PERE RÍOS - Barcelona
La Fiscalía de Barcelona considera que existen indicios de delito en los pagos supuestamente irregulares realizados a Unió Democràtica (UDC) por la Fundació Catalunya i Territori, próxima a ese partido, y por tres empresas que trabajaron para la formación que lidera Josep Antoni Duran Lleida. Desde hace meses, la fiscalía investiga esos pagos y espera concluir las diligencias cuando la policía le entregue un informe definitivo y diversos bancos remitan la información solicitada.
Según la hipótesis que maneja la fiscalía, la citada fundación recibió donativos privados por valor de 2,5 millones de euros entre 2003 y 2007, y en 2008, año del último ejercicio fiscalizado, hay aportaciones de la Fundación Privada Abertis, el BBVA y la Fundación Catalana para las Relaciones Internacionales, que preside Salvador Sedó, consejero nacional de Unió y candidato de CiU en las últimas elecciones europeas.
Cuando concluya la investigación, la fiscalía ha de decidir si existen indicios para actuar contra el diputado de Unió en el Congreso Josep Sánchez Llibre. Si fuera así, la Fiscalía de Cataluña redactaría un informe y lo remitiría a la Fiscalía General del Estado para que decidiera qué hacer, al tratarse de un aforado: o interponer querella ante el tribunal Supremo o considerar que no hay indicios para actuar contra el diputado. Si finalmente ocurriese eso, el caso volvería a la Fiscalía de Barcelona, que muy probablemente presentaría una querella en el juzgado de guardia contra las personas implicadas por un supuesto delito de falsedad documental.
La supuesta implicación de Sánchez Llibre en el caso procede de la declaración ante la policía de un proveedor, quien explicó que el diputado le instó a que se dirigiera a la red de empresas investigadas y a la fundación para cobrar una deuda por servicios prestados a Unió. Ese proveedor confesó, además, que emitió facturas falsas.
El presidente de la fundación cercana a Unió a través de la cual se giraron las facturas falsas es Josep Boqué, al que se considera muy cercano a Sánchez Llibre. La investigación se inició a raíz de una comunicación remitida por la Agencia Tributaria y posteriormente se añadió un informe enviado por el Departamento de Justicia de la Generalitat, que durante año y medio analizó la contabilidad y la actividad de la fundación y encontró indicios delictivos.
La investigación se extiende también a las compañías Fet i Fet, Final Versión y Serveis Gestió i Intermediació, radicadas en Barcelona y con muy poca actividad, que se hicieron cargo, mediante facturas falsas, de pagos de servicios prestados a Unió y que se nutrían de dinero traspasado desde la Fundació Catalunya i Territori. La investigación intenta aclarar pagos por más de un millón de euros por servicios prestados a Unió, de los que una parte los pagó el partido, y el resto más de una decena de acusados que ya han declarado ante la policía.
Duran Lleida afirmó ayer que desconocía la investigación y ofreció "todas las facilidades" a la fiscalía ante el convencimiento de que "no hay nada que pueda ser perseguible como delito". Sánchez Llibre también expresó su "tranquilidad total" respecto a los hechos que se investigan.
elpaís.com
Según la hipótesis que maneja la fiscalía, la citada fundación recibió donativos privados por valor de 2,5 millones de euros entre 2003 y 2007, y en 2008, año del último ejercicio fiscalizado, hay aportaciones de la Fundación Privada Abertis, el BBVA y la Fundación Catalana para las Relaciones Internacionales, que preside Salvador Sedó, consejero nacional de Unió y candidato de CiU en las últimas elecciones europeas.
Cuando concluya la investigación, la fiscalía ha de decidir si existen indicios para actuar contra el diputado de Unió en el Congreso Josep Sánchez Llibre. Si fuera así, la Fiscalía de Cataluña redactaría un informe y lo remitiría a la Fiscalía General del Estado para que decidiera qué hacer, al tratarse de un aforado: o interponer querella ante el tribunal Supremo o considerar que no hay indicios para actuar contra el diputado. Si finalmente ocurriese eso, el caso volvería a la Fiscalía de Barcelona, que muy probablemente presentaría una querella en el juzgado de guardia contra las personas implicadas por un supuesto delito de falsedad documental.
La supuesta implicación de Sánchez Llibre en el caso procede de la declaración ante la policía de un proveedor, quien explicó que el diputado le instó a que se dirigiera a la red de empresas investigadas y a la fundación para cobrar una deuda por servicios prestados a Unió. Ese proveedor confesó, además, que emitió facturas falsas.
El presidente de la fundación cercana a Unió a través de la cual se giraron las facturas falsas es Josep Boqué, al que se considera muy cercano a Sánchez Llibre. La investigación se inició a raíz de una comunicación remitida por la Agencia Tributaria y posteriormente se añadió un informe enviado por el Departamento de Justicia de la Generalitat, que durante año y medio analizó la contabilidad y la actividad de la fundación y encontró indicios delictivos.
La investigación se extiende también a las compañías Fet i Fet, Final Versión y Serveis Gestió i Intermediació, radicadas en Barcelona y con muy poca actividad, que se hicieron cargo, mediante facturas falsas, de pagos de servicios prestados a Unió y que se nutrían de dinero traspasado desde la Fundació Catalunya i Territori. La investigación intenta aclarar pagos por más de un millón de euros por servicios prestados a Unió, de los que una parte los pagó el partido, y el resto más de una decena de acusados que ya han declarado ante la policía.
Duran Lleida afirmó ayer que desconocía la investigación y ofreció "todas las facilidades" a la fiscalía ante el convencimiento de que "no hay nada que pueda ser perseguible como delito". Sánchez Llibre también expresó su "tranquilidad total" respecto a los hechos que se investigan.
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