Formarán parte del proceso judicial
Se investiga si políticos y funcionarios se lucraron con una obra "a la carta"
Protestaron por escrito y les ignoraron: 'Se cachondean de nosotros'
Eduardo Colom Palma
Más de un centenar de familias afectadas por la construcción de la carretera de Manacor, investigada desde el pasado mes de marzo por una juez de Palma a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, han presentado su personación como parte perjudicada en el proceso judicial encaminado a esclarecer los hechos.
Quieren integrar la acusación en el llamado caso Peaje, un escándalo que estalló con la detención de dos altos funcionarios del Consell que dirigieron las obras (Francisco Orejudo y Gabriel Mestre) y del todavía director insular de Carreteras (área controlada por UM) Gonzalo Aguiar, todos ellos acusados por la Fiscalía de haber empleado la infraestructura y los fondos de la carretera presuntamente para acometer obras particulares con cargo al presupuesto público. Lo que les ha valido una imputación por malversación y cohecho en una querella que se está investigando y que incluye al conseller de Carreteras Antoni Pascual.
Al poco de trascender a la opinión pública la investigación judicial, un grupo de vecinos creó la llamada Plataforma Ma-15. Una asociación integrada por todos aquellos propietarios de terrenos que consideran que fueron marginados por el Consell y sus dirigentes a la hora de diseñar el trazado de la carretera y pagar expropiaciones. Todo, recalcan, mientras otros se favorecían de la obra.
Inicialmente, la plataforma no quiso inmiscuirse en el proceso judicial. Sin embargo, tras haber solicitado sin éxito al Consell que atendiese sus reivindicaciones, han decidido personarse como afectados. Amenazan además con convocar una manifestación contra el Consell.
EL MUNDO ha tenido acceso al infructuoso intercambio de escritos entre la plataforma y el Consell en los últimos meses. El 12 de mayo de 2009, la plataforma dirigió una carta a Pascual en la que solicitaban que se les informase acerca de cuándo iban a revisarse las mediciones para verificar los metros expropiados en cada parcela, un extremo bajo sospecha desde que la Fiscalía cuestionó el proceso de ejecución de la obra. «No corresponde al servicio de Expropiaciones contestar sobre el trabajo de topografía y de dirección de la obra», fue todo lo que obtuvieron por respuesta a ello en una contestación firmada el 22 de mayo de 2009.
Además de esta solicitud, tampoco se les facilitó una información que ellos consideran clave: «cuál es la situación laboral de las personas imputadas, habida cuenta de la incidencia que ello puede tener sobre los expedientes de expropiación pendientes de resolver». No en vano, defienden que muchas mediciones las firmaron los funcionarios ahora imputados. Aguiar y Mestre siguen en sus cargos. La respuesta del Consell fue idéntica a la anterior.
En cuanto a los precios pagados por metro, caballo de batalla de la plataforma, el Consell les replicó que paga 10 euros en terrenos de regadío y 8 en secano. Ellos denuncian que llevan 5 años esperando y defienden que el justiprecio está en 15 y que el Govern pagó más y en menos tiempo en el tramo de carretera que ejecutó.
El portavoz y abogado de la Plataforma, Antoni Frau, explicó ayer que estas circunstancias, sumadas al conocimiento de las presuntas corruptelas destapadas por la Fiscalía, ha generado una reacción popular «apolítica». «No estamos para hacer oposición a nadie, sino para reclamar lo justo, que la tierra se pague por lo que vale», proclama.
ELMUNDO.ES
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