PERE RÍOS / LLUÍS PELLICER - Barcelona
El jefe de Planificación Territorial de la Generalitat entre 1996 y 2004, Genís Carbó, declaró ayer como imputado en el cuartel de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca por el caso Pretoria. Es el tercer ex alto cargo de CiU implicado en la causa de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón después de Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat, y el ex consejero Macià Alavedra, ambos en prisión preventiva.
Carbó aparece citado en el auto de Garzón del pasado 30 de octubre y según admitió el propio imputado, cobró 244.011 euros en 2005 de una de las sociedades de Luis García Sáez Luigi, a quien el juez de la Audiencia Nacional considera el responsable de la trama. Luigi también está ingresado en la cárcel de Soto del Real por este caso, al igual que el ya dimitido alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y el teniente de alcalde de Urbanismo, Manuel Dobarco.
El propio Carbó explicó que percibió ese dinero como honorarios profesionales, y no por comisiones, después de su actuación en la zona de Can Riviere de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme). El imputado abandonó la Generalitat el 1 de marzo de 2004, tras la llegada del tripartito al poder, y el cobro se realizó con posterioridad.
El cobro de los honorarios profesionales se realizó a través de la empresa GCB Asesoramiento Urbanístico y Proyectos y consta en los registros de la sociedad de 2005, según Carbó. También según su relato, el pago fue acordado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona y publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOG).
Fuentes de la investigación explicaron que el juez Garzón no ha imputado formalmente a Carbó ni le ha citado a declarar a la espera de que la Guardia Civil complete una serie de diligencias. Entre ellas se podría incluir la declaración de otras personas que aparecen citadas en el auto, en calidad de imputados y testigos.
Carbó fue, además, presidente de la sectorial de Ordenación del Territorio de CDC en Barcelona y concejal del Ayuntamiento de Mataró entre 1995 y 1999 de la mano de Ramon Camp, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial. Tras dejar su cargo en la Generalitat en 2004, pasó a ser jefe de planificación territorial de Arenys de Mar, precisamente en la época en la que Luigi firmó un convenio privado por el que se hizo con un terreno en la localidad. Esta documentación fue requerida por el juez Baltasar Garzón la semana pasada. Carbó ocupó cargos de planificación urbanística en Valls y Cardedeu, los cuales ya ha dejado. Ayer, además, el Ayuntamiento de Mataró le pidió que deje su puesto en el Consejo Asesor de Urbanismo de la ciudad.
elpaís.com
Carbó aparece citado en el auto de Garzón del pasado 30 de octubre y según admitió el propio imputado, cobró 244.011 euros en 2005 de una de las sociedades de Luis García Sáez Luigi, a quien el juez de la Audiencia Nacional considera el responsable de la trama. Luigi también está ingresado en la cárcel de Soto del Real por este caso, al igual que el ya dimitido alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y el teniente de alcalde de Urbanismo, Manuel Dobarco.
El propio Carbó explicó que percibió ese dinero como honorarios profesionales, y no por comisiones, después de su actuación en la zona de Can Riviere de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme). El imputado abandonó la Generalitat el 1 de marzo de 2004, tras la llegada del tripartito al poder, y el cobro se realizó con posterioridad.
El cobro de los honorarios profesionales se realizó a través de la empresa GCB Asesoramiento Urbanístico y Proyectos y consta en los registros de la sociedad de 2005, según Carbó. También según su relato, el pago fue acordado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona y publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOG).
Fuentes de la investigación explicaron que el juez Garzón no ha imputado formalmente a Carbó ni le ha citado a declarar a la espera de que la Guardia Civil complete una serie de diligencias. Entre ellas se podría incluir la declaración de otras personas que aparecen citadas en el auto, en calidad de imputados y testigos.
Carbó fue, además, presidente de la sectorial de Ordenación del Territorio de CDC en Barcelona y concejal del Ayuntamiento de Mataró entre 1995 y 1999 de la mano de Ramon Camp, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial. Tras dejar su cargo en la Generalitat en 2004, pasó a ser jefe de planificación territorial de Arenys de Mar, precisamente en la época en la que Luigi firmó un convenio privado por el que se hizo con un terreno en la localidad. Esta documentación fue requerida por el juez Baltasar Garzón la semana pasada. Carbó ocupó cargos de planificación urbanística en Valls y Cardedeu, los cuales ya ha dejado. Ayer, además, el Ayuntamiento de Mataró le pidió que deje su puesto en el Consejo Asesor de Urbanismo de la ciudad.
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