ESTEPONA | Ampliación sin licenciaDavid Valadez y Cristina Rodríguez en una comparecencia. | ELMUNDO.es
Marga García | Málaga
El departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Estepona ha abierto un expediente sancionador contra una obra ilegal realizada en una vivienda propiedad de la edil socialista, Cristina Rodríguez, que denunció junto al actual alcalde, David Valadez, la existencia de una presunta trama de corrupción urbanística y para la financiación irregular de los partidos políticos, el 'caso Astapa'.
Concretamente, el expediente de sanción se inició el pasado 27 de agosto de 2009 mediante un acta levantada por los agentes de la Policía Local asignados al departamento de Disciplina Urbanística. El acta de inspección recoge que se han construido más de 25 metros de ampliación del ático sin licencia, según el expediente que obra en poder de este periódico.
La infracción, recogida en el artículo 207 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se clasifica como «muy grave por tratarse de obras que deberían haberse ejecutado con licencia», siempre según el citado expediente que instruye la arquitecta técnica del Consistorio, Juana Alcalá Díaz.
La clasificación del suelo de la finca donde se produce la irregularidad es de urbano y permite una altura de planta baja más sótano pero la edil «ha ampliado un torreón de subida a cubierta», según la inspección urbanística.
Como medidas cautelares el expediente insta a los infractores a en un plazo máximo de dos meses legalicen las obras o en su defecto apercibe de que deberán restaurar el orden perturbado, es decir, demoler lo construido sin licencia.
La valoración de las obras realizadas al efecto de la sanción administrativa es 17.850 euros. Los técnicos se basan en esta valoración en la superficie construida; el presupuesto de la ejecución y el porcentaje de obra ejecutada. Lo más curioso de este expediente es que se abre sólo día después de que Estepona Información en su edición del 17 de agosto publicase que la edil socialista Cristina Rodríguez Alarcón, podría estar incumliendo con las limitaciones de superficie que se imponen para las viviendas de VPO en su residencia habitual.
La vivienda, según consta en el Registro de la Propiedad, es un adosado con una superficie útil de 89,51 metros cuadrados y calificada definitivamente como vivienda de protección oficial de promoción privada.
La oposición ya anunció en un pleno reciente que llevaría este expediente a la Fiscalía para que sustancie si se prevalió de su cargo para cometer esta ilegalidad que sólo fue inspeccioanda tras darse a conocer en los medios de comunicación.
Pero ésta no es la única polémica en la que está envuelta Cristina Rodríguez Alarcón ya que también se ha denunciado que se encontraba en situación irregular cuando trasladó esta denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, al ejercer su actividad privada como abogada a pesar de tener aprobado por el pleno la dedicación exclusiva, tal y como publicó en exclusiva este periódico
Además
* Un juez obliga a Valadez a readmitir al tesorero
elmundo.es
Concretamente, el expediente de sanción se inició el pasado 27 de agosto de 2009 mediante un acta levantada por los agentes de la Policía Local asignados al departamento de Disciplina Urbanística. El acta de inspección recoge que se han construido más de 25 metros de ampliación del ático sin licencia, según el expediente que obra en poder de este periódico.
La infracción, recogida en el artículo 207 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se clasifica como «muy grave por tratarse de obras que deberían haberse ejecutado con licencia», siempre según el citado expediente que instruye la arquitecta técnica del Consistorio, Juana Alcalá Díaz.
La clasificación del suelo de la finca donde se produce la irregularidad es de urbano y permite una altura de planta baja más sótano pero la edil «ha ampliado un torreón de subida a cubierta», según la inspección urbanística.
Como medidas cautelares el expediente insta a los infractores a en un plazo máximo de dos meses legalicen las obras o en su defecto apercibe de que deberán restaurar el orden perturbado, es decir, demoler lo construido sin licencia.
La valoración de las obras realizadas al efecto de la sanción administrativa es 17.850 euros. Los técnicos se basan en esta valoración en la superficie construida; el presupuesto de la ejecución y el porcentaje de obra ejecutada. Lo más curioso de este expediente es que se abre sólo día después de que Estepona Información en su edición del 17 de agosto publicase que la edil socialista Cristina Rodríguez Alarcón, podría estar incumliendo con las limitaciones de superficie que se imponen para las viviendas de VPO en su residencia habitual.
La vivienda, según consta en el Registro de la Propiedad, es un adosado con una superficie útil de 89,51 metros cuadrados y calificada definitivamente como vivienda de protección oficial de promoción privada.
La oposición ya anunció en un pleno reciente que llevaría este expediente a la Fiscalía para que sustancie si se prevalió de su cargo para cometer esta ilegalidad que sólo fue inspeccioanda tras darse a conocer en los medios de comunicación.
Pero ésta no es la única polémica en la que está envuelta Cristina Rodríguez Alarcón ya que también se ha denunciado que se encontraba en situación irregular cuando trasladó esta denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, al ejercer su actividad privada como abogada a pesar de tener aprobado por el pleno la dedicación exclusiva, tal y como publicó en exclusiva este periódico
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