El presidente de las Cortes dio un área de servicio a una empresa ligada a CorreaFernández Santiago, ayer, durante una rueda de prensa-EFE
J. M. ROMERO / C. E. CUÉ - Madrid
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, y a la policía que se investiguen adjudicaciones de contratos del Gobierno de Castilla y León en los que haya podido intervenir, entre otros cargos públicos, el ex consejero de Fomento y actual presidente del Parlamento castellanoleonés, José Manuel Fernández Santiago, cuyo apodo, reconocido por él mismo, es Toti, un nombre que aparece en los documentos intervenidos a la red de Francisco Correa.
Fernández Santiago concedió el área por 44 años y con un canon gratuito.
La investigación cree que Constructora Hispánica pagó para obtener contratos.
Una vez que la fiscalía cree tener acreditada la relación entre Fernández Santiago y la trama corrupta que dirigía Correa, su propósito ahora es que los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales indaguen otras adjudicaciones de obras públicas otorgadas por el departamento de Fernández Santiago durante su etapa como consejero de Fomento, cargo que abandonó para ocupar el de presidente de las Cortes autonómicas, institución que aún preside.
Los investigadores sospechan que Fernández Santiago no sólo recibió una comisión de 39.000 euros por adjudicar a la empresa Teconsa, afín al conglomerado de empresas de Correa, la variante del municipio leonés de Olleros de Alba, sino que también ha podido recibir otras comisiones ilegales. La policía entregó hace 15 días al Tribunal Supremo un informe de 22 folios en el que se apunta claramente al presidente de las Cortes de Castilla y León como perceptor de sobornos, puesto que su apodo, "Toti", aparece completo en al menos dos documentos, y con iniciales (TT o TO) en otros.
Aunque la fiscalía no ha pedido aún investigar ningún contrato en concreto, hay uno muy significativo que Fernández Santiago promovió nada más llegar a la consejería. Se trata de un área de servicio en Campo de Villavidel, en la autovía León-Burgos. Las áreas de servicio, en especial las gasolineras, suelen ser un negocio muy codiciado. Por eso la administración exige habitualmente que el adjudicatario garantice una cuota anual durante el largo periodo de concesión, que suele llegar a los 40 años.
Obtener una concesión así implica una voluminosa inversión, y, por tanto, un riesgo. Pero no es eso lo que decidió Fernández Santiago. Sólo tres meses después de llegar a la consejería de Fomento, el 14 de junio de 2001, GICAL, un organismo dependiente del departamento que dirigía el actual presidente de las Cortes, concedió, según consta el Boletín Oficial de esta autonomía, el área de servicio de Campo de Villavidel a una unión de empresas en las que estaba Constructora Hispánica con un 33%. Se concedió por 44 años con un canon fijo anual de cero pesetas. Sólo se puso un canon variable en función de litros vendidos: una peseta por litro.
Constructora Hispánica es una empresa que no había trabajado en Castilla y León antes de que Fernández Santiago llegara a esa consejería, pero sobre todo es una constructora muy vinculada a Correa, hasta el punto de que en el sumario aparecen documentos de supuestos pagos de sobornos de esa empresa a la red de Correa y a distintos políticos del PP, entre ellos el ya ex tesorero Luis Bárcenas, para que le facilitaran contratos públicos.
Ese canon de cero pesetas no es ni mucho menos habitual. En ese mismo año, en noviembre de 2001, en la autovía del Mediterráneo (A7), el Ministerio de Fomento concedió otro el área de servicio de Elche por 50 años con un canon fijo mínimo de 150.000 euros al año. Hay otros muchos ejemplos de concesiones del Ministerio de Fomento en los que el canon fijo se sitúa siempre entre 100.000 y 150.000 euros al año, con lo que Constructora Hispánica habría obtenido la ventaja de no tener que comprometerse a esa inversión y pagar sólo en función de la rentabilidad del negocio.
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La investigación cree que Constructora Hispánica pagó para obtener contratos.
Una vez que la fiscalía cree tener acreditada la relación entre Fernández Santiago y la trama corrupta que dirigía Correa, su propósito ahora es que los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales indaguen otras adjudicaciones de obras públicas otorgadas por el departamento de Fernández Santiago durante su etapa como consejero de Fomento, cargo que abandonó para ocupar el de presidente de las Cortes autonómicas, institución que aún preside.
Los investigadores sospechan que Fernández Santiago no sólo recibió una comisión de 39.000 euros por adjudicar a la empresa Teconsa, afín al conglomerado de empresas de Correa, la variante del municipio leonés de Olleros de Alba, sino que también ha podido recibir otras comisiones ilegales. La policía entregó hace 15 días al Tribunal Supremo un informe de 22 folios en el que se apunta claramente al presidente de las Cortes de Castilla y León como perceptor de sobornos, puesto que su apodo, "Toti", aparece completo en al menos dos documentos, y con iniciales (TT o TO) en otros.
Aunque la fiscalía no ha pedido aún investigar ningún contrato en concreto, hay uno muy significativo que Fernández Santiago promovió nada más llegar a la consejería. Se trata de un área de servicio en Campo de Villavidel, en la autovía León-Burgos. Las áreas de servicio, en especial las gasolineras, suelen ser un negocio muy codiciado. Por eso la administración exige habitualmente que el adjudicatario garantice una cuota anual durante el largo periodo de concesión, que suele llegar a los 40 años.
Obtener una concesión así implica una voluminosa inversión, y, por tanto, un riesgo. Pero no es eso lo que decidió Fernández Santiago. Sólo tres meses después de llegar a la consejería de Fomento, el 14 de junio de 2001, GICAL, un organismo dependiente del departamento que dirigía el actual presidente de las Cortes, concedió, según consta el Boletín Oficial de esta autonomía, el área de servicio de Campo de Villavidel a una unión de empresas en las que estaba Constructora Hispánica con un 33%. Se concedió por 44 años con un canon fijo anual de cero pesetas. Sólo se puso un canon variable en función de litros vendidos: una peseta por litro.
Constructora Hispánica es una empresa que no había trabajado en Castilla y León antes de que Fernández Santiago llegara a esa consejería, pero sobre todo es una constructora muy vinculada a Correa, hasta el punto de que en el sumario aparecen documentos de supuestos pagos de sobornos de esa empresa a la red de Correa y a distintos políticos del PP, entre ellos el ya ex tesorero Luis Bárcenas, para que le facilitaran contratos públicos.
Ese canon de cero pesetas no es ni mucho menos habitual. En ese mismo año, en noviembre de 2001, en la autovía del Mediterráneo (A7), el Ministerio de Fomento concedió otro el área de servicio de Elche por 50 años con un canon fijo mínimo de 150.000 euros al año. Hay otros muchos ejemplos de concesiones del Ministerio de Fomento en los que el canon fijo se sitúa siempre entre 100.000 y 150.000 euros al año, con lo que Constructora Hispánica habría obtenido la ventaja de no tener que comprometerse a esa inversión y pagar sólo en función de la rentabilidad del negocio.
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