El ex alcalde de Boadilla del Monte (42.000 habitantes) Arturo González Panero, conocido por los presuntos jefes de la trama Gürtel como El Albondiguilla ya fue imputado en 2001, cuando el grupo municipal socialista se querelló contra el entonces regidor por el pago de una factura privada con fondos públicos. Concretamente por abonar el trabajo del letrado Gustavo Galán, compañero sentimental de otra imputada en la trama (Isabel Jordán), como defensor del equipo municipal, lo que podría suponer un delito de malversación de fondos públicos. Mientras tanto, el PP permitió que fuera designado como candidato a las elecciones municipales de 2003 y 2007.
González Panero, que en estos momentos se enfrenta al embargo de sus bienes para afrontar el pago de la fianza de los 1,8 millones de euros por su presunta participación en la trama de corrupción, fue llamado a declarar como imputado por un juez de Móstoles. También testificó en el proceso el ex concejal de Hacienda y responsable de Formación del PP de Boadilla, José María de la Mata. Esta querella, posteriormente ampliada con nuevos datos aportados por el letrado Ángel Galindo, hoy concejal del grupo municipal Alternativa por Boadilla, acusaba a los responsables de la Corporación de utilizar fondos públicos para defender e incluso para presentar demandas a terceros a cargo del presupuesto municipal. En un decreto del 12 de mayo de 2000, González Panero aprobó la contratación del abogado Galán para el ejercicio de acciones judiciales en la defensa del derecho al honor de José Galeote, según el fiscal.
El 3 de agosto de 2009, este caso, que acumula un retraso superior a ocho años, dio una vuelta de tuerca con la decisión del fiscal encargado del tema de solicitar más información a varios órganos judiciales de Móstoles sobre al menos siete litigios en los que se vieron inmersos los responsables municipales del PP local, y cuyos gastos pudieron ser abonados con los presupuestos municipales. Además, el Ministerio Público requiere al Ayuntamiento de Boadilla para que faciliten al juzgado los decretos o acuerdos de pleno en los que se aprobaran la designación de Gustavo Galán como abogado.
En este sentido, el propio fiscal llama la atención en su texto en el hecho de que Galeote no fuera llamado a declarar en calidad también de imputado, al igual que Panero. Asimismo, el fiscal recuerda que pese a que el secretario del Ayuntamiento de Boadilla en 2001, Manuel Acosta, estaba obligado a advertir la ilegalidad de contratar a abogados para la defensa o acusación personal de los miembros del Ayuntamiento, no lo hizo.
Pero este caso no es el único que afrontará González Panero en los tribunales. El próximo 8 de enero declarará en el Juzgado de lo Penal número 1 de Móstoles acusado de prevaricación.
Los escritos de acusación de la oposición sostienen que el Ayuntamiento contrató en 2001 al hermano de Margarita de Diego Nicolás, una afiliada al PP local que además formó parte de las listas electorales del partido en los comicios municipales de 2003. Sin concurso ni examen, el Patronato Municipal de Cultura le hizo un contrato laboral a R. de Diego Nicolás, según figura en la Seguridad Social. El Ayuntamiento reclamó al Instituto Nacional de Empleo la incorporación del trabajador para cubrir la plaza con urgencia. Este nombramiento fue refrendado por González Panero y después, el 30 de octubre de 2006 hubo una modificación en la afiliación a la Seguridad Social del trabajador, que pasó a ser interino.
El juez instructor apreció que había indicios de delito y procesó a Panero en 2006, un año antes de presentarse a las últimas elecciones, que ganó. La causa está a la espera del juicio oral, que se ha señalado para el 8 de enero.
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El 3 de agosto de 2009, este caso, que acumula un retraso superior a ocho años, dio una vuelta de tuerca con la decisión del fiscal encargado del tema de solicitar más información a varios órganos judiciales de Móstoles sobre al menos siete litigios en los que se vieron inmersos los responsables municipales del PP local, y cuyos gastos pudieron ser abonados con los presupuestos municipales. Además, el Ministerio Público requiere al Ayuntamiento de Boadilla para que faciliten al juzgado los decretos o acuerdos de pleno en los que se aprobaran la designación de Gustavo Galán como abogado.
En este sentido, el propio fiscal llama la atención en su texto en el hecho de que Galeote no fuera llamado a declarar en calidad también de imputado, al igual que Panero. Asimismo, el fiscal recuerda que pese a que el secretario del Ayuntamiento de Boadilla en 2001, Manuel Acosta, estaba obligado a advertir la ilegalidad de contratar a abogados para la defensa o acusación personal de los miembros del Ayuntamiento, no lo hizo.
Pero este caso no es el único que afrontará González Panero en los tribunales. El próximo 8 de enero declarará en el Juzgado de lo Penal número 1 de Móstoles acusado de prevaricación.
Los escritos de acusación de la oposición sostienen que el Ayuntamiento contrató en 2001 al hermano de Margarita de Diego Nicolás, una afiliada al PP local que además formó parte de las listas electorales del partido en los comicios municipales de 2003. Sin concurso ni examen, el Patronato Municipal de Cultura le hizo un contrato laboral a R. de Diego Nicolás, según figura en la Seguridad Social. El Ayuntamiento reclamó al Instituto Nacional de Empleo la incorporación del trabajador para cubrir la plaza con urgencia. Este nombramiento fue refrendado por González Panero y después, el 30 de octubre de 2006 hubo una modificación en la afiliación a la Seguridad Social del trabajador, que pasó a ser interino.
El juez instructor apreció que había indicios de delito y procesó a Panero en 2006, un año antes de presentarse a las últimas elecciones, que ganó. La causa está a la espera del juicio oral, que se ha señalado para el 8 de enero.
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