PALMA | El ex edil acusado de gastar caudales públicos en puticlubsRodrigo de Santos sentado en el banquillo de los acusados. | Pep Vicens
* Solicitan cinco años de prisión y su inhabilitación absoluta durante nueve años
Agencias | Palma
El ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, ha asegurado, durante el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Palma por la presunta malversación de más de 50.000 euros públicos que efectuó entre 2006 y 2007 en clubes de alterne y casas de masaje, que el dinero que como presidente de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos (EMOP) desvió era "para pagar droga, ya que la adicción que tengo es a la droga, no al sexo".
Así lo puso de manifiesto ante las preguntas del fiscal Juan Carrau en el marco de su declaración, en la que el acusado aprovechó para pedir perdón al jurado "por mi incorrecta actuación" y por llevarse a cabo el juicio "por única irresponsabilidad mía, por la que sabía que iba a pasar lo que está pasando" y que supone "un dolor añadido e innecesario al que hice a mi familia". "Un personaje público no tiene perdón por haber robado", enfatizó.
El encausado recordó que fue en 2002 cuando entró en una discoteca del Paseo Marítimo en la que conoció a Alfredo Gómez, propietario del local de alterne masculino Casa Alfredo, donde según la Fiscalía abonó más de 28.400 euros, pese a que manifestó que acudía allí "porque me proporcionaban droga, lo que me proporcionaba una adicción de la que no podía salir", al tiempo que aseveró que con el dinero "pagaba además los servicios del local" ya que la cocaína que le proveían le generaban "necesidades de sexo y la cocaína te produce deshinibición".
Afirmó asimismo que nunca pensó en comprar la droga en locales que no fueran Casa Alfredo, ya que pensaba que "allí tenía una privacidad y se me ocurrió como sitio más discreto". "Para mí era imposible ir a otros sitios por ser un personaje público", agregó al respecto.
El único político que ha devuelto el dinero
El abogado José Ignacio Herrero, de Rodrigo de Santos, ha argumentado que su defendido es "el único político de España" que ha devuelto el dinero, lo que solicita que se considere como atenuante.
De esta forma, el abogado de la defensa solicita que se le apliquen a su cliente los atenuantes de reparación del daño (por haber devuelto todo el dinero que defraudó); el de adicción a la cocaína que, supuestamente, mermaba su voluntad; y el de confesión de culpabilidad por haber reconocido los hechos antes de que se iniciara el proceso judicial contra él.
Herrero ha agregado durante su alegato inicial que De santos, además, lo hizo "de manera inmediata", razón por la que considera que se debe aplicar este atenuante a su cliente. El Ministerio Fiscal lo ha aceptado.
Por otra parte, la defensa ha alegado que debe tenerse en cuenta que De Santos era adicto a la cocaína en el momento de los hechos, y que ello afectaba a su conducta.
No obstante, la Fiscalía ha asegurado que este atenuante no debe aplicarse a De Santos porque considera que la adicción de éste "no era lo suficientemente fuerte como para que afectara a su conducta".
La defensa ha afirmado que aportará durante el juicio informes médicos que señalan que "su conducta no estaba afectada pero sí su voluntad".
El tercer atenuante que la defensa pide que se aplique es el de confesión de culpabilidad, aunque el Ministerio Fiscal ya ha anunciado que lo rechaza porque asegura que el reconocimiento del delito se produjo una vez De Santos ya era conocedor de que había abierta una investigación contra, él y ha añadido que, en cualquier caso, en ningún momento ha confesado porque "nunca ha explicado concretamente que fue lo que hizo".
Herrera ha alegado que el código penal marca para que este atenuante pueda ser aplicado que la confesión debe se realice antes de que se inicie el proceso judicial, no el policial. De modo que ha considerado que, en su opinión, debería ser tenido en cuenta a la hora de dictar la pena
Además
* 'El juicio era evitable'
ELMUNDO.ES
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El encausado recordó que fue en 2002 cuando entró en una discoteca del Paseo Marítimo en la que conoció a Alfredo Gómez, propietario del local de alterne masculino Casa Alfredo, donde según la Fiscalía abonó más de 28.400 euros, pese a que manifestó que acudía allí "porque me proporcionaban droga, lo que me proporcionaba una adicción de la que no podía salir", al tiempo que aseveró que con el dinero "pagaba además los servicios del local" ya que la cocaína que le proveían le generaban "necesidades de sexo y la cocaína te produce deshinibición".
Afirmó asimismo que nunca pensó en comprar la droga en locales que no fueran Casa Alfredo, ya que pensaba que "allí tenía una privacidad y se me ocurrió como sitio más discreto". "Para mí era imposible ir a otros sitios por ser un personaje público", agregó al respecto.
El único político que ha devuelto el dinero
El abogado José Ignacio Herrero, de Rodrigo de Santos, ha argumentado que su defendido es "el único político de España" que ha devuelto el dinero, lo que solicita que se considere como atenuante.
De esta forma, el abogado de la defensa solicita que se le apliquen a su cliente los atenuantes de reparación del daño (por haber devuelto todo el dinero que defraudó); el de adicción a la cocaína que, supuestamente, mermaba su voluntad; y el de confesión de culpabilidad por haber reconocido los hechos antes de que se iniciara el proceso judicial contra él.
Herrero ha agregado durante su alegato inicial que De santos, además, lo hizo "de manera inmediata", razón por la que considera que se debe aplicar este atenuante a su cliente. El Ministerio Fiscal lo ha aceptado.
Por otra parte, la defensa ha alegado que debe tenerse en cuenta que De Santos era adicto a la cocaína en el momento de los hechos, y que ello afectaba a su conducta.
No obstante, la Fiscalía ha asegurado que este atenuante no debe aplicarse a De Santos porque considera que la adicción de éste "no era lo suficientemente fuerte como para que afectara a su conducta".
La defensa ha afirmado que aportará durante el juicio informes médicos que señalan que "su conducta no estaba afectada pero sí su voluntad".
El tercer atenuante que la defensa pide que se aplique es el de confesión de culpabilidad, aunque el Ministerio Fiscal ya ha anunciado que lo rechaza porque asegura que el reconocimiento del delito se produjo una vez De Santos ya era conocedor de que había abierta una investigación contra, él y ha añadido que, en cualquier caso, en ningún momento ha confesado porque "nunca ha explicado concretamente que fue lo que hizo".
Herrera ha alegado que el código penal marca para que este atenuante pueda ser aplicado que la confesión debe se realice antes de que se inicie el proceso judicial, no el policial. De modo que ha considerado que, en su opinión, debería ser tenido en cuenta a la hora de dictar la pena
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