Los escándalos que afectan al PPLas conversaciones de la red liderada por Francisco Correa revelan el presunto trato de favor que recibía
F. M. - Madrid
El juez Baltasar Garzón investiga una decena larga, muy larga, de supuestas corruptelas en instituciones gobernadas por el PP que habrían dado en los últimos 10 años un trato de favor a la red de empresas que dirigía Francisco Correa a cambio supuestamente de sobornos. Las grabaciones aportadas al sumario, y que se entregaron a la Fiscalía Anticorrupción por parte de los denunciantes, señalan, entre otros muchos, los siguientes casos o "negocios" de la supuesta red corrupta:
- Adjudicación de suelo para viviendas libres en Boadilla del Monte
A finales de octubre de 2005, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), gobernado por el PP con mayoría absoluta, adjudica una parcela para construir 139 viviendas libres (un negocio que reporta varias decenas de millones de euros de plusvalías) a la empresa UFC, S. A., propiedad del constructor José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón en la trama corrupta. Ulibarri se quedó con la parcela por 35 millones de euros, que no fue la oferta más alta recibida por el Ayuntamiento de Boadilla cuando sacó a concurso el suelo. Otra empresa ofrecía cuatro millones de euros más, pero sacó menos puntos porque ofrecía un plazo de ejecución de las viviendas de 15,6 meses, mientras que UFC se comprometía a hacerlas en 12 meses. En las grabaciones aportadas al sumario, Correa señala: "En la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla". En otras conversaciones, Correa se ufana de tener al entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como colaborador de sus negocios, aunque también le presiona mediante supuestos vídeos comprometedores. González Panero niega haberlo favorecido. El propio Correa no niega que el dinero de esta operación no ha sido para el alcalde, sino para él.
- Facturas a favor de la agencia de viajes de Correa en Majadahonda
El Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), gobernado por Guillermo Ortega (PP) cuando ocurrieron los hechos, adjudicó diversos viajes de sus cargos públicos sin concurso a la empresa Pasadena Viajes, una de las que el juez Baltasar Garzón incluye en la red de corrupción que manejaba Francisco Correa.
- Concesión de la Oficina de Atención al Ciudadano en Majadahonda
Dentro de la diversificación de los negocios vinculados a administraciones gobernadas por el PP, Francisco Correa logró la concesión para montar la Oficina de Atención al Ciudadano por medio millón de euros al año. No era el primer negocio que hacía en este municipio, en el que la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez, trabajaba como jefa de gabinete del alcalde.
- Contrato de vídeo promocional
Sólo unos meses después de llegar al puesto de jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, una empresa en la que participaba como administradora, Special Events, recibió el encargo de elaborar un vídeo ensalzando la gestión del Gobierno municipal del PP en la localidad. El encargo se hizo por casi 30.000 euros y no salió a concurso, pese a los reparos del interventor. María del Carmen Rodríguez se dio de baja en Special Events meses después de adjudicado el vídeo.
- Adjudicaciones a Martinsa en Arganda
Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones de finales de 2006 a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda, tardo seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...". En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda, Benjamín Martín Vasco: "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". Martín Vasco, diputado autonómico del PP, preside la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid contrarios a Esperanza Aguirre por parte de agentes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Vasco ha denunciado que personas anónimas que le han llamado a su teléfono móvil intentan extorsionarle. En la denuncia inicial se aludían a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda del Rey como elemento clave para obtener beneficios ilegalmente con la complicidad de miembros del consistorio.
- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte
Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de haber cerrado un buen negocio para una de las personas que colaboraba con él. En el hotel Fénix, de Madrid, Correa hablaba de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte, donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios su trama, Arturo González Panero. Correa, en una grabación aportada al sumario que instruye el juez Garzón, consideraba que la adjudicación de los locales comerciales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex vicepresidente de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados. González Panero otorgó 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas a Rústicas MBS por un canon anual de 320.000 euros. A cambio, Rústicas gestionaría el alquiler de esos inmuebles durante 75 años. Una tarea por la que podrían ganar más de un millón de euros al año. El gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones.
- Adjudicación de pabellones de Valencia en Fitur
La Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana adjudicó en 2009 a Orange Market el montaje del pabellón de esta comunidad en la feria de turismo Fitur. Y eso que presentó la oferta más cara en el concurso. En las conversaciones del sumario, los miembros de la red corrupta dan por hecho, antes de que se adjudique el concurso, que van a ser los ganadores. La consejera de Turismo, Angélica Such, destacó la "creatividad" del proyecto de Orange Market para justificar la concesión del contrato para el montaje del pabellón. Orange Market ganó su primer concurso para diseñar, montar y desmontar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur en el año 2005. Aunque no tenía experiencia, y contaba con una estructura mínima, Orange Market se hizo con un contrato de 1.344.000 euros. "La experiencia y el tamaño de la empresa no se valoran en estos concursos", indicaron fuentes de la Consejería de Turismo. Desde 2005, año en el que compitió con otras tres ofertas, Orange Market ha ganado ininterrumpidamente el concurso de la Agencia Valenciana de Turismo. Isabel Jordán, imputada que denunció las irregularidades contables de sus firmas Easy Concept y Good and Better en octubre de 2007, lo resume en una frase: "Hemos hecho Fitur y todo bien, y las cinco ferias que hay después".
- Negocio urbanístico en La Nucia
La Comunidad Valenciana tiene una peculiar legislación urbanística que permite a cualquier promotor plantear un gran proyecto urbanístico sobre suelos que no sean suyos y que, incluso, no estén calificados como urbanizables. Las gestiones llegan después. Correa tramaba un gran pelotazo urbanístico en La Nucia (Alicante) en el que pensaba ganar "12.000 kilos" (millones de pesetas) en colaboración con el constructor José Luis Ulibarri. El proyecto nunca se llevó adelante, aunque las conversaciones grabadas acreditarían la connivencia de dirigentes del PP, singularmente del alcalde local, para facilitar la operación. "Nos hemos hecho amigos íntimos del alcalde de La Nucia", revela Correa. Y, para seguir con su striptease, confiesa que, negociando en Valencia con el regidor, acabaron "montando un tinglado de tías buenas".
- La Copa del América y el Ballet Nacional
En las conversaciones de los cabecillas de la red corrupta se hace referencia expresa a los actos relacionados con la celebración de la Copa del América en la Comunidad Valenciana. Y Correa señala que uno de esos actos, con el Ballet Nacional, lo iban a montar sus colaboradores. Y, por supuesto, la coordinación de la visita papal, es algo que les cae del cielo. Del cielo del PP. "Víctor me puede nombrar hoy por la cara coordinador general no sé qué del evento", se despacha en las conversaciones grabadas Álvaro Pérez, imputado como responsable de Orange Market.
- Contratos de la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid
El consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, amigo de Francisco Correa y con el que compartió mesa en la boda de Alejandro Agag, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas que cita Garzón en su auto de prisión. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole de su puesto, pero sin detallar el motivo ni sus cuentas. Las facturas que dejó pendientes y las que abonó a la trama de Correa, de forma directa o indirecta, son un secreto que la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, se ha comprometido a arrancar al hermetismo del Ejecutivo regional sobre este asunto. Desde las filas del PP sólo se alzan tibias voces para insinuar que no aceptan la corrupción en la gestión de tales contratos, pero lo desvinculan de las finanzas del partido. Sin embargo, en las conversaciones grabadas que investiga Garzón, López Viejo es citado repetidamente como el consejero que cobra comisiones ilegales por adjudicar contratos a la trama de Correa, y que ha establecido un sistema de fraccionamiento de los contratos y de empresas pantalla para pagar con dinero público estos servicios. Correa llega incluso a relatar cómo López Viejo imputaba gastos de actos electorales del PP a distintas consejerías del Gobierno regional.
- Montaje de Gradas en el Circuito de Valencia para el premio de fórmula 1
Los cabecillas de la red corrupta presumen en sus conversaciones que harían negocio con la celebración del premio de fórmula 1 en Valencia. Anunciaban que asumirían el "montaje de gradas" en el circuito urbano de la ciudad.
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* La grabación que reventó la trama
* La red de corrupción vinculada al PP tumba al presidente de la comisión del espionaje
* Correa usó sus influencias para conseguir contratos durante la Fórmula 1 en Valencia
elpaís.com
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A finales de octubre de 2005, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), gobernado por el PP con mayoría absoluta, adjudica una parcela para construir 139 viviendas libres (un negocio que reporta varias decenas de millones de euros de plusvalías) a la empresa UFC, S. A., propiedad del constructor José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón en la trama corrupta. Ulibarri se quedó con la parcela por 35 millones de euros, que no fue la oferta más alta recibida por el Ayuntamiento de Boadilla cuando sacó a concurso el suelo. Otra empresa ofrecía cuatro millones de euros más, pero sacó menos puntos porque ofrecía un plazo de ejecución de las viviendas de 15,6 meses, mientras que UFC se comprometía a hacerlas en 12 meses. En las grabaciones aportadas al sumario, Correa señala: "En la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla". En otras conversaciones, Correa se ufana de tener al entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como colaborador de sus negocios, aunque también le presiona mediante supuestos vídeos comprometedores. González Panero niega haberlo favorecido. El propio Correa no niega que el dinero de esta operación no ha sido para el alcalde, sino para él.
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El Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), gobernado por Guillermo Ortega (PP) cuando ocurrieron los hechos, adjudicó diversos viajes de sus cargos públicos sin concurso a la empresa Pasadena Viajes, una de las que el juez Baltasar Garzón incluye en la red de corrupción que manejaba Francisco Correa.
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- Contrato de vídeo promocional
Sólo unos meses después de llegar al puesto de jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, una empresa en la que participaba como administradora, Special Events, recibió el encargo de elaborar un vídeo ensalzando la gestión del Gobierno municipal del PP en la localidad. El encargo se hizo por casi 30.000 euros y no salió a concurso, pese a los reparos del interventor. María del Carmen Rodríguez se dio de baja en Special Events meses después de adjudicado el vídeo.
- Adjudicaciones a Martinsa en Arganda
Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones de finales de 2006 a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda, tardo seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...". En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda, Benjamín Martín Vasco: "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". Martín Vasco, diputado autonómico del PP, preside la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid contrarios a Esperanza Aguirre por parte de agentes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Vasco ha denunciado que personas anónimas que le han llamado a su teléfono móvil intentan extorsionarle. En la denuncia inicial se aludían a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda del Rey como elemento clave para obtener beneficios ilegalmente con la complicidad de miembros del consistorio.
- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte
Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de haber cerrado un buen negocio para una de las personas que colaboraba con él. En el hotel Fénix, de Madrid, Correa hablaba de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte, donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios su trama, Arturo González Panero. Correa, en una grabación aportada al sumario que instruye el juez Garzón, consideraba que la adjudicación de los locales comerciales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex vicepresidente de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados. González Panero otorgó 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas a Rústicas MBS por un canon anual de 320.000 euros. A cambio, Rústicas gestionaría el alquiler de esos inmuebles durante 75 años. Una tarea por la que podrían ganar más de un millón de euros al año. El gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones.
- Adjudicación de pabellones de Valencia en Fitur
La Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana adjudicó en 2009 a Orange Market el montaje del pabellón de esta comunidad en la feria de turismo Fitur. Y eso que presentó la oferta más cara en el concurso. En las conversaciones del sumario, los miembros de la red corrupta dan por hecho, antes de que se adjudique el concurso, que van a ser los ganadores. La consejera de Turismo, Angélica Such, destacó la "creatividad" del proyecto de Orange Market para justificar la concesión del contrato para el montaje del pabellón. Orange Market ganó su primer concurso para diseñar, montar y desmontar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur en el año 2005. Aunque no tenía experiencia, y contaba con una estructura mínima, Orange Market se hizo con un contrato de 1.344.000 euros. "La experiencia y el tamaño de la empresa no se valoran en estos concursos", indicaron fuentes de la Consejería de Turismo. Desde 2005, año en el que compitió con otras tres ofertas, Orange Market ha ganado ininterrumpidamente el concurso de la Agencia Valenciana de Turismo. Isabel Jordán, imputada que denunció las irregularidades contables de sus firmas Easy Concept y Good and Better en octubre de 2007, lo resume en una frase: "Hemos hecho Fitur y todo bien, y las cinco ferias que hay después".
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La Comunidad Valenciana tiene una peculiar legislación urbanística que permite a cualquier promotor plantear un gran proyecto urbanístico sobre suelos que no sean suyos y que, incluso, no estén calificados como urbanizables. Las gestiones llegan después. Correa tramaba un gran pelotazo urbanístico en La Nucia (Alicante) en el que pensaba ganar "12.000 kilos" (millones de pesetas) en colaboración con el constructor José Luis Ulibarri. El proyecto nunca se llevó adelante, aunque las conversaciones grabadas acreditarían la connivencia de dirigentes del PP, singularmente del alcalde local, para facilitar la operación. "Nos hemos hecho amigos íntimos del alcalde de La Nucia", revela Correa. Y, para seguir con su striptease, confiesa que, negociando en Valencia con el regidor, acabaron "montando un tinglado de tías buenas".
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En las conversaciones de los cabecillas de la red corrupta se hace referencia expresa a los actos relacionados con la celebración de la Copa del América en la Comunidad Valenciana. Y Correa señala que uno de esos actos, con el Ballet Nacional, lo iban a montar sus colaboradores. Y, por supuesto, la coordinación de la visita papal, es algo que les cae del cielo. Del cielo del PP. "Víctor me puede nombrar hoy por la cara coordinador general no sé qué del evento", se despacha en las conversaciones grabadas Álvaro Pérez, imputado como responsable de Orange Market.
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El consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, amigo de Francisco Correa y con el que compartió mesa en la boda de Alejandro Agag, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas que cita Garzón en su auto de prisión. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole de su puesto, pero sin detallar el motivo ni sus cuentas. Las facturas que dejó pendientes y las que abonó a la trama de Correa, de forma directa o indirecta, son un secreto que la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, se ha comprometido a arrancar al hermetismo del Ejecutivo regional sobre este asunto. Desde las filas del PP sólo se alzan tibias voces para insinuar que no aceptan la corrupción en la gestión de tales contratos, pero lo desvinculan de las finanzas del partido. Sin embargo, en las conversaciones grabadas que investiga Garzón, López Viejo es citado repetidamente como el consejero que cobra comisiones ilegales por adjudicar contratos a la trama de Correa, y que ha establecido un sistema de fraccionamiento de los contratos y de empresas pantalla para pagar con dinero público estos servicios. Correa llega incluso a relatar cómo López Viejo imputaba gastos de actos electorales del PP a distintas consejerías del Gobierno regional.
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