LYDIA GARRIDO - Valencia
El titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia, que investiga un supuesto fraude fiscal de más de 4,4 millones de euros a través de facturas falsas en relación con la construcción del parque temático Terra Mítica de Benidorm, ha solicitado una nueva comisión rogatoria a Andorra. Lo ha hecho para conocer los movimientos de cuentas que hayan podido tener en el principado dos de los casi 30 imputados: los empresarios Vicente Conesa, eje principal de la supuesta trama, y Antonio Moreno Carpio, uno de los supuestos mayores proveedores de facturas falsas dentro de la trama. La decisión obedece a una petición realizada por la fiscal el pasado septiembre.
La fiscal considera que el dinero salió en maletines fuera de España
La fiscalía cree, tal como explicó en su escrito, que una cantidad importante del dinero que la veintena de empresas imputadas consiguió mediante sobrecostes y servicios facturados que no realizaron, está en cuentas en el extranjero, concretamente en Andorra, Suiza y Alemania. Y señala como principal responsable de la salida de capitales a Vicente Conesa, empresario próximo a Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat. La fiscalía relató al juez que: "Antonio Moreno Carpio reconoce que el dinero obtenido por las facturas que no obedecían a la realidad se entregaba a Vicente Conesa y se sacaba en maletines hasta Andorra. Parece ser que el dinero que obtenían por los sobrecostes y por facturas irreales se transportaba en maletines hasta Andorra, donde había cuentas aperturadas a nombre de alguno de los imputados". Esa información está recogida en unas grabaciones aportadas a la causa. Moreno Carpio y José Herrero, también imputado, mantuvieron una reunión con dos diputados autonómicos socialistas, José Camarasa y Antonio Such. En aquella reunión, Moreno Carpio aseguró que el dinero se sacaba en maletines, que se le entregaba a Conesa y que incluso éste había dicho que parte de ese dinero era para Zaplana. El ex presidente presentó una denuncia y no hubo juicio porque aceptó sus disculpas.
Según el ministerio público, "en España, muchas de las facturas presentadas y pagadas por el parque temático se ingresaban en una cuenta que tenía aperturada la sociedad Desarrollo Gran Vía, cuyo administrador de hecho era José Luis Rubio [otro empresario imputado], y existe prueba de que una vez ingresado el dinero de las facturas, el mismo se retiraba en efectivo, tratándose de grandes cantidades". La fiscal pide que se solicite a los bancos y entidades financieras información sobre las cuentas que tuviesen abiertas o en las que constasen como autorizados durante los años 2000, 2001 y 2002 Antonio Moreno Carpio, José Luis Rubio, José María Arraiz (responsable de los proyectos anexos al parque de atracciones en la empresa de la Generalitat) y Vicente Conesa, o las mercantiles a las que representaban. Además, reclama que "sobre todo se solicite a la banca privada de Andorra" información sobre cuentas abiertas o en las que constan autorizados durante idéntico periodo los citados imputados. En la causa existe información sobre una oficina concreta de Andorra y una persona de contacto. La fiscal quiere que se le tome declaración como testigo para saber si esas personas "acudían a ingresar dinero en alguna de las cuentas que pudiesen tener abiertas a su nombre".
elpaís.com
La fiscal considera que el dinero salió en maletines fuera de España
La fiscalía cree, tal como explicó en su escrito, que una cantidad importante del dinero que la veintena de empresas imputadas consiguió mediante sobrecostes y servicios facturados que no realizaron, está en cuentas en el extranjero, concretamente en Andorra, Suiza y Alemania. Y señala como principal responsable de la salida de capitales a Vicente Conesa, empresario próximo a Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat. La fiscalía relató al juez que: "Antonio Moreno Carpio reconoce que el dinero obtenido por las facturas que no obedecían a la realidad se entregaba a Vicente Conesa y se sacaba en maletines hasta Andorra. Parece ser que el dinero que obtenían por los sobrecostes y por facturas irreales se transportaba en maletines hasta Andorra, donde había cuentas aperturadas a nombre de alguno de los imputados". Esa información está recogida en unas grabaciones aportadas a la causa. Moreno Carpio y José Herrero, también imputado, mantuvieron una reunión con dos diputados autonómicos socialistas, José Camarasa y Antonio Such. En aquella reunión, Moreno Carpio aseguró que el dinero se sacaba en maletines, que se le entregaba a Conesa y que incluso éste había dicho que parte de ese dinero era para Zaplana. El ex presidente presentó una denuncia y no hubo juicio porque aceptó sus disculpas.
Según el ministerio público, "en España, muchas de las facturas presentadas y pagadas por el parque temático se ingresaban en una cuenta que tenía aperturada la sociedad Desarrollo Gran Vía, cuyo administrador de hecho era José Luis Rubio [otro empresario imputado], y existe prueba de que una vez ingresado el dinero de las facturas, el mismo se retiraba en efectivo, tratándose de grandes cantidades". La fiscal pide que se solicite a los bancos y entidades financieras información sobre las cuentas que tuviesen abiertas o en las que constasen como autorizados durante los años 2000, 2001 y 2002 Antonio Moreno Carpio, José Luis Rubio, José María Arraiz (responsable de los proyectos anexos al parque de atracciones en la empresa de la Generalitat) y Vicente Conesa, o las mercantiles a las que representaban. Además, reclama que "sobre todo se solicite a la banca privada de Andorra" información sobre cuentas abiertas o en las que constan autorizados durante idéntico periodo los citados imputados. En la causa existe información sobre una oficina concreta de Andorra y una persona de contacto. La fiscal quiere que se le tome declaración como testigo para saber si esas personas "acudían a ingresar dinero en alguna de las cuentas que pudiesen tener abiertas a su nombre".
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