La actividad política en Baleares está marcada en los últimos años por la imputación en una quincena de causas judiciales sobre corrupción de más de veinte dirigentes políticos y ex altos cargos, la mayoría del PP y de Unió Mallorquina (UM).
Los principales casos de presunta corrupción habidos en los últimos años, en su mayoría por delitos urbanísticos u obras públicas, son los siguientes:
•«Caso Palma Arena»: El juzgado investiga presuntas irregularidades y malversación en la construcción del velódromo Palma Arena durante el gobierno del entonces presidente autonómico Jaume Matas (PP), imputado en la causa. El coste del proyecto se disparó de los 48 millones de euros presupuestados a más de cien.
Por este caso fueron detenidos el pasado mes de agosto el ex director general de Deportes de Baleares, el campeón olímpico José Luis «Pepote» Ballester, y el portavoz PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán, quien abandonó el cargo en septiembre.
•«Can Domenge»: En este caso se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de los terrenos de Can Domenge, en la capital balear. El caso se inició a raíz de una querella de la constructora Núñez y Navarro ante la decisión del Consejo de Gobierno de Mallorca, durante la legislatura 2004-2008, de enajenar el solar para construir viviendas en beneficio de una constructora que ofreció 30 millones de euros frente a los 60 que ofertaron los querellantes.
En la causa están imputados la ahora presidenta del Parlamento balear y entonces presidenta del Consejo, Maria Antònia Munar (UM); el consejero balear de Turismo, Miquel Nadal (UM), y el diputado autonómico suspendido de este partido, Bartomeu Vicens, entre otros.
•«Caso Son Oms»: Relacionado con supuestos pelotazos urbanísticos en el polígono palmesano del mismo nombre en la década de los años noventa. Entre los imputados figuran el ex secretario general de Unión Mallorquina (UM) y ex director del territorio de Mallorca, Damià Nicolau, así como el diputado del grupo mixto y ex conseller de Ordenación del Territorio de Mallorca, Bartomeu Vicens.
•«Caso Andratx»: Dividido en cerca de 70 piezas abiertas por corrupción urbanística, tres de las cuales ya han sido juzgadas. Entre los condenados, el que fuera director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas (PP), Jaume Massot, que acumula en las tres condenas más de ocho años de prisión y que se encuentra en libertad bajo fianza de 200.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Palma en diciembre de 2008.
El ex alcalde de esta localidad mallorquina Eugenio Hidalgo, expulsado del PP tras ser detenido, también cuenta con una condena de cuatro años de cárcel.
•«Caso Peaje»: En él se investiga el presunto desvío de dinero destinado a las obras de carretera de Manacor a obras privadas durante el pasado mandato del Consejo de Gobierno de Mallorca, gobernado por PP y UM.
Entre los imputados se encuentran el actual vicepresidente del Consell de Mallorca, Antoni Pascual (UM), y el director insular de Carreteras en el pasado y presente mandato, Gonzalo Aguiar, cargo de confianza de Unió en la institución.
•«Caso Plan Territorial de Mallorca»: En este caso, abierto en agosto de 2008, se investigan supuestos "pelotazos" urbanísticos en la isla con plusvalías superiores a los 300 millones de euros. Entre los imputados se encuentran los dirigentes Bartomeu Vicens, expulsado de Unió Mallorquina, y Jaime Font, del Partido Popular, además de los promotores inmobiliarios Vicente Grande, Mateo y Cristóbal Sastre.
•«Operación Pitiusa»: Presunta trama de corrupción urdida por el ex arquitecto municipal de Sant Josep (Ibiza) Antonio Huerta Brito en colaboración con su hijo y su nuera, a quien presuntamente trasladaba los proyectos que tramitó en el ayuntamiento entre los años 1998 y 2007.
•«Caso Eivisssa centre»: En él se juzga a la cúpula del anterior gobierno del Ayuntamiento de Ibiza por haber cobrado presuntamente comisiones en el proceso de remodelación del centro de la ciudad. Por este caso está imputado el ex dirigente del PSOE Roque López.
•«Caso Scala»: En este caso se investiga un caso de presunta corrupción, que habría tenido lugar en el Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) en la legislatura 2004-2008. El 15 de julio de 2009, Felipe Ferré, ex concejal de Lloseta (PP) e imputado en el caso, aseguró que el ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas conocía la supuesta trama.
Entre los acusados por el PP se encuentran el ex consejero de Comercio, Industria y Energía y actual diputado del PP en el Parlament balear, Josep Juan Cardona; el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene; y la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, entre otros.
•«Caso Bitel 2»: En él que se investiga la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos por una cantidad que la Fiscalía Anticorrupción estima que podría alcanzar los 700.000 euros, así como los de fraude, falsedad documental y revelación de secretos. Entre los imputados, el ex director general de la empresa pública Bitel, Damià Vidal, detenido el 19 de abril de 2008 y puesto en libertad dos días después, tras pagar una fianza de 200.000 euros.
•«Caso Turismo joven»: Caso relativo a una supuesta trama de malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Joven durante la legislatura 2004-2008, en la que se encuentran implicadas varios miembros del PP.
•«Caso Rodrigo de Santos»: El ex teniente de alcalde popular del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos fue condenado a dos años de cárcel por un presunto delito de malversación de caudales públicos al pagar con la tarjeta del consistorio en clubes de alterne, motivo por el cual el PP le suspendió de militancia. En estos momentos está pendiente de sentencia tras el juicio celebrado en octubre acusado de abusos a menores.
•«Caso Lluc Tomas»: En noviembre de 2008, el alcalde del municipio mallorquín de Llucmajor, Lluc Tomàs, fue condenado por la Audiencia de Baleares a tres años de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público por malversación de caudales públicos. Ese mismo día, anunció su dimisión del cargo y pidió su baja del PP.
•«Caso Ibatur»: El 13 de febrero de 2009, el que fuera secretario del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Angel Bonet fue puesto en libertad con cargos y una fianza de 85.000 euros, acusado de los cargos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Bonet estaría detrás de una presunta trama de corrupción, en la pasada legislatura del PP.
•«Caso Funeraria Palma»: En este caso se investigan presuntas irregularidades económicas cometidas en esta empresa pública en los últimos años, como la venta de tumbas, la alteración de facturas e incluso la falsedad de alguna de ellas. Entre los imputados se encuentra Óscar Collado, ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma, así como la actual edil del PP y ex presidenta de la EFM en la pasada legislatura, Marina Sans.
abc.es
Los principales casos de presunta corrupción habidos en los últimos años, en su mayoría por delitos urbanísticos u obras públicas, son los siguientes:
•«Caso Palma Arena»: El juzgado investiga presuntas irregularidades y malversación en la construcción del velódromo Palma Arena durante el gobierno del entonces presidente autonómico Jaume Matas (PP), imputado en la causa. El coste del proyecto se disparó de los 48 millones de euros presupuestados a más de cien.
Por este caso fueron detenidos el pasado mes de agosto el ex director general de Deportes de Baleares, el campeón olímpico José Luis «Pepote» Ballester, y el portavoz PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán, quien abandonó el cargo en septiembre.
•«Can Domenge»: En este caso se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de los terrenos de Can Domenge, en la capital balear. El caso se inició a raíz de una querella de la constructora Núñez y Navarro ante la decisión del Consejo de Gobierno de Mallorca, durante la legislatura 2004-2008, de enajenar el solar para construir viviendas en beneficio de una constructora que ofreció 30 millones de euros frente a los 60 que ofertaron los querellantes.
En la causa están imputados la ahora presidenta del Parlamento balear y entonces presidenta del Consejo, Maria Antònia Munar (UM); el consejero balear de Turismo, Miquel Nadal (UM), y el diputado autonómico suspendido de este partido, Bartomeu Vicens, entre otros.
•«Caso Son Oms»: Relacionado con supuestos pelotazos urbanísticos en el polígono palmesano del mismo nombre en la década de los años noventa. Entre los imputados figuran el ex secretario general de Unión Mallorquina (UM) y ex director del territorio de Mallorca, Damià Nicolau, así como el diputado del grupo mixto y ex conseller de Ordenación del Territorio de Mallorca, Bartomeu Vicens.
•«Caso Andratx»: Dividido en cerca de 70 piezas abiertas por corrupción urbanística, tres de las cuales ya han sido juzgadas. Entre los condenados, el que fuera director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas (PP), Jaume Massot, que acumula en las tres condenas más de ocho años de prisión y que se encuentra en libertad bajo fianza de 200.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Palma en diciembre de 2008.
El ex alcalde de esta localidad mallorquina Eugenio Hidalgo, expulsado del PP tras ser detenido, también cuenta con una condena de cuatro años de cárcel.
•«Caso Peaje»: En él se investiga el presunto desvío de dinero destinado a las obras de carretera de Manacor a obras privadas durante el pasado mandato del Consejo de Gobierno de Mallorca, gobernado por PP y UM.
Entre los imputados se encuentran el actual vicepresidente del Consell de Mallorca, Antoni Pascual (UM), y el director insular de Carreteras en el pasado y presente mandato, Gonzalo Aguiar, cargo de confianza de Unió en la institución.
•«Caso Plan Territorial de Mallorca»: En este caso, abierto en agosto de 2008, se investigan supuestos "pelotazos" urbanísticos en la isla con plusvalías superiores a los 300 millones de euros. Entre los imputados se encuentran los dirigentes Bartomeu Vicens, expulsado de Unió Mallorquina, y Jaime Font, del Partido Popular, además de los promotores inmobiliarios Vicente Grande, Mateo y Cristóbal Sastre.
•«Operación Pitiusa»: Presunta trama de corrupción urdida por el ex arquitecto municipal de Sant Josep (Ibiza) Antonio Huerta Brito en colaboración con su hijo y su nuera, a quien presuntamente trasladaba los proyectos que tramitó en el ayuntamiento entre los años 1998 y 2007.
•«Caso Eivisssa centre»: En él se juzga a la cúpula del anterior gobierno del Ayuntamiento de Ibiza por haber cobrado presuntamente comisiones en el proceso de remodelación del centro de la ciudad. Por este caso está imputado el ex dirigente del PSOE Roque López.
•«Caso Scala»: En este caso se investiga un caso de presunta corrupción, que habría tenido lugar en el Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) en la legislatura 2004-2008. El 15 de julio de 2009, Felipe Ferré, ex concejal de Lloseta (PP) e imputado en el caso, aseguró que el ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas conocía la supuesta trama.
Entre los acusados por el PP se encuentran el ex consejero de Comercio, Industria y Energía y actual diputado del PP en el Parlament balear, Josep Juan Cardona; el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene; y la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, entre otros.
•«Caso Bitel 2»: En él que se investiga la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos por una cantidad que la Fiscalía Anticorrupción estima que podría alcanzar los 700.000 euros, así como los de fraude, falsedad documental y revelación de secretos. Entre los imputados, el ex director general de la empresa pública Bitel, Damià Vidal, detenido el 19 de abril de 2008 y puesto en libertad dos días después, tras pagar una fianza de 200.000 euros.
•«Caso Turismo joven»: Caso relativo a una supuesta trama de malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Joven durante la legislatura 2004-2008, en la que se encuentran implicadas varios miembros del PP.
•«Caso Rodrigo de Santos»: El ex teniente de alcalde popular del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos fue condenado a dos años de cárcel por un presunto delito de malversación de caudales públicos al pagar con la tarjeta del consistorio en clubes de alterne, motivo por el cual el PP le suspendió de militancia. En estos momentos está pendiente de sentencia tras el juicio celebrado en octubre acusado de abusos a menores.
•«Caso Lluc Tomas»: En noviembre de 2008, el alcalde del municipio mallorquín de Llucmajor, Lluc Tomàs, fue condenado por la Audiencia de Baleares a tres años de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público por malversación de caudales públicos. Ese mismo día, anunció su dimisión del cargo y pidió su baja del PP.
•«Caso Ibatur»: El 13 de febrero de 2009, el que fuera secretario del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Angel Bonet fue puesto en libertad con cargos y una fianza de 85.000 euros, acusado de los cargos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Bonet estaría detrás de una presunta trama de corrupción, en la pasada legislatura del PP.
•«Caso Funeraria Palma»: En este caso se investigan presuntas irregularidades económicas cometidas en esta empresa pública en los últimos años, como la venta de tumbas, la alteración de facturas e incluso la falsedad de alguna de ellas. Entre los imputados se encuentra Óscar Collado, ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma, así como la actual edil del PP y ex presidenta de la EFM en la pasada legislatura, Marina Sans.
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