jueves, 22 de octubre de 2009

"OPERACIÓN ALMEXIA"; QUEDAN EN LIBERTAD CON CARGOS TRES IMPUTADOS MÁS, ENTRE ELLOS, OTRO POLICÍA

Investigación en Almogía

Efe | Málaga

Otros tres imputados en la investigación relacionada con el urbanismo de Almogía han quedado este jueves en libertad con cargos tras declarar ante la Guardia Civil, entre ellos un segundo policía local, un ex secretario del Ayuntamiento y un familiar del otro agente imputado.

Fuentes cercanas a la investigación han informado a Efe de que estas tres personas han quedado en igual situación que los dos que comparecieron el miércoles (una funcionaria municipal y el primer policía).

Algunos de los imputados se han negado a prestar declaración y uno que no pudo acudir ayer a la Comandancia del instituto armado en Málaga, lo ha hecho este jueves. Entre los que han comparecido hay una persona que ejerció como secretario en funciones del Consistorio.

En esta operación judicial, denominada 'Almexia' (nombre árabe de Almogía) y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, han sido imputadas una veintena de personas, más de las previstas inicialmente tras un primer examen de la documentación incautada en el registro el pasado martes de las dependencias municipales.

Los agentes del instituto armado intentan dirimir si ediles y funcionarios municipales en Almogía han cometido los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas.

Un portavoz del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil informó a los periodistas de que el primer policía local imputado aportó su testimonio tras ser conducido en un vehículo a la Comandancia del instituto armado. Estas actuaciones judiciales están declaradas secretas desde el pasado junio.

En estas primeras declaraciones las preguntas se orientan a averiguar el motivo por el que no se cumplían los expedientes sancionadores -que en algunos casos ordenaban demoliciones o paralizar construcciones en suelo rústico-, así como a determinar cómo se regía el importe de las multas.

La investigación judicial se inició a principios de este año, aunque transcurrieron varios meses hasta que intervino la Fiscalía de Medio Ambiente.

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elmundo.es

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