* También acepta 8,5 años de inhabilitación especial por las naves construidas en zona verde
Efe | Sevilla
El ex alcalde de Guillena Justo Padilla (PSOE) ha aceptado este lunes una condena de inhabilitación para ejercer de alcalde, concejal y para todo cargo público que tenga que ver con la concesión de licencias urbanísticas, por lo que se ha suspendido el juicio contra él previsto para el martes.
Fuentes del caso han informado de que Padilla ha comparecido hoy ante la juez de lo Penal 12 de Sevilla, ante la que ha aceptado una condena por prevaricación por permitir la construcción de chalés ilegales en la urbanización Lagos del Serrano. Además, ha firmado con la Fiscalía la resolución de las diligencias relativas a la concesión de licencia de obra para construir naves en un entorno reservado para zona verde, caso por el que ha aceptado una condena de ocho años y medio de inhabilitación especial y una multa de 2.700 euros.
Padilla presentó su dimisión en mayo de 2009, después de 30 años ocupando el cargo, en una decisión que, según dijo entonces a Efe, tenía meditada desde que se presentó a las últimas elecciones y no guarda relación con las dos causas judiciales que tiene abiertas.
La Fiscalía de Sevilla ha retirado su anterior petición de un año de cárcel para el ex alcalde y únicamente ha mantenido la inhabilitación para cargo municipal y para empleo público relacionado con la concesión de licencias.
A la vista de la conformidad, el juzgado ha suspendido el juicio previsto para mañana, en el que estaban citados como testigos varios propietarios de Lagos del Serrano.
El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo imputó a Padilla por no impedir la construcción de chalés, cobrar las tasas municipales y permitir la electrificación de la zona.
El caso de las naves
Éste era uno de los dos juicios pendientes del ex alcalde; en la otra causa el fiscal pedía para él 45 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación para todo cargo público por dar licencia para construir unas naves en el polígono El Cerro de la localidad.
Las actuales diligencias fueron iniciadas por la Fiscalía tras recibir la denuncia de varias decenas de parcelistas, contrariados porque la Asociación de Propietarios les reclamaba 2.100 euros a cada uno para los trabajos de electrificación, prohibidos tras la declaración del paraje como no urbanizable.
Un informe de la Policía Autonómica elevado al Juzgado en 2004 indicó que 186 de las 990 parcelas ya estaban construidas y en ellas se podrían haber hecho pozos ciegos que "podrían estar contaminando con aguas fecales los acuíferos subterráneos y las aguas del embalse de Cala", que abastece a la mayor parte de la provincia.
elmundo.es
Fuentes del caso han informado de que Padilla ha comparecido hoy ante la juez de lo Penal 12 de Sevilla, ante la que ha aceptado una condena por prevaricación por permitir la construcción de chalés ilegales en la urbanización Lagos del Serrano. Además, ha firmado con la Fiscalía la resolución de las diligencias relativas a la concesión de licencia de obra para construir naves en un entorno reservado para zona verde, caso por el que ha aceptado una condena de ocho años y medio de inhabilitación especial y una multa de 2.700 euros.
Padilla presentó su dimisión en mayo de 2009, después de 30 años ocupando el cargo, en una decisión que, según dijo entonces a Efe, tenía meditada desde que se presentó a las últimas elecciones y no guarda relación con las dos causas judiciales que tiene abiertas.
La Fiscalía de Sevilla ha retirado su anterior petición de un año de cárcel para el ex alcalde y únicamente ha mantenido la inhabilitación para cargo municipal y para empleo público relacionado con la concesión de licencias.
A la vista de la conformidad, el juzgado ha suspendido el juicio previsto para mañana, en el que estaban citados como testigos varios propietarios de Lagos del Serrano.
El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo imputó a Padilla por no impedir la construcción de chalés, cobrar las tasas municipales y permitir la electrificación de la zona.
El caso de las naves
Éste era uno de los dos juicios pendientes del ex alcalde; en la otra causa el fiscal pedía para él 45 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación para todo cargo público por dar licencia para construir unas naves en el polígono El Cerro de la localidad.
Las actuales diligencias fueron iniciadas por la Fiscalía tras recibir la denuncia de varias decenas de parcelistas, contrariados porque la Asociación de Propietarios les reclamaba 2.100 euros a cada uno para los trabajos de electrificación, prohibidos tras la declaración del paraje como no urbanizable.
Un informe de la Policía Autonómica elevado al Juzgado en 2004 indicó que 186 de las 990 parcelas ya estaban construidas y en ellas se podrían haber hecho pozos ciegos que "podrían estar contaminando con aguas fecales los acuíferos subterráneos y las aguas del embalse de Cala", que abastece a la mayor parte de la provincia.
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