compra. Sin embargo, la Generalitat y el Ayuntamiento pagaron de las arcas públicas el mencionado beneficio.
Demanda de la UE
Además, en octubre de 2009 la Comisión Europea anunció que tiene previsto demandar a España (las comunidades no tienen autonomía jurídica de cara a las instituciones de la UE) por el sistema de contratación que empleó el Instituto Valenciano de Vivienda, a través del cual estaba representada la Generalitat en Cabanyal 2010 SA. La Comisión considera que hubo una vulneración en el principio de igualdad de trato a la hora de elegir a los socios de la empresa. No obstante, desde el consistorio de Barberá aseguran que toda la operación se hizo “de acuerdo a la ley” y que esta demanda europea “quedó en nada”.
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elplural.com
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Plusvalías por encima del 10%
Entre estas constructoras, a las que se adjudicó el proyecto a dedo, se encontraban dos de las sociedades de Francisco Correa que supuestamente financiaron de manera irregular el PP de Camp: Sedesa y Lubasa. La sociedad se disolvió tres años después, en 2008, y aunque ya presentaba pérdidas en esa época, las constructoras salieron muy beneficiadas del cierre. Según informa el diario Público, el último informe de la Sindicatura de Comptes (el equivalente al Tribunal de Cuentas en la Comunidad Valenciana) demuestra que las empresas que conformaron la sociedad obtuvieron plusvalías por encima del 10 por ciento de sus inversiones.
Compensación a pesar de las pérdidas
Esto significa que, pese al fracaso del proyecto, las constructoras de Correa no sólo recuperaron su inversión inicial en la sociedad mixta (un total de 7,8 millones de euros), sino que además recibieron una cuantiosa “compensación" cifrada en 870.000 euros. Según el informe de la Sindicatura, se tomó como referencia para fijar esta indemnización el IPC “más un punto”. Pero alerta también de que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barberá inclumplieron los estatutos de Cabanyal 2010 SA. En ellos se fijaba que se podrían recomprar las acciones de las constructoras con el erario público, pero una vez transcurridos diez años desde la creación de la sociedad.
Por encima del valor del mercado
En resumen, Lubasa entró en la sociedad mixta haciendo una inversión de 928.000 euros a cambio de 1.856 acciones, y se marchó recibiendo por su venta 1.030.520 euros. Por su parte, Sedesa se hizo en 2005 con 500 acciones por valor de 250.000 euros, y las revendió tres años después por 277.619 euros. La Sindicatura de Comptes recuerda que Cabanyal 2010 SA ya estaba sufriendo pérdidas, por lo que las acciones no debieron venderse por su valor nominal, sino por su valor real de mercado, que era inferior al del momento de la compra. Sin embargo, la Generalitat y el Ayuntamiento pagaron de las arcas públicas el mencionado beneficio.
Demanda de la UE
Además, en octubre de 2009 la Comisión Europea anunció que tiene previsto demandar a España (las comunidades no tienen autonomía jurídica de cara a las instituciones de la UE) por el sistema de contratación que empleó el Instituto Valenciano de Vivienda, a través del cual estaba representada la Generalitat en Cabanyal 2010 SA. La Comisión considera que hubo una vulneración en el principio de igualdad de trato a la hora de elegir a los socios de la empresa. No obstante, desde el consistorio de Barberá aseguran que toda la operación se hizo “de acuerdo a la ley” y que esta demanda europea “quedó en nada”.
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