domingo, 31 de enero de 2010

IU ACUSA A AGUIRRE DE SER PRESIDENTA GRACIAS A LA CORRUPCIÓN

La coalición rechaza que la presidenta le favoreciera en Caja Madrid

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL - Madrid

Sólo dos días después de que Esperanza Aguirre se alegrara de haberle dado un cargo a Izquierda Unida en la cúpula de Caja Madrid para perjudicar a su propio partido, la coalición de izquierdas le ha demostrado lo agradecida que está. "En Madrid hoy está Esperanza Aguirre de presidenta, la de los hijoputas, porque la corrupción atentó contra la soberanía del pueblo", proclamó ayer sin tapujos el coordinador general de IU, Cayo Lara, al término de un acto contra la corrupción en Madrid.

El líder de IU devuelve así al primer plano el episodio más polémico de la carrera de la presidenta, que logró la mayoría necesaria para gobernar gracias a dos diputados socialistas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que tras las elecciones de 2003 abandonaron sus escaños en la Asamblea de Madrid en una maniobra coordinada con unos constructores ligados al PP. La traición dio la mayoría necesaria al PP para gobernar, aunque la mayoría definitiva se formó meses después tras una repetición de las elecciones pactada por los partidos a raíz del escándalo.

En el mismo acto de esta mañana contra la corrupción, la formación a la que Aguirre está encantada de haberle regalado supuestamente un cargo para perjudicar a su compañero Alberto Ruiz-Gallardón ("el hijoputa", según una conversación privada grabada a la presidenta accidentalmente el pasado jueves) no ha dudado en proclamar que la trama Gürtel no es otra cosa que un caso de financiación ilegal del PP. Así lo dijo también Cayo Lara, aunque añadió la palabra "supuesta" a la financiación ilegal. Lo hizo, según dijo, porque no es parlamentario y no tiene inmunidad en sus declaraciones.

El pasado jueves, Esperanza Aguirre le comentó en privado a su vicepresidente en la Comunidad de Madrid, Ignacio González: "Hemos tenido la inmensa suerte de darle un puesto a IU quitándoselo al hijoputa". Se refería al nuevo reparto de poder en Caja Madrid y se mostraba preocupada por su poder en la entidad. La conversación, durante un acto público en la sierra de Madrid, fue recogida accidentalmente por un micrófono abierto y escuchada en directo por unas 150 personas. Desde entonces el PP guarda un silencio atronador ante la evidencia de que Aguirre está satisfecha con haber perjudicado a un "hijoputa" de su propio partido. Aguirre sólo se ha referido a sus palabras para negar que se trate de Alberto Ruiz-Gallardón y ha asegurado que esa persona es un ex consejero de Caja Madrid, defenestrado en el nuevo reparto de cargos, que era de la absoluta confianza del alcalde.

Preguntado después de la concentración de esta mañana, el coordinador de IU en Madrid, Gregorio Gordo, aseguró desconocer por completo a qué se puede estar refiriendo Aguirre, ya que IU "mantiene exactamente lo mismo que tenía en Caja Madrid".

IU culminaba esta mañana, con este acto público en el Ateneo de Madrid, una "marcha contra la corrupción" que ha llegado a juntar sus momentos finales unas 500 personas en un recorrido de dos días desde la localidad toledana de Seseña hasta el centro de Madrid. Más que Cayo Lara y que el diputado de IU, Gaspar Llamazares, la verdadera estrella del acto fue el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, famoso por paralizar un megaproyecto urbanístico en su pueblo. Fuentes está inmerso en un proceso por injurias al constructor, Francisco Hernando El Pocero, y la batalla entre el alcalde y el promotor se ha convertido en un símbolo de los excesos urbanísticos y la lucha contra la corrupción municipal. La cúpula de IU se preguntó públicamente por qué Fuentes no recibe el apoyo ni la solidaridad del resto de partidos políticos, y apuntó con especial insistencia al PSOE.

Durante el acto, Fuentes, que recibió una ovación en pie de todo el salón de actos del Ateneo, explicó en una sola frase el origen de la corrupción municipal y de los excesos urbanísticos: "Cuando se elabora un plan urbanístico, dibujar una línea un centímetro más arriba o más abajo mete millones de euros en los bolsillos de los que siempre se aprovechan de la clase trabajadora".

En este contexto, el diputado Gaspar Llamazares aprovechó para atacar la anunciada reforma de las pensiones y de la edad de jubilación que prepara el Gobierno. "Dicen que lo hacen por responsabilidad, pero no hay responsabilidad sin principios, y esta decisión abandona los principios del socialismo y de la izquierda", dijo Llamazares. El diputado defenderá en este periodo de sesiones una propuesta de 48 medidas contra la corrupción que inciden sobre todo en la transparencia de la gestión municipal.

Consulte las propuestas de IU contra la corrupción
DOCUMENTO (PDF - 792,96Kb) - 31-01-2010

elpaís.com

NUEVOS DAOS SOBRE MALVERSACIÓN Y PREVARICACIÓN DE ALGUNOS POPULARES EN EL EPICENTRO DE LA GÜRTEL

JOSÉ MARÍA GARRIDO

La justicia da otro varapalo al PP de Esperanza Aguirre

El Juzgado de Instrucción número uno de Móstoles ha apreciado indicios de malversación y prevaricación continuada sobre la gestión que José María de la Mata Arranz, Arturo González Panero y José Galeote realizaron en su etapa en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Así, el juez ha pedido a la acusación -Partido Socialista y Alternativa por Boadilla (ApB)- que soliciten la apertura de juicio oral.

La querella, que fue presentada por el PSOE en el año 2001, y a la que posteriormente se sumó ApB, fue presentada porque Panero abonó el trabajo del letrado Gustavo Galán -compañero sentimental de otra imputada en la trama Gürtel, Isabel Jordán-, como defensor del equipo municipal. Según la acusación, Galán cobró por defender e incluso presentar demandas a terceros a cargo del presupuesto municipal.

Con dinero público
Por ejemplo, en un decreto del 12 de mayo de 2000, González Panero aprobó la contratación del abogado Galán para el ejercicio de acciones judiciales en la defensa del derecho al honor de José Galeote, según el fiscal. Como concejal de Hacienda, José María de la Mata Arranz, era el encargado de pagar las facturas a Gustavo Galán.

Panero y Aguirre antes de que estallara el caso Gürtel

Arturo González Panero
Pese a que el ex alcalde de Boadilla del Monte ya fue imputado por este caso en 2001, el PP permitió que fuera designado como candidato a las elecciones municipales de 2003 y 2007. En la actualidad, González Panero se enfrenta al embargo de sus bienes para afrontar el pago de la fianza de los 1,8 millones de euros por su presunta participación en el caso Gürtel.

José Galeote (el primero a la derecha) junto a su mujer. De la Mata es el primero a la izquierda.

José Galeote
Fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte desde 1995 a 2003. Luego trabajó como asesor del Alcalde y de Asuntos Institucionales –cargo que compaginó ilegalmente con el de Juez de Paz durante tres meses hasta que el TSJM de Madrid le hizo renunciar-. Fue una de las personas que acompañó a Arturo González Panero y Francisco Correa a Miami Beach, lugar donde el ex regidor de Boadilla pudo haber adquirido varias propiedades.

En el año 2004, los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón le nombraron gerente del Consorcio Deportivo y de Servicios de la zona noroeste de Madrid. El hecho no tendría ninguna relevancia de no ser porque José Galeote estaba jubilado, con lo que no podría percibir otras retribuciones por su trabajo. Además, está prohibido desempeñar un puesto de trabajo en el sector público a personas mayores de 70 años. El juez Antonio Pedreira le puso una fianza de un millón de euros por su implicación en la Gürtel.

José María de la Mata Arranz
Desde el jueves 19 de noviembre de 2009, José María de la Mata Arranz (un hombre de máxima confianza de Arturo González Panero), es secretario de Formación del PP de Boadilla. Con anterioridad, fue concejal de Hacienda del Partido Popular durante dos legislaturas.

Duro varapalo
Sin duda, la decisión del Juzgado de Instrucción número uno de Móstoles supone un nuevo varapalo al Partido Popular que controla Esperanza Aguirre.

jmgarrido@elplural.com

"CASO ARCOS"; EL PP PIDE LA REAPERTURA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN DIPUTACIÓN

CORRUPCIÓN | Alcaucín

Europa Press | Málaga

El Partido Popular en la Diputación provincial ha registrado la petición de reapertura de la Comisión de Investigación que analice las manifestaciones y documentos incluidos en el sumario del caso 'Arcos', para determinar las posibles responsabilidades políticas del ente supramunicipal, según pudo conocer Europa Press.

Esta petición se reitera tras la apertura del sumario del caso 'Arcos', el que se investiga, a través del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez Málaga, al ex regidor de Alcaucín José Manuel Martín Alba, por una trama de corrupción urbanística.

Esta comisión se constituyó en marzo del pasado año a petición del grupo popular, pero el primer día que se puso en marcha, el presidente del ente público, Salvador Pendón, "le dio carpetazo", según recordó el portavoz popular, Francisco Salado.

"La Diputación Provincial tiene la obligación política y moral de analizar hasta dónde llega su grado de implicación en este asunto y depurar responsabilidades, pero que la investigación no quede en la mecánica del propio equipo de gobierno", mantuvo.

Según Salado, la imputación del jefe del Servicio de Arquitectura del ente supramunicipal en el caso 'Arcos' y la existencia de documentos con el sello de la institución investigados en la trama denota el "descontrol en cuestiones urbanísticas y de planeamiento que existe en algunas áreas del ente supramunicipal, y la falta de rigor y capacidad de gestión de Pendón y su equipo de gobierno".

Por lo tanto, según argumentaron los populares, se debe retomar la comisión y exigir la comparecencia de Marisa Bustinduy, Juan Paniagua y Luis Reina, quienes tenían conocimiento de lo que sucedía en Alcaucín porque un particular les hizo llegar unas cartas donde se explicaba la situación. Para el PP, quienes entonces eran los máximos responsables del PSOE en Málaga deben "explicar por qué eludieron sus responsabilidades", apuntó Salado.

En este sentido, Salado indicó además que la delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio en Málaga, Josefa López, también conocía las supuestas prácticas irregulares que cometía el entonces alcalde de Alcaucín como queda reflejado en el sumario. Por ello, el PP exige su dimisión "por faltar a su responsabilidad".

El portavoz popular explicó que el PP se personará como acusación popular en el caso 'Arcos' para "impedir" que la Junta de Andalucía eluda sus responsabilidades en el ordenamiento urbanístico del municipio. "Vamos a demostrar la vinculación por omisión de la Junta en la trama porque sabían los que sucedía", añadió. Así, Salado recordó que la Junta dejó de investigar una denuncia urbanística en el municipio por un informe del que era arquitecto de la Diputación.

elmundo.es

IU DENUNCIA QUE NO EXISTE "VOLUNTAD POLÍTICA" PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN

PROTESTA | Marcha de dos días de Seseña (Toledo) a Madrid

Aspecto de la marcha, ya en las calles de Madrid. | Efe

Europa Press | Madrid

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, denunció que los partidos políticos "no respalden la lucha contra la corrupción" y traten de "normalizarla", en lugar de defender "la honestidad y decencia de lo público".

En el acto público que cerró la 'Marcha contra la corrupción' que se inició el sábado en Seseña, Lara se preguntó por qué ningún político ha mostrado su apoyo al alcalde de esta localidad, Manuel Fuentes, condenado a indemnizar a Francisco Hernando, 'El Pocero', por un delito de calumnias. En su opinión, no existen "voluntades políticas" para acabar con la corrupción.

Para apoyar al alcalde de Seseña y defender la proposición no de Ley de 48 medidas contra la corrupción que IU ha presentado para su debate en el Congreso, la coalición inició el sábado una marcha desde Seseña que culminó hoy en el Ateneo de Madrid, en la que han participado más de 400 personas a las que hoy se han unido otras tantas, según los organizadores.

'No todos los políticos somos iguales', defiende Lara
Sin embargo, la coalición denunció que no han contado con los apoyos de otros grupos políticos. "No todos los políticos somos iguales", dijo Lara al respecto, por lo que pidió a los ciudadanos que no dejen de votar.

En este sentido, el alcalde de Seseña criticó la ausencia de "compañeros de viaje" en esta marcha y se preguntó si el hecho de que los otros grupos políticos no se hayan pronunciado representa un "silencio de complicidad". Así, Fuentes ironizó con el asunto y dijo que los alcaldes lo que habitualmente hacen son "largas caminatas para preguntar ¿qué hay de lo mío?".

Por su parte, el diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, responsabilizó de esta situación al "modelo económico que no tiene frenos democráticos". Por ello, defendió un "control económico de la economía y la intervención pública del Estado".

Asimismo, el coordinador de IU en la Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, afirmó que 'El Pocero' "no es el problema" pues, a su juicio, es "el resultado de unas leyes que propician que haya 'Poceros'".

Apoyo un plan integral
Por todo ello, el objetivo final de esta concentración fue apoyar el Plan integral de lucha contra la corrupción, que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa Per Catalunya Verds presentó para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Entre las medidas propuestas destacan la "ampliación de los tipos penales y el endurecimiento de las penas". En este sentido, Lara recordó que "donde tienen que estar los chorizos es en la cárcel".

Asimismo, la propuesta incluye medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, como la creación de un registro de tenedores de billetes de 500 euros, así como medidas de control de los procesos de contratación de las Administraciones Públicas.

Por otra parte, resaltaron la necesidad de acabar con el transfuguismo y con la financiación irregular de los partidos políticos. El coordinador general de IU destacó que "detrás de cada corrompido hay un corruptor" lo que, a su juicio, da lugar a "relaciones de dependencia mafiosa".

Además
* 'Aguirre preside Madrid porque la corrupción atentó'

elmundo.es

sábado, 30 de enero de 2010

"CASO MERCASEVILLA"; EL PP PIDE AL JUEZ QUE EXIJA A MERCASEVILLA LA AUDITORÍA "COMPLETA" DE DELOITTE

Además de las cuentas

Europa Press | Sevilla

El PP ha pedido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye el caso Mercasevilla, que exija a la comisión ejecutiva de la empresa el "informe completo" de Deloitte, al considerar que la auditoría entregada el pasado día 27 sobre los "estados financieros" de la entidad al 30 de abril de 2009 "no se corresponde con el informe encargado para el análisis crítico de los procedimientos administrativos".

Así, en el escrito remitido a la juez Mercedes Alaya por el PP, se solicita que "a través de la Policía Judicial se requiera a la comisión ejecutiva de Mercasevilla a fin de que entregue de manera inmediata al juzgado el informe completo realizado por Deloitte".

En concreto, recuerda que éste pretendía un "análisis crítico de los procedimientos administrativos llevados a cabo en Mercasevilla por sus anteriores directivos sin conocimiento y, por tanto, sin la autorización y sin la mínima información a los miembros de la comisión ejecutiva, a fin de detectar cuantas incidencias se haya producido en la gestión de gastos, inversión, pagos, créditos, traspasos, contrataciones y asuntos de personal sin el sometimiento y sin comunicación a los órganos de la empresa".

Del mismo modo, apunta que el "informe preliminar" de dicho trabajo "fue finalizado el 5 de junio de 2009" y que "la comisión ejecutiva, tras su conocimiento, ordenó completar" el mismo, como aparece recogido en el acuerdo alcanzado por dicho órgano en su reunión del 26 de junio de 2009, cuyo documento también remite el PP a la juez.

Fue en esta reunión en la que la comisión ejecutiva propuso al consejo de administración "la disolución de la Fundación Socio-asistencial de Mercasevilla en la que se ha detectado que por parte de sus gestores se han venido realizando actuaciones a espaldas totalmente del Patronato y sin la aprobación de ninguno de sus órganos de gobierno de la misma".

La auditoría elaborada por Deloitte sobre las cuentas generales de la sociedad, presentada en el Consejo de Administración reunido el pasado 27 de enero, revela que el ejercicio 2008, cuando la directiva liderada por Fernando Mellet repartió dividendos de 258.000 euros, arrojó pérdidas que superaron los 1,5 millones de euros.

Además
* Mercasevilla señala a Ponce como cerebro del 'maquillaje' de las cuentas | Los 13 imputados
* La Junta dice que 'no está en sus manos' salvar a Mercasevilla
* Auditoría revela que había pérdidas cuando se daban beneficios

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"/"CASO MATAS"; EL PERITO DEL PALACETE TASA SÓLO LA BIBLIOTECA EN 50.000 EUROS

* El arquitecto de la Fiscalía cifra en 1,3M€ la reforma del palacete
* Gastó 50.000 euros en electrodomésticos y 772.095 euros en obras
* 'Tenían TV en todas las habitaciones'


Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Rafael Balaguer, arquitecto y perito de la Fiscalía Anticorrupción, ha presentado al juez que investiga el incremento patrimonial del ex presidente balear Jaume Matas y si éste tiene un origen ilícito un peritaje en el que analiza el valor de la reforma que el ex dirigente del PP realizó en la vivienda de 525 metros cuadrados que adquirió y rehabilitó siendo líder del Ejecutivo autonómico.

En su informe, aportado al sumario del caso Palma Arena que dio origen a la investigación y a disposición de las partes, Balaguer calcula que Matas invirtió 50.000 euros en una "biblioteca fija" para una de las salas, otros 50.000 euros en electrodomésticos ó 772.095 euros en obras. Así hasta alcanzar una suma total, IVA incluido y siempre según su estimación, de 1.361.992,24 euros. Cifra superior a la cantidad abonada según la escritura por la vivienda: 950.000 euros.

Balaguer, que fue uno de los integrantes de la comitiva judicial que el 6 de noviembre registró por primera vez la casa, coloquialmente conocida como el palacete por ocupar una planta de una casa señorial del centro histórico de Palma de estilo "manierista", describe las diferentes estancias y los materiales usados.

elmundo.es

LOS CHÓFERES DE FABRA REVELAN CÓMO LES DABA SOBRES CON DINERO PARA INGRESAR

Afirman que sólo él se los entregaba y que llegaban a ir varias veces al día al banco

M. FABRA - Castellón

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entregaba sobres con dinero a sus chóferes y éstos acudían al banco a realizar los ingresos. Así se desprende del interrogatorio al que fueron sometidos ayer los dos conductores oficiales, que acudieron al juzgado número 1 de Nules, donde se investiga a Fabra de la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias, cohecho y prevaricación) y fraude fiscal. Los dos aseguraron que la única persona que les entregaba aquellos sobres era el propio Fabra y que éstos no portaban ningún distintivo que pudiera identificar su procedencia. Ni membrete de la Diputación, ni destinatario, ni remitente. Los sobres, según dijeron, iban cerrados. Con esa afirmación, sostuvieron que desconocían las cantidades que portaban, aunque no pudieron dejar de admitir que sabían que era dinero.

Una de las cuentas registró 20 ingresos en cuatro días sin origen justificado

Según su declaración, llegaban al banco, entregaban el sobre, allí se contaba y les certificaban su entrega con un documento que, tal como dijeron, guardaban pero ni miraban.

La Agencia Tributaria detectó, sólo en 1999, más de un centenar de ingresos en las cuentas de Carlos Fabra y de su entonces esposa, María Amparo Fernández. Hacienda denunció un desfase de 600.000 euros entre el dinero declarado y los movimientos e ingresos en los bancos. De esa cantidad, 300.000 euros eran atribuibles directamente a Fabra, que no aportó "ninguna justificación ni explicación mínimamente aceptable en cuanto al origen de los mismos", tal como señaló la propia Agencia Tributaria. Los inspectores de Hacienda requirieron al presidente de la Diputación hasta en 17 ocasiones con el fin de que aclarara sus cuentas. La única explicación que ofreció es que sacaba el dinero, lo guardaba unos días en su casa y, posteriormente, lo volvía ingresar.

Por ello, se llamó a declarar a los cajeros de las entidades bancarias con el fin de saber quién realizaba los ingresos en las cuentas. Tres empleados de dos entidades diferentes identificaron al "chófer de Fabra" como la persona que acudía al banco. Dado que entonces la presidencia de la Diputación de Castellón contaba con dos conductores oficiales, José Salvador del Campo y Guillermo Redón, el juez citó para ayer a los dos. Y ambos reconocieron haber sido porteadores del dinero.

En muchos casos, las cantidades ingresadas en efectivo no superaban los 3.000 euros. En uno de los bancos en los que el chófer fue identificado, la cuenta de Fabra registró, en cuatro días, una veintena de ingresos sin origen justificado. Así, los conductores también fueron interrogados por las ocasiones en las que realizaban esta operación y sólo alcanzaron a decir que "bastantes", además de reconocer que incluso realizaban varias en el mismo día.

El asunto del chófer portando sobres ya salió a la palestra en 2007, cuando la secretaria de Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, aseguró ante el juez que Del Campo acudía a la fábrica a recoger "sobres y cajas".

La relación de Carlos Fabra con, al menos, uno de sus chóferes sobrepasa el plano profesional. José Salvador del Campo Marín fundó, en 1995 y junto a conocidos empresarios de la provincia, una empresa minera cuyas acciones parcialmente revendió a la esposa de Fabra y en la que el propio presidente de la Diputación contaba con una participación del 30%. Además, la hija de Del Campo fue una de las agraciadas con una beca concedida por el Instituto Valenciano de la Exportación, de la Generalitat valenciana.

Dos causas pendientes
- El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, fue acusado por un empresario de cobrar cantidades millonarias por mediar ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para agilizar autorizaciones de productos fitosanitarios. Desde hace seis años se le investiga por la posible comisión de varios delitos (tráfico de influencias y cohecho, entre otros). Además, la Agencia Tributaria presentó denuncia por fraude fiscal, tras detectar un desfase entre sus declaraciones de Hacienda y el dinero de sus cuentas, entre ellas, una en la que sus chóferes ingresaron los sobres con dinero. También tiene un procedimiento por falsificar sellos y analíticas para lograr autorizaciones para fabricar pesticidas y herbicidas.

* ¿De quién es la querella?

Carlos Fabra Carreras
A FONDO

Nacimiento:
1946

Lugar:
Castellón

elpaís.com

viernes, 29 de enero de 2010

LA JUEZA DEL "CASO POLOP" ABRIRÁ OTRO SUMARIO CON LA TRAMA URBANÍSTICA

La segunda causa investigará tráfico de influencias y blanqueo de capitales

ARTUR BALAGUER - Benidorm

La investigación judicial por el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP, acabará en dos sumarios. El primero, para investigar estrictamente el crimen, por el que ya hay siete encarcelados, entre ellos, el sucesor de Ponsoda en el cargo, Juan Cano, considerado como el autor intelectual del complot para controlar sin oposición el urbanismo del municipio. Y el segundo indagará la trama urbanística surgida en el pueblo y amparada por Cano, en su calidad de responsable del área de urbanística del consistorio.

La magistrada del caso, la titular del juzgado número 2 de La Vila Joiosa, ha decidido deducir testimonio de las actuaciones practicadas para remitirlas a otro juzgado con el fin de iniciar otro procedimiento judicial para depurar responsabilidades de las numerosas irregularidades urbanísticas detectadas por la Guardia Civil. Así que la juez María Antonia Raedo llevará todo lo relacionado con el crimen y otro juzgado de La Vila, la investigación urbanística.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya solicitó a la juez el 3 de julio de 2008 que ampliara el procedimiento a la investigación de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Para esclarecer que el móvil fue urbanístico, la investigación de la policía se centró en la actividad que desarrolló la concejalía que dirigía Juan Cano y en los sectores especialmente conflictivos. De todo ello se deriva la sospecha de que hubo un enriquecimiento ilícito del arquitecto técnico José Vicente Martí, íntimamente relacionado con Cano hasta el punto de que cuando dejó de ser concejal en 2003, Martí y otro técnico del consistorio continuaron reuniéndose con Cano en su domicilio.

Martí creó en 2002, estando en el Ayuntamiento, la empresa Urbanismo e Ingeniería (UEI) La Marina, con la que obligaron a trabajar a todos los agentes con intereses urbanísticos, ya que la misma aprobación de los proyectos dependía de sus informes. Sólo a los del sector llamado PRI Rotonda les llegaron a cobrar 82.576,92 euros.Las diligencias policiales sobre la trama urbanística que dirigía el ex alcalde de Polop Juan Cano y por la que éste acabó ordenando a dos sicarios la ejecución de su antecesor, Alejandro Ponsoda, copan el grueso del sumario. Las diligencias del caso, miles y miles de folios, ocupan ya un total de 30 tomos.

La documentación más destacada en el apartado urbanístico recae sobre dos sectores de suelo catalogado como no urbanizable en el llamado PAU Matet, en la falda de la montaña del término de Polop. En el registro del despacho de Cano en el consistorio que efectuó la Guardia Civil el día de su detención, el pasado 23 de noviembre, apareció un plano con el avance de la modificación del PGOU de Polop para la inclusión de un nuevo sector de suelo urbanizable residencial y un procedimiento de tramitación del sector para su ampliación.

El grupo Bahía de Benidorm compró 650.000 metros cuadrados en 2005 por 3.247.000 euros. Grupo Bahía, SL, y la familia Siscar de Polop presentaron un proyecto (en este caso de alrededor de 300.000 metros cuadrados) para urbanizar en Matet, que el pleno del consistorio rechazó, a pesar de las presiones que soportó Ponsoda. Ya en 2003, Román Zurutuza, abogado y presidente del Club Náutico de Altea, había presentado un convenio para urbanizar otros 700.000 metros cuadrados.

La Guardia Civil estuvo esperando una reunión que se produjo el 21 de julio de 2008 en el Ayuntamiento en la que habrían estado Cano y Montiel por el consistorio, Pedro Agulló en representación de Bahía y el propio Román Zurutuza. Algunas conversaciones grabadas a Cano dejan al descubierto que estaban buscando fórmulas para eludir la intervención de la Generalitat, ya que en Polop no se puede reclasificar terreno si no está desarrollado el 60% del suelo urbanizable existente. Y cuando empezaron a tramar esta operación para construir miles de viviendas, en 2003, ni siquiera se había urbanizado un 10% de los sectores.

Otro sector investigado en profundidad fue el que se adjudicó en agosto de 2004 a una Agrupación de Interés Urbanístico que animó a crear Ponsoda y que presentó su alternativa técnica contra Balcón de Ponoig, SL, la empresa a la que pretendía adjudicarle la condición de agente urbanizador Juan Cano, que luego ha retrasado la publicación del proyecto de reparcelación que presentaron los propietarios. Es más, le dijo a la presidenta de los propietarios que nunca se aprobaría. Sin embargo, la agrupación alquiló para sus reuniones un local propiedad de la mujer de Cano por el que pagaron casi 12.000 euros entre 2005, 2006 y 2007.

La justificación dada por la responsable fue que con ese gesto intentaron limar asperezas con Cano, que aunque durante esos años no era concejal, mantenía su capacidad de influencia política en el pueblo.

elpaís.com

EL TRIBUNAL DE CUENTAS PERSIGUE A MILLET

Abierta una nueva causa para exigir al saqueador del Palau el dinero malversado

P. RÍOS / LL. PELLICER - Barcelona

Se estrecha el acoso al saqueador confeso Fèlix Millet. El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para esclarecer el destino de los fondos públicos que supuestamente malversaron el presidente del Palau de la Música, y su mano derecha, Jordi Montull.

La decisión fue comunicada ayer a la fiscalía, a la Abogacía del Estado, al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat y al Consorcio del Palau de la Música, que ahora tienen un plazo de cinco días para solicitar que se nombre un delegado instructor o para reclamar el archivo del caso.

Representantes de esas instituciones anunciaron ayer mismo que optarán por la primera alternativa para facilitar que este organismo fiscalizador acabe reclamando a Millet y Montull la devolución de todo el dinero público supuestamente malversado y que se cuantifica en 3,8 millones de euros. Existen precedentes de decisiones de este tipo, como ocurrió con el que fuera presidente de la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat, Paz Dorado, o con los ex directivos de Ferrocarrils de la Generalitat, que se asignaron suculentas indemnizaciones si eran relevados de sus cargos. Estas decisiones del Tribunal de Cuentas, además, son independientes del proceso judicial y los afectados tienen la obligación de devolver el dinero público malversado si se les exige.

En el caso de Millet y Montull se da la circunstancia de que el juez del caso, Juli Solaz, ha rechazado hasta ahora imputarles por el delito de malversación de fondos públicos, pese a la petición que les ha planteado el abogado del Orfeó Català y de la Fundación y que cuenta con el apoyo del fiscal y de los abogados del consorcio.

La decisión del Tribunal de Cuentas de actuar contra Millet se produce después de recibir el informe de fiscalización del ejercicio que le envió la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre el Palau de la Música y que fue elaborado a partir de los datos remitidos por la Intervención de la Generalitat.

Esos documentos revelan que el Consorcio del Palau, en el que están representados el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Cultura y la Generalitat, pagó al Orfeó Català 1,7 millones de euros que no están registrados ni justificados. Existen también otros 224.052 euros que sí se ingresaron, pero tienen defectos de justificación y se constata una partida de 750.154 euros por obras y suministros realizados en el Palau, pero que, en realidad, se realizaron en los domicilios de los acusados o de sus familias. De esta cifra, 172.000 euros se incluyeron para justificar dos créditos del Instituto Catalán de Finanzas. También se recuerda, entre otras irregularidades, que se gastaron otros 623.00 euros con fondos del Ministerio de Cultura, que Millet cobró retribuciones incompatibles con su sueldo. Por ello, el Tribunal concluye: "existe un riesgo de revocación parcial de la subvención recibida y exigencia del reintegro".Las investigaciones del caso Palau apuntan desde ayer a otro actor más, Enric Fernández Ferrer, que entre 2002 y 2005 formó parte del equipo de la Intervención General de la Generalitat que auditaba las cuentas del consorcio del Palau de la Música y que, además, es la pareja sentimental de la imputada Gemma Montull. Ayer el Gobierno catalán decidió apartar a Fernández de sus funciones actuales de interventor del Instituto Catalán de Salud tras hallar facturas que indican que varias obras del domicilio que comparte con Montull se sufragaron con dinero de la Fundación Orfeó Català.

Según informó el Departamento de Economía y Finanzas, la auditoría que sigue elaborando Deloitte halló varias facturas de unas obras en la casa de Montull y Fernández en Teià (Maresme) que se sufragaron con fondos del Palau. Según la Generalitat, la pareja desvió 97.000 euros. Fuentes del Ejecutivo catalán aseguraron que las facturas eran recientes, por lo que el presunto delito no se produjo en la etapa en la que participó en la auditoría de cuentas del consorcio.

Fernández aseguró ayer a este diario que desconocía la existencia de estas facturas y agregó que no tenía nada que decir al respecto. "Pregúntele por las facturas al señor Montull", remachó. Fernández tampoco quiso aclarar si sigue manteniendo su relación con Gemma Montull, puesto que consideró que eso corresponde a su vida privada.

La Generalitat ya había abierto a Fernández un expediente reservado por sus vinculaciones afectivas con la ex directora financiera e imputada del caso Millet y para comprobar que había actuado con "total profesionalidad" mientras ejerció de auditor. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno catalán no disponía de ninguna prueba que señalara a Fernández.

Fuentes de Economía y Finanzas explicaron que el departamento ampliará ahora el expediente con estos hechos para ver si de ellos se derivan "nuevas responsabilidades" que requieran "otras medidas administrativas". Entre éstas, podría estar la suspensión de empleo y sueldo. El Ejecutivo también remitió esas facturas a la fiscalía.

Desde que trascendió la relación entre Fernández y Montull, el Departamento de Economía y la actual administración del Palau han mantenido la discreción por considerar que, en principio, nada tenía que ver con las prácticas que están siendo todavía indagadas. De hecho, Fernández se había remitido hasta ahora al juez, reclamando que se le involucrara en el caso.

De las novedades que vayan surgiendo, pero también de todo lo sucedido hasta hora, darán cuenta los gestores del Palau a los socios de la Asociación Orfeó Català el próximo 26 de febrero, para cuando se ha convocado la asamblea general de la entidad. En ella, explicaron fuentes del Palau, se tratará todo lo ocurrido desde el mes de julio, cuando los Mossos intervinieron el Palau de la Música, hasta hoy.

La junta directiva, presidida por Mariona Carulla, ha acordado poner sus cargos a disposición de la asamblea para legitimar los órganos de gobierno de una institución que aún no ha podido terminar la auditoría para conocer el alcance del saqueo.

elpaís.com

EL SUPREMO NO ADMITE LA QUERELLA DEL PP CONTRA CHAVES POR EL "CASO MATSA"

El Tribunal Supremo ha decidido no admitir la querella que presentó el PP contra Manuel Chaves, actual vicepresidente tercero del Gobierno, al que acusaba de prevaricación y tráfico de influencias por los incentivos que concedió la Junta de Andalucía, cuando él era presidente, a un proyecto de la empresa Matsa, de la que es representante legal una hija de Chaves. El alto tribunal entiende que los hechos referidos a Chaves no son delictivos, pero aún estudia los referidos a otras personas incluidas en la querella del PP. Según fuentes del Supremo, continúan las deliberaciones sobre los otros querellados.

El PP presentó en julio del pasado año la querella por los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias contra el político andaluz, por el incentivo de 10.093.472,70 euros que la Junta dio a la multinacional canadiense Matsa. El PP sostenía, en cuanto al delito de prevaricación, que Chaves no se abstuvo en el trámite de la subvención y presidió el Consejo de Gobierno de la Junta que la aprobó, "a pesar de conocer de modo indubitado que su hija (...) era nada menos que la responsable del departamento jurídico de la empresa favorecida". También asegura que el ex presidente andaluz sabía que la propuesta no se ajustaba a derecho y no concurrían los requisitos legales para acceder a "tan importante incentivo". Respecto al tráfico de influencias, la querella dice que Chaves intervino ante los órganos rectores de la Agencia IDEA, que otorgó la subvención, para que se librara.

Ataques del PP
El PP andaluz, especialmente Javier Arenas, había hecho un caballo de batalla de las supuestas irregularidades en la concesión del incentivo a la multinacional, que incluso presentó y retiró otra acción judicial en el que acusaba al que fuera presidente de la Junta de Andalucía de haber incumplido la ley de Incompatibilidades por no haberse abstenido en la tramitación.

Chaves ha tenido que responder durante el año pasado a las preguntas que le han planteado en el pleno del Congreso de los Diputados los dirigentes del PP. El vicepresidente ha defendido en todo momento la legalidad de la subvención, la transparencia con la que fue concedida, así como que en ningún caso tuvo conocimiento del trámite para solicitarlo en el que participaba su hija.

Manuel Chaves González
A FONDO

Nacimiento:
07-07-1945

Lugar:
Ceuta

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"CASO MAQUILLAJE"; REGISTRAN LA SEDE DE RADIOTELEVISIÓ DE MALLORCA

CORRUPCIÓN | Por orden judicial

La sede de Televisió de Mallorca esta tarde | Jordi Avellà

Europa Press | Palma

Agentes de la Policía Judicial han registrado este viernes las oficinas centrales de Radiotelevisió de Mallorca y se incautaron de numerosa documentación y material en el marco del caso Maquillaje, que investiga la presunta malversación de fondos públicos durante la pasada legislatura desde el Consell en forma de contratos directos y subvenciones irregulares a varias productoras audiovisuales.

Así lo han confirmado fuentes cercanas al caso, que explicaron que durante la operación, ordenada por el magistrado que instruye la causa, Juan Ignacio Lope Sola, los efectivos policiales registraron diversos ordenadores y material de archivo de la sede, ubicada en el Polígono Son Castelló de Palma, que fue incautado para que sea analizado de forma pormenorizada.

Durante el registro han estado presentes, asimismo, el ex director general de la radiotelevisión, Antoni Moragues, y el ex director de Televisió de Mallorca, Miquel Oliver, así como sus respectivos abogados.

Precisamente, ambos se encuentran imputados dentro del sumario, el primero de ellos por su vinculación con una de las empresas audiovisuales investigadas, Vídeo U, y el segundo por la actividad que llevó a cabo en el Consell durante las contrataciones y seguimientos de contratos también con Vídeo U y con otra productora, Studio Media.

Cabe recordar que la Operación Maquillaje, iniciada el pasado 21 de octubre con los registros llevados a cabo ese día en organismos oficiales como el Consell y en distintas empresas audiovisuales, fue abierta en el marco del caso Son Oms, que investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono palmesano se cometieron delitos de alcance millonario por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas mediante el cobro de comisiones.

Además
* El fiscal calla ante el promotor de los 'chollos' de los Munar
* P&R: Las preguntas que Carrrau se 'olvida' en el tintero
* Opinión:Demasiado dinero en efectivo
* La Fiscalía no pide medidas cautelares para Miquel Munar

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"CASO PALMA ARENA"; MATAS SE SUMA A LA PETICIÓN DE NULIDAD DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE SU PATRIMONIO

Recurso ante la Audiencia

* Su abogado se adhiere al argumento de que no tiene conexión con el Palma Arena
* Perera insiste en que el ex presidente del Govern 'desea declarar y colaborar'
* Matas y su mujer están citadon el próximo 23 de marzo como imputados

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El ex presidente del Govern, Jaume Matas, se adhiere al escrito presentado por una de las empresarias imputadas a raíz de la investigación judicial de su patrimonio en el que se solicita que se decrete la nulidad de la investigación. Rafael Perera, abogado de Matas en la causa, ha elevado un escrito al juez en el que, en nombre de su cliente, se suma al "incidente de nulidad" reclamado por Josefa Lorca el pasado 23 de diciembre.

Lorca, que vendió equipamiento para la millonaria reforma de la vivienda de Matas (el piso de la calle Sant Feliu coloquialmente conocido como el palacete), planteó que las pesquisas deben ser anuladas debido a una falta de conexión entre la investigación del patrimonio del ex presidente del PP con la causa que dio origen a estas pesquisas: la edificación del velódromo Palma Arena, judicializada por una presunta malversación de caudales públicos .

En su escrito, Perera manifiesta que "una vez planteado tal incidente por otro imputado, la representación procesal de Jaume Matas Palou debe expresar que, por asépticas razones de legalidad y por cuanto concretamente no se aprecia la ineludible conexidad –expresión usada por el juez– delictiva entre los hechos que motivaron la incoación del caso Palma Arena y la investigación patrimonial seguida respecto a Matas, debe ser estimada" la nulidad.

En otras palabras, que la investigación del velódromo, que es la que se inició en el Juzgado de Instrucción nº 3, no podía derivar en una investigación del patrimonio de Matas al no tener relación un caso con el otro. De ser estimada esta nulidad (deberá estudiarlo la Audiencia), podría suponer que se anulasen las pruebas practicadas.

En su escrito, Perera subraya en cualquier caso que Matas, que está citado para declarar como imputado el próximo 23 de marzo, tiene el "deseo de prestar declaración con el fin de aclarar las cuestiones que motivaron" la investigación, iniciada por la Fiscalía hace más de un año e incorporada al caso Palma Arena el 9 de septiembre por decisión del juez José Castro.

Asimismo, especifica que si no recurrió aquella decisión de conectar una causa a la otra en su día, fue "por razones de congruencia con esa postura de colaboración con la Justicia, concretada en esa voluntad de prestar declaración". Un recurso contra aquella decisión, agrega, "pudiera haber sido considerado incoherente y contradictorio con la postura de quien desea poder exponer cuanto antes su versión de los hechos". Ya sea "ante la Fiscalía o ante el Juzgado".

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"CASO FABRA"; UN CHÓFER DE FABRA ADMITE QUE TRANSPORTÓ SOBRES CERRADOS CON DINERO A BANCOS

Según el abogado de la acusación particular

* Cinco empleados de banca declaran en el Juzgado de Instrucción 1 de Nules
* Se le investiga por fraude fiscal y delitos contra la Administración Pública


Efe | Nules (Castellón)

Uno de los chóferes del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha asegurado este viernes ante el juez que llevaba sobres cerrados con dinero a entidades bancarias "bastantes veces", según ha declarado el abogado de la acusación particular en la causa abierta contra el dirigente del PP, Virgilio Latorre.

El juicio que acoge el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha contado también con el testimonio testifical de cinco empleados de banca de las entidades en las que el presidente provincial era titular supuestamente de cuentas bancarias.

Los cinco empleados han declarado desde las 10.15 hasta las 12.15 horas, aunque a su salida han declinado hacer declaraciones.

El empresario José Luis Ramírez Sala, gerente de una empresa de limpieza, ha declarado también como testigo y ha afirmado, tras su declaración, que el juez le ha preguntado sobre las contrataciones de la Diputación con su empresa y las adjudicaciones a la misma, y ha asegurado que "todo está en regla".

El empresario también ha manifestado que él, junto a varios socios, tenían proyectada una urbanización en La Coma que finalmente "se quedó el grupo Marina d'Or". En esa sociedad, ha reconocido Ramírez Sala, "participaba la ex mujer de Carlos Fabra como parte de esa sociedad", aunque "no el propio Carlos Fabra".

Declaran dos chóferes
Tras el empresario han declarado dos chóferes del también presidente provincial del PP en Castellón, que han declinado hacer declaraciones a su salida.

A las 13.15 horas, una vez finalizadas las declaraciones, el abogado de la UCE, personada en la causa como acusación particular, ha manifestado que uno de los chóferes ha reconocido que "iba al banco con sobres cerrados bastantes veces", sobres en los que transportaba dinero, pero de los cuales "desconocía la cantidad" que portaban.

La causa abierta en Nules se inició para investigar la supuesta falsificación de cuños, análisis químicos, sellos y firmas con el objetivo de obtener las autorizaciones necesarias para comercializar plaguicidas procedentes de una empresa asiática.
Varias investigaciones

Fabra está imputado por delito de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas y está siendo investigado por supuestos delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal.

Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, una investigación que la jueza del número 1 de Nules sumó a la causa abierta en 2003 referente a una supuesta falsificación en documentos y permisos para productos los fitosanitarios.

La denuncia que originó estas diligencias fue presentada por el empresario Vicente Vilar ante el Ministerio de Agricultura, que la remitió a Fiscalía Anticorrupción y recayó sobre el citado juzgado, que imputó al empresario, a su ex esposa Montserrat Vives, a Fabra y a su cónyuge, Amparo Fernández.

En la denuncia se reveló una supuesta falsificación de sellos en los documentos de unos productos fitosanitarios con el fin de agilizar la aprobación de las licencias en los correspondientes ministerios, de Agricultura y de Sanidad.

elmundo.es

EL ALCALDE DE BAENA SE JACTA DE QUE RESISTIRÁ TRES AÑOS A LA INVESTIGACIÓN DE EL MUNDO

CÓRDOBA | Se propone para cargos de más responsabilidad

* El alcalde de Baena sigue sosteniendo que todo es fruto de una trama de IU
* El fiscal pide cárcel para dos funcionarios municipales colaboradores de él


Toñi Caravaca | Córdoba

El alcalde de Baena, el también senador socialista Luis Moreno, sigue culpando a Izquierda Unida de haber orquestado una trama política contra su persona «con la colaboración necesaria de la Guardia Civil», dado que el cabo ante el cual prestó la primera declaración el empresario que denunció la presunta red de facturas falsas en el municipio es hermano de una concejal de esta formación en el Consistorio baenense.

Moreno se mantiene en la existencia de la supuesta «trama» a pesar de que el fiscal solicita seis años de prisión para dos funcionarios municipales, Rafael Santano y Juan Díaz respectivamente, por un delito continuado de estafa, y otros seis más para Antonio Jesús Gómez, el propietario de una empresa de carpintería metálica que colaboró en la emisión de estas facturas, aunque con posterioridad lo denunció ante la Guardia Civil, por un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial.

En respuesta a la portavoz de IU, Valle Meneses, que le solicitó este jueves en el pleno municipal una disculpa pública a su grupo por las acusaciones vertidas, insistió en reiteradas ocasiones en que la trama «existe y es absolutamente real. Y, además, es compatible con la futura sentencia, sea absolutoria o condenatoria».

Llamado a más altos cargos
En este sentido, lamentó que se le esté haciendo un juicio «sumarísimo» en la prensa cuando «este alcalde no ha sido ni citado a declarar, ni está imputado» porque «haya un grupo (IU) que está en conveniencia con este medio (EL MUNDO.es)«. Así Moreno aclaró que la causa «es grave pero no de la cuantía del Gürtel ni de otras operaciones en las que ha estado inmerso IU en alguna ocasión».

En cualquier caso, el alcalde aseguró que ya está «amortizado» como político por las veces que ha salido en EL MUNDO. De hecho, dijo que sus apariciones en este periódico podrían suponerle «un nombramiento a un nivel mucho más alto porque si soy capaz de resistir el envite de EL MUNDO durante tres años es que tengo una fortaleza que debe ser aprovechada por el Gobierno».

No obstante, éste dijo a IU que «su estrategia ha fracasado. No se inventen las cosas, no tergiversen y no ganen votos con la suciedad, enfangándolo todo». El alcalde de Baena, quien dijo creer en la Justicia, no obstante, emplazó a la ciudadanía a esperar a conocer la sentencia.

elmundo.es

"OPERACIÓN PONIENTE"; LIBERTAD BAJO FIANZA PARA TRES IMPUTADOS

ALMERÍA | Denegada a Enciso

Europa Press | Almería

La jueza que instruye las diligencias de la 'operación Poniente', Montserrat Peña, contra una presunta trama de corrupción municipal en El Ejido (Almería), ha decretado este viernes libertad bajo fianza de 90.000 euros para el hijo y los dos yernos de José Amate, uno de los empresarios encarcelados junto al alcalde, Juan Enciso, y el ex interventor municipal, José Alemán, a quienes se imputa la comisión de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad.

La magistrada Peña ha dictado, asimismo, otro auto por el que deniega por segunda vez la concesión de la libertad provisional a Enciso, quien la habría solicitado para someterse a una intervención quirúrgica para la que, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, "se le facilitarán todos los medios necesarios para que sea trasladado y operado cuando precise". La juez ha resuelto mantener también la situación procesal del empresario Juan Antonio Galán, en prisión incondicional.

Alberto A., así como Álvaro P. y Manuel C. -maridos de las dos hijas del empresario sevillano, también imputadas junto a su madre en la causa- ingresaron en el centro penitenciario provincial de El Acebuche el pasado 22 de octubre. La investigación incoada en 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y el sumario les señalan como testaferros en las sociedades que formaban el entramado en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales SL (Elsur) de El Ejido, de la que fue director de explotaciones José Amate.

Los tres imputados por delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, no pudieron eludir la prisión como sí hicieron tras el pago de sendas fianzas de 50.000 euros María Luisa A. e Irene A., quienes se negaron a responder en dependencias judiciales a las preguntas de la juez y el fiscal asistidas por el letrado sevillano Miguel Delgado Durán, al igual que Aurora A., quien quedó en libertad con cargos. Amate figura, en la actualidad, como responsable de las subcontratas Arborimar y Maviroad.

Cuatro encarcelados
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha acordado, asimismo, la libertad provisional a José Antonio Galán, administrador aunque ahora ha delegado en otros imputados, su hija Yolanda Galán y el empresario Ambrosio Cuevas, de las subcontratas Jardines del Alcor y Jardines de Poniente, cuyos 87 trabajadores permanecen en huelga desde hace una semana debido a que se les adeuda 224.000 en salarios.

El letrado del regidor ejidense, Francisco Torres, atribuyó la decisión a motivos políticos al señalar que "seguramente incomoda mucho que pueda salir y volver a ser alcalde o presidente de Elsur" y también a razones "mediáticas".

Mientras, la defensa de José Alemán, ejercida por el bufete Lealtadis Abogados, ha decidido no recurrir en apelación el auto ante la Audiencia Provincial, según confirmó el letrado Joaquín Monterreal, quien emplazó al próximo día 4, fecha en que se debe decidir sobre el secreto de sumario decretado sobre las actuaciones, para adoptar nuevas decisiones con respecto a su patrocinado.

elmundo.es

LOS DOS CHÓFERES DE FABRA ADMITEN HABER INGRESADO SOBRES CON DINERO

El juez que investiga un supuesto fraude fiscal del presidente de la Diputación de Castellón les toma declaración tras identificarlos empleados de banca

M. FABRA - Castellón

Los dos chóferes que trabajan para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, han admitido hoy ante el juez haber sido portadores de sobres con dinero que ingresaban en las cuentas de su "jefe". Ambos han acudido al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules para ser interrogados después de que hasta tres cajeros de dos entidades bancarias diferentes les identificaran como las personas que se encargaban de realizar estas operaciones. El juzgado investiga al también presidente del PP de Castellón por supuestos delitos contra la administración pública (tráfico de influencias, cohecho y prevaricación) así como por un presunto fraude fiscal.

Los chóferes han asegurado ante el juez que los sobres en los que portaban el dinero estaban cerrados. Aunque no han alcanzado a fijar la cantidad de veces que realizaron ingresos, han declarado que fueron "bastantes".

La Agencia Tributaria detectó, sólo en 1999, más de un centenar de ingresos cuyo origen Fabra no justificó. En muchos casos, no superaban los 3.000 euros, y, entre lo declarado y lo ingresado, se calculó un desfase de 600.000 euros de los que 300.000 eran atribuibles directamente a Fabra, que no aportó "ninguna justificación ni explicación mínimamente aceptable en cuanto al origen de los mismos".

Los inspectores de Hacienda requirieron al presidente de la Diputación hasta en 17 ocasiones con el fin de que aclarara sus cuentas. La única explicación que ofreció es que sacaba el dinero, lo guardaba unos días en su casa y, posteriormente, lo volvía ingresar.

Para los inspectores, este argumento carece de sentido, ya que algunas cuentas tenían descubiertos que podían haber sido saldados con ese dinero que, en teoría, guardaba en casa.

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Carlos Fabra Carreras
A FONDO

Nacimiento:
1946

Lugar:
Castellón

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MERCASEVILLA SEÑALA A PONCE COMO CEREBRO DEL "MAQUILLAJE" DE LAS CUENTAS

TRIBUNALES | Juicio por el despido del ex directivo de la empresa

F. J. Recio | Sevilla

El ex director adjunto de Mercasevilla, Daniel Ponce, imputado por el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a los empresarios de La Raza, y el actual director gerente de la empresa, Jordi Maymó, se vieron el jueves las caras en el juzgado de lo Social número 10, donde se celebró el juicio por el despido del primero de ellos por parte del segundo el pasado septiembre. Ponce defendió su honestidad y la nulidad del despido. Maymó, a través de los abogados de Mercasevilla, disparó con bala.

La empresa pública señaló a Ponce, durante el juicio, como el cerebro de la manipulación de sus balances con el objetivo de ocultar los resultados negativos. La defensa letrada de Mercasevilla citó y leyó extractos de un correo electrónico que, según aseguró, envió Ponce en agosto de 2006 al ex director general de la empresa, Fernando Mellet –también imputado–, en la que le sugería algunas fórmulas para ‘maquillar’ las cuentas.

En ese escrito, que aún se guarda en el disco duro de Mercasevilla, se pueden leer expresiones como «estamos jugando con un presupuesto que no es real», «puede que no sea ético, pero es perfectamente legal» o, al referirse a un procedimiento que desaconseja, «me han dicho que eso canta mucho».

La letrada de Mercasevilla leyó algunas de estas frases en el juicio, pero el documento no tendrá peso alguno en la sentencia, según advirtió la titular del Juzgado de lo Social 10, por no constar entre las pruebas aportadas al juicio ni figurar alusión alguna al mismo en la carta por la que se le comunicó el despido a Ponce. Tampoco se le hará sitio entre las pruebas a la auditoría de Deloitte presentada al consejo de administración el pasado miércoles, en la que se desvelaba una deuda de 14 millones de euros.

Mercasevilla aún tenía más balas en la recámara. En dos ocasiones, la representante legal de la empresa en el juicio de ayer manifestó que entre las facturas aportadas por Ponce para justificar los gastos de un viaje a Vietnam en el año 2008 figuraban gastos de «bebidas alcohólicas» y de «masajes». No aportó cantidades ni otras circunstancias de esos gastos. Tampoco el abogado de Ponce hizo el intento de defender su idoneidad.

El ex director adjunto aseguró durante su interrogatorio haber entregado los justificantes de un viaje a Vietnam en el año 2007, que Mercasevilla asegura no están en sus archivos. Sobre los del viaje de 2008, Ponce insistió en que entregó las facturas y el dinero sobrante, y que nadie le pidió más explicaciones, hecho que confirmaron el jefe de Contabilidad y el actual director general, que declararon como testigos.

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jueves, 28 de enero de 2010

LA SOMBRA DE "EL BIGOTES" SALPICA AL NUEVO NÚMERO DOS DEL PP VALENCIANO

Álvaro Pérez intermedió en la compra de un Jaguar para Antonio Clemente.-
Génova exige a Interior que explique si se grabó a sus cargos antes de la Gürtel

JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia -

Siempre trabajó con la vista puesta en el futuro. El responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, no perdió ninguna oportunidad para ganarse la confianza de los altos cargos del PP valenciano. En mayo de 2008, tras enterarse de que el entonces portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Antonio Clemente, había decidido retirar su viejo Saab para comprarse un Jaguar, El Bigotes se ofreció a intermediar en la compra del nuevo vehículo. La gestión ofreció un resultado más bien magro. Sobre un precio de venta al público que se acercaba a los 61.000 euros, Antonio Clemente logró un descuento de unos 3.000 euros.

En 2008, Clemente se sentaba junto al escaño de Ricardo Costa, entonces portavoz parlamentario y secretario general del PP valenciano. El pasado mes de octubre, Antonio Clemente, un hombre que no tuvo responsabilidades de contratación en el partido y en la Administración pese a ser un hombre de confianza del presidente Francisco Camps, fue designado como nuevo número dos del partido tras ser suspendido de militancia Ricardo Costa.

El secretario general de los populares valencianos entregó 3.000 euros de señal al concesionario del Jaguar el 20 de mayo de 2008 y abonó la cantidad restante mediante un préstamo bancario formalizado ante notario. Sin embargo, la sombra de El Bigotes ha terminado por salpicar a Clemente, que tiene toda la documentación sobre su vehículo preparada para demostrar que no hizo nada irregular. El Mundo publica hoy una información sobre la compra del Jaguar y el contenido de una conversación entre Clemente y Álvaro Pérez. El periódico, que no reproduce ningún entrecomillado, afirma que la conversación figura en una grabación policial del caso Gürtel.

El PP ha reaccionado con indignación. No porque Álvaro Pérez hubiese llegado a mediar en toda clase de asuntos de sus principales cargos públicos, sino porque consideran que el hecho de que se haya difundido el contenido de la conversación entre Álvaro Pérez y Antonio Clemente en mayo de 2008 demuestra que los populares fueron espiados antes de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón iniciase la instrucción del caso Gürtel.

El vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, ha reclamado hoy al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado que digan si grabaron a dirigentes populares antes de que se abriera el sumario del caso Gürtel con fecha de 6 de agosto de 2008. Respecto a la compra del coche por parte de Antonio Clemente, González Pons ha indicado que no tiene "nada que objetar", pero que "si hay una grabación policial anterior al 6 de agosto, esa grabación es ilegal". "No se pueden grabar conversaciones fuera de las diligencias previas", ha dicho González Pons en una entrevista en la COPE.

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, ha declinado hoy pronunciarse sobre la información referida a Clemente y la propuesta de sanción para su antecesor en el cargo, Ricardo Costa, porque "demanda la sociedad valenciana" es centrarse en "proyectos de futuro". "No voy a hablar de este tema, porque entre otras cosas creo que no hay ni tema", ha manifestado Rambla en relación a la compra del Jaguar por parte del secretario general. Preguntado sobre Costa, ha reiterado que el gobierno de Camps "está centrado en sus proyectos industriales y empresariales".

Mientras, el presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, ha manifestado su convencimiento de que Costa recurrirá la sanción de un año de suspensión de militancia propuesta por el Comité de Derechos y Garantías del PP. Rus ha reiterado que la sanción le parece "desmesurada" para lo que "en su momento fue un acto de indiscipina" por "ir en contra de la dirección nacional". A su juicio, "eso es lo único" que Costa "ha podido hacer mal".

Rus ha comparado los expedientes sancionadores del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el de Costa con la sanción impuesta al jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo, por propinar un codazo a un jugador de otro equipo y romperle la nariz, mientras que al delantero del Barcelona Lionel Messi, por una jugada similar -aunque sin lesión-, no fue sancionado. "Messi no podía romperle la nariz porque le llegaba al estómago, por ser más bajito", según el presidente provincial del PP.

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Caso Gürtel
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LA JUNTA DICE QUE "NO ESTÁ EN SUS MANOS" SALVAR DE LA QUIEBRA A MERCASEVILLA

MERCASEVILLA | La auditoría reflejó deudas de 14 millones

Europa Press | Sevilla

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, aseguró que "no está en manos de la Junta" salvar de la quiebra a Mercasevilla, ya que, según apuntó, la auditoría formulada por Deloitte indica que "no hay ningún documento que demuestra esa supuesta deuda de la Junta", de forma que, según apostilló, "no debemos nada y nada se nos puede reclamar".

Fernández quiso dejar claro que "la solución para que sea viable no debe ser que pague la Junta, sino que se amplíe capital u otras medidas" que, según explicó, deberán ser acometidas y determinadas por quien gestione el mercado, como "ampliación de capital u otras medidas", todo ello, "sabiendo que la opción de que la Junta pague no es la solución, porque al que nada debe, nada se le puede reclamar".

El consejero precisó que el pasado 23 de enero, Deloitte estuvo revisando la documentación y expedientes de la Delegación de Empleo y de la Consejería de Empleo, donde la consultora "ha sido atendida en todo lo que nos ha requerido".

De esta forma, según refirió el consejero, Deloitte "afirma que no hay ningún documento que demuestre esa supuesta deuda y llega a la conclusión, viendo esos expedientes, de que no hay ningún documento ni compromiso con Mercasevilla, como he venido insistiendo con poco éxito desde hace cinco meses".

'La Junta no debe nada'
"La Junta no debe nada, esa es la única conclusión de Deloitte y que dijo el concejal y consejero apoderado de Mercasevilla, Alfonso Mir", agregó el consejero, quien apuntó que "como la Junta no debe, no puede llevar a la quiebra a nadie, el que nada debe, de nada es responsable".

Por ello, reiteró en la idea de que "la salvación de la quiebra son otras medidas que acometan los gestores de la compañía", por lo que rechazó la afirmación de que "se evitaría la quiebra porque pague la Junta, pues como no debemos, no está en mis manos salvar la quiebra".

Fernández aseveró que la Junta "no ha llevado a la quiebra a Mercasevilla, sino quienes sean responsables de la gestión, y además no tenemos ninguna responsabilidad contractual contraída". "No tengo que dar soluciones a la empresa, no me toca esa gestión", agregó.

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"CASO MINUTAS"; EL JUICIO A ROCA, MUÑOZ Y DEL NIDO COMENZARÁ EN ABRIL

TRIBUNALES | La vista oral se prolongará hasta junio

Europa Press | Málaga

La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a partir del próximo 6 de abril al ex alcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz, al abogado José María del Nido, al ex asesor de Urbanismo marbellí Juan Antonio Roca y al resto de acusados en el denominado caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades en los encargos hechos al letrado por parte del Consistorio.

Las fuentes precisaron que la Sección Tercera, encargada del enjuiciamiento, ha previsto que la vista oral se prolongue hasta el 4 de junio, en sesiones de mañana que se irán alternando de lunes a miércoles y de lunes a jueves, según las semanas. Así, se prevé que hasta la primera semana de mayo se celebren las cuestiones previas y las declaraciones de los acusados, para dar luego paso a las testificales, pruebas periciales e informes finales.

La causa se inició a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2006, tras analizar varios informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí. El ministerio público presentó escrito de acusación por los delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, falsedad documental y delitos societarios y el juez ordenó abrir juicio.

En sus conclusiones iniciales, la Fiscalía Anticorrupción pidió para Muñoz 16 años y medio de prisión y 48 de inhabilitación, tanto absoluta como para empleo o cargo público; al acusarle de los delitos de asociación ilícita, delito continuado de prevaricación administrativa, otro continuado de fraude en concurso con malversación, delito societario y malversación con uso de bienes muebles o inmuebles.

A Del Nido se le acusa de asociación ilícita, delito continuado de prevaricación administrativa, como cooperador necesario; de otro continuado de fraude en concurso ideal con uno continuado de malversación, también como inductor; así como de falsedad documental, de documento oficial y de documento privado, de tres delitos societarios, de malversación de uso de bienes y de deslealtad profesional.

Por esto, el presidente del Sevilla se enfrentaría inicialmente a una petición por parte del fiscal de 14 años y medio de prisión, inhabilitación para ejercer como abogado durante cuatro años, además de inhabilitación especial para desempeño de cargos de administración o representación de sociedades durante siete años y para empleo o cargo público durante 17 años, según el documento al que tuvo acceso Europa Press.

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Roca por presunto fraude en concurso con un delito de malversación de caudales, solicitando una pena de seis años de cárcel. Al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes se le acusa inicialmente de prevaricación de funcionario, dos de falsedad y otro de malversación.

También están acusados los ex concejales Marisa Alcalá, Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García, Tomás Reñones y Javier Lendínez, aunque para éste no se abrió juicio oral al encontrarse en ignorado paradero. Otros procesados son Modesto Perodia, a quien se le acusa de los mismos delitos en los que coinciden Muñoz y Del Nido; y una letrada del despacho de Del Nido, pareja de éste en ese momento.

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EL PP APOYA A CLEMENTE TRAS CONOCERSE QUE "EL BIGOTES" LE AYUDÓ A COMPRAR UN JAGUAR

VALENCIA | Obtuvo un descuento de 3.245 euros

* Pons pregunta si se grabó a políticos del PP antes de que abriera el sumario
* El presidente provincial del PP cree 'normal' que se pidan estas rebajas
* La oposición pedirá 'explicaciones' sobre el caso en las Cortes Valencianas

Efe | Valencia

Distintos dirigentes del PP han manifestado este jueves su apoyo al secretario general de los populares valencianos, Antonio Clemente, después de que ELMUNDO.es haya publicado que el gerente de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', podría haberle ayudado a lograr un descuento en la compra de un coche.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha pedido al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado que digan si grabaron a dirigentes del PP antes de que se abriera el sumario del caso Gürtel, ya que si ello se confirma "debería hacer caer al Fiscal General del Estado".

González Pons ha dicho que el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado deben aclarar la información, que asegura que Clemente y 'El Bigotes' mantuvieron una conversación sobre la compra del vehículo, porque, "el coche" -un Jaguar- fue comprado y entregado antes de que el sumario Gürtel fuera oficialmente abierto por el juez Garzón.

¿Grabaciones irregulares?
Tras señalar que no tiene "nada que objetar" sobre la adquisición del vehículo por Clemente, porque es un "político de esos que no cobra en la política" y que se ha comprado el coche con su sueldo de farmacéutico, González Pons ha aclarado que el coche "lo compró en mayo, la liquidación de Hacienda es de julio y el sumario del caso Gürtel se empezó a instruir el 6 de agosto".

Por tanto, según Pons, "si hay una grabación policial anterior al 6 de agosto, esa grabación es ilegal", lo que "sería gravísimo" porque la propia Fiscalía General del Estado en sus instrucciones ha dicho que "no se pueden grabar conversaciones fuera de las diligencias previas".

El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, ha declinado pronunciarse sobre estas informaciones y ha afirmado: "No voy a hablar de este tema, porque entre otras cosas creo que no hay ni tema".

Si fue con 'El Bigotes' 3.000€ fueron pocos
El presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, ha defendido la inocencia del secretario general de su partido y ha calificado de "normal" que se pretenda obtener el descuento de un concesionario en la compra de un vehículo.

"Si fue con 'El Bigotes' 3.000 euros fueron pocos, yo si hubiera ido me hubieran hecho un 10% de descuento", ha ironizado el también presidente de la Diputación de Valencia, quien se ha mostrado convencido de que Antonio Clemente "sería incapaz" de hacer algo incorrecto.

Asimismo, ha criticado que se esté "criminalizando" las amistades que puedan tener los cargos públicos y ha recordado que uno no es "culpable" de que una persona que conoce resulte ser "un ladrón, o mate a alguien o sea una persona que en su casa actúe igual que fuera".

La oposición pide explicaciones
Desde la oposición, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha anunciado que su grupo parlamentario en las Cortes pedirá "explicaciones" sobre la relación de Antonio Clemente con los imputados por el caso Gürtel, y ha añadido que demandará que "se depuren responsabilidades".

El socialista ha sostenido que "la trama Gürtel es la peor de las tramas de corrupción, que está instalada y estará instalada en el PP de la Comunidad Valenciana y en el Gobierno de la Generalitat con carácter generalizado" y ha criticado la "incapacidad de reaccionar" y el "victimismo estéril" del Consell.

La coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, ha afirmado que el PP "no ha dado aún respuesta alguna sobre los verdaderos y extensos lazos que ha tenido con los personajes vinculados a la trama Gürtel", y ha subrayado que la presencia de Álvaro Pérez 'El Bigotes' en la vida de los altos cargos del PP "ha sido un hecho más que evidente y son muchos los que cayeron presa de sus encantos".

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