Abierta una nueva causa para exigir al saqueador del Palau el dinero malversado
P. RÍOS / LL. PELLICER - Barcelona
Se estrecha el acoso al saqueador confeso Fèlix Millet. El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para esclarecer el destino de los fondos públicos que supuestamente malversaron el presidente del Palau de la Música, y su mano derecha, Jordi Montull.
La decisión fue comunicada ayer a la fiscalía, a la Abogacía del Estado, al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat y al Consorcio del Palau de la Música, que ahora tienen un plazo de cinco días para solicitar que se nombre un delegado instructor o para reclamar el archivo del caso.
Representantes de esas instituciones anunciaron ayer mismo que optarán por la primera alternativa para facilitar que este organismo fiscalizador acabe reclamando a Millet y Montull la devolución de todo el dinero público supuestamente malversado y que se cuantifica en 3,8 millones de euros. Existen precedentes de decisiones de este tipo, como ocurrió con el que fuera presidente de la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat, Paz Dorado, o con los ex directivos de Ferrocarrils de la Generalitat, que se asignaron suculentas indemnizaciones si eran relevados de sus cargos. Estas decisiones del Tribunal de Cuentas, además, son independientes del proceso judicial y los afectados tienen la obligación de devolver el dinero público malversado si se les exige.
En el caso de Millet y Montull se da la circunstancia de que el juez del caso, Juli Solaz, ha rechazado hasta ahora imputarles por el delito de malversación de fondos públicos, pese a la petición que les ha planteado el abogado del Orfeó Català y de la Fundación y que cuenta con el apoyo del fiscal y de los abogados del consorcio.
La decisión del Tribunal de Cuentas de actuar contra Millet se produce después de recibir el informe de fiscalización del ejercicio que le envió la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre el Palau de la Música y que fue elaborado a partir de los datos remitidos por la Intervención de la Generalitat.
Esos documentos revelan que el Consorcio del Palau, en el que están representados el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Cultura y la Generalitat, pagó al Orfeó Català 1,7 millones de euros que no están registrados ni justificados. Existen también otros 224.052 euros que sí se ingresaron, pero tienen defectos de justificación y se constata una partida de 750.154 euros por obras y suministros realizados en el Palau, pero que, en realidad, se realizaron en los domicilios de los acusados o de sus familias. De esta cifra, 172.000 euros se incluyeron para justificar dos créditos del Instituto Catalán de Finanzas. También se recuerda, entre otras irregularidades, que se gastaron otros 623.00 euros con fondos del Ministerio de Cultura, que Millet cobró retribuciones incompatibles con su sueldo. Por ello, el Tribunal concluye: "existe un riesgo de revocación parcial de la subvención recibida y exigencia del reintegro".Las investigaciones del caso Palau apuntan desde ayer a otro actor más, Enric Fernández Ferrer, que entre 2002 y 2005 formó parte del equipo de la Intervención General de la Generalitat que auditaba las cuentas del consorcio del Palau de la Música y que, además, es la pareja sentimental de la imputada Gemma Montull. Ayer el Gobierno catalán decidió apartar a Fernández de sus funciones actuales de interventor del Instituto Catalán de Salud tras hallar facturas que indican que varias obras del domicilio que comparte con Montull se sufragaron con dinero de la Fundación Orfeó Català.
Según informó el Departamento de Economía y Finanzas, la auditoría que sigue elaborando Deloitte halló varias facturas de unas obras en la casa de Montull y Fernández en Teià (Maresme) que se sufragaron con fondos del Palau. Según la Generalitat, la pareja desvió 97.000 euros. Fuentes del Ejecutivo catalán aseguraron que las facturas eran recientes, por lo que el presunto delito no se produjo en la etapa en la que participó en la auditoría de cuentas del consorcio.
Fernández aseguró ayer a este diario que desconocía la existencia de estas facturas y agregó que no tenía nada que decir al respecto. "Pregúntele por las facturas al señor Montull", remachó. Fernández tampoco quiso aclarar si sigue manteniendo su relación con Gemma Montull, puesto que consideró que eso corresponde a su vida privada.
La Generalitat ya había abierto a Fernández un expediente reservado por sus vinculaciones afectivas con la ex directora financiera e imputada del caso Millet y para comprobar que había actuado con "total profesionalidad" mientras ejerció de auditor. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno catalán no disponía de ninguna prueba que señalara a Fernández.
Fuentes de Economía y Finanzas explicaron que el departamento ampliará ahora el expediente con estos hechos para ver si de ellos se derivan "nuevas responsabilidades" que requieran "otras medidas administrativas". Entre éstas, podría estar la suspensión de empleo y sueldo. El Ejecutivo también remitió esas facturas a la fiscalía.
Desde que trascendió la relación entre Fernández y Montull, el Departamento de Economía y la actual administración del Palau han mantenido la discreción por considerar que, en principio, nada tenía que ver con las prácticas que están siendo todavía indagadas. De hecho, Fernández se había remitido hasta ahora al juez, reclamando que se le involucrara en el caso.
De las novedades que vayan surgiendo, pero también de todo lo sucedido hasta hora, darán cuenta los gestores del Palau a los socios de la Asociación Orfeó Català el próximo 26 de febrero, para cuando se ha convocado la asamblea general de la entidad. En ella, explicaron fuentes del Palau, se tratará todo lo ocurrido desde el mes de julio, cuando los Mossos intervinieron el Palau de la Música, hasta hoy.
La junta directiva, presidida por Mariona Carulla, ha acordado poner sus cargos a disposición de la asamblea para legitimar los órganos de gobierno de una institución que aún no ha podido terminar la auditoría para conocer el alcance del saqueo.
elpaís.com
La decisión fue comunicada ayer a la fiscalía, a la Abogacía del Estado, al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat y al Consorcio del Palau de la Música, que ahora tienen un plazo de cinco días para solicitar que se nombre un delegado instructor o para reclamar el archivo del caso.
Representantes de esas instituciones anunciaron ayer mismo que optarán por la primera alternativa para facilitar que este organismo fiscalizador acabe reclamando a Millet y Montull la devolución de todo el dinero público supuestamente malversado y que se cuantifica en 3,8 millones de euros. Existen precedentes de decisiones de este tipo, como ocurrió con el que fuera presidente de la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat, Paz Dorado, o con los ex directivos de Ferrocarrils de la Generalitat, que se asignaron suculentas indemnizaciones si eran relevados de sus cargos. Estas decisiones del Tribunal de Cuentas, además, son independientes del proceso judicial y los afectados tienen la obligación de devolver el dinero público malversado si se les exige.
En el caso de Millet y Montull se da la circunstancia de que el juez del caso, Juli Solaz, ha rechazado hasta ahora imputarles por el delito de malversación de fondos públicos, pese a la petición que les ha planteado el abogado del Orfeó Català y de la Fundación y que cuenta con el apoyo del fiscal y de los abogados del consorcio.
La decisión del Tribunal de Cuentas de actuar contra Millet se produce después de recibir el informe de fiscalización del ejercicio que le envió la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre el Palau de la Música y que fue elaborado a partir de los datos remitidos por la Intervención de la Generalitat.
Esos documentos revelan que el Consorcio del Palau, en el que están representados el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Cultura y la Generalitat, pagó al Orfeó Català 1,7 millones de euros que no están registrados ni justificados. Existen también otros 224.052 euros que sí se ingresaron, pero tienen defectos de justificación y se constata una partida de 750.154 euros por obras y suministros realizados en el Palau, pero que, en realidad, se realizaron en los domicilios de los acusados o de sus familias. De esta cifra, 172.000 euros se incluyeron para justificar dos créditos del Instituto Catalán de Finanzas. También se recuerda, entre otras irregularidades, que se gastaron otros 623.00 euros con fondos del Ministerio de Cultura, que Millet cobró retribuciones incompatibles con su sueldo. Por ello, el Tribunal concluye: "existe un riesgo de revocación parcial de la subvención recibida y exigencia del reintegro".Las investigaciones del caso Palau apuntan desde ayer a otro actor más, Enric Fernández Ferrer, que entre 2002 y 2005 formó parte del equipo de la Intervención General de la Generalitat que auditaba las cuentas del consorcio del Palau de la Música y que, además, es la pareja sentimental de la imputada Gemma Montull. Ayer el Gobierno catalán decidió apartar a Fernández de sus funciones actuales de interventor del Instituto Catalán de Salud tras hallar facturas que indican que varias obras del domicilio que comparte con Montull se sufragaron con dinero de la Fundación Orfeó Català.
Según informó el Departamento de Economía y Finanzas, la auditoría que sigue elaborando Deloitte halló varias facturas de unas obras en la casa de Montull y Fernández en Teià (Maresme) que se sufragaron con fondos del Palau. Según la Generalitat, la pareja desvió 97.000 euros. Fuentes del Ejecutivo catalán aseguraron que las facturas eran recientes, por lo que el presunto delito no se produjo en la etapa en la que participó en la auditoría de cuentas del consorcio.
Fernández aseguró ayer a este diario que desconocía la existencia de estas facturas y agregó que no tenía nada que decir al respecto. "Pregúntele por las facturas al señor Montull", remachó. Fernández tampoco quiso aclarar si sigue manteniendo su relación con Gemma Montull, puesto que consideró que eso corresponde a su vida privada.
La Generalitat ya había abierto a Fernández un expediente reservado por sus vinculaciones afectivas con la ex directora financiera e imputada del caso Millet y para comprobar que había actuado con "total profesionalidad" mientras ejerció de auditor. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno catalán no disponía de ninguna prueba que señalara a Fernández.
Fuentes de Economía y Finanzas explicaron que el departamento ampliará ahora el expediente con estos hechos para ver si de ellos se derivan "nuevas responsabilidades" que requieran "otras medidas administrativas". Entre éstas, podría estar la suspensión de empleo y sueldo. El Ejecutivo también remitió esas facturas a la fiscalía.
Desde que trascendió la relación entre Fernández y Montull, el Departamento de Economía y la actual administración del Palau han mantenido la discreción por considerar que, en principio, nada tenía que ver con las prácticas que están siendo todavía indagadas. De hecho, Fernández se había remitido hasta ahora al juez, reclamando que se le involucrara en el caso.
De las novedades que vayan surgiendo, pero también de todo lo sucedido hasta hora, darán cuenta los gestores del Palau a los socios de la Asociación Orfeó Català el próximo 26 de febrero, para cuando se ha convocado la asamblea general de la entidad. En ella, explicaron fuentes del Palau, se tratará todo lo ocurrido desde el mes de julio, cuando los Mossos intervinieron el Palau de la Música, hasta hoy.
La junta directiva, presidida por Mariona Carulla, ha acordado poner sus cargos a disposición de la asamblea para legitimar los órganos de gobierno de una institución que aún no ha podido terminar la auditoría para conocer el alcance del saqueo.
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