Efe | Málaga
La ex alcaldesa de la localidad malagueña de Cártama Leonor García Agua ha reconocido al juez que la juzga por conceder dos licencias supuestamente ilegales que la autorización fue suya, pero que debió firmarlas por un error administrativo.
García Agua ha asegurado que cuando firmó, seguramente creía que era para unas liquidaciones de tasas y ha destacado que no busca responsabilidades porque la firma es suya, pero que "en ese momento no tenía conocimiento de lo que firmaba".
Ha precisado que no se ha lucrado ni ha beneficiado a nadie y ha explicado al ministerio público que no puede sospechar de ningún funcionario del consistorio al entender que todo puedo deberse a un fallo humano.
Por su parte, el fiscal ha mantenido su petición global de dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por dos delitos contra la ordenación del territorio al entender que es imposible que la ex alcaldesa no se diese cuenta de lo que estaba firmando.
El ministerio público mantiene que García Agua, "prescindió absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la concesión de las licencias, al dictarlas sin contar con los preceptivos informes técnicos y jurídicos", según el escrito acusativo, al que ha tenido acceso Efe.
Además, el fiscal mantiene que dicha circunstancia le fue puesta de manifiesto en cada expediente por el secretario de la corporación, pero que, pese a ello, "con pleno conocimiento de la injusticia" concedió las mencionadas licencias en junio de 2003.
El suelo de las parcelas a las que se concedió los permisos está clasificado y calificado como no urbanizable, por protección especial compatible con paisaje agrario singular, que prohíben cualquier parcelación urbanística.
La ex regidora, siempre según la versión de la acusación pública, concedió la primera licencia a un particular para llevar a efecto la separación de cinco lotes de superficies de una finca y, con el segundo decreto, se daba permiso a la misma persona, para realizar la segregación de dos lotes de superficies en la misma finca.
elmundo.es
García Agua ha asegurado que cuando firmó, seguramente creía que era para unas liquidaciones de tasas y ha destacado que no busca responsabilidades porque la firma es suya, pero que "en ese momento no tenía conocimiento de lo que firmaba".
Ha precisado que no se ha lucrado ni ha beneficiado a nadie y ha explicado al ministerio público que no puede sospechar de ningún funcionario del consistorio al entender que todo puedo deberse a un fallo humano.
Por su parte, el fiscal ha mantenido su petición global de dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por dos delitos contra la ordenación del territorio al entender que es imposible que la ex alcaldesa no se diese cuenta de lo que estaba firmando.
El ministerio público mantiene que García Agua, "prescindió absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la concesión de las licencias, al dictarlas sin contar con los preceptivos informes técnicos y jurídicos", según el escrito acusativo, al que ha tenido acceso Efe.
Además, el fiscal mantiene que dicha circunstancia le fue puesta de manifiesto en cada expediente por el secretario de la corporación, pero que, pese a ello, "con pleno conocimiento de la injusticia" concedió las mencionadas licencias en junio de 2003.
El suelo de las parcelas a las que se concedió los permisos está clasificado y calificado como no urbanizable, por protección especial compatible con paisaje agrario singular, que prohíben cualquier parcelación urbanística.
La ex regidora, siempre según la versión de la acusación pública, concedió la primera licencia a un particular para llevar a efecto la separación de cinco lotes de superficies de una finca y, con el segundo decreto, se daba permiso a la misma persona, para realizar la segregación de dos lotes de superficies en la misma finca.
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