M. Rionegro | Sevilla
La Policía Judicial ha empezado a enviar a todos los altos cargos de Mercasevilla –tanto de la comisión ejecutiva como del consejo de administración– por correo electrónico un cuestionario a través cual cada uno debe precisar qué papel desempeñó en la adjudicación de los terrenos del mercado a la empresa Sanma Desarrollos Urbanísticos –filial de Sando–, una venta que investiga la juez Mercedes Alaya al considerarla «fraudulenta» e «ilegal». Esta actuación policial viene motivada por un auto que la juez emitió el 9 de octubre y que este periódico adelantó en su edición del pasado viernes.
Fuentes del caso han confirmado a EL MUNDO de Andalucía que la Policía Judicial está remitiendo a los diferentes miembros de la empresa pública que votaron a favor de la venta de los terrenos un cuestionario en el que deben señalar el cargo que ostentaron durante el proceso de adjudicación, así como precisar si, además, en aquel momento, o en los meses posteriores, desempeñaron algún otro puesto en la administración pública, en algún partido político o en alguna empresa privada.
Los últimos pasos dados por la jueza permitirán aclarar no sólo el papel de cada uno de los integrantes en los órganos de dirección de Mercasevilla sino también posibles casos de incompatibilidades, como podría ser el de Domingo Enrique Castaño, el ex asesor del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín.
Castaño incumplió la ley de incompatibilidades al no respetar el plazo de dos años que debió pasar entre su cese como alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla y ex consejero de Mercasevilla y su fichaje por la empresa Sando –beneficiaria de la venta de los suelos– con la que tuvo relación directa en el ejercicio de sus cargos políticos. Una circunstancia que, según la normativa vigente, sería susceptible de una inhabilitación administrativa de entre cinco y diez años.
Además
* El PP reprocha al PSOE que 'llega bastante tarde'
* La jueza acepta la querella del PSOE
* Quién es quién en el caso Mercasevilla
elmundo.es
Fuentes del caso han confirmado a EL MUNDO de Andalucía que la Policía Judicial está remitiendo a los diferentes miembros de la empresa pública que votaron a favor de la venta de los terrenos un cuestionario en el que deben señalar el cargo que ostentaron durante el proceso de adjudicación, así como precisar si, además, en aquel momento, o en los meses posteriores, desempeñaron algún otro puesto en la administración pública, en algún partido político o en alguna empresa privada.
Los últimos pasos dados por la jueza permitirán aclarar no sólo el papel de cada uno de los integrantes en los órganos de dirección de Mercasevilla sino también posibles casos de incompatibilidades, como podría ser el de Domingo Enrique Castaño, el ex asesor del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín.
Castaño incumplió la ley de incompatibilidades al no respetar el plazo de dos años que debió pasar entre su cese como alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla y ex consejero de Mercasevilla y su fichaje por la empresa Sando –beneficiaria de la venta de los suelos– con la que tuvo relación directa en el ejercicio de sus cargos políticos. Una circunstancia que, según la normativa vigente, sería susceptible de una inhabilitación administrativa de entre cinco y diez años.
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