Operación anticorrupción en Ayuntamientos de Barcelona* Convencía a empresarios para invertir en solares que serían recalificados
* Fue expulsado del PSC en 1992 tras estar imputado por estafa urbanística
* Fue expulsado del PSC en 1992 tras estar imputado por estafa urbanística
ELMUNDO.es | Efe | Barcelona
Luis García Sáez. | Efe
La trama de corrupción municipal en varios municipios de Barcelona parece contar con un cabecilla claro, Luis García Sáez. El ex diputado socialista, conocido como 'Luigi', que fue detenido junto a otras siete personas, se postula como el 'conseguidor' del entramado.
Según apuntan fuentes cercanas al caso a este diario, García Sáez se encargaba de convencer a empresarios para que invirtieran en suelo bajo la promesa de que éste se recalificaría en breve y podrían obtener un importante beneficio con su posterior venta.
'Luigi' mantenía una estrecha relación con otro de los detenidos, el constructor, Josep Singla, que le habría servido de enlace para contactar con muchos otros empresarios que pasarían a formar parte de su cartera de 'clientes'.
Claro que la presunta actividad delictiva de García Sáez no es nueva. Ya estuvo acusado de estafa a finales de los noventa por el caso AGT, junto a otra decena de imputados, entre ellos cargos municipales, si bien su caso acabó archivado, aunque la investigación le llevó a ser expulsado del PSC.
El juez de instrucción llegó a imputar a más de una docena de personas en esta causa, que investigaba una supuesta estafa con obras públicas concedidas a ayuntamientos socialistas, aunque finalmente, tres años después de abrir el caso, en junio de 2001 quedó archivado.
Entre los imputados había, además de Luis García, el que fue abogado de la empresa constructora AGT, Ramón Gallardo, así como el presidente del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, Eugeni Forradellas, los entonces alcaldes socialistas de Mataró y Olesa de Montserrat, Manel Mas y Enric Termens, respectivamente, y los entonces dirigentes del PSC Josep Maria Triginer y Antoni Pérez, que había dejado la alcaldía de Esplugues de Llobregat (Barcelona) tras ser condenado por prevaricación.
El caso se abrió el 25 de octubre de 1999, cuando un grupo de siete empresas presentó una querella contra Luis García Sáez, al que acusaban de estafa por no pagarles sus servicios como subcontratistas en obras públicas adjudicadas al ex diputado por varios ayuntamientos, muchos de ellos socialistas.
Entre los municipios para los que el grupo AGT realizó obras figuraban los de Barcelona, Canovelles, Castelldefels, Santa Coloma de Gramenet, Montornés, Olesa de Montserrat, Girona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Mataró, Abrera, El Prat y Esparreguera.
Al cabo de unos meses, en diciembre de 1999, AGT ya fue acusada de fraude por un total de 26 empresas subcontratadas para realizar obras públicas.
El grupo AGT había suspendido pagos en septiembre de aquel año con un pasivo, según los denunciantes, de unos 4.000 millones de pesetas, de los que unos 2.800 eran deudas con acreedores.
Además
* Noveno detenido en Madrid
elmundo.es
Según apuntan fuentes cercanas al caso a este diario, García Sáez se encargaba de convencer a empresarios para que invirtieran en suelo bajo la promesa de que éste se recalificaría en breve y podrían obtener un importante beneficio con su posterior venta.
'Luigi' mantenía una estrecha relación con otro de los detenidos, el constructor, Josep Singla, que le habría servido de enlace para contactar con muchos otros empresarios que pasarían a formar parte de su cartera de 'clientes'.
Claro que la presunta actividad delictiva de García Sáez no es nueva. Ya estuvo acusado de estafa a finales de los noventa por el caso AGT, junto a otra decena de imputados, entre ellos cargos municipales, si bien su caso acabó archivado, aunque la investigación le llevó a ser expulsado del PSC.
El juez de instrucción llegó a imputar a más de una docena de personas en esta causa, que investigaba una supuesta estafa con obras públicas concedidas a ayuntamientos socialistas, aunque finalmente, tres años después de abrir el caso, en junio de 2001 quedó archivado.
Entre los imputados había, además de Luis García, el que fue abogado de la empresa constructora AGT, Ramón Gallardo, así como el presidente del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, Eugeni Forradellas, los entonces alcaldes socialistas de Mataró y Olesa de Montserrat, Manel Mas y Enric Termens, respectivamente, y los entonces dirigentes del PSC Josep Maria Triginer y Antoni Pérez, que había dejado la alcaldía de Esplugues de Llobregat (Barcelona) tras ser condenado por prevaricación.
El caso se abrió el 25 de octubre de 1999, cuando un grupo de siete empresas presentó una querella contra Luis García Sáez, al que acusaban de estafa por no pagarles sus servicios como subcontratistas en obras públicas adjudicadas al ex diputado por varios ayuntamientos, muchos de ellos socialistas.
Entre los municipios para los que el grupo AGT realizó obras figuraban los de Barcelona, Canovelles, Castelldefels, Santa Coloma de Gramenet, Montornés, Olesa de Montserrat, Girona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Mataró, Abrera, El Prat y Esparreguera.
Al cabo de unos meses, en diciembre de 1999, AGT ya fue acusada de fraude por un total de 26 empresas subcontratadas para realizar obras públicas.
El grupo AGT había suspendido pagos en septiembre de aquel año con un pasivo, según los denunciantes, de unos 4.000 millones de pesetas, de los que unos 2.800 eran deudas con acreedores.
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